“El líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos”

Juan González, principal asesor de Joe Biden para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional.

El problema de la corrupción en Honduras es de tal magnitud, que se acepta como verdad la honestidad de funcionarios públicos, diputados y empresarios que la cometieron; es decir, la justicia y parte de la opinión pública está a favor del que cometió el delito, no de los afectados, en este caso, el pueblo hondureño que tiene que pagar con más impuestos los recursos sustraídos e intereses de la deuda contraída.

Como se llegó a tal situación, es una pregunta que debe empezar a contestar no solo la ciudadanía y organizaciones de sociedad civil, sino también la Academia, lejana en la investigación de estos temas. Una explicación es la degeneración de los partidos políticos y líderes, deseosos de ser electos como diputados, alcaldes o ministros, para robar. Ya no hay una preselección y selección de candidatos con base a méritos académicos, experiencia y valores éticos, sino aportes en dinero a la campaña, aporte en trabajo y servilismo, aporte en defensa del líder, aporte en mentiras. Hemos llegado al extremo de vender como verdad, la mentira que vamos bien y estamos combatiendo el Covid-19, cuando la evidencia es que el país ya tocó fondo.

En el caso del Partido Nacional, después de 11 años en el gobierno, donde una gran parte de diputados, alcaldes y funcionarios públicos han sido acusados de actos de corrupción, el problema es mayor y lo será a futuro, cuando se esté fuera del poder. Para las elecciones internas del 14 de marzo próximo, muchos de estos “honorables” ciudadanos se postulan de nuevo a un cargo de elección popular, sin que exista una prohibición legal o moral, ya que todos tienen carta libre para ello.

En el Partido Liberal, que cumplió 130 años de existencia, aquellos diputados que han votado y siguen votando por leyes enviadas por el Ejecutivo que resultan leoninas para el país y población, encontraron mayor espacio político en las planillas del Movimiento Político que lidera el Abogado Yani Rosenthal, que guardó prisión en EEUU por el delito de blanqueo de fondos a narcotraficantes. Es el llamado lado “oscuro” del Partido Liberal, que mucho daño le ha hecho a esta organización política, al abandonarse su ideario y principios filosóficos. Ángel Zúñiga Huete, uno de sus conspicuos líderes, diría que estos no son liberales y deben ser expulsados e incluso encarcelados.

El Partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha venido denunciado estos actos de corrupción, y parece que se ha cuidado de no incorporar en las planillas a personas cuestionadas por malversar fondos públicos. En su mayor parte, son jóvenes que aspiran a cambiar dicha situación; no obstante, se necesita abrir más espacios de participación para que se democratice la dirección y coordinación del partido, e incluso integrar a organizaciones y líderes del movimiento social y popular. La experiencia en otros países muestra la importancia de estas acciones, en tanto, progresivamente se van preparando los cuadros para la conducción del partido, integrando lideres de todos los movimientos internos y fuera de estos sin excepción. En el caso de los demás partidos de oposición, destaca el trabajo que se realiza en el PINU-SD, y se espera que esta práctica suceda con el Partido “Salvador” de Honduras, cuyo máximo líder, Salvador Nasralla, se ha tomado el tiempo de aplicar un “tamiz” de control a los miembros que aspiran a cargos de elección popular.

Los denominados líderes o dirigentes políticos, una vez en el poder, corrompen las instituciones públicas, y se involucran directamente con otros actores empresariales y sociales en actos de corrupción. En estas instituciones y organizaciones se incluyen, incluso, aquellas que han sido creadas para supervisar, evaluar y auditar su gestión, pero que no lo hacen, o lo hacen mal, como una manera de proteger al corruptor y corrupto.

A partir del golpe de Estado (junio-2009), las organizaciones de sociedad civil y estudiantiles, los medios de comunicación no tarifados y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), han venido denunciando y documentando los actos de corrupción de los gobiernos del partido nacional en el poder, pero todavía no se oye, o sea verdaderas sentencias condenatorias acompañado de la recuperación de los recursos sustraídos (aunque sea una parte). Se pensó que con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) esta práctica iba a cambiar, pero los diputados de dicho partido y del lado oscuro del partido liberal, votaron para qué se fuera del país. La retirada fue acompañada con la aprobación de una nueva legislación penal para la protección futura y no encarcelamiento de los acusados en los tribunales de justicia.

