“El militar nos disparó a quemarropa para matarnos” dice hijo del dirigente indígena lenca asesinado en Río Blanco
09/08/2013
- Opinión
Allan García sobrevivió al mortal ataque durante la protesta contra proyecto hidroeléctrico Agua Zarca
Allan tiene 17 años, habla en voz baja, mirando hacia el suelo, tocando con la punta de sus dedos la inmensa cicatriz que le cruza el pecho. El pasado 15 de julio, se dirigió hacia el plantel del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” junto a su padre, el dirigente indígena Tomás García, y a centenares de pobladores de las comunidades lenca de Río Blanco.
El objetivo de la movilización era continuar con la protesta con la que desde hace más de 130 días mantienen bloqueada la vía que conduce al sagrado río Gualcarque, exigiendo contemporáneamente la salida inmediata de la zona de las empresas Desa y Sinohydro, de capital hondureño y chino respectivamente.
“Nos reconcentramos cerca del viejo roble, donde la comunidad de La Tejera mantiene una toma indefinida de la carretera, y de ahí salimos hacia el plantel de la empresa. Estábamos casi llegando al portón principal cuando los militares comenzaron a disparar al aire”, recuerda el joven Allan García.
Tomás y su hijo fueron entre los primeros en llegar. “Un militar salió del portón y vino hacia nosotros. Primero le disparó a los pies a mi papá, como para asustarlo, y después se acercó más y le hizo varios disparos a quemarropa, no sabría decir cuántos, y lo mató”, dijo.
La brutalidad militar no se detuvo. Mientras Tomás García se desplomaba sin vida, el militar apuntó a Allan con su arma de grueso calibre y disparó. “Miré a mi papá caer al suelo y al militar apuntarme con su arma. Agarré mi machete pero no me sirvió de nada, y sólo sentí el balazo en el cuerpo”, rememora muy angustiado.
Pero Allan tuvo suerte. Al momento de disparar, el militar se tropezó con el cuerpo del dirigente indígena lenca y la primera bala agarró al joven de refilón, abriéndole una gran herida en el pecho y en el brazo derecho.
“Me tiré al suelo y el militar me hizo otros dos disparos que impactaron en mi espalda, pero logré levantarme y escapar. Es mentira que nosotros llegamos disparando, porque sólo andábamos nuestros machetes. Fueron los militares los asesinos”, dijo Allan entre sollozos.
Según él, su papá murió por una lucha justa y defendiendo sus principios. “Hay gente que ha traicionado la lucha, pero nosotros seguimos adelante. Mi papá era miembro del Consejo Indígena y Auxiliar de la comunidad. Defendía estas tierras y su muerte va a servir de mucho”, concluyó.
En su más reciente comunicado, el Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) asegura que este brutal asesinato sería parte de una campaña de criminalización y judicialización de la lucha contra el proyecto Agua Zarca y a favor de la defensa del territorio y los recursos naturales.
En este momento ya hay decenas de pobladores y activistas acusados en los juzgados y hasta con mandato de captura. Como parte de esta estrategia, el Fiscal Henry Alexander Pineda presentó requerimiento fiscal en el Juzgado 1ro. de Letras de Intibucá contra los dirigentes del Copinh, Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez, y el 14 de agosto se realizará la Audiencia de Declaración de Imputados.
El Copinh hizo un llamado al movimiento social y a las diversas luchas territoriales "a continuar construyendo ejercicios de soberanías territoriales y levantamientos contra los proyectos de saqueo y de violencia". Además, pidió al movimiento de solidaridad realizar distintas acciones a nivel nacional e internacional, incluyendo el envío de cartas al Gobierno Central, a la Corte Suprema, a la Comisión Interventora del Ministerio Público, al Congreso Nacional, entre otros.
Lea también:
- Sube tensión y se profundiza represión contra comunidades lenca
- “No me doblegarán”
- Grave crisis en Río Blanco
- “Están asesinando al pueblo y criminalizando nuestra lucha”
El objetivo de la movilización era continuar con la protesta con la que desde hace más de 130 días mantienen bloqueada la vía que conduce al sagrado río Gualcarque, exigiendo contemporáneamente la salida inmediata de la zona de las empresas Desa y Sinohydro, de capital hondureño y chino respectivamente.
“Nos reconcentramos cerca del viejo roble, donde la comunidad de La Tejera mantiene una toma indefinida de la carretera, y de ahí salimos hacia el plantel de la empresa. Estábamos casi llegando al portón principal cuando los militares comenzaron a disparar al aire”, recuerda el joven Allan García.
Tomás y su hijo fueron entre los primeros en llegar. “Un militar salió del portón y vino hacia nosotros. Primero le disparó a los pies a mi papá, como para asustarlo, y después se acercó más y le hizo varios disparos a quemarropa, no sabría decir cuántos, y lo mató”, dijo.
La brutalidad militar no se detuvo. Mientras Tomás García se desplomaba sin vida, el militar apuntó a Allan con su arma de grueso calibre y disparó. “Miré a mi papá caer al suelo y al militar apuntarme con su arma. Agarré mi machete pero no me sirvió de nada, y sólo sentí el balazo en el cuerpo”, rememora muy angustiado.
Pero Allan tuvo suerte. Al momento de disparar, el militar se tropezó con el cuerpo del dirigente indígena lenca y la primera bala agarró al joven de refilón, abriéndole una gran herida en el pecho y en el brazo derecho.
“Me tiré al suelo y el militar me hizo otros dos disparos que impactaron en mi espalda, pero logré levantarme y escapar. Es mentira que nosotros llegamos disparando, porque sólo andábamos nuestros machetes. Fueron los militares los asesinos”, dijo Allan entre sollozos.
Según él, su papá murió por una lucha justa y defendiendo sus principios. “Hay gente que ha traicionado la lucha, pero nosotros seguimos adelante. Mi papá era miembro del Consejo Indígena y Auxiliar de la comunidad. Defendía estas tierras y su muerte va a servir de mucho”, concluyó.
En su más reciente comunicado, el Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) asegura que este brutal asesinato sería parte de una campaña de criminalización y judicialización de la lucha contra el proyecto Agua Zarca y a favor de la defensa del territorio y los recursos naturales.
En este momento ya hay decenas de pobladores y activistas acusados en los juzgados y hasta con mandato de captura. Como parte de esta estrategia, el Fiscal Henry Alexander Pineda presentó requerimiento fiscal en el Juzgado 1ro. de Letras de Intibucá contra los dirigentes del Copinh, Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez, y el 14 de agosto se realizará la Audiencia de Declaración de Imputados.
El Copinh hizo un llamado al movimiento social y a las diversas luchas territoriales "a continuar construyendo ejercicios de soberanías territoriales y levantamientos contra los proyectos de saqueo y de violencia". Además, pidió al movimiento de solidaridad realizar distintas acciones a nivel nacional e internacional, incluyendo el envío de cartas al Gobierno Central, a la Corte Suprema, a la Comisión Interventora del Ministerio Público, al Congreso Nacional, entre otros.
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Fuente: LINyM
https://www.alainet.org/de/node/78346
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