La libertad de expresión

Cada vez que se trata el tema de la libertad de expresión en Venezuela, se hace obligatorio recurrir a la clásica paradoja del griego mentiroso. “Todos los griegos son mentirosos”, dice un sofista, y a continuación agrega: “Yo soy un griego”. “No hay libertad de expresión en Venezuela”, miente un comunicador, y lo afirma libremente en un país donde supuestamente no hay libertad para decirlo.

Y no lo plantea en un país cualquiera. Sostiene que no hay libertad de expresión en donde gracias al abuso de ella se perpetró en 2002 el primer golpe mediático del mundo, operado mediante la incomunicación del Presidente y el falso anuncio de su renuncia, y donde a finales de ese año y comienzos del inmediato todos los medios se encadenaron durante dos meses y medio para llamar infructuosamente veinticuatro horas al día al derrocamiento del gobierno legítimo. En donde ningún medio fue clausurado ni penado por estas actividades delictivas.

Las tesis no se demuestran mediante contradicciones, sino con hechos. A quien desee conocer la absoluta libertad de expresión que la sociedad y el Estado venezolano acuerdan a sus medios de comunicación, le basta con enterarse aunque sea en forma somera de su contenido. No es difícil; se lo puede hacer diariamente, entre otras vías, a través de la página Web de la Organisation of American States.

Por ejemplo, los medios venezolanos mienten sin trabas que el gobierno de Venezuela sería tiránico o autoritario. En la página 8 de El Nacional del 21 de marzo de 2014 leemos, a cinco columnas, la opinión del senador Marco Rubio del estado de Florida según el cual “Venezuela vive una tiranía”. Piensen aunque sea por una sola vez ¿Cuál tiranía permite que un periódico la califique como tal?

El mismo día, El Universal imprime en su página 1-7 “Márquez: irrefutable que Nicolás Maduro nació en Bogota”. Expliquen cual “dictador” permite que se cuestione en forma impresa su nacionalidad a fin de pedir “la nulidad de elección pues no puede por Ley, ser Presidente”.

También el mismo día, en grandes anuncios publicados en todos los diarios importantes, Leopoldo López convoca a una “CONCENTRACIÓN NACIONAL CONTRA LA DICTADURA Y POR LA LIBERTAD” ¿Habrá una dictadura en el mundo que permita la convocatoria mediática de una concentración para derrocarla? Ello es tan improbable como que algunos comunicadores respeten al público al cual quieren engañar y a los magistrados ante los cuales plantean denuncias semejantes.

Al conocer las reglas de este juego, el lector ya no se extrañara que el 18 de febrero El Universal publique en primera plana de su cuerpo 3 que “Estudiantes repudiaron la censura ante Conatel”. Primero se atrapa a un mentiroso que a un ladrón. ¿Qué gobierno practica la censura permitiendo que se informe libremente de protestas contra ella?

Inútil multiplicar ejemplos, que el público puede cosechar a diario. Más fácilmente se atrapa a un mentiroso que a un ladrón. Una parte de los comunicadores venezolanos no solo están más allá de la veracidad, sino de la simple vergüenza o del escrúpulo más ligero.

¿Existe censura en Venezuela? Si, una censura instaurada por una parte de los medios nacionales e internacionales para ocultar lo que en realidad acontece en el país y privar así de sus derechos a las mayorías democráticas.

¿Hay dictadura en Venezuela? Si, una dictadura mediática que pretende imponer tiranos al estilo de Carmona Estanga o falsedades atroces como la de que el país vive un escenario de guerra civil.

¿Por qué mienten?

Lo grave es que con tal bagaje ético pretendan operar como actores políticos, deponer o designar mandatarios o interponer acusaciones ante organismos internacionales contra los países donde perpetran fraudes semejantes.

Con tales consideraciones en mente debemos apreciar sus alegatos.

Hegemonía de los medios de comunicación privados

Con la misma indiferencia hacia la veracidad con la cual alegan los medios que en Venezuela opera una dictadura, sostienen asimismo que el Estado ejerce una hegemonía comunicacional.

La realidad, como suele suceder, es diametralmente opuesta a lo que alegan los medios. En 1998 la empresa privada era propietaria del 80% de las estaciones de televisión y del 97% de las radiodifusoras FM, y no había medios comunitarios. Estos medios privados se caracterizaban por una alta concentración de la propiedad, tanto horizontal como vertical.

En el presente operan en Venezuela 2.896 medios; 2.332 son de la empresa privada. El 65,18% sigue siendo privado, el 30,76% es comunitario: apenas un 3,22% es de servicio público. El principal cambio consiste en la multiplicación de medios comunitarios, a través de los cuales la sociedad accede a la comunicación. Hay que añadir que estos últimos en su mayoría tienen poco alcance y tienden a durar un tiempo limitado.

En la radiodifusión funcionan 1.598 emisoras privadas, 654 comunitarias y apenas 80 de servicio público. En la televisión de señal abierta 55 canales son privados, 25 son comunitarios, apenas 8 de servicio público.

Casi todos estos medios privados son opositores. Pretender que el Estado esté ejerciendo una hegemonía comunicacional con los escasos medios de que dispone es un infundio que basta para descalificar a quien lo propala.

Sin embargo, el bolivarianismo ejerce una obvia hegemonía, no en el número de medios, sino en el mensaje. Un mensaje que postula la democracia contra la dictadura, la igualdad contra el privilegio, la tolerancia en lugar del racismo, la educación gratuita y la salud y la seguridad social para todos obviamente es preferible al que sostiene lo contrario, y por ello asegura sólidas mayorías electorales a quien lo predica y lo cumple.

Acceso a la información

Alegan algunos medios que el Estado no les suministra la información que requieren o que no los invita a los actos en los cuales ésta se difunde.

Al respecto cabe señalar que, si consideramos que en Venezuela funcionan cerca de tres mil medios de comunicación, en cada uno de los cuales laboran decenas y a veces centenares de personas, seria sumamente dificultoso para el Estado suministrar a todos y cada uno de los comunicadores las informaciones que requieran. A ello hay que añadir que la sistemática tergiversación por parte de algunos medios privados de todas las declaraciones y datos que el sector público emite justifica tratar con cautela los requerimientos que éstos formulan.

Así sucede, por ejemplo, con diversas páginas de Internet dedicadas a la divulgación de supuestas tasas de cotización del dólar o del euro con la intención de provocar la devaluación de la moneda nacional, en su mayoría anónimas o radicadas en el exterior. De acuerdo con los artículos 5 y 12 de la Ley de Ilícitos cambiarios de 17 de mayo de 2010 fueron bloqueadas un centenar de páginas dedicadas a difundir estas falsas informaciones y destruir la estabilidad del signo monetario.

Las cifras reales de la inseguridad

En otros casos los medios difunden informaciones exageradas o simplemente falsas y sin fundamento, y el Estado se limita a proporcionar cifras más confiables. Basándose en encuestas de “Percepción” de la Inseguridad, organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Violencia calculan tasas de homicidios de 73 y hasta de 75,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, y exacerban la percepción de la inseguridad reportando dentro de las cifras de víctimas de la violencia a los fallecidos por accidentes automovilísticos o laborales, o dando un tratamiento amarillista y exagerado a los delitos.

