Argentina

Una lectura política de los autoacuartelamientos policiales

Miguel Ángel Barrios

16/12/2013

Opinión

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Hemos sido casi "rehenes" los argentinos en forma casi pasiva de un estallido de las fuerzas de seguridad en búsqueda de un aumento salarial en gran parte de las provincias argentinas. Y este aconteció casi en simultáneo a los 30 años de la recuperación de la democracia.

Nos parece que en forma urgente debemos extraer algunas conclusiones que nos orienten hacia la acción, aunque sabemos que no son definitivas.

Trataremos de ser lo más didácticos posible, porque de lo que se trata en verdad, es que la seguridad es un bien público de todos, y de nada sirve, un análisis sofisticado únicamente para expertos.

Consideramos que la crisis policial tiene un horizonte geopolítico más amplio, que no podemos desconocer. Nuestro análisis abarca el espacio local, nacional, regional y global.

En este sentido recurriremos al IDH "Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuesta para América Latina ( www.undp.org.ar/nov372.html ), según el Informe del Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD) emitido en noviembre de 2.013.

En este documento surge una paradoja, América Latina pese a sus avances sociales y económicos, es la región más desigual pero también la más insegura. Mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones, el problema en América Latina ha aumentado, llegando a registrar más de 100 mil asesinatos cada año, superando el millón de asesinatos entre 2.000-2.010. Si bien, la tasa de homicidios se ha estabilizado e incluso ha disminuido, en algunos países todavía es alta: en 11 de los 18 países, la tasa es mayor a los 10 asesinatos por cada 100 mil habitantes, nivel considerado epidémico. Destacamos que la Argentina no llega al 6 % en lo que hace a tasa de homicidios.

En todos los países analizados, la percepción de seguridad se ha deteriorado y el robo se ha triplicado en los últimos 25 años, transformándose en el delito que más afecta a los latinoamericanos. La Argentina, en este ítem, figura entre los países más afectados.

El estudio se concentra en seis amenazas principales que se entrecruzan e impactan negativamente a la región: el delito callejero; la violencia y el delito ejercido en contra y por los jóvenes; la violencia de género; la corrupción (la apropiación indebida de los bienes públicos, cuya provisión es responsabilidad del Estado); la violencia por parte de actores estatales y la delincuencia organizada.

El aumento de las expectativas de consumo y relativa falta de movilidad social en la región facilitan lo que se denomina un "delito aspiracional", dice el IDH. Las transformaciones causadas por el crecimiento urbano desordenado y acelerado, los cambios en la estructura familiar, la deficiencia del sistema escolar, el porte de armas de fuego, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas, impulsan el delito.

Un encuesta en las cárceles revela que más del 80 % de los internos encuestados no completó 12 años de escolaridad. El costo de la inseguridad impacta en la persona, en la cohesión social y en las instituciones democráticas. Pero también el costo económico y el gasto público (agentes de policías, jueces, prisiones). La región tiene casi 50 % más de vigilantes privados (3.811.302) que agentes de policía (2.616.753).

Este es el escenario que hoy vive América Latina y el Caribe, más allá de la diversidad y heterogeneidad de los países, e incluso podemos decir, que se trata de una matriz que expresa una realidad .Y como decía Juan Perón, la "única verdad es la realidad".

¿Qué ha pasado en América Latina y el Caribe en lo que hace a la seguridad? ¿Cuáles serán las causas profundas que han llevado a esta situación? ¿Es un escenario "inflado"? ¿Existe un desborde en la capacidad del Estado? ¿Qué enseñanza nos deja la crisis latente de los últimos días en la Argentina?

Podemos afirmar que ha implosionado abruptamente el modelo de Seguridad Pública. La Seguridad Pública entendida como el "pacto" entre el poder político y las fuerzas de seguridad para "regular" el delito y garantizar el "orden público". Esta "doctrina" organizativa, operativa y doctrinaria, nacida de la doctrina de Seguridad Nacional ha creado y consolidado una institución corporativa y de militarización de las fuerzas policiales-basta ver la figura de Plana Mayor Policial existentes hasta hoy, como equivalentes a la figuras del Estado Mayor exclusivas de las FF.AA o el grado de Comisario General equivalente al de General de Ejército.-

Este modelo de Seguridad Pública tuvo cierto "éxito" en los primeros años de la democracia-nació bajo los regímenes militares y participó activamente de la represión-, porque el delito callejero estaba desconectado del delito organizado, y, por lo tanto, el denominado "olfato policial" alcanzaba para lograr el "orden público". Pero en verdad, era pan para hoy y hambre para mañana.

Sin embargo, el afianzamiento del crimen organizado, -empresa transnacional con fines económicos y con modus operandi cambiante- es inentendible sin la globalización, y en consecuencia, sin la complicidad del sistema financiero internacional con el crimen organizado. No existiría crimen organizado sin el blanqueamiento de las "guaridas" fiscales .Pero tampoco, sin protección y también complicidad de sectores de la política, de los empresarios y de la justicia. Esto debe quedar clarísimo.

Con la implosión del modelo de Seguridad Pública, la mayoría de nuestras policías, están actuando en un nuevo escenario, como si fuera el anterior escenario. Y esto es lo más grave.

