Publicación conjunta con People’s Dispatch y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

Lástima de la nación que aclama al matón como héroe
y que considera bondadoso al conquistador rutilante.

 – Khalil Gibran, Pity the Nation [Lástima de la nación], 1933.

Parte 1. El golpe de Estado de 2009

El 28 de junio de 2009, el presidente Miguel Zelaya fue derrocado en un golpe de Estado organizado por la oligarquía hondureña y el gobierno de Estados Unidos. Las repercusiones de ese golpe se extienden hasta la actualidad en el país, que sigue luchando por mantener su soberanía política.

Durante las últimas siete décadas, la injerencia del gobierno de Estados Unidos ha comprometido seriamente la soberanía política de Honduras. Estados Unidos ha ideado dos golpes de Estado, en Haití (1991 y 2004) y en Bolivia (2009), además de poner en marcha, desde 1999, un proceso golpista de larga duración —fracasado— contra Venezuela.

¿Por qué fue derrocado el presidente Zelaya? Nada en su historia personal como hijo de un ganadero, empresario y director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), o en la historia de su partido, el Partido Liberal de Honduras, (PLH), sugería su radicalización ni que sería víctima de un golpe de Estado. Elegido en 2006, Zelaya vio el mérito de una amplia agenda de reformas.

Las grandes disparidades y sufrimientos sociales en Honduras frenaron el progreso social para el pueblo, razón por la que el gobierno de Zelaya introdujo la educación pública gratuita para lxs niñxs, un salario mínimo más alto y una serie de políticas de bienestar social que incluían transferencias en efectivo y electricidad gratuita. A estas alturas es bien sabido que no se puede superar las indignidades sociales si se dejan de lado los derechos de las mujeres, por lo que Zelaya vetó un decreto que pretendía prohibir las píldoras de anticoncepción de emergencia (medida inmediatamente anulada por el régimen golpista). Como consecuencia de las acciones del gobierno de Zelaya, se logró reducir la pobreza absoluta en Honduras.

En 2009, Berta Cáceres Flores, líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), reflexionaba sobre el por qué de este golpe:

¿Por qué creen que fue el golpe de Estado? Porque los ricos, los oligarcas, la ultraderecha, con asesoría de la mafia de Miami, la contrarrevolución cubana y venezolana, que están asesorando a estos golpistas, la preocupación de ellos es que el pueblo hondureño podía decidir sobre recursos estratégicos como el agua, el bosque, la tierra, nuestra soberanía, sobre los derechos laborales, el salario mínimo, los derechos de las mujeres, para que sean derechos constitucionales, la autodeterminación de los pueblos indígenas y negros. Tantas cosas que nosotros como pueblo hondureño soñamos, la posibilidad de tener un Estado y una sociedad incluyente, democrática, con equidad y participación directa. Todo esto lo saben los oligarcas golpistas. Por eso es el golpe. Y este golpe de Estado es contra todos los procesos de liberación de nuestro continente.

Para avanzar en la agenda de reformas, Zelaya afilió a su país al proceso de integración regional ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y a PetroCaribe, un acuerdo petrolero socialdemócrata que proporciona petróleo venezolano a bajo costo a la región. Hasta ese momento, la industria de combustibles de Honduras había estado entregada a los gigantes petroleros. Zelaya trató de cambiar esta relación sometiendo a la industria de combustibles a un proceso de licitación internacional, lo que permitió a Honduras obtener 200 millones de dólares de Esso, Shell y Texaco. Debido a la afiliación de Honduras al ALBA, los lazos con Cuba aumentaron. Alrededor de 480 médicos ya estaban en el país desde el Huracán Mitch de 1998. Para 2009, cientos de hondureños se habían graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en Cuba y trabajaban en la construcción de la institucionalidad pública de salud. Algunos, como el Dr. Luther Castillo, miembro de la comunidad garífuna, fue viceministro de cooperación con ALBA durante el gobierno de Zelaya.

Las reformas internas enfurecieron a la oligarquía, mientras que la vinculación con el proceso de ALBA enojó a Washington. El embajador de EE. UU., Charles Ford, describió a Zelaya groseramente como “casi una caricatura de un terrateniente y un caudillo en términos de estilo y tono de liderazgo”, y lo acusó de estar en deuda con “poderosos intereses, no identificados”. Los días de Zelaya estaban contados.

Zelaya propuso la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente para revisar la Constitución de 1982, que había sido redactada luego de un largo período de dictadura militar (1955-1982) para defender los intereses de empresas estadounidenses como United Fruit (el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa era conocido coloquialmente como el “procónsul”). Los movimientos populares apoyaron la idea, mientras que la oligarquía y el gobierno de Estados Unidos se opusieron, argumentando que una nueva constitución podría profundizar el proceso de reforma social en el país.

Para las elecciones de 2009, Zelaya propuso que el electorado votara por su nuevo presidente, congreso, gobiernos municipales, pero también, en una cuarta votación, por una Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, quiso dejar en manos del pueblo hondureño la decisión sobre si debía haber esa cuarta votación y en marzo de 2009 propuso que se definiera en un referéndum el 28 de julio de 2009. Una campaña de trucos sucios llevada a cabo por la oposición comenzó a sugerir que Zelaya quería extender su mandato, aunque en junio de 2009 dijo a El País que pensaba dejar el cargo cuando su mandato terminara en enero de 2010. El mismo día en que el pueblo hondureño iba a votar en el referéndum, los militares detuvieron a Zelaya y destituyeron a su gabinete.

La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el golpe y también lo hizo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama (aunque su secretaria de Estado, Hillary Clinton, lo contradijo inmediatamente). El papel de EE. UU. en el golpe requiere algunas explicaciones. En la superficie, el gobierno estadounidense, incluido su embajador en Honduras, Hugo Llorens, dijo públicamente que su país se oponía a la dirección tomada por Zelaya, se oponía a un golpe contra la Constitución de 1982. Mientras tanto, bajo la superficie, el ejército estadounidense, representado por el comandante del Grupo Militar de Estados Unidos en Honduras, el coronel Kenneth Rodríguez, estuvo en contacto directo con el comandante del ejército hondureño, el general Romero Vásquez Velásquez, durante todo el golpe. Vásquez fue entrenado en la Escuela de las Américas, en Fort Benning, Georgia, en 1976 y en 1984.