Pero basándose en un conteo objetivo y real de cuerpos del delito, el ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres reveló que la tasa verdadera de homicidios para 2013 fue de 39 homicidios por 100.000 personas, casi la mitad de la proclamada por los medios. Sin embargo, las falsas cifras sobre inseguridad son el fundamento de casi toda la campaña opositora, y la manifestación del 12 de febrero de 2014, que desencadena una trágica cadena de violencias, se hace supuestamente contra la inseguridad. Parece que nuestro país hubiera sido víctima durante un quinquenio de una operación de Guerra Psicológica para exacerbar el pánico y detonar violencias “contra la inseguridad” destinadas en realidad a derrocar por el terror al gobierno bolivariano democráticamente electo, que en las últimas elecciones obtuvo el 75% de las alcaldías, con una ventaja de diez puntos y medio del total de los votos sobre la oposición.

Legitimación del terrorismo en los medios venezolanos

En Venezuela una violencia terrorista de cortes viales y asesinatos premeditada y perpetrada contra los habitantes de menos de dos decenas de municipios y protegida por alcaldes y policías opositoras es falsificada, apoyada y promocionada por los medios como una “sublevación social”, “pacífica” y “a escala nacional”, que sólo presentaría violencias cuando infiltrados o “colectivos” las infligen. Veamos el tratamiento sesgado de estos sucesos.

Así, Leopoldo López, dirigente del minoritario partido Voluntad Popular, partícipe en el golpe de Estado de abril de 2002, en enero de 2014 expresa a través de los medios: “Que se vayan todos, un cambio total y profundo de quienes conducen el poder nacional”. Y posteriormente añade: “Queremos lanzar un llamado a los venezolanos […] a que nos alcemos. Convocamos al pueblo venezolano a decir ‘basta ya’. […] Con una meta a discutir: ‘la salida’. ¿Cuál es la salida de este desastre?”. Tras lo cual insiste en incitar a sus secuaces a persistir en la violencia: “Hago un llamado a todo el país a mantener y aumentar la presión hasta quebrar la dictadura”(Salim Lamrani, "25 verdades sobre as manifestações na Venezuela", Opera Mundi, y
"Opositor Leopoldo López pide a venezolanos aumentar presión ‘hasta quebrar la dictadura'", 19 de março de 2014).
El 13-2-2014 Notitarde titula, en primera plana: “Infiltrados violentaron marchas estudíantiles” (A menos que indiquemos otra cosa, las citas siguientes se refieren a primeras planas). El mismo día Últimas Noticias titula “Juan Montoya, de un colectivo del 23 de Enero y Basil da Costa, estudiante de la Humboldt, cayeron en Candelaria”. El Nacional titula, desplegado: “Manifestación por la Paz fue atacada por violentos”, sin explicar cómo se puede pedir “por la Paz” la “Salida ya” de un Presidente electo. El Carabobeño legitima lo ocurrido con vistoso desplegado: “La protesta está en la calle”, mientras que El Universal miente, igualmente en primera plana, también desplegado: “Jóvenes se movilizaron en todo el país”, confundiendo un sector de la parroquia Candelaria con la totalidad de Venezuela. Para mayor confusión, afirma que “supuestamente colectivos oficialistas dispararon contra los congregados en la avenida Universidad”. Plantea así de una vez las bases del infundio que los medios repetirán durante varias semanas: una protesta “pacífica” (que incendia edificios y vehículos) “en todo el país” (pero que sólo ocurre en un municipio) balaceada por “colectivos”, forma en la cual se designa a imaginarios grupos armados bolivarianos.

El 14 de febrero El Universal titula “Arrinconados por un colectivo”, y luego, a 4 columnas, “Partidos de Unidad exigen desarmar a grupos”. Quienes incendian cinco vehículos y destruyen parcialmente el edificio de la Fiscalía estarían entonces desarmados. A quien habría que desarmar es a quienes lo impiden. Insistiendo en la idea, en la página 1-2, a cuatro columnas, “Capriles emplaza a Maduro a deslindarse de los ‘paramilitares’”, y con el mismo despliegue, “Voluntad Popular ratifica que seguirá en la calle”. El mismo día Últimas Noticias informa: “Manifestantes quemaron cauchos frente a VTV”. Es el inicio de un acoso terrorista con cortes viales e intentos de incendio que se extiende contra el canal del Estado por varias semanas.

El 15 de febrero ya Tal Cual sustituye la información por la incitación, y llena la primera plana con la arenga: “Protestar es un deber, no sólo un derecho”. El mismo día El Universal titula, a cuatro columnas: “Episcopado demanda desarticular colectivos”. El Nacional prepara otro de los elementos del montaje, la agresión internacional, titulando desde ya en primera plana: “ONU, UE y OEA preocupados por la violencia en Venezuela”. Son organismos que no pueden pronunciarse sin consulta democrática a sus integrantes, pero un cotidiano que apoya el cambio de gobierno sin democracia no puede prestar atención a la legitimidad. Sólo Últimas Noticias informa que, según la Defensora del Pueblo, “43 de 79 heridos son policías”, lo cual da fe del poder de agresión y de fuego de los manifestantes supuestamente “pacíficos”.

El 16 de febrero El Nacional encuentra forma de esconder la inmensa manifestación bolivariana por la Paz que recorre Caracas el día anterior: la titula a tres columnas, en página 2, “Maduro acusa a Álvaro Uribe de estar detrás de violencia” y antetitula “Hubo cacerolazos en Candelaria”. No debe extrañar entonces que, al lado, también a tres columnas, se antetitule: “SNTP: Existe vacío de información” para titular: “Periodistas fortalecerán Internet ante la censura”. Se trata de organizar redes sociales para la mejor circulación de una vergonzosa campaña que hace pasar fraudulentamente imágenes de represiones ocurridas en Grecia, Libia, Egipto, Siria, España, Cataluña, Argentina y Ucrania como documentos sobre abusos policiales en Venezuela. El cuerpo de la noticia se exime también de explicar cómo la supuesta censura deja imprimir este titular contra la censura. El “vacío de información” se hace necesario para ocultar que Maduro declara en ese gran acto de masas lo que recoge en primera plana Últimas Noticias, a cuatro columnas: “No acepto grupos violentos”.

Aparentemente inspirado por tales infundios, el 17 de febrero El Nacional informa en primera plana “Denuncian torturas a 11 estudiantes en Carabobo” y “El Nacional reduce sus páginas pero no su coraje”, mientras editorializa contra “Las bandas armadas”, que no serían las que cortan las vías por la violencia, sino los bolivarianos. Ese día El Universal despliega, en la página 3, “Malandraje secuestró la protesta”. En efecto, no puede ocultar que la protesta “pacífica” deja “dos fachadas de banco destruidas, así como la fachada del edificio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el del Ministerio de Transporte Terrestre. También varias residencias privadas resultaron afectadas, así como la demarcación y el propio pavimentos de muchas calles”. Ello es fácil de explicar: sería obra del “malandraje”, pero ¿cómo éste se hace presente en una supuesta marcha “estudiantil” sin que ni sus dirigentes ni las autoridades opositoras de Chacao muevan un dedo? En la página 3-2 se ejercita el fino arte de la mentira: “Vecinos desmienten ataques contra el metro y el metrobús”. A pesar de tales desmentidos, en ataques que son filmados por las cámaras de seguridad de estaciones y vehículos, cerca de un centenar de unidades de metrobús y varias estaciones del metro son destruidas y deben ser clausuradas temporalmente.