Un caso emblemático, que siguió al robo de los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y del presupuesto de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) con el llamado caso “Pandora”, es la compra de siete (7) hospitales móviles para atender la pandemia en marzo de 2020, por un monto de 48 millones de dólares que todavía (se cumplirá un año de dicha transacción) no están operando en su totalidad. Ha sido catalogada como una estafa, no solo por el incumplimiento de contrato en el tiempo previsto, sino porque su costo fue excesivo, ya que cada hospital le cuesta al Estado hondureño 6.85 millones de dólares. A ello se agrega que los dos (2) hospitales instalados y supuestamente operando adolecen de innumerables fallas, ya que fueron armados en el país y utilizaron materiales e insumos de diversa procedencia, sumado a los gastos de instalación, lo cual aumenta el costo de cada hospital.

El CNA ha venido documentando esta estafa, contrario a lo que piensan los miembros de la junta interventora de INVEST-H, nombrados por el gobierno, que esperan que una auditoría externa sin consulta a dicha organización, Ministerio Público y Procuraduría de la República, diga la última palabra, y cuya consultoría será pagada también con fondos públicos. INVEST-H, institución del Estado autorizada por el gobierno para realizar la compra a Elmed Medical Systems Inc., de los hospitales, actuando como proveedor Axel López, que todavía no se sabe su paradero, pero exige un pago adicional de 37.5 millones de lempiras, unos 1.6 millones de lempiras ( con un perjuicio para el Estado hondureño por la venta de los hospitales superior a los 1,100 millones de lempiras), ya que el costo del flete pactado-inicialmente- en 500,000 dólares es mayor, debe ser cerrada por el mal manejo de los fondos de la pandemia y otros más.

La sociedad hondureña sin excepción espera justicia, pero la falta de credibilidad en las instituciones de gobierno y funcionarios responsables, genera muchas dudas y más bien, tal como sucedió con otros casos, los responsables no serán encarcelados y los recursos perdidos, al menos, en este gobierno y año político.

En tal sentido, dirigentes de la oposición política valoran como alentadoras las declaraciones de Juan Gonzáles, asesor de Joe Biden para la región centroamericana, sobre la creación de una “fuera tarea” donde el Departamento de Justicia trabaje más de cerca con los fiscales generales en lucha contra la corrupción, involucrando también a organizaciones de sociedad civil, más allá de las relaciones bilaterales de cooperación con las embajadas y consulados. En el caso de Honduras, implica una revisión y alineamiento del trabajo del Fiscal General Oscar Chinchilla, que fue reelecto en el cargo por el Congreso Nacional mediante la imposición y procedimiento poco transparente, incluso mencionado en actos ilícitos; e involucramiento del CNA, elevado su estatus a principal auditor social y fiscal de país y su gente.

Para Juan Gonzáles, el presidente Biden “se ha comprometido a ayudar a Centroamérica con un proyecto de 4 mil millones de dólares durante los cuatro años de su mandato, pero eso no va a tener ningún impacto sin la voluntad política de los gobiernos para tomar acciones, que en muchos casos van a estar en contra de sus intereses políticos, por el bien de sus países y contra la corrupción.” (Ver declaraciones en el diario el Faro, El Salvador, 29 de enero de 2021).

Honduras irá a elecciones primarias en marzo y generales en noviembre de 2021, por lo que el nuevo “líder” no debería tener “cola” que cortar en el tema de la corrupción, y dar muestran que acompañará, manteniendo una agenda interna de consenso, al país del norte y de la UE en el combate de este flagelo; caso contrario, el fondo que se tocó en pobreza, desempleo, salud, educación, inseguridad alimentaria, ambiente, migración, violencia, autoritarismo, derechos humanos, endeudamiento, institucionalidad publica y corrupción, será más profundo.

Guaimaca, Honduras, 7 de febrero de 2021