La reacción de las autoridades europeas y del gobierno español contra el decreto de la Junta de Andalucía que pretende limitar el drama social de los desahucios es una de las más miserables y vergonzosas que hemos vivido a lo largo de la crisis. Y eso que hay muchas de este tipo para elegir.

 

A mi juicio es una reacción miserable y vergonzosa de Europa y del Gobierno de Rajoy justo porque llevan razón en lo que dicen.

 

¡Claro que ese decreto amenaza a la banca y supone un peligro para la inversión inmobiliaria que predomina hoy día!

 

Es evidente que -en la situación actual de la banca- si de un día para otro se generalizase la dación de pago o se permitiese que las personas más humildes que han perdido su puesto de trabajo y sus ingresos no tuvieran que hacer frente a sus deudas bancarias en las condiciones pactadas, los balances bancarios se resentirían y que incluso podría provocarse un auténtico caos en el sector.

 

Tampoco hace falta ser un gran experto en negocios inmobiliarios para entender que la inversión cortoplacista que mueve el dinero buscando simplemente ganancias especulativas se sentiría igualmente amenazada si se obliga a que los derechos de propiedad que lleva consigo respeten una función social de elemental satisfacción humana. Por supuesto que todo es así y que las autoridades que combaten el decreto tratando de que el Tribunal Constitucional lo anule llevan toda la razón: es una amenaza. Pero lo que ocurre es que ese no es el verdadero problema que se debe resolver.

 

El decreto de la Junta de Andalucía es una amenaza para la banca porque la actividad que ésta lleva a cabo últimamente es materialmente incompatible con la justicia más básica, con la función económica de financiación a empresas y consumidores que se supone debe desempeñar y con el equilibrio económico elemental que se debe guardar en toda sociedad para que el conflicto no estalle y todo se venga abajo.

 

Es verdad, como digo, que tratar en estos momentos de evitar que las familias pierdan sus viviendas porque dejan de pagar unos cuantos cientos de euros al mes a los bancos es una amenaza para estos. Pero si eso es así no es porque la pretensión del decreto sea desmesurada sino porque la banca se ha situado por decisión propia, buscando niveles de beneficio desorbitados a través de una multiplicación compulsiva y artificial de la deuda, en una situación de mínimos en cuanto a solvencia y seguridad. Porque ha querido situarse durante demasiado tiempo en el filo de la navaja para obtener ganancias y poder extraordinarios a costa de su propio equilibrio financiero y patrimonial y de la estabilidad de todos y del sistema económico en su conjunto.

 

La cuestión, pues, no puede consistir en limitarse a constatar, como hacen los dirigentes europeos y los del Partido Popular español que trabajan para la banca, que frenar los desahucios tan injustos que se vienen produciendo es una amenaza. Lo que hay que hacer es determinar por qué la justicia amenaza a la banca y por qué ésta es incompatible con una reivindicación ciudadana tan ampliamente apoyada.

 

Por el contrario, imponer unilateralmente el principio de que el interés de los banqueros ha de prevalecer sobre la justicia y las preferencias sociales mayoritarias no solo es dictatorial sino algo muy perjudicial para la vida de las empresas y del conjunto de la economía.

 

Las consecuencias de que los bancos actúen con plena libertad, sin apenas restricción legal o moral alguna, ya las estamos viendo: no solo llevan a situaciones límites a las personas físicas y a las empresas sino que paralizan a las economías porque dedican los recursos a la especulación y a lograr tasas desproporcionadas de beneficio que, para colmo, conllevan un poder político excesivo que tiende a desmantelar las democracias. La banca actual, cuya actividad principal consiste en alimentar la inversión especulativa recurriendo para ello a todo tipo de fraudes, a los paraísos fiscales y a la utilización opaca y delictiva del dinero, es el principal obstáculo para salir de las crisis permanentes y para generar empleo y estabilidad económica. Esa es la verdadera amenaza que hay que evitar.

 

Por eso, cuando se detecta que un decreto justo, ampliamente deseado por la población (ni siquiera el grupo parlamentario del Partido Popular votó en su contra en el Parlamento andaluz) y que resuelve un grave problema social, amenaza a la actividad bancaria lo que hay que hacer es conseguir que la banca sea compatible con él y no al revés. Es decir, corregir los defectos en la actividad de la banca y no obligar a la sociedad a tener que sufrirlos.

 

La banca de nuestros días es la que ha provocado las crisis financieras en las que nos encontramos. Es la culpable de que miles de empresas cierren y de que tantas familias pierdan injustamente sus viviendas. Ella misma es la responsable de que los bancos estén quebrados, de que sean auténticos zombis que no hacen nada más que absorber sin descanso miles de millones de euros que entonces no pueden destinarse a crear empleo y bienestar social. Y todo eso lo ha provocado sin necesidad. O mejor dicho, porque gracias al poder político acumulado por los banqueros se ha conseguido convertir en sacrosanta necesidad social lo que simplemente es el interés particular de unos pocos.

 

Eso es lo que hace que el decreto de la Junta de Andalucía sea una amenaza y, por tanto, la respuesta no puede ser paralizar su aplicación para dejar tranquila a una banca que no funciona y cuya actividad irresponsable paraliza la economía y cada día nos cuesta más dinero.

 

Si la banca española estuviera funcionando bien, si se dedicase a financiar a las empresas y consumidores ayudando a crear empleos, si estuviera actuando al servicio de la creación de riqueza sostenible, entonces quizá alguien podría criticar que un decreto fuese excesivamente socializante (que ni siquiera lo es) o que una sensibilidad social exagerada del gobierno andaluz pusiera en peligro ese funcionamiento.

 

Pero lo que sucede es justamente lo contrario: lo que se busca con este decreto es que la banca cumpla con su función económica y social genuina y que sirva para que la economía funcione como un sistema de satisfacción de las necesidades humanas y no como un cataclismo constante en aras de beneficiar a una proporción ínfima de la población.

 

Yo sé que se trata de una expresión fuerte, desacostumbrada y que hace que algunos me califiquen de radical o exagerado. Pero es que creo firmemente que lo que sucede es que la banca, además de actuar de forma claramente anti social, anti empresarial y anti económica, se ha convertido en una actividad criminal porque atenta ya contra el bienestar, el patrimonio, la seguridad e incluso la vida misma de millones de personas, de la inmensa mayoría de los seres humanos. Solo eso puede explicar que se sienta amenazada por medidas como las que trata de poner en marcha la Junta de Andalucía. Por tanto, lo que hay que corregir es la naturaleza de su negocio, y no los intentos de paliar el daño que hacen los banqueros.

 

Finalmente no quiero terminar este artículo sin mencionar que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse próximamente sobre el decreto puesto que éste ha sido recurrido por el gobierno central.

 

Conociendo cómo se ha elegido a sus miembros y cuáles son su militancia y servidumbres no tengo muchas dudas sobre el veredicto. Quisiera equivocarme, pero me atrevería a aventurar que estamos a la puerta de otro escándalo vergonzoso que supeditará la justicia y la voluntad social a las imposiciones de los banqueros. Hay que esperar a su sentencia pero si finalmente el Constitucional sacrifica el decreto, es decir, si supedita la justicia social al beneficio bancario, tal y como ha pedido la Troika, no quedarán más dudas de que la corrupción se ha adueñado de todas las instituciones y de que es imposible convivir con este régimen institucional y con el sistema financiero que tenemos, en manos de auténticos irresponsables.

 

Publicado en Público el 15 de julio de 2013