El martes 18 El Universal titula, con teatral foto de amordazados, “Exigieron a Conatel el fin de la censura”, sin explicar cómo un titular así hubiera podido publicarse si existiera censura. En la misma página, a cinco columnas, “La Mesa expresó su apoyo unánime a Leopoldo López”; con tal apoyo al dirigente que exige “la salida”, esa organización se suma confesamente al plan de deponer al Presidente electo por la fuerza. Ese día Diario Vea titula “Gobierno rechazó manipulación de imágenes sobre Venezuela por medios internacionales”, y Caracas CCS titula “Derecha activó operación caos en la red” para referirse a que “en redes sociales y diarios se ha incrementado una campaña de odio contra Venezuela. Usan imágenes de otras naciones para informar sobre recientes hechos violentos”. Ninguno de los cotidianos de gran circulación se une a la denuncia ni la condena del escandaloso fraude.

El 18 de febrero Tal cual sentencia, en desplegado: “La protesta es legítima”, pero para nada alude a la información de Caracas CCS según la cual “Bolívares 120.000 millones financian actos violentos” y “pagan tres mil bolívares diarios a motorizados sicarios”. En la página 2, a 4 columnas, “Detenidos fueron violados con fusiles”, Tal cual pluraliza una solitaria denuncia hecha por un detenido, y que semanas más tarde todavía está sin probar. En El Universal, la página 1-8 está dedicada totalmente al tema “San Diego encendido”, y explica: “El fallo de la Sala Constitucional que ordena la prisión y la salida de su cargo a Enzo Scarano, alcalde del municipio carabobeño de San Diego, provocó la inmediata protesta de los habitantes del municipio, que en algunos casos se tornó violenta”. Ilustran ocho gráficas de incendios de supermercados y transportes de combustible, barricadas y cortes viales, que más que información parecerían propaganda de guerra. En la 1-7, el citado intento de deslegitimación del Presidente: “Márquez: irrefutable que Nicolás Maduro nació en Bogotá”. Tan irrefutable es la noticia, que no aporta la más mínima prueba.

El 19 de febrero El Nacional y El Universal dedican sus primeras planas a la entrega de Leopoldo López y despliegan sus palabras: “Si mi encarcelamiento sirve para despertar al pueblo, valdrá la pena”. Las dos fotos en ambos diarios competidores son idénticas: parece que hubiera una cartelización informativa. En dramático desplegado la primera plana del Cuerpo 3 de El Universal titula, “Un muro policial partió la ciudad”, y añade “transeúntes que quedaron atrapados reclamaban derecho al libre tránsito”. Tal derecho nunca es invocado con respecto a las decenas de miles que quedan atrapados en sus urbanizaciones por los cortes viales violentos llamados “guarimbas”. En ninguno de dichos diarios se menciona el discurso del Presidente sobre el particular, ni un comunicado de las FANB sobre el mismo tema.

El día siguiente, El Universal sigue la campaña que clama por el intervencionismo de organizaciones internacionales, publicando en primera plana a 6 columnas de foto de cinco manifestantes ante la sede de la OEA en Washington, con elocuente pancarta: “SOS Venezuela”. Como si se tratara de la misma noticia, al pie de la gráfica titula: “10 años de cárcel pide la Fiscalía para López”.

El día siguiente, reaparece por fin Capriles Radonski, opacado en su liderazgo por el radicalismo violento de López, declarando, a cinco columnas: “A plomo no se arregla la crisis económica”. Pero la verdadera declaración sólo aparece, minimizada y escondida, en la página 1-2: “Resulta ya demasiado sospechoso el mismo libreto ¡siempre! La guarimba, las agresiones, las víctimas (…) ¿Vamos a pisar el peine? Aquí tiene que haber razón, orientación, sentido de lucha política”. Reiteró que él no ha estado “en la vía del atajo ni de llevar al pueblo a un callejón sin salida”. El hecho de que el dirigente que la oposición ha designado en elecciones internas para representarla en tres procesos electorales se deslinde de guarimbas y agresiones bien merecería un titular; la prensa lo considera nocivo para su propaganda de guerra, y lo esconde, editándolo con paréntesis y puntos suspensivos (…) como si fuera una obscenidad. Hay que añadir que ese “mismo libreto” que Capriles condena ahora, fue el que aplicó tras su derrota electoral de abril de 2013, cuando llamó públicamente a sus partidarios a salir a la calle a “drenar su arrechera”, y éstos causaron una docena de asesinatos y arriba de ochenta heridos. Como si no fueran suficientes las contradicciones, en la misma página, a 4 columnas, “Aveledo acusa al Gobierno de alimentar las protestas”, como si a éste le conviniera un estado de conmoción terrorista.

Últimas Noticias del 22-2 reseña el avance de las tácticas pacíficas: “Entre los lesionados hay 37 policías” y en la página 12 “anoche murió un motorizado tras chocar contra guaya de una barricada”. El Nacional insiste, a 3 columnas: “Colas para comprar gasolina y comida” y subtitula: “El país está semiparalizado y no sólo por las protestas estudiantiles y las barricadas. En los comercios y supermercados los anaqueles muestran carencias importantes y racional la cantidad de productos que cada persona puede adquirir”. El país no está semiparalizado: sólo estorban la circulación barreras de desechos en una decena de municipios con alcaldes opositores; las colas son las normales en cualquier expendio: una vez más se miente al tratar de convertir una perturbación local en nacional o una profecía en realidad, como cuando en la misma edición el diario titula en futuro: “Colapsará compra de gasolina y comida”, al tiempo que insiste: “Foro Penal denuncia 18 casos de tortura”, ninguno de los cuales ha sido verificado hasta el presente.

El 23 de febrero sólo Últimas Noticias informa la obvia verdad de la situación, y ello en pequeño titular de una columna: “Zonas populares no guarimbean”. La supuesta “insurrección nacional” es apenas esporádico corte vial en algunas alcaldías gobernadas por la oposición. El mismo día, El Nacional destaca en enorme gráfica de cinco columnas una concentración opositora con gran titular, y disminuye en pequeña ilustración de dos columnas, sin titular, concentración chavista de 40.000 personas en la cual la ministra de la Mujer, Andreína Tarazona, declara que “¡Vamos a defender la revolución con las uñas!”.

El 24 de febrero El Nacional insiste, a cinco columnas: “La protesta pacífica tomó las calles”. Como prueba, la gráfica muestra una hilera de personas en una acera, “cadenas humanas” que ocurrirían “en varias ciudades del territorio nacional” (sin especificar en cuáles). Con el mismo despliegue, sigue el intento de cerco internacional: “Denunciarán a gobierno venezolano por delitos de lesa humanidad”. Así como por Internet se pretendió hacer pasar por sucesos venezolanos los representados en imágenes de otros países, también se asimila la situación del país a casos foráneos; “Abusos de Derechos Humanos son similares en Rusia y Venezuela”. El Nuevo País, en enorme desplegado xenófobo, expresa “Fuera los cubanos exigen estudiantes”. Se prefiere no informar qué organizaciones o dirigentes pretenden representar o suplantar a los 9.500.000 estudiantes venezolanos, la tercera parte de la población del país.