La secretaria de Estado de EE. UU., Hillary Clinton, en correos electrónicos filtrados, argumentó en contra de seguir el proceso de la Organización de Estados Americanos (OEA) a través del cual los aliados de Zelaya en ALBA podrían haber dirigido la agenda y probablemente lo habrían restituido en su cargo. En su lugar, Clinton presionó para que las negociaciones tuvieran lugar en Costa Rica, donde finalmente se dieron las negociaciones de San José entre el régimen golpista y el gobierno de Zelaya, bajo la atenta mirada del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, aliado de Estados Unidos. El resultado final del proceso de Clinton fue legitimar el golpe. Estaba claro que Estados Unidos quería que se anularan las políticas impulsadas por Zelaya, y los altos mandos militares hondureños, cercanos a los funcionarios estadounidenses, concordaban.

La intervención militar estadounidense en Honduras no es nada nuevo. En la década de 1980, el país se utilizó como plataforma de lanzamiento para las guerras de desestabilización respaldadas por Estados Unidos contra los pueblos de El Salvador y Nicaragua. En el mismo período, EE. UU. tomó control de la base Soto Cano (Palmerola) en las afueras de Tegucigalpa, para sus propios fines, incluyendo la continuación de las guerras sucias infringidas a los países mencionados. Décadas más tarde Zelaya quiso convertir esa base en un aeropuerto comercial, a lo que el gobierno de Estados Unidos se opuso. El embajador estadounidense, Charles Ford, escribió en 2008 que Estados Unidos necesitaba mantener “un perfil público bajo” mientras trabajaba para “proteger los intereses de seguridad de EE. UU. en Soto Cano”.

Después de que Ford dejara su cargo como embajador, fue a trabajar al Comando del Sur (SOUTHCOM), el mando de combate estadounidense para América Latina y El Caribe. Cuando Zelaya fue arrestado, lo llevaron a Soto Cano. Soldados estadounidenses tripulaban la torre de control que dio permiso a la aeronave que llevó a Zelaya al exilio en Costa Rica. La evaluación del Comando del Sur sobre la situación política prevaleció sobre cualquier duda liberal sobre el golpe: “Para derrotar a Zelaya, el gobierno de facto [de Roberto Micheletti] solo tiene que aguantar hasta que haya nuevas elecciones”. Estas elecciones se celebraron en noviembre de 2009 bajo un régimen militar. Resultaron en la victoria del derechista Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional, que revirtió el proceso de reforma iniciado por Zelaya.

Parte 2. El rápido descenso a la extrema derecha

Inmediatamente después del golpe, los militares y la policía detuvieron y acosaron a quienes se oponían a él. Las amenazas y actos de violencia no acabaron con la elección de Lobo, y al menos dieciocho periodistas, defensorxs de los derechos humanos y líderes de movimientos fueron asesinadxs en los meses posteriores a su toma de posesión.

Ninguno de estos casos documentados de violencia por parte del régimen golpista pudo llegar a los tribunales, en buena parte por la actuación de la Corte Suprema, que avaló el golpe el mismo día que se produjo, rechazó todos los recursos constitucionales que cuestionaban al gobierno de Micheletti y, en mayo de 2010, destituyó a cuatro jueces que cuestionaron la legalidad del golpe. El gobierno estadounidense, a pesar de una suspensión inmediata de ayuda después del golpe, no tardó en reanudar la ayuda militar, el dinero de la USAID y el de la Iniciativa Mérida contra el narcotráfico. La administración de Obama cabildeó abiertamente a favor de los gobiernos de Micheletti y Lobo, y su ayuda militar y civil validó públicamente el reconocimiento de Estados Unidos al régimen golpista.

El gobierno de Lobo amnistió a los golpistas, entre los cuales estaba Juan Orlando Hernández, que se convirtió en presidente del Congreso en enero de 2010. Hernández utilizó su cargo para crear una dictadura efectiva del Partido Nacional, con la derecha militar detrás de él a cada paso. Se promulgó la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo (2010), una Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, conocida como Ley de Escuchas Telefónicas (2011), y la ley que creó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (2011). Estas leyes debilitaron al Congreso y al Poder Judicial para centralizar el poder en la Presidencia. Confrontado con jueces que no querían continuar los planes de privatización de Lobo-Hernández y el deseo de Hernández de reelegirse, este despidió jueces en medio de la noche en lo que se denominó el golpe técnico.

El impacto social de la falta de ley del régimen golpista fue casi inmediato. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional ha monitoreado el aumento de la criminalidad. Los datos fueron tan dramáticos que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a publicar informes que advertían que Honduras estaba deslizándose a una violencia social generalizada. Por ejemplo, la CIDH señaló:

Durante años, la Comisión Interamericana ha dado seguimiento a los altos niveles de inseguridad ciudadana en Honduras y sus efectos en el goce efectivo de los derechos humanos. El Estado reconoce que en la última década ha sido uno de los países más violentos del mundo, habiendo llegado en 2011 a una tasa de 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Asimismo, indica que un factor generador de la violencia está constituido por el tráfico de drogas y el crimen organizado, los cuales se han infiltrado a varias instituciones estatales.

Después del golpe, el embajador de Cuba Juan Carlos Henríquez Padrón abrió las puertas de su embajada, con el apoyo de los embajadores de Nicaragua y Venezuela, para proteger las vidas de aquellxs perseguidxs por el golpe. La ministra de Relaciones Exteriores de Zelaya, Patricia Rodas, se refugió allí cuando quedó claro que los militares la tenían en la mira.

