Perú

Agua que no has de beber… (II)

Ubaldo Tejada Guerrero

23/09/2014

Opinión

^-A ⁺A

“El credo neoliberal que considera al agua como una mercancía, los trabajadores y el movimiento social salen a defender sus empresas con una iniciativa para establecer el Agua como un Derecho Humano, pero en manos públicas”.

Desde que el cambio climático causada por la contaminación de las grandes potencias industriales capitalistas, provocó el derretimiento de los glaciares, los conflictos por el agua han empezado a ser uno de los problemas más graves para el Perú y el mundo, especialmente para los ciudadanos mas pobres, donde el agua es una mercancía más del dogma neoliberal.

Hoy frente al credo neoliberal que considera al agua como una mercancía, los trabajadores y el movimiento social salen a defender sus empresas con una iniciativa para establecer el Agua como un Derecho Humano, pero en manos públicas.

En la capital, al menos 980 mil personas sufren por la falta de ese elemental servicio, mientras
en el interior del país la situación es mucho más crítica pues los gobiernos regionales y municipios locales no toman la posta, no invierten lo necesario para beneficiar a sus pobladores. No obstante indicó que con trabajo eficiente en tres años el 100% de limeños y chalacos tendrán agua, lo que está previsto, en un programa gubernamental, además que las empresas de agua no deben ser privatizadas para lograr un desempeño óptimo.

El modelo de gestión neoliberal del agua que se buscó implementar con la Constitución fujimorista fracasó. Las EPS sirven a los alcaldes para dar empleo a sus allegados y no tienen un manejo técnico y empresarial, convirtiéndose en empresas ineficientes que no brindan un buen servicio a la población.

Caso SEDAPAL

Por ejemplo, SEDAPAL ya está privatizada en un 60%, lo que no ha dado buenos resultados. En otros países de Sudamérica se entregó las empresas a capitales privados, y fue un rotundo fracaso que no debe repetirse en el Perú. Las empresas actuales deben recibir mayor inversión para ser más eficientes y puedan llevar agua a todos los peruanos, explicó.

Indicó además que el tema tiene mucho que ver con el Ministerio de Vivienda, con su política nacional. El gobierno central le da a Lima una partida de 8 mil millones de soles para obras, y lo mismo debería hacer con las regiones, que, o no tienen dinero, o no lo aplican en mejorar o implementar el servicio en sus localidades.

Megaproyectos y asociaciones público privadas (APP)

Finalmente indicó que el proyecto de ley 1293 Ley de modernización de las empresas de agua señala privatizar las empresas como SEDAPAL, no obstante, esto será perjudicial. Indicó que para su diseño no se consideró un debate entre los principales actores políticos y sociales, por ejemplo.

MEGAPROYECTOS como el de Olmos y MAJESSIHUAS II, entre otros, son las principales vías para privatizar el agua en el Perú. Bajo la apariencia de inversión, modernidad y desarrollo, grandes negocios privados generan desequilibrios hídricos y sociales en los andes del Perú.

Con el pretexto de estimular la inversión privada (con mayor fuerza especialmente cuando la crisis económica global empezaba a sentirse en su real magnitud), el gobierno peruano generó un marco legal para promover las famosas Asociaciones Público Privadas (APP), en las que lo público se reduce a entregar recursos y propiedades estatales y lo privado se queda con el control de todo el negocio.

El tejido de normas privatizadoras

Cuatro normas con rango de ley, aprobadas durante los años 2008 y 2009, son particularmente importantes para entender este proceso: los decretos legislativos 1012 y 1031, la Ley 29338 y el Decreto de Urgencia 121.

El Decreto Legislativo 1012, de mayo del 2008, crea la modalidad de las APP, que en el caso de recursos hídricos facilita que consorcios privados reciban, junto a la concesión de grandes proyectos de irrigación, fondos públicos y avales financieros estatales y encima vendan el agua a productores y pobladores que la requieran.

Este decreto autoriza al Estado a transferir recursos hasta por un 7% del Producto Bruto Interno (PBI) a las empresas privadas con las que se asocia. Estamos hablando de más de 8 mil millones de dólares como aporte del Estado peruano en asociaciones en las que no tiene casi ningún control.
El Decreto Legislativo 1031, de junio del 2008, en la misma onda privatista, busca liquidar las actuales empresas públicas, prohibiendo expresamente que sean titulares de bienes de dominio público y dispone que el 20% de su capital social sea inscrito en la bolsa de valores.