El 25 de febrero El Nacional titula, a cinco columnas: “Siete de los quince muertos recibieron tiros en la cabeza”, y subtitula “El cierre de calles y los enfrentamientos con la GNB congestionaron el Este de la ciudad”. El ambiguo titular, fuera de confirmar que sólo hay disturbios en el Este, pareciera sugerir que hubo 15 fallecidos el día anterior y no en las casi dos semanas de violencia. A una columna, el titular “Disparan a matar” expresa lo contrario que el cuerpo de la noticia: “El criminólogo Javier Gorriño indicó que ‘no disparan perdigones al aire, sino que se busca herir en zonas vulnerables del cuerpo”. La página 2 asoma el objetivo oculto del escenario de “rebelión”, propiciar un golpe de Estado: “Militares del 4-F buscan crear tercera fuerza”. El Universal, por su parte, en mínima columna cita las palabras con las cuales la Fiscal Luisa Ortega Díaz desmiente categóricamente las grotescas acusaciones de tortura con las que se refociló la prensa durante semanas: “Practicado el reconocimiento médico legal no es cierto que se haya introducido el fusil”. A cinco columnas, la exculpación de un dirigente opositor: “Capriles: ‘La protesta está en la calle, no la he convocado yo”. La emotiva fotografía es exactamente la misma que la del diario competidor El Nacional, pero utilizada para ilustrar encabezados distintos: parecería seguir la cartelización informativa entre medios supuestamente competidores.

Y el 26 de febrero El Nacional anima la violencia titulando, a cinco columnas, que “se mantienen las protestas por lo menos en diez entidades”, insignificante proporción de las 335 de las que consta el país. El día siguiente pontifica que “A 25 años del Caracazo, la brutalidad militar es peor”, lamentable comparación de una hecatombe que acumula varios millares de víctimas de un solo bando en una semana, con disturbios que arrojan saldo de tres decenas, gran parte de ellas agentes del orden público. También titula a 5 columnas: “52 organizaciones repudian la represión en Venezuela”. Se trata de validar una injerencia internacional a través una “Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas”; aparentemente ninguna repudia el secuestro masivo de vecinos, ya que el antetítulo expresa: “se mantienen las protestas con cierre de vías en por lo menos diez entidades”. Se desploma así la superchería de la protesta “nacional”: repetimos que diez municipios son insignificante minoría ante los 335 del país. El Universal, por su parte, despliega a 5 columnas foto de opositora que implora la intervención foránea con cartelón en inglés: “SOS”, mientras a sus espaldas una hilera de guardias la deja posar sin siquiera prestarle atención. En la misma tónica, a dos columnas, “Celebridades internacionales se pronuncian contra la violencia”, citando las opiniones de expertos sobre la situación venezolana de países ocupados por Estados Unidos, tales como el puertorriqueño Ricky Martin y los colombianos Shakira y Carlos Vives. También El Universal confiesa que “Protestas de calle han sido confinadas sobre todo al Este de la ciudad”, sin aclarar que allí alcaldes y policías opositores protegen algo muy distinto de manifestaciones: los secuestros violentos de vecinos mediante el corte vial, y el asesinato a balazos de quienes intentan remover los obstáculos.

El 27 de febrero Últimas Noticias titula a tres columnas “En Miraflores hablaron de paz”, refiriéndose a la Mesa de Diálogo que convoca el gobierno, en la cual intervinieron “Líderes empresariales, políticos, de medios, religiosos y tres alcaldes de oposición”. Abajo, se informa que “El papa Francisco llama a que cese la violencia”. El Nacional, por el contrario, afirma que “Mientras continúe la represión la MUD no dialogará con Maduro”, en obvio llamamiento a la continuación de la violencia, y a 5 columnas miente que “A 25 años del Caracazo la brutalidad militar es peor”. Sólo en la página 2 se refiere a los esfuerzos de conciliación, para desacreditarlos afirmando que “Conferencia de paz ignoró torturas, abusos y censura”. Torturas sobre las cuales no existen pruebas, y censura que no hubiera dejado publicar semejante titular: patente instigación al conflicto.

El 28 de febrero transcurre bajo la atmósfera de diálogo. Últimas Noticias titula que “Comisión de la Verdad propuesta por Mendoza se instaló en el marco de la agenda para la paz”, mientras que el vicepresidente Arreaza afirma “Hay que aislar a los violentos”. Se informa de una “Lluvia de lacrimógenas” en El Rosal, “cuando un grupo intentó cerrar la autopista Fajardo y la GN lo impidió”. Dicha autopista es una vía bajo jurisdicción nacional; las lacrimógenas son un medio aceptable de evitar un corte vial que paralizaría la capital. A dos columnas, el almirante Orlando Maniglia desmiente un infundio que circula por los medios: “Imposible montar base rusa en Venezuela”. Advierte que la Constitución lo prohíbe y atribuye el anuncio a “un error de Moscú”. En contraste con estas noticias que contribuyen al clima de entendimiento, ese mismo día la primera plana del cuerpo 1 de El Universal informa a 5 columnas que “En caravanas reclamaron libertad”. Las caravanas se limitan a que “decenas de conductores se reunieron en Santa Mónica”. En la misma página, apenas a una columna, declara tardíamente Carlos Ocariz, alcalde opositor del municipio Sucre: “Las guarimbas lo que hacen es restar, jamás sumar” y explica: “Yo como alcalde jamás puedo apoyar a unas personas que cierran una vía o queman basura, pero es que además no lo apoyo como político, ése no es el camino”. Ambas noticias confirman a regañadientes el desinflamiento de la táctica terrorista.

El 2 de marzo, El País recoge declaraciones de Capriles según las cuales “Protestas no son negociables”, y aclara que “Enrique Capriles se niega a negociar con gobierno mentiroso y represor”. El oportunista político, empeñado en una riña de liderazgo con Leopoldo López, recoge en forma acomodaticia sus afirmaciones de que el calentamiento de calle no tumba gobierno. El mismo diario se torna profético al titular que “Gran marcha estudiantil llenará hoy las calles caraqueñas”.

Pasa el intervalo del Carnaval, durante el cual todo el país se precipita a los lugares vacacionales. El 5 de marzo El Nacional titula que “Violan Normas internas de la FANB en actos represivos”; el 6 de marzo, a 5 columnas, “Jóvenes rechazan torturas, asesinatos y detenciones”. El sábado 8 llega a la incoherencia: al titular, a 4 columnas: “Foro Penal: “La GNB se lleva preso a todo el que encuentra”. Difícil tarea es arrestar a toda la población de un país con treinta millones de habitantes. El día siguiente El Universal clamorea, a cinco columnas: “Barricadas paralizaron y dividieron la ciudad” y subtitula que “las protestas se multiplicaron en todos los municipios de Caracas, donde muchos ciudadanos no pudieron salir a sus trabajos y centros de estudio”. Es irrespeto al lector pretender que minorías tres municipios cuya población no llega al medio millón de habitantes representan la población de una urbe en cuya área extendida habitan más de cinco millones. En una columna se titula “Diarios de Latinoamérica se unen para informar de Venezuela”, celebrando que los cotidianos de varios monopolios se coligan para publicar una página diaria contra el país.