Lo novedoso en lo estratégico, es que por primera vez, el delito callejero se vuelve aliado del delito organizado o sea del crimen organizado .Y esto trae una consecuencia: el narcotráfico crece simultáneamente al tráfico minorista de droga.

Es decir, el crimen organizado avanza en tres fases retroalimentativas una de las otras:1) la conquista territorial -en esta etapa, que es la más violenta, se realiza alianza con la delincuencia callejera para la distribución del mercado y consumo, lo que se denomina el narcomenudeo, 2) el blanqueamiento de activos-aquí la alianza se motoriza con el sistema financiero y 3) la cooptación del poder político -aquí se cuenta con la corrupción de sectores de la política, la justicia, la economía, etc. El crimen organizado no constituye un actor anti statu quo sino pro statu quo, buscando debilitar al Estado pero sin quebrarlo. Y por eso, si uno observa un escenario futuro, el dilema de Juan Perón “unidos o dominados” se vuelve contemporaneidad total: Estado continental o narcodemocracias.

La Seguridad Ciudadana es la filosofía doctrinaria, organizativa y operativa que debe reemplazar urgente a la implosión del modelo de seguridad pública, que genera la "imagen" que la seguridad es sinónimo de policías y jueces.

La Seguridad Ciudadana es un derecho, mientras que la Seguridad entendida como "orden " público es solo responsabilidad de un casi único actor: la policía como institución excluyente.

En cambio para la Seguridad Ciudadana los bienes a proteger son los derechos y las libertades y no el "orden". La referencia a la ciudadanía en la definición de Seguridad Ciudadana no se limita únicamente a la ciudadanía política y civil, sino también a la ciudadanía social.

Siempre el Estado es el actor primordial y de mayor peso. Pero, mientras con la Seguridad Pública se produce un autogobierno policial y un desgobierno político de la seguridad y un divorcio con la comunidad; en cambio bajo la política de Seguridad ciudadana el objetivo es el gobierno político de la seguridad, asociad estratégica y transversalmente a todas las áreas del Estado, y con la comunidad toda. Allí, la policía sigue siendo un actor estratégico, pero no el único, porque en verdad la Seguridad Ciudadana la generamos entre todos.

Pero, el nuevo escenario exige una formación política del funcionarado civil -existe un enorme déficit- para la conducción política de la seguridad ciudadana, así como una necesidad permanente de mejorar y actualizar la formación y la capacitación policial. Hay que despolicializar el concepto de Seguridad Pública y volverla Seguridad ciudadana, y éste es el debate que debemos generar desde la política, en serio.

El autoacuartelamiento policial, tomado con las particularidades de cada provincia, obedeció a un reclamo salarial muchas veces legítimo desde las franjas jóvenes de la fuerza y los grados inferiores, pero que se vio desbordado por la estimulación de "zonas liberadas" potenciadas por la alianza del delito callejero con la delincuencia organizada. Y aquí se observa con nitidez que ello solo pudo haber ocurrido, por su sincronización, con la anuencia de los altos jefes, que aprovecharon esa demanda para exhibir su matriz corporativa con vestigios de la vieja escuela.

De este contexto surgen algunas conclusiones:

-el modelo de Seguridad Pública está absolutamente agotado y hay que realizar una convocatoria a todos los actores y en especial a los gobernadores para un fortalecimiento estratégico de la Seguridad Ciudadana en lo filosófico, doctrinario y organizacional}

-es indispensable debatir abiertamente la sindicalización policial o la figura del defensor de policia. Nosotros nos inclinamos por esta última figura, existente en el Perú, en carácter de nexo institucional entre las autoridades competentes y las demandas de la institución policial; y no por la sindicalización, ya que, por lo que observamos por ejemplo en Brasil y Uruguay, existen una fragmentación de sindicatos o gremios policiales que no conducen a los objetivos buscados, que son encauzar los reclamos por vía institucional en forma urgente.

Tampoco seriamos necios en no admitir que existieron sectores minoritarios que agitaron y vienen agitando la ruptura de la continuidad democrática en la Argentina y que, desde sus respectivos ámbitos, son agitadores permanentes. Lamentablemente, esto oscurece el verdadero debate estratégico que debemos dar en forma transparente entre todos. Reitero, esto, no conduce a buen debate. Al contrario, oscurece, antes que aclarar.

-en los últimos meses se realizó importantes decomisos de droga mediante allanamientos importantes en Salta, Bs As, Misiones, Corrientes, especialmente cocaína. Habría que ver como hipótesis directa o indirecta, si lo ocurrido constituyó una respuesta del delito organizado a esta política, que por lo que demuestra debe ser integral y no solo operativa. Lo operativo solo tiene éxito en una integralidad.

Queremos destacar, que en el año 2.004 en la Argentina, en la presidencia de Néstor Kirchner, con Gustavo Béliz como Ministro de Seguridad y Justicia, se intentó plasmar el único plan de Seguridad integral, que por lo menos nosotros conocemos, y que quedó inconcluso con el retiro del gobierno de parte de Beliz.

Tal vez sea, el momento o la última oportunidad de retomar aquel ovillo, ya que se trata de la vida o muerte del legado de Perón, o Estado continental o narcodemocracias.

Miguel Ángel Barrios -Argentina- es doctor en educación y en ciencia política. Autor de reconocidas obras sobre América Latina. Su último libro es "Seguridad ciudadana; de lo municipal a lo continental".

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