En 1976 fue creada la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (FENSA), nombre primigenio de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). Para la fecha, el contexto de la lucha agraria en la región se encontraba cruzado por el avance imperial del Plan Cóndor y por la exploración de políticas rurales empresariales enmarcadas en la Revolución Verde. Mediante el intervencionismo antiinsurgente y el terrorismo de Estado, codirigido desde el Departamento de Estado Norteamericano, se impuso un nuevo pacto social entre los poderes públicos, las instituciones económico-financieras del continente y los emporios agroindustriales. Quince años antes, en 1961, se decretó la Ley 135 de reforma social agraria en los primeros años del Frente Nacional, mancomunión liberal-conservadora cuyo objetivo era disipar el desarrollo estructural de las referencias revolucionarias que, por entonces, se diseminaban por el territorio colombiano. A partir de entonces la frontera agrícola se ha expandido descomunalmente. Hasta la Constituyente del ´91, los máximos beneficiarios de la Ley 135 fueron algunas corporaciones extranjeras como Proficol, Invequímica, Bayer y DuPont, y también los grandes hacendados firmantes del Pacto de Chicoral; éste impidió la distribución de tierras, un proceso social indispensable que hubiera enfrentado tempranamente las causas del conflicto que azota al país hasta la actualidad.

En la punta de lanza por la defensa de la vida campesina, la biodiversidad y la dignidad territorial, FENSUAGRO ha detentado históricamente, las banderas de la paz con justicia social, y la reforma agraria integral. Hoy la federación campesina nuclea a más de 56 organizaciones y sindicatos de base campesina.

Durante la conmemoración de sus 45 años, se llevó adelante el foro “Reforma Rural Integral a 5 años del acuerdo de Paz” en el que participaron 19 organizaciones de todo el país. La convocatoria fue precedida por varias lideresas sociales, entre quienes se encontraban su presidenta, Nury Martínez; Daniela Vega, delegada de la juventud fensuagrista; Rosa Elena Rodríguez de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Pablo Catatumbo, senador del Partido Comunes; y Claudia Flórez, directora del Semanario Voz.

En la apertura del foro, los delegados de la UTL del Partido Comunes realizaron un balance crítico sobre la implementación del Acuerdo de Paz, suscrito y firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP en 2016. Haciendo especial hincapié en el punto uno del acuerdo, “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, Rosa Elena Rodríguez y Jefferson Bohorquez afirmaron que, hasta el momento, sólo se ha asignado el 0,08% de las 3 millones de hectáreas previstas del Fondo de Tierras, el mecanismo creado para implementar la reforma rural integral.

Nury Martínez, presidenta de FENSUAGRO, resaltó la obligatoriedad de la construcción integral del Acuerdo de Paz. Aunque para las organizaciones campesinas el punto uno constituye el corazón de la discusión, según sus palabras “no se puede pensar en la resolución de la crisis agraria sólo desde la adjudicación de tierras”. Dicho sea de paso, la misma federación exige que se cumpla y desarrolle a profundidad el punto cinco referido al “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”. En tal caso, la organización ha sido víctima concurrente de los procesos genocidas que atentan contra el campesinado colombiano. Esta realidad debe ser reconocida por el Estado en pos de restituir los derechos de las comunidades victimizadas.

A través de la gestión de la muerte, en estos 45 años se han complejizado las modalidades del despojo en las periferias agrarias del país. Martínez afirma que una de esas modalidades interpela directamente al punto cuatro del Acuerdo de Paz sobre la “Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”. En ese sentido, la presidencia de FENSUAGRO denuncia la cerrazón del gobierno de ultraderecha, a la cabeza de Iván Duque, que continúa regando con glifosato los campos pese a nimios resultados. Contrariamente, la producción y exportación de cocaína creció tras los acuerdos de paz. Las políticas de aspersión sólo benefician a corporaciones internacionales como Monsanto, y a sus lobbistas en Estados Unidos. Por otra parte, para las organizaciones agrarias es evidente que los altos mandos de las instituciones estatales son responsables y/o beneficiarios directos de los capitales provenientes del narcotráfico, empezando por el presidente de la República, cuya campaña fue financiada en el 2018 por el narcotraficante Ñeñe Hernández.

Antes que respetar los Acuerdos de Paz para garantizar una estabilidad duradera para la Nación, en términos económicos, medioambientales, sociales y políticos, el uribismo ha optado por profundizar su programa neocolonial a través de los proyectos mineros y agroextractivos, la militarización norteamericana de los circuitos de circulación de la cocaína y la violación concurrente de los derechos humanos. Así lo denunció Claudia Flórez, directora del Semanario Voz:

“Las cinco «zonas futuro» son una propuesta del gobierno, muy peligrosa. Éstas se encuentran en la frontera del Urabá antioqueño, en el Catatumbo, en Arauca, en el Pacifico nariñense, y en el Parque Nacional Chiribiquete. Allí hay presencia de una guardia especial militar norteamericana. Es la primera vez que aparece en América Latina, si bien ha estado en Afganistán y en algunos países de África (...). Si uno mira esas zonas, y mira dónde están las masacres, dónde están los niveles de mayor violencia, desaparición forzada, etc., coinciden. La pregunta es cuál es el papel de la presencia norteamericana (...) vemos cómo existe hacia las fronteras: venezolana, peruana, ecuatoriana. Fronteras que de alguna manera están relacionadas a los intereses norteamericanos vinculados también a la expansión de las zonas de cultivos ilícitos en la región. Tenemos que tener esta cartografía en mente para evaluar y hacer un seguimiento sobre las violaciones a los derechos humanos y lo que se viene (...)”.

En lo que refiere al papel de la comunidad internacional, Nidia Quintero, responsable de la tesorería y la política financiera de FENSUAGRO, puso de manifiesto una grieta insoslayable: por una parte se encuentran las organizaciones nucleadas en la CLOC-Vía Campesina, quienes defienden la soberanía alimentaria y la integración latinoamericana, y por otra, las corporaciones, ONGs y agencias internacionales vinculadas a la ampliación de los agronegocios en el continente, a la cabeza de La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.

Trascendiendo el escenario preocupante que enfrentan los sectores que componen a la federación agraria, las lideresas campesinas, Nidia Quintero y Nury Martínez, y la directora del Semanario Voz, Claudia Flórez, coinciden con la delegada de las juventudes fensuagristas, Daniela Vega, en lo concerniente a los lugares de incidencia, movilización unitaria, y construcción de soberanías territoriales y populares. Una de esas apuestas es la proyección de la agenda del feminismo popular y campesino. Otra es la formación técnica, tecnológica y política, en la senda del trabajo iniciado en el 2017 por la Universidad Campesina IALA María Cano. Y finalmente, la aplicación de los principios de la agroecología a la conservación del medio ambiente.