El 9 de marzo El Universal recoge declaraciones del opositor Capriles en primera plana, a 5 columnas: “La actitud del Gobierno profundizará la crisis”. En la página siguiente reitera: “Si el gobierno no cede habrá conflicto”. El entrevistador inquiere si el gobierno va a ceder: “¿Por qué no?”, contesta el entrevistado. Y el periodista sentencia, invirtiendo los papeles: “Porque funciona con lógica de gobierno totalitario”. Pero es un gobierno democráticamente electo que ha instalado un Diálogo por la Paz y hace todos los esfuerzos por ella. El mismo diario titula “Mesa alerta que gobierno siembra la Guerra Civil”, mientras que a 2 columnas afirma que “disturbios dejan dos decesos en Los Ruices”; sin informar que las infelices víctimas eran bolivarianos inermes. El día siguiente El País informa, a ocho columnas: “Allanan depósitos de los guarimberos”, y aclara que “Eligio Rivas, Jefe de Core5, asegura tener pillado al grupo que provee logística a sectores violentos”.

¿Será necesario continuar este análisis indefinidamente? A través de él, verificamos un tenaz atentado contra la veracidad informativa al mentir que el gobierno sería dictatorial o tiránico (a pesar de ser democráticamente electo), que ejerce la censura (a pesar de que deja publicar tales alegatos), mientras que se apoya la pretensión opositora de buscar una “salida” mediante un “gobierno de transición” inconstitucional, que sería reclamado por grupos “no violentos” (que secuestran por la violencia a los vecinos con cortes viales, y asesinan a quienes remueven los escombros) a escala “nacional” (y no sólo por algunos grupos terroristas en un puñado de alcaldías opositoras).

Así desfiguran los medios la realidad, y pretenden fingir un escenario de guerra civil que sirva de pretexto para el golpe de Estado, la invasión extranjera o la secesión territorial, donde sólo hay, parafraseando a William Ospina, una situación donde los pobres celebran mientras protestan los ricos.

Falsa presentación de la violencia terrorista como protesta social

A la promoción de un golpe de Estado mediático en 2002 y de un lock-out patronal acompañado de sabotaje petrolero entre ese año y el 2003, añaden ahora los medios venezolanos la promoción de la violencia terrorista, presentada como supuesta protesta social.

Es terrorismo el empleo de la violencia y de la desinformación para lograr un objetivo político ilegítimo.

En ese sentido, parte de la oposición venezolana está empeñada en el empleo de la violencia y la desinformación para conseguir el objetivo inconstitucional de derrocar al gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro y suplantarlo con un “gobierno de transición” elegido por nadie.

Todos los que han seguido las agresiones violentas en Venezuela y el tratamiento que de ellas hace la prensa habrán advertido las siguientes características:

-La violencia de la marcha del 12 de febrero, al igual que la de la del 11 de abril de 2002, es previamente planificada por la oposición. El 11 de febrero de 2014 Venezolana de Televisión divulga comunicación telefónica entre los opositores Fernando Gerbasi y Carratú Molina, en la cual comentan que para la concentración del día siguiente están previstos actos de violencia como los del 11 de abril, y está disponible un fondo de 120.000 millones de bolívares para financiar violencias.

-Los actos terroristas se focalizan primero en 19, luego en 9 y finalmente en uno de los municipios de clase medía o medía alta, gobernados por alcaldes opositores, algunos en estados fronterizos, municipios que, bueno es repetirlo, constituyen una ínfima minoría territorial y poblacional ante los 335 municipios de Venezuela. Ningún disturbio o corte vial perturba las urbanizaciones de la clase alta, como el Country Club o La Lagunita. Tampocose atreven a penetrar en zonas populares. Como titula Últimas Noticias en primera plana el 23-2-2014: “Zonas populares no guarimbean”.

-Los alcaldes opositores y sus policías municipales fomentan y protegen las violencias, al punto de que agentes de la Policía de Chacao asesinan tiros a una agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia que detiene a uno de los violentos. Por ello se hace necesario que el Tribunal Supremo de Justicia, respondiendo a demandas de vecinos víctimas de los cortes viales, en sentencia de 17 de marzo inste a los alcaldes de Chacao, Ramón Muchachos; de San Diego, Vicencio Scarano; de San Cristóbal, Daniel Ceballos; de El Hatillo, David Smolanski; de Baruta, Gerardo Blyde de de Lecherías, Gustavo Marcano, a cumplir con la Constitución y las leyes que les ordenan garantizar el derecho de circulación en las vías bloqueadas.

-Al día siguiente de emitida la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, cesan de manera casi total las violencias supuestamente espontáneas de corte de calle, que desde ese momento no cuentan con la protección de las policías locales de los alcaldes, salvo en el caso del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, contra quien se dicta orden de captura por rebelión civil y agavillamiento, y en el de Vicencio Scarano, condenado a 10 meses y 15 días de prisión por desacato a la mencionada sentencia. .

-Los activistas violentos son presentados por los medios como “jóvenes estudiantes”, pero luego son suplantados por adultos, encapuchados y marginales, al extremo de que el 14 de marzo Nicolás Maduro declara que de 1.529 detenidos en un mes de violencias, sólo 558, apenas un tercio, son estudiantes. Todos son liberados, salvo 105 contra los cuales se dictan medidas privativas de libertad por haber sido capturados con armas de fuego. De cinco detenidos por el cuerpo de vigilancia de la Universidad Central de Venezuela, ninguno es estudiante, y el que lo es, cursa en la Universidad privada Santa María. Hay que añadir que en Venezuela son estudiantes más de 9 millones y medio, uno de cada tres venezolanos: si tal grupo poblacional estuviera contra el bolivarianismo, éste no habría ganado elecciones, ni podría resistir su arremetida.

-En lugar de manifestar pacíficamente, los violentos encapuchados incendian casi un centenar de unidades de transporte colectivo y de alimentos; destruyen total o parcialmente edificios públicos, estaciones del Metro y las sedes de 15 universidades gratuitas así como de instalaciones eléctricas y telefónicas; disparan contra la población y a veces lo hacen por la espalda contra quienes los acompañan en manifestaciones, cortan las vías en el territorio de las alcaldías opositoras, impiden por la fuerza el paso a los vecinos y los secuestran en sus hogares, los asfixian quemando basura, destruyen cerca de un millar de árboles y señalizaciones y vierten gasoil en los acueductos.

-Los terroristas abandonan los obstáculos que acumulan en las vías, pero asesinan con disparos a distancia a los civiles o autoridades que tratan de removerlos.

-Los terroristas encapuchados recurren a la amenaza, la agresión física y al asesinato con disparos en la cabeza y tiros por la espalda y trampas contra personas, para finalmente progresar hacia el saqueo y el cobro de peaje.

-Se pertrechan regularmente de dinero, alimentos, ropas, capuchas, sustancias incendiarias y explosivas y armas en centros de acopio cercanos a los disturbios, algunos de los cuales han sido allanados en jurisdicción de las alcaldías opositoras.

-Las arremetidas terroristas recurren durante cuatro semanas, período inusual para manifestaciones espontáneas, que por el contrario evidencia una coordinación, organización, entrenamiento y financiamiento de largo alcance.