Esta norma consagra la imposibilidad de tener empresas estatales estratégicas. En buena cuenta es eliminar cualquier posibilidad de que las APP tengan competencia pública, lo que nos pone en desventaja frente a otros países que sí tiene empresas estatales estratégicas que incluso operan en nuestro país, como por ejemplo CHINALCO (China), PETROBRAS y ELECTROBRAS (Brasil), PEMEX (México), ECOPETROL (Colombia) y otras.

De otro lado, la Ley 29338, de marzo del 2009, consagra un régimen de derechos para el uso del agua mediante licencias, autorizaciones permisos o contratos de acceso, y promueve la participación del sector privado en la construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica así como en la prestación de servicios de operación y mantenimiento de la misma, autorizando a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a aplicar la ley que regula el agua en los proyectos especiales entregados en concesión.

Esto tiene implicancias en el acceso al agua: tarifas (rentabilidad del negocio privado) y prioridades (grandes AGROEXPORTADORES).

El Decreto de Urgencia 121, de diciembre del año pasado, impulsa la liquidación de las empresas públicas en beneficio de las Asociaciones Público Privadas (APP), estipulando en su artículo cuarto, inciso dos, que “los terrenos de propiedad directa o indirecta del Estado, incluyendo las empresas del Estado, requeridos para la concesión, serán transferidos automáticamente por la unidad titular de los mismos al concedente en la oportunidad en que éste lo señale y a título gratuito, por el solo merito del Decreto Supremo que así lo establezca”

Este paraguas normativo, que profundiza los alcances del artículo 60 de la Constitución neoliberal de 1993: “(…) Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional (…)”, ha incentivado la ejecución de MEGAPROYECTOS de trasvase de aguas que son un gran negocio para grandes empresas extranjeras a costa de privatizar el recurso hídrico, generando conflictos sociales y desequilibrios en la parte alta de la montaña andina. Veamos dos casos.

El faenón de Olmos

El MEGAPROYECTO Olmos se ha convertido en un apetecible bocado para la empresa brasileña ODEBRETCH, que ejecuta dos (la primera y la tercera) de sus tres etapas. La primera etapa consta de un trasvase de aguas de la sierra a la costa por medio de un túnel trasandino de 19.3Km, y una represa (Limón). En esta etapa el Estado peruano aportó inicialmente un 65%, lo que fue observado en el 2004 por la Corporación Andina de Fomento (financiador de la obra), que cuestionó que el aporte estatal era mayor al privado, por lo que, de la nada, el costo de esta primera etapa se elevó de un plumazo en más 80 millones de dólares sin considerar la compra siquiera de una bolsa adicional de cemento.

Si bien esta primera irregularidad se produjo durante el gobierno anterior, ODEBRETCH, empresa consentida del presidente Alan García, se adjudicó la buena pro de la tercera etapa del MEGAPROYECTO (Irrigación de las tierras de Olmos) mediante el consorcio de su propiedad H2Olmos (bajo la modalidad de iniciativa privada) la misma que fue dada rápidamente bajo el chantaje de que las obras de trasvase de agua estaban a punto de culminar y se iba a desperdiciar el agua.

Muchos se opusieron, incluso la ex ministra de Economía, Mercedes Aráoz, a esta adjudicación por lo elevado de los costos de construcción de la infraestructura de riego. Posteriormente, y sin que nadie sepa las condiciones de la nueva oferta, se terminó firmando con ODEBRETCH.

Esta tercera fase (irrigación) beneficiará a grandes grupos económicos como Oviedo y Romero, entre otros “peces gordos” de la agroindustria que pueden adquirir tierras en las 38 mil hectáreas, valuadas cada una en 4,250 dólares, de la primera etapa de este proyecto, lo que deja sin oportunidad a los pequeños productores.

Majes - Sihuas Ii

El Proyecto Especial Majes fue creado por Decreto Ley 18970 (1971) como un proyecto hidráulico de trasvase de las aguas de los ríos Apurímac y Colca (por medio de túneles y canales) hacia la Pampa de Majes-Siguas, con la finalidad de contar con agua para la agricultura, generar energía eléctrica y darle también otros usos urbanos. Este proyecto estuvo diseñado para ser ejecutado en dos etapas.