Tras legitimar el golpe y fortalecer la Presidencia, el derechista y golpista Juan Orlando Hernández fue candidato a presidente en 2013 y ganó contra Xiomara Castro, la esposa de Zelaya. Contó con todo el apoyo del Partido Nacional de Honduras (PNH) y de los militares, así como de Estados Unidos. Las acusaciones de fraude acompañaron esas elecciones. Salvador Romero, que dirigió la institución electoral boliviana y fue contratado por la agencia paraestatal del gobierno estadounidense National Democratic Institute (NED), trabajó en Honduras durante el proceso electoral. Ante la evidencia de fraude y violencia del Estado —incluido el asesinato de dos líderes de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC): María Amparo Pineda y Julio Ramón Madariaga— Romero declaró a The New York Times que, a pesar de “la percepción generalizada de fraude”, las elecciones fueron legítimas. El gobierno de Estados Unidos respaldó esta apreciación, al igual que las instituciones hondureñas controladas por la oligarquía.

Nuevas estructuras, como la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) y la Policía Militar de Orden Público (PMOP) permitieron a Hernández ejercer control tanto de las fuerzas armadas como de la policía. Ambas estructuras —que ya eran dóciles al régimen post golpe del Partido Nacional— pasaron a estar institucionalmente subordinadas a la Presidencia. Muchos funcionarios clave de la PMOP han sido entrenados por el Comando del Sur de EE. UU., varios de ellos han sido acusado de asesinato, tortura y violencia sexual. Una atmósfera general de impunidad impregna el Estado presidencialista represivo dirigido por Hernández.

Estas duras medidas se aplicaron para revertir los avances socialdemócratas de Zelaya y vender el país a los intereses generales de sectores clave del capital internacional. Hernández impulsó una serie de leyes para privatizar la energía, el agua, la seguridad social, la salud, la educación y el sector minero. La moratoria de Zelaya sobre las concesiones mineras fue revocada y se pusieron en marcha nuevas políticas que descartan la posibilidad de cualquier consulta a las comunidades que habitan donde la minería va a realizar. Los desalojos de pobres —especialmente indígenas pobres— vinieron acompañados de las concesiones a empresas extranjeras asociadas a unas pocas familias ricas hondureñas.

La situación de lxs indígenas y afrodescendientes ha empeorado desde el golpe de Estado, con abundantes conflictos por sus tierras para proyectos de minería y turismo. Según un informe de la CIDH de 2015, hay alrededor de 837 proyectos mineros potenciales, lo que equivale al 35% de la tierra hondureña. Un gran número de los proyectos de gran envergadura se encuentran en tierras indígenas y afrodescendientes, incluidas 98 concesiones mineras en los departamentos de Lempira y Santa Bárbara, donde vive el pueblo indígena lenca y donde tiene lugar gran parte de la organización del COPINH. Además, hay 76 proyectos hidroeléctricos en 14 de los 18 departamentos del país.

Estas concesiones se consolidaron a través de la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que permiten a las empresas privadas, a menudo extranjeras, tener vía libre para gestionar la mano de obra y la tierra. En octubre de 2012, la Corte Suprema dijo que las ZEDE eran entidades legales, lo que fue establecido además por el Congreso en junio de 2013, mediante la Ley Orgánica de Empleo y Zonas de Desarrollo Económico.

Se otorgaron más de 300 concesiones para proyectos hidroeléctricos y 100 para operaciones mineras. Muchos de los proyectos ZEDE abrieron un tercio de la costa caribeña de Honduras al turismo, puertos y exploración minera (incluido el petróleo). Una combinación de exenciones de impuestos e inversiones garantizadas con cero pérdidas le dieron enormes ventajas al capital hondureño y extranjero. Exmilitares como Roberto David Castillo Mejía cambiaron sus uniformes por trajes y se beneficiaron del régimen golpista. Honduras, anunció el régimen del Partido Nacional, está abierta a los negocios.

Reflexionando sobre las leyes ZEDE, Berta Cáceres Flores del COPINH dijo:

(…) es la renuncia total a lo que quedaba de la soberanía de eso que se conoce como Estado de Honduras. Incluso ni siquiera tienen que pasar por el Congreso Nacional las leyes o los Tratados de Libre Comercio que impulsen. Es puro neoliberalismo, son entregadas estas grandes extensiones de territorio a las transnacionales, que van a tener su propio ejército, su propio sistema migratorio, legislativo, su propio gobierno, su propio sistema de justicia. Es tan tremendo que ya han integrado una comisión, le dicen ellos, de “buenas prácticas”. Es el discurso de las transnacionales. Hablan de “mitigación”. Hay una comisión de 21 empresarios muy poderosos, 17 de ellos son extranjeros. Es uno de los despojos más agresivos que hemos visto y ya tienen definidos los lugares donde se comenzarán. Son territorios indígenas, negros, de las comunidades campesinas y pescadoras del sur del país. Es una de las cosas más terribles que el pueblo hondureño está padeciendo.

El régimen golpista incluye tres gobiernos dirigidos por líderes del Partido Nacional: Roberto Micheletti (2009-2010), Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-actualidad). Cada uno de esos gobiernos está en deuda con la oligarquía y las fuerzas militares hondureñas y con el gobierno de Estados Unidos. Como consecuencia de las políticas del régimen golpista, los índices de pobreza en Honduras escalaron de modo que, en 2018, el 62% de las personas vivía en la pobreza y el 38,7% en la extrema pobreza.

La naturaleza del régimen golpista quedó clara una vez más en 2015, cuando Hernández anunció que buscaría la reelección en 2017, a pesar de que una de las razones dadas para derrocar a Zelaya fue que supuestamente quería buscar un segundo período en violación del límite de un mandato fijado en la Constitución. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) apoyó a Hernández por un margen de votos estrecho, lo que le permitió llevar al Partido Nacional a las urnas. Las elecciones que se celebraron en noviembre de 2017 estuvieron marcadas por acusaciones generalizadas de fraude. El hecho de que Hernández haya sido candidato en estas elecciones, a pesar de los límites constitucionales empleados antes como pretexto para derrocar a Zelaya, y que hubiera acusaciones probadas de fraude, marcan la naturaleza de este régimen.

