Venezuela padece la amarga realidad de ser un pueblo cercado de amenazas. Desde todas sus fronteras. Desde adentro, con grupos politizados que tienen como únicos elementos prioritarios de su agenda causar violencia y gestionar una invasión militar por parte de Estados Unidos; lo que, llevado al extremo, es acompañado por el comportamiento de quienes, diciéndose revolucionarios y socialistas, están solo afanados en incrementar su logro personal y no en hacer posible una verdadera revolución social.

En el terreno internacional se observan las maniobras (incluidas las diferentes emisiones de noticias falsas) con que se ha tratado de crear elementos de tensión con los países vecinos, entre éstos el litigio del territorio del Esequibo con Guyana, el cual es azuzado desde Estados Unidos por las corporaciones petroleras que operan en sus costas, a pesar de las protestas del gobierno venezolano, con el objetivo de obtener un mayor control de los yacimientos allí existentes. Esta situación podría mantenerse inalterable con el nuevo presidente Joe Biden aunque éste, por lo pronto, se muestre más atento en lo que respecta a China, Rusia e Irán, naciones que representan una seria amenaza para la hegemonía gringa. Lo mismo podría afirmarse en relación con Brasil y Colombia, cuyos gobiernos son partidarios de acciones directas en contra de Venezuela, respaldando simultáneamente la estrategia de agresiones propiciada por Washington y a la oposición derechista, lo cual incluye -en el caso colombiano- hacerse de la vista gorda ante la preparación e incursión de grupos terroristas desde su territorio.

En el orden económico interno es innegable la situación crítica que padece el pueblo venezolano. Contradictoriamente, existe un creciente sector que, indistintamente del color político que éste podría representar, de lado a lado, ha aumentado sus ganancias sin que ello sea sinónimo de desarrollo y de diversificación de la economía nacional aunque sí deba reconocérsele su aporte (modesto o no) en la contención de una mayor crisis que precipite la caída de Nicolás Maduro. Al iniciarse la gestión de una nueva Asamblea Nacional, con partidarios chavistas y opositores, se tiene la esperanza que sus integrantes auspicien mejores condiciones para lograr una reactivación más continua del aparato productivo del país al mismo tiempo que un diálogo con la dirigencia opositora que haga realidad un consenso para superar la situación en que se halla Venezuela. Sin embargo, la dolarización que experimenta la actividad económica en general plantea soluciones de carácter capitalista que contradicen el discurso y las metas socialistas o progresistas del gobierno, quizás obligándolo a reacomodar las inversiones públicas en función de la estabilidad de los mercados (como lo «aconseja» el capitalismo neoliberal), incidiendo en la reparación social y distribución de la riqueza que se trazara Hugo Chávez, pese a la necesidad de asegurar la capacidad de consumo de la mayoría de la población.

Hasta el presente, la población venezolana ha mostrado un temple como ninguna otra frente a la realidad crítica en que vive, adoptando diversas maneras de sobrellevarla. No importa el discurso político que quiera explotarla, ya sea éste a favor o en contra, lo cierto es que existe una porción creciente de venezolanos que sólo pide solventar esta realidad, lo que podría afectar la estabilidad del chavismo al frente del gobierno, sin que ello indique que los sectores de la derecha tengan, por lo pronto, una opinión favorable como alternativa. Es importante acotar que la solución al dilema venezolano no será producto (como algunos promueven) de la voluntad de un solo sector, político y/o económico, o de cúpulas, al viejo estilo, cuando estaba vigente el bipartidismo adeco-copeyano, con exclusión de los sectores populares. No podría obviarse la necesidad que estos últimos tengan cabida en lo que constituiría, si existiera la suficiente voluntad entre sus participantes, un gran acuerdo nacional por la recuperación definitiva de Venezuela como tampoco podría obviarse que su concreción requiere de tiempo, de compromiso y de continuidad entre las partes. De este modo, quizá puedan frenarse -de forma satisfactoria y definitiva- las intenciones injerencistas de los demás gobiernos y se respete el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano.