Este 18 de agosto, el Procurador de los derechos humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, impugnó ante la Corte de Constitucionalidad una resolución aprobada ese mismo día por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la que se ordena al Ministerio Público iniciar una investigación contra el titular de dicha institución por el supuesto incumplimiento de una sentencia de 2017.

En 2015, durante la gestión de Jorge de León Duque, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) distribuyó el Manual “Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos, y Atención de Embarazos en Niñas y Adolescentes”.

Ante las quejas de algunos sectores de la sociedad guatemalteca, que aseguraban que dicho manual promovía el aborto, en junio de 2017 la Corte Suprema (CSJ) dio lugar a una acción de amparo presentada por la Asociación La Familia Importa (AFI) contra el procurador León Duque, y ordenó a la PDH el cese de la presentación y distribución del manual.

También instó a abstenerse de emitir otra publicación y organizar actividades donde se promoviera el aborto, así como publicar material que defendiese los derechos del niño ‘no nacido’ y el derecho humano a la vida desde la concepción, contrarrestando de esa manera los efectos del material ya distribuido a partir de 2015.

Casi tres años después, los magistrados, basándose en pronunciamientos de la AFI, acusan al procurador Rodas Andrade de no haber acatado la sentencia de 2017.

En especial, señalan una frase del informe del Comité de Derechos del Niño sobre el matrimonio infantil citada por el procurador, donde se instaría al Estado de Guatemala a adoptar el aborto como legal.

La PDH responde

A través de un comunicado, la PDH asegura que el procurador Jordán Rodas Andrade ha cumplido con la resolución de 2017 de suspender la presentación del manual “siendo leal al principio de trabajar por el respeto y la promoción de los derechos humanos de toda la población”.

Asimismo, desde su cuenta de Twitter, el procurador calificó la resolución como “arbitraria, sin fundamento y subjetiva”, y dijo esperar que la Corte de Constitucionalidad resuelva con lugar la impugnación, para que “se deje de desestabilizar la frágil institucionalidad del Estado de Guatemala”.

“Esta acción no es una casualidad, es parte de toda una estrategia cuyo objetivo es atacar a las instituciones y los funcionarios independientes, para desestabilizar el estado de derecho y l democracia”, escribió Rodas Andrade.

Solidaridad

Muestras de solidaridad con el procurador Rodas Andrade llegaron desde varias personalidades, instancias y organizaciones, tanto nacionales como internacionales entre ellas la UITA.

Por su parte la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala saludó la “importante labor que realiza la PDH desde hace 33 años” y reconoce “el compromiso de su equipo en la defensa, protección y promoción de todos los derechos humanos”.

La Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” respaldó la “labor incansable del procurador por el pueblo de Guatemala y la plena vigencia de los derechos humanos”, al tiempo que calificó la resolución de los magistrados como una “muestra de los deseos por desaforarlo de su puesto”.

El ex comisionado de la disuelta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez, escribió desde su cuenta de Twitter. “La CSJ de Guatemala, al servicio del pacto de corruptos, está nuevamente contra el procurador Jordán Rodas. Los corruptos están desesperados”, aseguró.

Fuente: Rel UITA

http://www.rel-uita.org/sociedad/un-sistema-de-justicia-plegado-al-pacto-de-corruptos/

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