A partir del día de las elecciones, el país fue barrido por una ola de protestas histórica, que superó los niveles de movilización vistos en 2009 contra el golpe de Estado. Se documentaron bloqueos de carreteras y movilizaciones en 15 de los 18 departamentos del país, que se organizaron en 150 puntos en todo el territorio nacional. El eslogan “Fuera JOH” (JOH son las iniciales de Juan Orlando Hernández) apareció en las paredes de todo el país y sigue siendo un lema clave para las fuerzas progresistas. Después, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras investigó las violaciones de derechos humanos. Su informe de 2017 proporcionó evidencia factual de la anulación de la democracia en Honduras. El informe del OACNUDH detalló la intimidación del Estado a la oposición política y a lxs periodistas:

Al momento en que se finalizó el presente informe, sobre la base de su documentación y análisis, la OACNUDH pudo verificar que al menos 23 personas habían muerto en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. Sobre la base de la información reunida, que incluye entrevistas con la Policía Nacional, la Dirección General de Medicina Forense y testigos, la OACNUDH considera que hay elementos creíbles que indican que al menos 16 personas, entre ellas dos niños y dos mujeres, murieron como consecuencia del impacto de balas durante la dispersión de las protestas o las subsiguiente operaciones de persecución por las fuerzas de seguridad.

(…) Los datos oficiales indican que entre el 1º y el 5 de diciembre de 2017, 1.351 personas fueron detenidas por violar el toque de queda (…) La OACNUDH también recibió denuncias creíbles y constantes de malos tratos infligidos por la Policía Militar y la Policía Nacional durante las capturas y las detenciones (…) La intimidación y el acoso también adoptaron la forma de allanamientos ilegales en la propiedad privada (…) contra defensores, comunicadores sociales y periodistas.

El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) publicó un informe independiente sobre la represión después de la elección, que estima que al menos 33 personas fueron asesinadas entre el 26 de noviembre de 2017 y el 23 de enero de 2018. Además, 232 personas fueron heridas y lesionadas entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017, mismo período en el que se detuvo a 1.396 personas, 117 de las cuales han sido judicializadas por diferentes delitos. La cifra podría ser mayor dado que el 4 de diciembre, los medios de comunicación ya reportaban 1.350 hondureñxs detenidxs durante la suspensión de garantías constitucionales.

Antes de que siquiera acabe la violencia, la vocera del Departamento de Estado estadounidense, Heather Nauert felicitó a Hernández, utilizando un lenguaje repetitivo sobre la necesidad de “diálogo nacional” para “sanar la división política”. Después de que Estados Unidos reconociera la “victoria”, otros países siguieron su ejemplo.

Mientras tanto, presentaciones en las cortes de Estados Unidos en 2001 revelaron que la propia agencia antidrogas del gobierno estadounidense, la DEA, tenía pruebas de que Hernández, su hermano Tony Hernández y el expresidente Porfirio Lobo habían empleado “el narcotráfico para ayudar a afirmar su poder y control en Honduras”. En 2018, en el Distrito del Sur de Nueva York, se abrió un caso contra Tony Hernández como figura central en una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Los fiscales estadounidenses dijeron que Hernández había “aceptado millones de dólares en ganancias del narcotráfico y, a cambio, prometió a los narcotraficantes protección contra los fiscales, las fuerzas del orden y [posteriormente] extradición a Estados Unidos”.

El fiscal estadounidense Jason Richman acusó al presidente Hernández de haber recibido un millón de dólares en efectivo del capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán. El presidente Hernández lo negó. Esta avalancha de acusaciones se produjo junto con el debilitamiento de las leyes penales en beneficio de las conspiraciones criminales, incluidos los narcotraficantes. Por ejemplo, antes de que el tribunal altamente partidista hubiera terminado su investigación, los cambios en la ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y en el Código de Procedimiento Penal debilitaron la capacidad del Fiscal General para iniciar casos de corrupción y hacer registros sorpresa a los sospechosos.

El Congreso de Honduras aprobó un nuevo Código Penal por en 2020, tras cuatro años de debate por parte de la debilitada oposición y de instituciones como la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una entidad independiente establecida por la OEA, para investigar la corrupción en el país. La MACCIH dijo en un detallado estudio que la nueva ley “afectarían las acciones de investigación y enjuiciamiento penal frente a delitos vinculados con la corrupción en el país”. Dos años antes, en 2018, la MACCIH entregó los resultados de una investigación sobre denuncias de corrupción contra funcionarios del gobernante Partido Nacional. El caso de corrupción “Pandora” reveló que 38 ex y actuales diputados, la mayoría del Partido Nacional, fueron acusados de desviar fondos públicos para campañas políticas y de recibir dinero de narcotraficantes. Varios diputados fueron detenidos en julio de 2018, pero fueron liberados poco después. No es de extrañar que la MACCIH y otras instituciones hayan sido desvirtuadas por estas “reformas”.

Parte 3: El vil ataque a la izquierda hondureña

Después del golpe de Estado, el país estuvo paralizado durante meses por una serie de movilizaciones masivas que buscaban la restitución de Zelaya. En Tegucigalpa había protestas diarias, que se prolongaron durante meses, ya que las comunidades de fuera de la capital formaron caravanas para ir en automóvil —y luego de que el ejército se llevara sus vehículos, a pie— a la capital. Casi todos los movimientos sociales y políticos de izquierda y centro izquierda se unieron en estas movilizaciones para formar el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). En el seno del FNRP se produjo un debate en una serie de grandes asambleas sobre si permanecer como un frente de movilización o transformarse en un partido político.