-Los terroristas utilizan armas de fuego con mirillas láser, con frecuencia van enguantados y son seguidos por “sombras” que recogen los casquillos para evitar la identificación de las armas, y esgrimen artefactos para destruir neumáticos, bombas de fragmentación y trampas contra personas. El 24 de febrero es capturado un terrorista del Medio Oriente, Jayssam Mokded Mokde, con “pruebas contundentes para perpetrar actos terroristas”, según el gobernador Tarek el Aisami (Ciudad CCS 25-2-2014, p.4). Otro terrorista de origen chino es detenido con un arsenal. El 1 de abril Tarek El Aisami informa en Venezolana de Televisión sobre la confiscación de otro arsenal con explosivos, sustancias incendiarias y mecanismos detonantes a control remoto. A finales de marzo se denuncia una inusual concentración de paramilitares en el fronterizo Departamento Norte de Santander. El presidente Maduro informa de la prisión de tres generales de la Aviación, investigados por presunta participación en un golpe de Estado. Ninguno de los involucrados en estas actividades es estudiante.

-El recuento de las víctimas fatales desmiente el alegado carácter “pacífico”. Hasta el 29 de marzo, 6 guardias nacionales y 19 ciudadanos fallecieron por disparos presumiblemente provenientes de la oposición: en total 25 compatriotas habrían sido segados con armas de fuego por los opositores. Siete personas perecieron por accidentes viales causados por barricadas. Dos murieron por falta de atención médica al no poder llegar oportunamente a centros asistenciales por causa de cortes viales. Una octogenaria pereció de un infarto cuando su vivienda fue acosada por la oposición. Un opositor falleció al manipular un mortero, y otro se electrocutó al intentar restablecer una barricada. En contraste, sólo tres ciudadanos murieron por disparos presumiblemente efectuados por agentes del orden público, y otro habría fallecido golpeado por la Guardia Nacional. Catorce funcionarios están siendo investigados por tales causas. En esta lista de bajas fatales sólo cinco han sido señalados como estudiantes, y en promedio la edad de las víctimas ronda la treintena. No parece que la participación estudiantil o juvenil haya sido preponderante. Para el 24 de marzo se registran 461 lesionados, de los cuales 143, casi un tercio, son policías o guardias.

-Las acciones de los grupos terroristas no cuentan con el apoyo social: según encuesta de Interlaces, 87% de los venezolanos rechazan las “guarimbas”. Las escritoras opositoras Carolina Espada y Milagros Socorro las condenan en demoledores artículos. Carlos Ocariz, alcalde opositor del Municipio Sucre del Estado Miranda declara para El Universal “Las guarimbas lo que hacen es restar, jamás sumar” (2-3-2014).

-Por increíble que parezca, los terroristas no presentan ante la abrumadora cobertura mediática nacional e internacional un programa, un proyecto ni un listado de reivindicaciones fuera de tratar de imponer por la fuerza y en contra de la constitución una “salida”, un “gobierno de transición” o un “Maduro vete ya”.

-Las acciones terroristas no tienen una finalidad en sí mismas, sino la de simular para los medios un escenario de supuesta “guerra civil” en unos pocos de los 335 municipios de Venezuela.

Las mencionadas son prácticas, tácticas o logísticas que no presentan ni la más remota semejanza con las de un movimiento estudiantil o juvenil.

Respaldo de medios extranjeros al terrorismo

Mucho menos había contado ningún movimiento “juvenil” del mundo con el sospechoso y automático respaldo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la cual dedica en todos sus diarios afiliados por lo menos una página diaria a denigrar de Venezuela; ni de la inmensa mayoría de los medios privados, que exaltan los delitos de los opositores mientras ocultan las masivas y contundentes manifestaciones por la paz de las mayorías bolivarianas.

Ningún movimiento estudiantil del mundo contaría tampoco con el apoyo de los tres grupos de editores de América Latina, GDA (Grupo de Diarios de las Américas), ANDIARIOS (Asociación de Editores de Diarios y Medios Informativos) y PAL (Grupo Periódicos Asociados Latinoamericanos), que agrupan a los propietarios de 82 diarios que se comprometen a publicar diariamente una página sobre Venezuela.

Y en ningún caso movimientos estudiantiles o juveniles aceptarían ni gozarían del apoyo del ex presidente colombiano Uribe, quien trata de recoger un millón de firmas a favor del derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela; del presidente de la OEA, el cual intentó enviar una comisión investigadora al país, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, quien pide a Venezuela que enjuicie a los responsables de ataques contra manifestantes antigubernamentales (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/onu-pide-...), del Secretario de Estado de estadounidense, y de la Cámara de Representantes de ese país, la cual deplora “la inexcusable violencia perpetrada contra líderes opositores y manifestantes en Venezuela".

Ni uno solo de tales grupos mediáticos, organismos y políticos se han movilizado jamás a favor de jóvenes ni estudiantes, como los que reclaman gratuidad de la educación superior en Chile y otros países: ninguno se ha pronunciado sobre la protesta a escala nacional de las clases trabajadoras colombianas contra el TLC; siempre se han manifestado a favor de intervenciones imperiales atroces contra gobiernos democráticos o nacionalistas.

Mediante la perpetración de actos violentos desproporcionadamente exagerados y delictivamente ensalzados por las mencionadas cadenas de medios, terroristas encapuchados sólo intentan justificar un golpe de Estado, una intervención extranjera, o el establecimiento de un “territorio liberado” que legitime una secesión de los ricos estados fronterizos.

Terrorismo mercenario

Este cuadro de por sí sombrío se agrava si se toma en cuenta la conversación telefónica grabada al dirigente opositor Requesens en la que éste discute con un cómplice sobre el abandono de sus actividades por parte de algunos terroristas, porque no se les ha pagado completo el estipendio de mil bolívares diarios por sus actividades destructivas, ni el de tres mil bolívares a los motorizados. No aprobamos la intercepción de comunicaciones privadas, pero mucho menos asentimos al pago de mercenarios para asesinar compatriotas.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres declaró que entre los detenidos se encuentran paramilitares. Estas noticias revelan en forma contundente la verdadera composición de parte de los grupos que perpetran actos terroristas, y explican la presencia de rasgos y procedimientos ajenos a los estudiantes, tales como el asesinato selectivo por disparos en la cabeza, el sabotaje en gran escala y la indiscriminada agresión contra bienes públicos y privados.

Hace una década alerto contra una infiltración paramilitar que suplanta al hampa criolla, domina comercio informal y contrabando de extracción, impone alcabalas, cobra vacunas, trafica personas y estupefacientes, legitima capitales, regenta bingos y casinos, compra empresas de transporte y de producción y asesina sindicalistas agrarios y urbanos. Al respecto señalé:

A estas cifras ya de por sí preocupantes se debe sumar la continua penetración en Venezuela de paramilitares colombianos, que según fuentes dignas de todos crédito cobran “vacuna” e instalan alcabalas en los estados fronterizos, y según el Presidente Hugo Chávez Frías ya han llegado hasta la Capital.

Los paramilitares se instalan en zonas populares, invierten fondos del narcotráfico en actividades tales como el préstamo usurario a los buhoneros, la trata de personas, el tráfico de drogas, el sicariato y el juego ilegal de bingos, casinos y maquinitas en los expendios de alimentos y bares, y algunos dominan líneas de transporte en los estados limítrofes y otras industrias de significación estratégica.

Estos núcleos paramilitares podrían ser cabezas de puente y Quintas Columnas de una intervención, desatar una guerra civil, y en el caso de un conflicto interno podrían impedir una movilización de los sectores populares como la que decidió el 13 de abril de 2002. (La paz con Colombia. Caracas, Ministerio de Comunicación e Información, 2008).