En la primera etapa, ya concluida, se construyó la represa de CONDOROMA, además de túneles y canales para irrigar las pampas de Majes que, según la información oficial, sólo llegó a cubrir cerca de 22 mil hectáreas, lo que demandó una inversión de 748 millones de dólares.

Y aun cuando esta primera etapa fue cuestionada por la gran cantidad de recursos que tuvo que invertir el Estado (vía deuda externa), lo que determinó a su vez un alto costo por hectárea (33 mil dólares), era un proyecto que estaba orientado inicialmente a fortalecer la agricultura arequipeña que abastece la demanda regional y nacional. Esto cambió.

Ahora se trata de trasvasar aguas de las partes altas de la cordillera para irrigar la pampa de Siguas cuya producción debe ser dedicada a la AGROEXPORTACIÓN, así como dotar de agua a las empresas privadas eléctricas y a las empresas mineras que se ubican en suelo arequipeño. Este proyecto se entregará en concesión y se implementará bajo la modalidad Asociación Publico Privada; y por tanto, recibirá recursos públicos. Más aún, buscará reorientar esta primera etapa en los marcos de la privatización.

La segunda etapa, bajo esta nueva visión, y que constituye en sí lo que se denomina el Proyecto Majes Siguas II, acaba de recibir la buena pro en medio de un conflicto social que ha originado muertos y heridos de bala y comprende la represa de Angostura, el túnel Colca-Siguas (de 18 Km), la bocatoma LLUCLLA, el sistema de distribución y riego Pampas Siguas, y la línea de distribución eléctrica CALLALLIC-Angostura.

Pero además de cambiar de objetivos, uno de los problemas centrales de este MEGAPROYECTO se centra en que afectará la actividad pecuaria de Espinar, zona aledaña al proyecto, pero en la región Cusco, la misma que sólo tendría acceso a un 10% de las aguas del río Apurímac de implementarse el proyecto. Es que cuando de negocios se trata, poco importa el impacto que pueda ocasionarse en las comunidades de la zona.

Privatización y nuevo ordenamiento territorial

La concentración de la tierra y la privatización del agua, pero sobre todo los MEGAPROYECTOS que busca implantar el gobierno de Alan García, no sólo acentúan el desequilibrio físico-social que padece el país, sino que incrementa la fragilidad hídrica de la costa, sierra y de la AMAZONÍA peruana (grandes centrales hidroeléctricas debido al Acuerdo Energético con Brasil), lo que nos hace mucho más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Después de Bangladesh y Honduras, el Perú es el tercer país más vulnerable a estos impactos.

Pero tan grave como eso es el hecho de que se está gestando en el Perú un nuevo ordenamiento territorial como fruto de una transformación de la tenencia de la tierra y la privatización del agua, donde los MEGAPROYECTOS juegan un destacado rol.

No nos oponemos ni queremos compensaciones, sino un estudio completo. El estudio hídrico realizado concluye que la represa traería una escasez de 36 millones de litros cúbicos al Cusco”, dijo el presidente regional del Cusco, Hugo Gonzales respecto al proyecto hídrico Majes Siguas II
(1) De acuerdo a un estudio ambiental realizado por el Gobierno Regional de Cusco el proyecto Majes II constituiría un “desastre ecológico” en la zona.

(2) En lugar de fortalecer y modernizar a las empresas estatales, el gobierno ha optado por privatizarlas. ENAPU es una muestra.

En el Perú existen 50 Empresas Prestadoras de Saneamiento (EPS). La principal es SEDAPAL que abastece del servicio de agua potable a Lima Metropolitana y al Callao, esta empresa depende del Ministerio de Vivienda.

La EPS Aguas de Tumbes (ATUSA), fue concesionada por 25 años en el 2005. La EPS Grau, de Piura (Piura, Talara, Sullana y Paita), es dirigida por una Junta de Acreedores (un Representante de los Créditos Reembolsables y Directos del Estado, un representante de SUNAT y otro del Scotiabank). Las otras 47 EPS dependen de los municipios provinciales y distritales que conforman sus Juntas de Accionistas; por lo general los directorios están presididos por los alcaldes provinciales.

Esta división no siempre existió. Las principales EPS del Perú dependían de una sola empresa estatal, el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA). Pero Fujimori, mediante Decreto Ley N° 25973, declaró la disolución y liquidación del SENAPA.

El descuartizamiento de las EPS obedeció principalmente a la intención del gobierno de Alberto Fujimori de vender las principales empresas por partes. La resistencia de los trabajadores y los pueblos involucrados impidió que este hecho se consumara.