Dos años después del golpe, en 2011, el FNRP junto con una serie de movimientos populares y sindicatos lanzaron un partido político: Libertad y Refundación, o Libre, con Zelaya como presidente. Gerardo Torres, el secretario internacional de Libre, nos contó sobre los tres bloques que componen su partido:

Por una parte, es toda la gente del partido liberal que se salió junto a Zelaya después del golpe de Estado, otra son estos grupos que nunca habían participado en política sobre todo grupos de la lucha en contra de la corrupción, grupos que no habían participado en política justamente por su critica a la política hondureña tan tradicional, tan sometida, y otrxs que veníamos de la izquierda histórica del país. Nosotros habíamos sido parte junto al Padre Ismael Melo, o las mismas compañeras Berta Cáceres con el COPINH, con Salvador Zúniga, con Miriam Miranda, con los movimientos sociales y políticos éramos esa izquierda en Honduras que siempre ha sido antiimperialista y que ha sobrevivido de alguna manera u otra a pesar de todo lo que pasó en la región, los exilios, la dictadura, las desapariciones, las guerrillas. Esa izquierda de la que somos herederos proviene del movimiento social político vinculado a procesos como el FMLN en El Salvador, los sandinistas en Nicaragua, la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca URNG en Guatemala. Aquí en Honduras tuvimos procesos de liberación como Lorenzo Zelaya para la Liberación Nacional, el movimiento Cinchoneros y muchos otros como no lograron crecer tanto como nuestros vecinos y aquí en Honduras nosotros tenemos una base militar por mucho tiempo la más grande de los EE.UU. en America Latina que es Palmerola, crear un movimiento de guerrilleros con la capacidad de liberar al país era muy difícil, justamente por la presencia de los marines a 80 kilómetros de Tegucigalpa en la base de Palmerola. Entonces esa izquierda sobreviviente digamos, pequeña, fue la que asumió una buena parte de la conducción del Frente de Resistencia cuando se da el golpe de Estado. Entonces esa izquierda, más los liberales que son muchísimos, y estos sectores clase media, más nuevos, más modernos, más vinculados al tema del ambiente y de las redes sociales, creamos esto que es el Partido Libre.

Libre ha ayudado a organizar las luchas contra el régimen del golpe y a construir un aparato para participar en las elecciones. A pesar de la represión —incluido el asesinato de sus dirigentes— y del fraude electoral generalizado, el porcentaje de votos de Libre en las elecciones presidenciales pasó de 29% (2013) a 41,4% (2017). Las políticas de austeridad del gobierno aumentaron la viabilidad de un proyecto de izquierda, al mismo tiempo que desmoralizaron a la sociedad y dificultaron llevar a cabo actividades políticas. Sin embargo, en el período transcurrido desde 2009, han surgido una serie de proyectos políticos incluyendo la revitalización del Partido Comunista de Honduras y la formación del Partido Anticorrupción (PAC), liderado por el centroderechista Salvador Nasralla, candidato presidencial por Libre en 2017.

Oleadas de revueltas han dado forma a la oposición al régimen golpista. En 2015, se desarrollaron una serie de protestas anticorrupción alrededor de manifestaciones de antorchas y de indignadxs. Este movimiento anticorrupción señalaba con el dedo a la podredumbre en la salud y la infraestructura públicas, dos espacios donde la malversación de fondos había configurado el deterioro de los servicios e instituciones públicos. Las exigencias de crear una comisión de investigación de la corrupción adecuada (como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG) se encontraron con una respuesta anémica y la creación de la MACCIH de la OEA en 2016, que fue debilitada cada año desde entonces y fue finalmente desmantelada en 2020.

En mayo y junio de 2019, lxs trabajadorxs de la salud y lxs maestrxs salieron a las calles para defender la salud pública y sus instituciones del virus de la privatización. Exigían inversiones inmediatas para salvar estos sectores clave, que habían sido vaciados por las políticas neoliberales de la década previa. En el corazón de esas protestas estaba “Fuera JOH”, la demanda por acabar con el régimen golpista liderado por Hernández.

El enfoque del régimen golpista en la última década ha sido fragmentar las movilizaciones, destruir a la izquierda y socavar su confianza, atacando un líder del movimiento social tras otro. De acuerdo con un informe de Washington Office For Latin America [Oficina de Washington sobre América Latina], entre 2014 y 2017 un total de 141 defensorxs de los derechos humanos fueron asesinadxs y se atentó contra la vida de otrxs 13. Diez de lxs asesinadxs habían recibido medidas cautelares de seguridad otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso no sirvió de nada.

No ha sido fácil obtener las cifras de los asesinatos de líderes de movimientos sociales desde 2009. La información está fragmentada y las agencias del gobierno no tienen interés en llevar un registro de las desapariciones y las muertes. Sin embargo, se puede afirmar que más de 200 líderes han sido asesinadxs entre 2009 y 2020. Muchas de las personas asesinadas eran líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes que han luchado contra la expropiación de sus tierras. La CIDH señala tres áreas generales de preocupación:

1. La creación de un escenario grave de inseguridad y violencia como resultado de la imposición de planes y proyectos para extracción de recursos y desarrollo energético en tierras ancestrales.
2. El saqueo y el desplazamiento forzados de estas tierras mediante el uso excesivo de la fuerza.
3. La persecución y criminalización de líderes indígenas por motivos directamente relacionados con la defensa de sus tierras. La violencia contra líderes y comunidades indígenas surge directamente de la lucha por la tierra.

Para explorar esto con mayor detalle, miraremos el asesinato en 2016 de Berta Cáceres Flores, lideresa y confundadora del COPINH, el ataque a los sindicatos y, más recientemente, la desaparición forzada de líderes sociales garífuna.

El asesinato de Berta Cáceres

El 25 de julio de 2013, el COPINH, liderado por Berta Cáceres Flores, protestó por la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque. La comunidad indígena considera sagrado este río en el occidente de Honduras, pero nadie de la empresa que quería construir la presa había hablado con ellxs. La empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) pertenece y está controlada por una de las familias más poderosas en Honduras, los Atala Zablah. El ejército hondureño, a instancias de DESA, vigilaba el lugar.

Durante la protesta, los soldados abrieron fuego contra lxs manifestantes y mataron a Tomás García. Casi tres años después, el 2 de marzo de 2016, hombres armados entraron en la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. Su muerte fue seguida inmediatamente por el asesinato de Nelson Noé García del COPINH, el 15 de marzo, y por los asesinatos de José Ángel Flores y Silmer Dionisio George del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) el 18 de octubre de 2016.