He reiterado la advertencia en libros como La cuestión colombo-venezolana, en colaboración con Iraida Vargas, Mario Sanoja, Eva Golinger, Miguel Ángel Pérez Pirela y Sergio Rodriguez, con prólogo de Piedad Córdoba, Caracas, Editorial Ipasme, 2012, y La invasión paramilitar. Operación Daktari, en colaboración con Miguel Ángel Pérez Pirela, Caracas, Correo del Orinoco, 2012.

Estamos ante la materialización de estas advertencias. Una red de agentes de perturbación focalizados en las principales alcaldías opositoras y protegidos por las policías de éstas no podría sostenerse durante casi un mes sin apoyo de una compleja red terrorista. Lo advierte también en inteligente artículo Julio Escalona:

4) El capital financiero transnacional se ha ido asociando al narcotráfico, tráfico de armas, de personas, lavado de dinero, comercio de esclavos, etc. Es probable que en lo descrito se pueda estar dando un vínculo entre sectores financieros asociados a la oposición de extrema derecha, precisamente, con el crimen transnacional y los problemas de seguridad que azotan a la sociedad venezolana y a otras de nuestro continente latinocaribeño. Esa asociación es otra de las fortalezas de la derecha fascista que se mueve en Venezuela.

Por esas y otras vías el capital financiero se relaciona con la formación de grandes ejércitos privados y en general a la privatización de la guerra. Esos ejércitos privados han participado en las guerras de Irak, Afganistán, Libia, Siria, Colombia; en la desestabilización de gobiernos, invasiones, sicariato, atentados, sabotaje... Son ejércitos de mercenarios, que eufemísticamente son llamamos “contratistas civiles”.

El microtráfico de drogas es una variante del crimen transnacional, que como ya señalé se relaciona con la formación de pandillas, con los enfrentamientos entre ellas, la generalización de atracos, secuestros exprés, el sicariato y las más diversas formas de criminalidad. Esta es una de las raíces de los problemas de seguridad en Venezuela, México, Colombia, EEUU... Por supuesto, la seguridad tiene raíces internas (aun cuando hoy día es muy difícil definir la frontera entre lo “interno” y lo “externo”); pero las redes del crimen transnacional se van extendiendo por los intersticios de la sociedad venezolana. No es una simple amenaza circunstancial. Tiene una tremenda significación estratégica como grave amenaza a la seguridad del Estado, a la estabilidad de las instituciones y para la paz y la vida cotidíana de nuestra sociedad, para la economía, para la salud, etc. Es un componente esencial de la estrategia de desestabilización permanente.

5) Han aprendido de la política “social” basada en la dádiva y el terror impulsada por Pablo Escobar y el “Chapo” Guzmán, inspirada en la más antigua tradición mafiosa.

Apoyándose en el estímulo a los intereses individuales y a métodos ilegales, orientados a socavar al Estado y las relaciones de solidaridad, los grupos narco-paramilitares han venido perfilando algo así como una política “social” mafiosa.

Un aspecto es la política de “microcréditos”, que en su desenvolvimiento puede vincularse con el microtráfico de drogas, que llegado el caso puede suministrar fondos para cancelar los créditos recibidos. Es una múltiple subordinación.

Usando los fondos acumulados a través de acciones delictivas van distribuyendo “créditos” entre la población pobre con diversos fines (consumo, microempresas, pequeños negocios, problemas familiares...), pero con el claro propósito de construir redes de poder e ir suplantando al Estado venezolano. Con los microcréditos, combinados con la extorsión, el chantaje y el miedo, han ido echando las bases de una política “social” en correspondencia, como ya dije, con la más antigua tradición mafiosa (“La estrategia imperial de ingobernabilidad permanente contra el gobierno bolivariano”, 05-03-2014).

El fenómeno también ha llamado la atención de Raúl Zibechi, en su penetrante artículo “Derechas con lookde izquierda”:

En todo caso, las derechas han sido capaces de crear un dispositivo “popular”, como el que describe Rafael Poch, para desestabilizar gobiernos populares, dando la impresión de que estamos ante movilizaciones legítimas que terminan derribando gobiernos ilegítimos, aunque estos hayan sido elegidos y mantengan el apoyo de sectores importantes de la población. En este punto, la confusión es un arte tan decisivo, como el arte de la insurrección que otrora dominaron los revolucionarios (Alai-América Latina, 7-3-2014).

Debemos afrontarlo: así como las aspiraciones imperiales de dominar nuestra industria de los hidrocarburos y la presencia paramilitar son constantes con las que habrá que lidiar a largo plazo, también debemos prever una prolongada alianza entre ambos factores para desatar una escalada de violencia política, que se está sumando a la ya excesiva violencia del hampa común.

La aparición de esta nueva violencia terrorista de origen político, apoyada por gran parte de los medios nacionales e internacionales y con conexiones foráneas obliga a considerar el problema de la seguridad a la vez desde el punto de vista geográfico, social, económico, político, estratégico, cultural e internacional, mediante la coordinación de todos los órganos de los poderes públicos y todas las fuerzas sociales para la adopción de medidas a la altura de la gravedad de la situación.

Libertad en Internet

El Instituto Prensa y Sociedad sostiene que desde el ejecutivo nacional se ha cuestionado la deliberación ciudadana en las redes sociales; y que entre febrero y marzo de 2014 la empresa twitter habría alegado fallas generalizadas por un bloqueo parcial. La empresa pública CANTV negó haberlas realizado, y la empresa twitter jamás confirmó que hubiera existido tal bloqueo.

Al respecto, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información reporta que por el contrario, “Venezuela está siendo hoy víctima de una estrategia de ciberguerra; una serie de ataques cibernéticos e informáticos que buscan penetrar y destruir la plataforma de tecnologías de comunicación e información del gobierno”. En el curso de ella “más de 160 sitios en internete públicos de alta sensibilidad como Pdvsa, los ministerios de la Defensa y Finanzas, la telefónica CANTV y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones han recibido ataques sistemáticos para inhabilitarlos y penetrar sus sistemas de información”. Ello puso en riesgo unos 266 mil dominios públicos y privados. Algunos sitios públicos han recibido más de 10 millones de ataques en pocas horas (Venezuela se respeta. minci.gob.ve.marzo 2014).

En Venezuela no sólo el uso de Internet y de las redes sociales es enteramente libre, sino que la oposición abusa de tales tecnologías para transmitir mensajes de odio y de discriminación. Como muestra: Karen Rojas Mata: Hay que matarlos a todoos malditos chavistas. Mayelis Colmenarez: Cada vez que veo chavistas me provoca tener una metralleta y tatatatata matarlos. Oscary: Ese incómodo momento en el que estas en un grupo de chavistas hablando de su presidente y solo quieres sacar una escopeta y matarlos a todos.