Por la cantidad de conexiones, las EPS están divididas en grandes (más de 40 mil conexiones), medianas (entre 15,000 y 40,000) y pequeñas (menos de 15,000), SEDAPAL tiene más de un millón de conexiones. Por tanto, el negocio estaba en adquirir las grandes. Pero solo pudieron concesionar una, la mediana EPS de Tumbes, a finales del gobierno de Toledo, en el 2005. Siete años después de privatizada, esta empresa, ostenta el segundo lugar en todo el país, en dar el peor servicio de abastecimiento y saneamiento a la población.

Conclusiones

1. La experiencia de las privatizaciones de los servicios de agua y saneamiento ha fracasado en Tumbes y en todos los lugares donde se ha dado. En Chile, cuando se privatizó el agua potable, la cobertura era del 99.3%. No hubo inversión, pero la tarifa del agua se disparó, pasaron de pagar $ 0.78 por metro cúbico a más de 2,6 dólares en ciudades como Antofagasta. París recuperó su empresa municipal luego de estar 25 años concesionada.

2. Desde los propios trabajadores del agua vienen las iniciativas para tener empresas modernas, eficientes y con un directorio técnico y participativo con presencia de especialistas, municipios, usuarios y trabajadores; manteniendo la propiedad y el manejo en el sector público.

3. De otro lado, Luis Isarra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Agua potable y Alcantarillado del Perú (FENAP), indicó que es necesario trabajar en cuatro puntos que son vitales para que todos los peruanos tengan el vital elemento en sus casas.

Debemos enfocarnos, PRIMERO, en que el agua debe ser vista como un derecho humano, lo cual hasta ahora no se ha cumplido. SEGUNDO, debemos considerar la intangibilidad de las cabezas de cuenca para garantizar el abastecimiento. TERCERO, debemos negarnos a la privatización, que no soluciona el inconveniente. CUARTO, las autoridades deben confirmar, en las leyes, al agua como derecho humano”, señaló.

4. Desde la Internacional de Servicios Públicos (ISP), federación sindical mundial, y sus sindicatos afiliados en el Perú, les instamos a que envíen desde todo el mundo un fuerte mensaje para el gobierno peruano para que no venda los servicios públicos de agua y saneamiento a las empresas privadas.

5. Se propone la creación de EMPRESAS REGIONALES, para que puedan hacer, entre otras cosas, los análisis técnicos requeridos por no tener laboratorios. Por citar un caso, SEDACUSCO está calificada como una de las mejores en el país y las otras empresas que existen en la región se encuentran en los últimos lugares. ¿Por qué no crear una sola EPS regional, que permita la transferencia de gestión exitosa y tecnología a las más pequeñas, que podrían seguir funcionando como subsidiarias, según sea el caso?

6. Cuando se privatizan los servicios, las comunidades tienen que pagar más por el acceso, mientras que los derechos y los sindicatos de trabajadores son atacados.

7. Luis Isarra, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua del Perú (FENTAP) dice claramente: “El presidente Humala tomó el camino equivocado. Se plegó a las presiones de las empresas y de la derecha para convertir este sector en otra fuente de ingresos. La FENTAP y los sindicatos afiliados a la CGTP deben movilizar a los trabajadores y trabajadoras del Perú y colaborarán con numerosas asociaciones de nuestro país. Pedimos a los miembros de la ISP en el mundo entero que demuestren presión desde el exterior. ¡El gobierno tiene que entender el movimiento internacional de protesta!”.

8. Por favor, envíen un mensaje a los dirigentes del gobierno peruano ahora. ¡No a la privatización de estos servicios públicos básicos: Salud, Educación y el Agua!

¡Únanse a la campaña para instar al gobierno peruano no privatizar el agua!

En un artículo final sobre éste tema, estaremos desarrollando el empoderamiento ciudadano como alternativa frente al Estado peruano, que camina de espaldas a las necesidades mas sentidas de la población, y en igual manera frente a la crisis de de representatividad de la mayoría de partidos políticos neoliberales, camino a una reforma de la Constitución de 1,993, impuesta en dictadura a partir del golpe a la democracia el 5 de abril de 1,992.

Ubaldo Tejada Guerrero es analista global

utguerrero31@yahoo.es

https://www.alainet.org/en/node/103627?language=en