Guatemala inicia el nuevo año arrastrando una crisis social, que también es política y económica, que está muy lejos de estar resuelta.

En noviembre del año pasado, Guatemala fue nuevamente sacudida por fuertes protestas en todo el país. La gente salió a las calles exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, de ministros y diputados por haber aprobado un multimillonario presupuesto que aumentaba el endeudamiento público, recortaba el gasto en salud, educación, derechos humanos, lucha contra la pobreza, y beneficiaba a las élites económicas y funcionarios corruptos.

Un nuevo levantamiento popular contra el ‘pacto de corruptos’, el saqueo de las arcas del Estado, contra el manejo inadecuado, improvisado e incompetente de la pandemia y contra la inoperancia, la indiferencia y la ineficacia gubernamental ante la llegada de los huracanes Eta e Iota.

Movilizaciones, plantones, bloqueo de carreteras en rechazo a los ataques sistemáticos contra quien defiende la tierra y los bienes comunes, contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra la irrefrenable violencia de género.

Guatemala sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos y la actividad sindical. En lo que va del año, ya son 28 las mujeres víctimas de femicidio, seis de ellas asesinadas en un solo día. Son al menos 4 las mujeres que desaparecen a diario.

Una situación dramática (cinco de cada diez niños y niñas menores de cinco años sufren de desnutrición crónica, el 60% de la población en general y el 80% de la población indígena vive en pobreza) que hunde sus raíces en la implacable aplicación y profundización de un modelo económico neoliberal y extractivista, que conlleva el despojo y militarización de territorios, así como la criminalización y asesinato de defensores y defensoras.

“Es una situación muy complicada que tiene ahora las agravantes de la pandemia y los desastres ocasionados por los dos huracanes. El nuevo año inicia en condiciones muy difíciles para los pueblos, que históricamente sufren los embates de este modelo político y económico impuesto por las oligarquías”, dijo Leiria Vay García, integrante de la dirección política nacional del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).

“Algo que nos preocupa mucho es la expansión de los proyectos extractivos. Su proliferación incontrolada ha sido fuente de violaciones a los derechos humanos, incremento de la violencia contra las comunidades, motivo de divisiones y confrontaciones. Todo esto va de la mano con una clase política volcada a garantizar los intereses de unos pocos, del gran capital nacional y transnacional, en detrimento de las grandes mayorías”, agregó.

Derechos humanos

En su último informe (diciembre 2020), la Unidad de protección a defensoras y defensores de derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) documentó un total de 1,004 casos de agresiones. Se trata de la mayor cantidad de agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, registrada por dicha organización.

“El gobierno de Alejandro Giammattei ha impulsado la consolidación del autoritarismo y el cierre de espacios de participación democrática; con ello implementó una política represiva en contra de todas aquellas personas que se oponen a sus intereses.

El actual gobierno -continúa Udefegua- ha desmantelado toda la institucionalidad de la paz, los derechos humanos, así como los pocos y débiles mecanismos de protección existentes.  A su vez, la documentación y registro de agresiones da cuenta de que este período (de pandemia) fue utilizado para reprimir, violentar y/o agredir a quienes defienden derechos humanos en el país”, señala el estudio.

De la totalidad de 1,004 casos de agresión, el 33.66% (338) fueron contra defensoras de derechos humanos, el 52.87% (530) contra defensores y el 13.54% (136) contra colectivos, organizaciones y comunidades. También se registraron 15 asesinatos, 22 intentos de asesinato y 313 actos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos.

Udefegua denunció también la represión, abuso de autoridad, brutalidad policial y criminalización del derecho de reunión y manifestación pacífica ejercida por la población.

“Para este gobierno los derechos humanos no son una prioridad y el retroceso es evidente. Pandemia y desastres naturales vinieron a agudizar una crisis que es profunda y que está hundiendo al país, agravando la situación de pobreza y desempleo”, advirtió Leiria Vay.

En poco más de dos años, 19 miembros del Codeca han sido asesinados en absoluta impunidad.

Cambios estructurales

Para la dirigente social es necesario que la población comience a apostar por cambios estructurales.

“No es fácil. Quisiéramos que hubiese una apuesta de la población por transformaciones estructurales del modelo, y no sólo una reacción emotiva ante los desmanes de políticos corruptos.

“Necesitamos de movilizaciones fuertes que golpeen los intereses económicos de esta gente. Necesitamos canalizar este descontento popular para generar cambios profundos.  

Apostamos a un cambio del sistema a través de una asamblea constituyente originaria que nos haga avanzar en la construcción de un Estado Plurinacional”, concluyó Vay.

Fuente: LINyM