Tras el asesinato de Berta, el COPINH y su familia lanzaron una campaña concertada para exigir justicia, con apoyo de organizaciones de todo el mundo. Incluso bajo una enorme presión internacional, los investigadores hondureños se limitaron a detener a los principales tiradores y algunos de sus responsables inmediatos. Entre estos últimos se encuentran Douglas Bustillo, ex jefe de seguridad de DESA que dirigió la operación; Sergio Rodríguez, ejecutivo de DESA; y Roberto David Castillo Mejía, el presidente de DESA. El asesino de Berta y algunos de sus colaboradores inmediatos han sido sentenciados a penas de prisión entre 30 y 50 años.

No obstante, ninguno de los autores intelectuales del crimen ha sido detenido. Las pruebas presentadas en la corte —incluidos registros telefónicos y conversaciones por WhatsApp— muestran de forma bastante concluyente que estos asesinos, muchos de ellos veteranos del ejército hondureño, actuaron bajo las órdenes de ejecutivos de DESA. Ninguno de los propietarios de DESA, incluidos los miembros de la familia oligárquica Atala Zablah que eran parte de estos chats de WhatsApp, han sido acusados de un delito.

Los propietarios de DESA y miembros del gobierno también están entre los autores intelectuales de estos asesinatos, siendo David Castillo el funcionario de más alto rango de DESA que fue arrestado. Las autoridades lo detuvieron el 2 de marzo de 2018 mientras intentaba huir a Estados Unidos, donde había comprado una casa de lujo por el valor de 1,4 millones de dólares en Houston, Texas, tan solo 8 meses después del asesinato de Berta. Los registros de las llamadas y los mensajes de WhatsApp demuestran que había participado en la conspiración y que sirvió como enlace clave entre los financiadores y los ejecutores. Sin embargo, el caso en su contra se ha estancado. La reiterada demora ha abierto la posibilidad de que su prisión preventiva caduque, lo que llevaría a su liberación.

Las autoridades han estado escudando a la familia Atala Zablah y al partido gobernante, que se había tratado de coludir en el encubrimiento. Después de que Berta fuera asesinada, el ministro de Seguridad del presidente Hernández, Julián Pacheco Tinoco, escribió a Pedro Atala Zablah, uno de los líderes de esa familia y miembro de la junta directiva de DESA. Quería asegurar a Atala y a su familia que el gobierno no perseguiría el caso con seriedad, el caso, dijo, sería visto como un “crimen pasional”. Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta y ahora coordinadora general del COPINH, insistió en este nivel de colusión: “ni el ejército ni la empresa actuaron solos”, más bien hay “una coordinación entre los centros de poder militares y económicos, que es la esencia de la dictadura bajo la cual vivimos en Honduras”.

Efectivamente, la investigación —y las actas judiciales— muestran un nivel muy alto de connivencia. Los funcionarios de DESA se reunían en la casa presidencial mientras tramaban como socavar al COPINH. Esto debería despertar sospechas sobre la complicidad al más alto nivel en la muerte de Berta Cáceres. Pero esto se ha dejado de lado, así como los numerosos mensajes de WhatsApp que muestran a miembros de la familia Atala Zablah instando al equipo a hacer algo respecto a Berta Cáceres en un lenguaje muy codificado.

Hay muchas pruebas de los funcionarios de DESA alardeando de que tienen al gobierno —y en particular a las fuerzas armadas y a la policía— en el bolsillo. En 2013, el director financiero de DESA, Daniel Atala Midence, dijo: “he gastado mucho dinero y capital político para conseguir esas tres órdenes de detención”. En muy poco tiempo Berta Cáceres, Tomás Gómez Membreño, y Aureliano Molina fueron detenidos. Esto demostró el alcance de la influencia de Atala Midence. En otro momento de las conversaciones por WhatsApp, Pedro Atala Zablah dice que los funcionarios de DESA, que ya habían utilizado al ejército y a la policía hondureños para resguardar su propiedad y atacar a lxs activistas de COPINH, debían pagar a la policía “con algo más que comida” para que llevaran a cabo su cometido.

En agosto de 2019, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos fue a Honduras. Este es un grupo que intenta que los países adopten los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los principios son bastante vacíos, pero por lo menos sugieren que las empresas no se deben comportar de forma delictiva y que los acuerdos de negocios no se deben hacer en secreto. En su informe público, el Grupo de Trabajo hizo dos observaciones importantes. Primero, dijeron que, aunque el Ministerio de Ambiente dice que realiza consultas abiertas cuando se están considerando licencias ambientales, la mayoría de estas reuniones se celebran solo cuando ya se han entregado las licencias. Esto es precisamente lo que pasó en el caso de la represa de Agua Zarca y es la base de otro caso presentado por el COPINH contra David Castillo y otros quince funcionarios públicos, alegando que se cometió fraude durante el proceso de concesión de licencias para el proyecto de Agua Zarca. Segundo, la ley (Decreto Legislativo 418-2013) y dos decretos ministeriales ((725-2008 y 1402-2018) permiten al ministerio clasificar elementos del estudio de impacto ambiental y cualquier cosa que consideren “información secreta”. Lo que esto significa es que los interesados en un caso no tienen acceso a información libre y justa para deliberar sobre sus méritos, el gobierno puede fácilmente manipular la documentación de forma totalmente antidemocrática.

Laura Zúniga, una de las hijas de Berta y también parte del COPINH, dijo en su declaración de impacto de víctima en 2018:

No estamos de acuerdo tampoco con que se nos haya excluido desde el primer momento del asesinato de mi mami porque se nos negó la posibilidad de tener un observador cuando fue la autopsia, porque no se nos dio información y porque, cada momento de este proceso, tuvimos que pelear por información y no lo hicimos por capricho, lo hicimos porque estamos dispuestas a poner todo lo que sea necesario para que haya verdad porque entendemos que es nuestro derecho, porque entendemos que es el derecho del pueblo hondureño.

