Con las escobas que barren “las escaleras de arriba hacia abajo” desde el 1 de diciembre de 2018, ahora le toca turno a los ocho centros penales de Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sonora, donde se atienden –según datos al 11 de enero– a 12 284 reos, y en los últimos nueve años se pagaron 75 661 millones de pesos, cifra que corresponde al 36% del pago total, de acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

La primera mujer y periodista a cargo de aquella importante función, informó en las impugnadas mañaneras –tanto por el consejero presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama como por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en actitud deslenguada–, que “Aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190 638 millones de pesos, que corresponderá, en algunos penales, cubrir hasta 2032 y en otros en 2036 y 2037”. En el femenil de Morelos “1 867 millones se tienen que pagar al año, y ahí hay albergadas 899 personas privadas de su libertad y tienen un costo al año de 2 millones 308 mil pesos; esto corresponde a 192 000 al mes y 6 411 se paga por cada una de ellas al día”.

Debido a los altísimos costos de la operación realizada en 2010 por Felipe Calderón y su brazo derecho Genaro García Luna (presunto criminal bajo proceso), y en la completa opacidad por un costo de 266 300 millones de pesos, es que el presidente Andrés Manuel aduce por tercera ocasión en los últimos días que los reos le cuestan más a la Federación que si fueran hospedados en hoteles de gran turismo.

AMLO denunció que una vez finalizado el trato, las instalaciones continuarían perteneciendo a los empresarios. Y a su juicio es “un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal”. Destacó que en una de esas prisiones, sostener a un interno cuesta 3 500 pesos diarios.

Todavía más, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, reafirmó que los contratos casi llegan a 270 000 millones de pesos y se dieron por adjudicación directa. De acuerdo con el contenido de la cláusula novena los contratos establecen que “el inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia, son propiedad del proveedor, no del gobierno”.

Un negocio súper redondo y en condiciones leoninas para el país, a juicio de López Obrador. De los ocho contratos adjudicados a la iniciativa privada, omitió dar los nombres como es comprensible, pues se busca abrir espacio a la negociación y si no hay arreglo el gobierno acudirá a tribunales. No faltó reportera que se presentó como la autora de una investigación exclusiva dada a conocer hace tiempo (De una a Tres, Luisa Cantú, canal 8.1 y 88.1 FM) y que ahora recicla con una supuesta valentía que no mostró AMLO.

Información del colega Gustavo Castillo García (La Jornada, 14-I-21) involucra a los consorcios Homex (declarado en quiebra en 2018); Ingenieros Civiles Asociados que dirige Alonso Quintana; Promotora y Desarrolladora Mexicana, de Olegario Vázquez Raña; ARB Arendal, de José de Jesús García Vázquez; GIA, presidida por Hipólito Gerard Rivero, y Tradeco.

Mientras el gran negocio de las cárceles privadas –como en Estados Unidos donde existe el mayor número de prisioneros del mundo para que el negocio privado florezca–, es sometido a una revisión a fondo, Julio Villarreal (propietario de Altos Hornos de México) está dispuesto a pagar el desfalco por 200 millones de dólares que propiciaron Alonso Ancira y el gobierno de Enrique Peña Nieto con la compra de la planta de Agronitrogenados en Coatzacoalcos, Veracruz.

Y el SAT recaudó 135% más entre los grandes contribuyentes el año pasado: 92 252 millones de pesos de 884 grandes empresas por actos de fiscalización, aunque el número de causantes a los que se aplicó fue de apenas 4.7%. Esta es la verdadera escoba con la que se barre México, no la grotesca caricatura del spot del PRI que agravia el sentido común.

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