Seguridad para quienes testificarán contra Ríos Montt: demanda movimiento social

Hace 15 años en abril, recuerdo que a periodistas y columnistas nos presentaron el Informe “Guatemala nunca más”, del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica. En ese encuentro era casi imposible predecir que a unos días habrían de asesinar a quien entonces actuó como su coordinador, el obispo Juan Gerardi.

Dicho trabajo de investigación reveló en varias publicaciones las consecuencias de la violencia contrainsurgente, incluyó testimonios desgarradores de mujeres y hombres, entre ellos, muchos originarios del área ixil. Desde entonces se comentaba que un siguiente paso sería entablar procesos contra quienes resultaran culpables de tan horrendos crímenes.

El próximo 19 de marzo iniciará el juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra los generales Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez, integrantes del alto mando militar entre 1982 y 1983. Este proceso tiene un importante significado para Guatemala, donde han tenido lugar innumerables luchas contra la impunidad de funcionarios gubernamentales, pero quizás el mayor impacto es que su realización implica el reconocimiento explícito que hubo genocidio en este país.

En un lapso de dos meses aproximadamente, se presentarán medios de prueba a través de peritajes y testimonios acerca del arrasamiento de aldeas, destrucción del tejido social, impactos del miedo y la desintegración familiar, así como casos específicos de violencia contra mujeres, como violaciones sexuales y agresiones racistas.

Ante la cercanía de la apertura de juicio y recordando hechos del pasado y la situación de violencia actual, varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos están preocupadas por la seguridad de todas las personas que participarán en los medios de prueba contra los presuntos inculpados. Y tienen mucha razón, ya que esos testimonios ante tribunales deslegitimarán una historia oficial, porque harán evidentes las mentiras de quienes afirmaron ser “humanistas” y “salvadores” del pueblo en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul.

En gratitud a quienes serán testigos y peritos de la parte acusadora se hace necesario garantizar su seguridad por el importante papel que desempeñarán para la búsqueda de la justicia. En especial un reconocimiento a aquellas mujeres valientes quienes darán sus testimonios. Ellas saben bien que no están solas, pero es importante hacer explícito un acompañamiento por el delicado y difícil papel que desempeñarán previo, durante y posterior al juicio.

Muchas personas darán seguimiento al caso judicial contra ambos militares, será una experiencia que sin duda aportará elementos en el camino a favor de la justicia por las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra, por ello hay que potenciar la demanda de seguridad para todas las personas involucradas en este proceso trascendental para quienes rechazan la impunidad.