El sostenido ataque a los sindicatos

En la antesala del décimo aniversario del golpe de Estado en 2019, se produjo una ola de protestas en Honduras. Liderando este estallido estaba la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, o La Plataforma, un frente unido de maestrxs y trabajadorxs médicos. El 30 de mayo miles de trabajadorxs de la salud vestidos con batas y mandiles blancos, junto con profesorxs y estudiantes, paralizaron Tegucigalpa con sus manifestaciones en las calles. Lxs manifestantes marcharon hacia el Aeropuerto Internacional Toncontín mientras un camión volquete descargaba rocas y tierra en la carretera principal del aeropuerto. La policía disparó gas lacrimógeno y balas de goma a la multitud, pero el gas lacrimógeno llegó al aeropuerto y lo cerraron. Eso no detuvo las protestas, que crecieron en las semanas siguientes.

El detonante inmediato de las protestas organizadas por la Plataforma era el proyecto del gobierno de Hernández para privatizar los sectores de salud y educación. En enero de 2019, Hernández impuso decretos especiales que declaraban “emergencia nacional” en esos sectores. El gobierno creó comisiones especiales que reorganizarían las profesiones de la salud y la educación conforme lineamientos que golpeaban la autonomía relativa del sector público. Los nombres de las leyes aprobadas por el Congreso son decidores: Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud (PCM 026-2018) y la Comisión Especial de Transformación de la Secretaría de Educación (PCM 027-2018). En abril, el Congreso hondureño aprobó la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, cuyo objetivo era avanzar en la privatización de esos dos sectores. Debido a las protestas de lxs trabajadorxs de la salud y la educación, el Congreso anuló la ley el 30 de abril.

Detrás de Hernández estaba el Fondo Monetario Internacional (FMI), que por mucho tiempo ha pedido a Honduras que “racionalice” su gasto e “institucionalice la prudencia fiscal”. Esta última frase aparece en el informe de equipo sobre Honduras de julio de 2019. Cuando el FMI habla de “prudencia fiscal” quiere decir recortes de presupuesto en el sector público, siendo los recortes más frecuentes en los sectores de salud y educación. Aguijoneado por la resistencia de la Plataforma, Hernández se movió para —a través de la Mesa Nacional de Salud y Educación— “descentralizar” la prestación de servicios de salud y educación a los gobiernos locales, que están en gran parte sin fondos. Esta es una forma segura de conseguir que estos gobiernos locales entreguen la provisión de salud y educación a entidades no gubernamentales y al sector privado. Se trata de una privatización en nombre de la descentralización.

La represión de las protestas vino acompañada de amenazas y violencia contra lxs líderes sindicales. En 2019 la Confederación Sindical Internacional encontró que Honduras “no garantiza derechos” a lxs miembros de sindicatos. Un informe de ACNUR reveló que, entre 2010 y 2019, 90 profesorxs —muchxs de ellxs líderes sindicales—habían sido asesinadxs. En diciembre de 2019 la Red Contra la Violencia Antisindical afirmó la peligrosa naturaleza del sindicalismo en el país: el 16 de noviembre el líder sindical Jorge Alberto Acosta Barrientos del Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (SITRATERCO) fue asesinado a tiros. Otrxs dirigentes sindicales coinciden en que las amenazas y la violencia contra lxs trabajadorxs son peligros acuciantes, entre ellxs María Gloria García de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO), Tomás Membreño Pérez del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), Sonia Margarita Banegas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), y Joel Almendares de la principal federación sindical en Honduras, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).

Lxs trabajadorxs de los sindicatos entienden que su lucha no es solo contra tal o cual ley o por tal o cual reforma, su lucha es para derrocar el régimen golpista y socavar las bases que lo respaldan.

Una pelea de larga data ha sido la protagonizada por lxs trabajadorxs de la industria del aceite de palma y las grandes corporaciones privadas como Dinant, a la que apoya el gobierno golpista, así como el Banco Mundial, de quien ha recibido financiamiento. Dinant es propiedad de una de las familias más poderosas de América Central, los Facussés. En el valle de Bajo Aguán, donde opera Dinant, al menos 133 trabajadorxs agrícolas han sido asesinados en la última década. La intimidad entre la familia Facussé y el gobierno de Hernández ilustra la naturaleza de clase del golpe de 2009 y las rigideces impuestas por el régimen golpista. En uno de muchos ejemplos de esto, fue un avión de los Facussé el que se utilizó para extraditar ilegalmente a la ministra de Relaciones Exteriores Patricia Rodas de Honduras hacia México durante el golpe de 2009.

La familia Facussé ha estado involucrada en una larga pelea contra la comunidad garífuna en Vallecito por derechos sobre la tierra. En 2004, el vicepresidente de una cooperativa agrícola, Santos Euquerio Bernárdez Bonilla, fue secuestrado y asesinado. Desde el golpe, la violencia se ha intensificado, así como la destrucción general de la tierra para beneficiar a estas poderosas familias y a sus intereses de clase. En 2014, la CIDH hizo un informe sobre esta situación:

También se le dijo a la Comisión que los procesos para conceder licencias a las empresas han sido acompañados por considerable represión de los pueblos indígenas, que han sido desalojados por la fuerza. “Hay zozobra en las tierras por los despojos y desalojos hacia la Comunidad Garífuna”, afirmó un miembro del pueblo garífuna a la CIDH. A la Comisión también se le informó de como la extensa producción de palma africana en la región norte del país ha tenido un impacto desproporcionado en el pueblo garífuna. La CIDH también recibió información preocupante sobre el impacto de la actividad humana en exacerbar la pobreza en esas comunidades. Por ejemplo, la comunidad garífuna de Santa Rosa indica que como resultado del trabajo realizado por compañías cultivando palma africana en el departamento de Colón, el curso del río Aguán había sido desviado con consecuencias devastadoras en el ambiente y en el acceso de la comunidad al agua, debido a la alta salinidad del agua.

Entre las empresas en cuestión están las de la familia Facussé. Entre lxs trabajadorxs que enfrentan este pillaje se encuentran miembros de la comunidad garífuna.

