Colombia

Qué tanto incide la coyuntura política en las conversaciones de La Habana?

Alejo Vargas Velásquez

30/03/2014

Opinión

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A veces parece olvidarse algo que es obvio: los procesos de terminación de un conflicto interno armado se hacen es entre enemigos, no entre amigos –ellos no tienen que hacer la paz porque no están en confrontación armada-. Esto para señalar que equivocadamente a mi juicio, en ciertos sectores de analistas parece existir la idea de que la paz se da si los dos adversarios piensan y actúan igual en relación con los problemas nacionales coyunturales, cosa evidentemente equivocada. Por ello creo que se deben situar los problemas de la coyuntura política nacional y la posición que asuman los actores políticos al respecto, un poco al margen de la resolución de un problema como es la confrontación armada interna, que tiene visos de estructural y que su buena resolución no depende de la coyuntura sino de la seriedad y validez de los acuerdos y los mecanismos que se diseñen para que efectivamente se cumpla lo pactado.

Otra cosa es la incidencia que puedan tener esos hechos en los resultados electorales y en la composición de los gobiernos y los cuerpos colegiados, con los efectos indirectos, positivos o negativos, sobre la marcha de las conversaciones o eventualmente su frustración.

Lo fundamental en la exitosa terminación de un conflicto interno armado es que razonablemente el interlocutor represente a los adversarios de la confrontación y que los acuerdos sean aceptados por las partes y por los actores de poder estratégico. Ninguna negociación de un conflicto interno armado pretende cambiar las posiciones político-ideológicas de la contraparte, lo que se busca es eliminar el uso de la violencia para buscar objetivos políticos.

Por ello creo que lo más importante a destacar en este momento, en relación con el conflicto interno armado, es la iniciativa que jalonó el ex Ministro Consejero del Diálogo Social Luis Eduardo Garzón, de lograr que el Presidente convoque nuevamente el Consejo Nacional de Paz; también hay que destacar las gestiones en ese sentido de la ex senadora Piedad Córdoba. Por eso el anuncio presidencial de esta semana, en la reunión con los gobernadores en Ibagué, su decisión de convocar nuevamente el Consejo Nacional de Paz, hay que saludarla por los amigos de la paz negociada.

El Consejo Nacional de Paz fue una iniciativa del Ministro de Defensa del Presidente Ernesto Samper, Gilberto Echeverry Mejía, una víctima mortal de este doloroso conflicto interno armado. Qué ironías del mismo y sus impactos negativos. Y para colaborar con el Ministro en la concepción de la idea y su trámite, que se basaba en un desarrollo legal del Artículo 22 de la Constitución Política y que dice “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, en buena hora introducido por el Profesor y Constituyente Diego Uribe Vargas, se creó un Grupo Promotor para apoyar al Ministro Echeverry y del cual formaban parte activa trabajadores por la paz como Luis Eduardo Garzón, Presidente de la CUT en ese momento, Ana Teresa Bernal de Redepaz, Sabas Pretelt Presidente del Consejo Gremial, Jaime Bernal Cuellar como Procurador General de la Nación, Víctor Manuel Moncayo y el suscrito por la Universidad Nacional, entre otros y miembros de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La idea central que inspiraba esta iniciativa era tratar de que la política pública de búsqueda de la paz dejara de ser una iniciativa de un gobierno en particular y se convirtiera en una política de carácter permanente –lo que algunos denominan una política de Estado- creando este mecanismo en el cual estuvieran representados el Estado a través de sus distintos poderes públicos y la diversidad de la sociedad civil. Sin embargo, la experiencia que dejó esto es que definitivamente la política de paz sí depende mucho del gobierno de turno, es decir de la voluntad política de sacarla adelante, de llevarla a feliz término. Porque una vez aprobada la Ley –ojo, una Ley de la República-, el siguiente gobierno de Andrés Pastrana no quiso convocarlo y sólo lo hizo en una ocasión forzado por una ‘acción de cumplimiento’ interpuesta por miembros del Consejo Nacional de Paz y por supuesto en el Gobierno de Álvaro Uribe tampoco se cumplió esta Ley. En síntesis, no es suficiente que haya mecanismos legales si no existe la voluntad política y eso es una enseñanza para analizar el actual proceso de conversaciones de La Habana entre delegados del Gobierno y de las FARC-EP tendientes a la terminación del conflicto interno armado.

Esta iniciativa se plasmó en la Ley 434 del 3 de febrero de 1998 que en su Artículo 1 señala: “La política de paz es una política de Estado, permanente y participativa. En su estructuración deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil, de tal manera que trascienda los períodos gubernamentales y que exprese la complejidad nacional. Cada gobierno propenderá por hacer cumplir los fines, fundamentos y responsabilidad del Estado en materia de paz.” En dicha norma legal seestablece los principios rectores, el carácter del mismo, la composición, precisa que el Presidente de la República lo preside y el Alto Comisionado para la Paz ejerce la Secretaría Técnica del mismo, el Comité Nacional de Paz como órgano ejecutivo del Consejo Nacional de Paz, sus miembros, sus funciones, su funcionamiento, el carácter de órgano consultivo del Gobierno, la posibilidad de establecer Consejos Regionales de Paz en Departamentos y Municipios.

Por eso hay que saludar que en buena hora se haya tomado esta decisión por el presidente Santos de reactivar y convocar el Consejo Nacional de Paz –también él estaba en mora de hacerlo-, porque es la posibilidad de contar con un escenario de concertación entre Estado y Sociedad Civil al respecto, pero además una forma de darle un apoyo y acompañamiento a la política tendiente a la terminación concertada del conflicto interno armado y a la construcción de paz que es el período posterior a la firma de los Acuerdo, período de transición hacia el postconflicto armado.

Claro, se debe actualizar el número de sus miembros de tal manera que reflejen en su composición las nuevas realidades políticas más diversas y plurales de la sociedad colombiana actual y precisar en qué tipo de tareas se debe centrar su actividad, pero ahí hay una herramienta legal de la mayor importancia para que el gobierno y la Mesa de Conversaciones se nutran de las iniciativas de la sociedad colombiana.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor titular – Universidad Nacional, Coordinador Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 392

Semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2014

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