A todo esto se mezcla la indiscriminada difusión de rumores y de infundios, como las imágenes de represión diversos sitios del mundo que se pretendía hacer pasar por escenas ocurridas en Venezuela; los anuncios de supuestos desabastecimientos; las profecías de colapso económico; el ataque mediático contra la estabilidad de la moneda; los sucesos inventados y toda una gama de estrategias en las cuales se asocia el instrumental de Internet y las redes sociales con la práctica del terrorismo, tales como la histeria xenofóbica que denuncia Eduardo Rothe en su artículo “Del odio”:

Como parte del actual golpe de Estado contra la democracia venezolana, la CIA (que siempre se repite) intensificó por las redes sociales su campaña anticubana que lleva ya 10 años. Logró infiltrar los cerebros opositores: desde el infecto Padre Palmar hasta la sifrinita que se inicia en twitter, todos reportan camiones de soldados cubanos llegando a Caracas, u oficiales del G2 dando órdenes en Fuerte Tiuna. La única prueba es el racismo y fotos de nuestros militares: “En Venezuela no tenemos negros tan negros”…
rothegalo@hotmail.com https://twitter.com/profesorlupa http://www.aporrea.org/actualidad/a185471.htm

Disponibilidad de papel periódico

Según reportes del Instituto Prensa y Sociedad, durante la primera quincena de 2014, unos 21 medios impresos en 9 estados habrían tenido dificultades para adquirir papel periódico y otros insumos. Lo primero que cabría preguntar al referido instituto es con qué títulos y con cuáles derechos plantean ante una Comisión de Derechos Humanos los problemas mercantiles de varias sociedades anónimas. Los Derechos Humanos, como su nombre lo expresa, son inherentes a la persona humana natural; y no a las empresas, sociedades o corporaciones.

A pesar de las quejas de estas corporaciones que no son sujetos de Derechos Humanos sobre el curso de sus negocios, según reporta el Ministerio del Poder Popular para la Información y la Comunicación, ninguno de ellos ha cerrado; algunos se han limitado a imprimir ediciones con menos páginas o a efectuar reducciones de personal (Venezuela se respeta. minci.gob.ve.marzo 2014). En todo caso no debemos olvidar que el periodismo es en el mundo capitalista una rama empresarial sumamente competitiva, en la cual constantemente aparecen y desaparecen medios: hasta el tradicional Newsweek salió en Estados Unidos de los kioscos, para pasar al formato digital.

Cabe reiterar al respecto que Venezuela es una economía mixta, en donde la inmensa mayoría de los medios de comunicación operan como empresas privadas sobre la base del mínimo costo y el máximo beneficio. El Estado venezolano implantó en 2003 un control cambiario destinado a frenar la fuga de divisas, que le atribuye la administración y adjudicación de estas. Dentro de ese marco legal, el Estado ha hecho lo posible por otorgar las divisas necesarias para que la prensa continúe funcionando normalmente. Se deben tener en cuenta, sin embargo, algunos factores.

En primer lugar, algunas empresas no cumplen con el procedimiento indispensable para obtener divisas preferenciales o con los requisitos para ello. Otras empresas no cumplen con la legislación laboral que protege a sus trabajadores y por consiguiente no pueden presentar las solvencias laborales que las normas requieren.

Todavía en otros casos, algunas empresas cuya gestión financiera no es favorable, recurren al argumento de la falta de papel para efectuar reducciones de personal o para justificar anticipadamente un posible lock out y el no cumplimiento de sus obligaciones laborales. Empresas que arrastran una larga historia de in suceso económico desde mucho antes de que se estableciera el control de cambios, o que son financiadas desde el exterior para difundir mensajes desestabilizadores aprovechan así las circunstancias para achacar sus fracasos al Estado.

En fin, otros medios de prensa pequeños son víctimas de la especulación por parte de sus colegas que importan papel, y también achacan su situación al Estado. Al respecto, el diputado Julio Chávez señala que grandes empresas venezolanas distribuidoras y editoras han importado papel en bobina para impresos valiéndose de divisas otorgadas por el Estado a una tasa de 6,30 bolívares por dólar, y lo revenden a sus colegas empresarios a una tasa de dólar libre, unas diez veces mayor (http://www.minci.gob.ve/2014/01/diputado-chavez-grandes-diarios-revendí...). Así se importaron en 2013 unas 140.000 toneladas métricas de papel.

El presidente electo Nicolás Maduro ha declarado que en los últimos años se otorgó a diversos empresarios unos 60.000 millones de dólares, a fin de que adquirieran los insumos necesarios para sus negocios y para comprar y revender productos necesarios para la economía del país.

Ahora bien, según declaraciones del ministro de Finanzas Jorge Giordani y del mismo presidente Maduro, los empresarios a quienes se otorgaron estas magnitudes de divisas a la tasa preferencial de 6,30 bolívares por dólar en lugar de ingresar al país los bienes para cuya adquisición fueron entregadas, realizaron importaciones ficticias o simplemente no realizaron ninguna importación, guardándose las sumas otorgadas en divisas preferenciales, y vendiendo sus existencias como si hubieran sido adquiridas con dólar libre. Algunos pequeños órganos de prensa han sido victimas de la codicia de estos importadores fraudulentos, y el Estado, en la medida de lo posible, les ha otorgado divisas a tasa preferencial para que realicen por si mismos la importación, para proteger a unas empresas privadas contra la especulación por parte de otras.

Por otra parte, en el Informe Anual del National Endowment for Democracy sobre 2012, consta que ese año la NED destinó 1.338.331 dólares a organizaciones y proyectos en Venezuela, para actividades vinculadas con responsabilidad gubernamental, educación cívica, ideas y valores democráticos, libertad de información, derechos humanos y otros por el estilo. El mismo año se le asignó 465.000 dólares adicionales para fortalecer al movimiento obrero slatinoamericano, mientras el Instituto Republicano Internacional suministraba 645.000 dólares y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales aportaba otros 750.000 dólares. Son las magnitudes que confiesan documentos oficiales de la NED, que no reflejan otras subvenciones pagadas por la CIA, la NSA, la DEA y otras agencias de seguridad estadounidenses, ni comprenden las desembolsadas por órganos privados, tales como Fundación Sociedad Abierta de George Soros, o el Diálogo Interamericano, que asimismo vierten caudales para "fortalecer la sociedad civil en Venezuela”, o sea, para financiar a la oposición. Por su parte la abogada y comunicadora Eva Golinger, calcula que desde 2002 hasta el presente Estados Unidos aportó por estas agencias e instituciones "promotoras de la democracia y la sociedad civil” más de 100 millones de dólares para apoyar las actividades de la oposición al gobierno bolivariano.

Antes tales cifras cabe responsablemente solicitar una averiguación sobre su destino y manejo final ¿Cómo es posible que tantos raudales de divisas se hayan vertido a la oposición venezolana, y que los principales actores políticos de ella, la facción de medios de comunicación privados que durante 14 años ha apoyado incondicionalmente golpes de Estado, sabotajes petroleros, cierres patronales, asesinatos selectivos, intentos de magnicidio, importación de paramilitares y violencias terroristas, no los hayan invertido en un insumo fundamental para tales tareas, como lo es el papel periódico? ¿Qué ha sido de tales sumas colosales? ¿Está el Estado democrático venezolano en la obligación de aportar o reponer a agentes del terrorismo las sumas que éstos han malversado? ¿O más bien deberían la oposición venezolana y los medios dirigidos por ella explicar ante la opinión pública nacional y mundial el origen, uso y sobre todo el destino de tantas y tales cantidades? Mayoría democrática gobernante y sobre todo minoría opositora están igualmente interesadas en este indispensable debate. Y también, incidentalmente, el pueblo estadounidense, que paga sus impuestos para que las agencias de seguridad los dilapiden en apoyar a grupos que los emplean infructuosamente.

Texto y fotos:  Luis Britto García brittoluis@gmail.com