La desaparición forzada de líderes garífuna

El 18 de julio de 2020, diez hombres fuertemente armados llegaron a la comunidad Triunfo de la Cruz. Usaban uniformes de la Policía Militar de Orden Público, que tenían la insignia de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Estos hombres secuestraron a cinco miembros de la comunidad garífuna, una comunidad afroindígena en la costa caribeña de Honduras. Los hombres que desaparecieron ese día son Junior Juárez y otros cuatro miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH): Snider Centeno, Milthon Joel Martínez Suany, Suami Mejía y Gerardo Róchez.

No se les ha vuelto a ver desde entonces.

OFRANEH emitió un pronunciamiento que decía que debían ser liberados inmediatamente: “Los queremos vivos”. Miriam Miranda, una líder de OFRANEH, tuiteó que “En esta dictadura, mafiosa, corrupta y asesina, maquinarias de la muerte están incólumes y fortalecidas. En medio de la pandemia del Covid-19, llegó un grupo armado a Triunfo de la Cruz y se llevó entre otros al dirigente Sneider Centeno. Exigimos su pronta aparición y con vida”.

Centeno es el presidente de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz y miembro de OFRANEH. Estuvo al frente de un caso presentado por su comunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015. El caso acusa al Estado hondureño de violaciones a los derechos humanos y de no proteger sus territorios ni detener el desplazamiento de las comunidades por parte de quienes tienen poder económico y político. Aunque la CIDH falló a favor de la comunidad, el Estado aún no ha cumplido sus compromisos. OFRANEH señala que el incumplimiento del Estado hondureño de la sentencia es una prueba de que no está preocupado por el bienestar del pueblo garífuna.

El secuestro es parte de un patrón. La OFRANEH dice que en los últimos años, al menos 40 miembros de la comunidad garífuna han sido asesinados y muchos han tenido que abandonar la comunidad debido a amenazas y persecución. Estos ataques vienen tanto del Estado como de empresas transnacionales e incluyen asesinatos y otras formas de persecución política.

Durante los ocho meses transcurridos desde este secuestro, las comunidades garífunas en Triunfo de la Cruz y Sambo Creek se han movilizado para exigir a las autoridades que proporcionen inmediatamente información sobre los desaparecidos y los devuelvan con vida a su comunidad. En vez de cumplir con estas demandas, la policía ha atacado a lxs manifestantes con gas lacrimógeno varias veces y lxs integrantes de la comunidad han denunciado que vehículos fuertemente armados han entrado la comunidad de Triunfo de la Cruz para generar miedo y terror.

La represión policial profundiza la sospecha en la comunidad sobre el papel del Estado en el secuestro. Las desapariciones forzadas ocurrieron cuando había confinamiento y toque de queda en el país. Esto significa que cualquiera circulando en la zona debía tener un permiso explícito para hacerlo. “Se nos hace imposible creer que la movilización de tres vehículos, en los que se transportaban individuos fuertemente armados, haya pasado totalmente ‘desapercibida’” por el Estado, alega OFRANEH.

El 31 de julio, trece días después del secuestro, Hernández rompió el silencio del gobierno con un tuit en que insistió en que el gobierno estaba trabajando para “identificar a los responsables del crimen y ponerlos en manos de la justicia”. En los meses transcurridos no se ha producido ningún avance en este caso. OFRANEH señala que la agencia a cargo del caso es la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Dado que los hombres armados que secuestraron a las cinco personas en Triunfo de la Cruz estaban vestidos con uniformes de la DPI, es imposible tener fe en el sistema que parece haber conducido el crimen.

El día del tuit de Hernández, Amnistía Internacional publicó una fuerte declaración llamando al gobierno a investigar el secuestro y localizar a los hombres. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de dicha institución, señaló en esta declaración:

Exigimos al gobierno de Juan Orlando Hernández que tome medidas urgentes para encontrar con vida a las cinco personas desaparecidas, entre ellos cuatro activistas garífunas de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Las autoridades también deben llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente e imparcial para identificar y castigar a todos los responsables por planificar y ejecutar este crimen. No podemos permitir que la impunidad fomente ciclos de violencia sin fin y graves violaciones de derechos humanos.

Para octubre de 2020, tres meses después del secuestro, la OFRANEH divulgó un documento que analiza los informes inconsistentes del gobierno a la CIDH. Los informes del gobierno y sus publicaciones en redes sociales parecían cada vez más como una campaña de desinformación, dijo OFRANEH. Las publicaciones buscan desacreditar a los desaparecidos vinculándolos con el narcotráfico e intentan desestimar los secuestros señalando la alta frecuencia de desapariciones. La normalización de este tipo de violencia muestra que el gobierno acepta que el “país se encuentra sumergido en la violencia, resultado del estado fallido existente y el paulatino colapso del sistema de justicia ante la inexistencia de independencia de poderes”, como indica el informe de la OFRANEH. Esta campaña de desinformación vino junto con el “silencio cómplice y criminal” del gobierno sobre la real evidencia que estaba a la vista de todxs.

Sin poder avanzar una agenda en las instituciones formales del país, OFRANEH lanzó el Comité Garífuna para la Investigación de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA) el 18 de febrero de 2021 (sunla quiere decir ‘basta’ en garífuna). Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH, dijo que SUNLA sería “una forma de buscar verdad y justicia en el país”. El comité está formado por varixs expertxs y líderes de la comunidad y tendrá el apoyo de 16 organizaciones de América Latina, junto con la ONU y la CIDH.

“Estamos cansados de recibir mentiras del gobierno”, dijo Miranda. Los informes del gobierno de Honduras “no tienen sustancia, no dicen nada, y además se burlan de nosotros, el pueblo garífuna. Se burlan de las familias, se burlan de la organización, se burlan del pueblo garífuna. Eso es lo que está haciendo el Estado: y como sabemos que están escuchando, queremos decirle que ya no queremos mentiras. Queremos verdad. Por eso estamos buscando la verdad y la justicia”.