Todo cambio significativo, ya no digamos de gran calado, que propone o emprende el presidente Andrés Manuel y requiere del apoyo del Legislativo –de las dos o una de las cámaras y la mayoría de los congresos estatales, o bien de los gobernadores que con frecuencia dominan a los anteriores–, desatan resistencias en buena parte de la opinión pública y publicada. Ello es la mejor muestra del vigor y fortaleza de la democracia que niegan los desarticulados opositores.

También es expresión de las enormes resistencias e inercias que los cambios para bien y para mal provocan, todavía más cuando son para hacer más eficiente el gasto público e impulsar el decidido pero incompleto combate a la corrupción.

Parece ser el caso del decreto presidencial y el proceso parlamentario en curso para desaparecer más de un centenar de fidecomisos que existen y se desenvuelven en la opacidad y con costosas burocracias que operan en cada uno y sin que la Secretaría de Hacienda tenga la información que garantice que los recursos llegaron a los destinatarios para materializar proyectos científicos, deportivos, artísticos…

Inolvidable es el fideicomiso que operó Francisco Gil Díaz durante los gobiernos de Ernesto Zedillo (“Bienestar para la familia”) y Vicente Fox (“Gobierno del cambio”) y con el que se manejaron cientos de miles de millones de pesos sin rendir cuentas. Miguel Badillo, director de Contralínea, lo documentó en ISOSA. Fraude transexenal a la nación (https://www.goodreads.com/book/show/10232079-isosa).

La resistencia en círculos intelectuales y académicos a la desaparición de los 109 fidecomisos cuenta con figuras como Antonio Lazcano, investigador emérito de la Universidad Nacional; el galardonado cineasta Guillermo del Toro, a quien Ciro Gómez Leyva atribuye sin sustento informativo que gracias a su pronunciamiento la Comisión de Presupuesto reabrió el debate que ya estaba previsto para discutir las reservas en lo particular. O los actores Gael García y Diego Luna quienes –me informa un cineasta– son invitados permanentes del Imcine a festivales internacionales y les asignan las mejores suites y servicios. Lo menciono porque la reforma busca evitar los derroches.

Los fidecomisos que operan con recursos públicos son muy socorridos porque mientras la mayor parte de las dependencias tienen recursos asociados con un año de validez, que si no se ejercen deben reintegrarse a la hacienda pública, con los primeros pueden cruzar el año fiscal. Y como bien explica el secretario Arturo Herrera es válido cuando hay un ente que tiene proyectos que duran los años fiscales o bien en los casos del IMSS y del ISSSTE. Pero se abusó con la opacidad y presuntas corruptelas.

Sólo que falta persuadir todavía más a los afectados de que en verdad serán los beneficiarios de este reordenamiento administrativo para que los recursos lleguen a los destinatarios en forma oportuna, sin “moches” y que la Cuarta Transformación rescate los dineros que se dilapidan, como era costumbre de los presidentes durante dos siglos. Allí está la experiencia de las guarderías del Seguro Social subrogadas por Felipe Calderón a particulares con criterios más políticos que infantiles, mismas que el “Gobierno del Empleo” subsidiada sin la certeza de que los padrones no estaban inflados por los propietarios. No es casual que Josefina Vázquez Mota (Señora cuchi-cuchi), que nunca rindió cuentas de los 900 millones de pesos que recibió con Enrique Peña (“Mover a México”) para defender a los indocumentados mexicanos en Estados Unidos.

La oposición legislativa está en su papel de agorera de lo peor, por ello avanza muy poco con personajes como Tonatiuh Bravo Padilla, del cacicazgo de la Universidad de Guadalajara.

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