Desde el 7 de septiembre pasado se reanudó el juicio de extradición de Julian Assange en Londres. Estados Unidos quiere extraditarlo, juzgarlo y condenarlo a 175 años de cárcel.

Aunque es un personaje conocido internacionalmente, vale la pena recordar quién es Julian Assange. Tiene 49 años, australiano y en 2010 se hizo muy conocido porque su sitio WikiLeaks publicó centenares de miles de cables secretos del Ejército norteamericano. Esa info dejaba en claro las matanzas cometidas por esas fuerzas en Irak y Afganistán, las torturas en esas cárceles secretas y en la que usurpan en Guantánamo (Cuba).

También, sin tanta sangre derramada, una parte de lo filtrado correspondía a lo que las embajadas de EE UU alrededor del mundo enviaban al Departamento de Estado, con las informaciones de sus tratos con los respectivos gobiernos y las oposiciones en cada país. Aunque no viene estrictamente al caso del juicio, varios políticos de Argentina quedaron escrachados por sus obsecuencias ante los embajadores de USA en Buenos Aires. Uno de los más arrastrados, Sergio Massa (ver el libro ArgenLeaks, de Santiago O’Donnell).

Las masacres cometidas por los estadounidenses en aquellos frentes de guerra correspondieron en su mayor parte a administraciones republicanas como la de George W. Bush. También fueron continuadas por la otra rama bipartidista, demócrata, de Barack Obama.

Eso se reflejó en que la demanda norteamericana por encarcelar de por vida al periodista australiano fue un deseo compartido de republicanos y demócratas. En 2010 estaba Obama en la Casa Blanca y ya venía incumpliendo su promesa de cerrar la cárcel ilegal de Guantánamo. En ese tiempo comenzó la persecución contra Assange, con una denuncia por supuesto abuso sexual formulada por dos mujeres en Suecia. Como el denunciado vivía en el Reino Unido, Suecia motorizó la primera demanda de extradición, pero el verdadero motor de aquel pedido era Washington. La idea era que Londres lo deportara a Suecia y de allí se lo fletaran a la seudo democracia del Norte.

En ese momento Assange fue brevemente detenido y concedida su libertad condicional. Luego, ante el fallo de la Corte británica para su extradición, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. El entonces presidente Rafael Correa le concedió el asilo en junio de 2012. Incluso esa Revolución Ciudadana le otorgó la ciudadanía, pero ni así consiguió Assange que el Reino Unido de los sucesivos gobernantes conservadores David Cameron y Theresa May le dieran permiso para viajar a Quito. Tampoco lo habría hecho Boris Johnson, asumido en 2019, cuando el asilado ya había sido retirado por la policía británica de aquella embajada, el 11 de abril de ese año.

¿Qué había sucedido? Que el traidor “Kautsky” Moreno recibió el 11 de marzo de 2019 un crédito de 4.000 millones de dólares del FMI y unos días después revocó el asilo a Assange y permitió que la policía lo detuviera. En esa embajada londinense el periodista estuvo encerrado, controlado y espiado por casi 7 años. Delicias del capitalismo del Primer Mundo y sus democracias occidentales y cristianas.

El juicio

Las causas truchas abiertas en Suecia fueron cerradas dos veces, la última en noviembre de 2019. Y quedó en pie la verdadera e interesada extradición: la yanqui. En junio de 2019 el gobierno británico había aceptado ese pedido de extradición y transcurrieron varios meses de recursos y preparación del juicio. Assange aguardó preso en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, con un estado de salud muy precario por tantas injusticias sufridas y duras condiciones de encierro.

En febrero de este año comenzó ese juicio, donde EE UU reclamaba la remisión del prisionero argumentando la comisión de 18 delitos, como violación de la ley de espionaje y seguridad nacional. James Lewis, funcionario judicial estadounidense, fue designado fiscal en este juicio por el procurador de Justicia de Trump, William Barr.

El proceso había comenzado en febrero pasado, pero se suspendió por el Covid-19. Se reanudó el 7 de septiembre presidido por la jueza Vanessa Baraitser, derechista y conservadora, y durará hasta el 25 de septiembre. Cualquiera sea el fallo, habrá apelaciones que llegarán hasta la Corte Suprema británica, por lo que el desenlace sería en 2021.

Pocos días antes que recomenzara este proceso, el procurador yanqui Barr presentó nuevos cargos de intrusión, que agravan los 18 preexistentes. ¿Será que los 175 años de cárcel serían insuficientes para este Donald Trump recargado?

Lo bueno es que los primeros testigos en el juicio hablaron alto y claro a favor del periodista.

Primero testimonió por la defensa Mark Feldstein, profesor de periodismo de la Universidad de Maryland. Dijo que las acusaciones contra el informático tienen motivaciones políticas y que su extradición constituiría una barbaridad. Abundó con que en EE UU no existían precedentes de que un periodista hubiese sido juzgado por publicar información clasificada y se amparó en la Primera Enmienda de la Constitución.

Luego fue el turno de Daniel Ellsberg, un exanalista de las Fuerzas Armadas de EE UU que en 1971 filtró los “Papeles del Pentágono”. Gobernaba Richard Nixon cuando él envió 7.000 páginas de documentos clasificados sobre la guerra de Vietnam al New York Times y al Washington Post. Esos papeles demostraban que Nixon sabía que no ganaría la guerra, pero la continuó con el resultado previsible de miles de muertos propios.

Este testigo habló a favor de Assange acusado y defendió a su fuente, la ex soldado Chelsea Manning. También refutó al fiscal yanqui Lewis, quien había hablado de un “buen Ellsberg y un mal Assange” respecto a poner en riesgo a informantes secretos. Dijo que él también en 1971 puso en riesgo a un agente porque optó por dar todo el material y no alterarlo.

Un buen argumento de la defensa de Assange, donde está el exjuez Baltasar Garzón, es que las denuncias de WikiLeaks no provocaron la muerte de nadie. Más aún, se desenmascaró cómo un imperio y sus tropas causaron en Irak y Afganistán 37 millones de refugiados y más de un millón de muertos. Y todo por la búsqueda del control del petróleo iraquí, con acusaciones falsas de armas de destrucción masiva y otras mentiras. Todo eso fue desenmascarado por Assange. Ahora se lo están haciendo pagar en vida.

Este caso divide aguas. Unos 167 políticos del mundo firmaron una carta reclamando la libertad de Assange; entre otros Correa, Lula da Silva, Nicolás Maduro, Cristina Fernández, Alberto Fernández, Adolfo Pérez Esquivel y muchos más. No busquen las firmas de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro: son amigos de Trump y están junto a EE UU.

También Assange divide aguas en el periodismo. Jorge Lanata supo ser un periodista de investigación. Desde que degeneró con Clarín, no firma por estas causas.

Sergio Ortiz
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