México

Guerrero: Fosas, protestas y raja política

Eduardo Ibarra Aguirre

05/10/2014

Opinión

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La localización de varias fosas clandestinas en las inmediaciones de un cerro de Pueblo Viejo y Loma del Coyote, en el municipio de Iguala, Guerrero, sin que se precise aún de parte de las autoridades estatales y de la Federación (Ejército, Marina y Policía Federal) el número y menos la identidad de los cadáveres, pero que probablemente se relacionen con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre, coloca al gobernador Ángel Aguirre en una tesitura sumamente difícil, compleja.

Ahora se entiende mejor por qué la semana pasada, un afónico y sobre todo presuroso titular del Ejecutivo federal hizo esfuerzos desconocidos por establecer “la debilidad institucional” en que se debatía (y más ahora) el gobierno de Guerrero.

Enrique Peña Nieto hizo el deslinde desde el estado que gobernó y que a juicio de algunos de sus numerosos y diversos críticos heredó a Eruviel Ávila un serio problema de inseguridad pública, entre otras causas por el accionar desbordado del crimen organizado que domina zonas de la frontera con Guerrero y Michoacán. Y donde apenas el 30 de junio provocó el cada vez más claro (ministerialmente) fusilamiento de 21 civiles a cargo de soldados en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, población vecina con Arcelia, Guerrero. Masacre que desde el gobernador para abajo pretendieron presentarla como resultado de un “enfrentamiento con delincuentes”, pero la eficaz labor de las agencias AP y EFE, amén de la revista Esquire, obligaron a cambiar la narrativa oficial 2.5 meses después. Como ya es frecuente, los esfuerzos de varios medios aztecas fueron ignorados por los gobernantes.

Hasta el momento de redactar estas líneas, las autoridades no establecieron el número de las fosas y de los cuerpos hallados, tampoco la existencia de vínculos con los normalistas rurales desparecidos.

El acordonamiento de los sitios por 300 elementos de las fuerzas armadas y de los cuerpos estatales, la negativa de acceso a los reporteros y los trascendidos que recogieron gracias al malestar porque a los segundos no se les pagaron sus viáticos, multiplicó las contradicciones informativas y sus cifras que van de entre cuatro y hasta 19 cadáveres. Los vecinos fueron harto claridosos, como registra Arturo Cano: “Aquí, para que más que la verdad, es un cementerio de narcotraficantes, dijo una muchacha que parecía divertida con el macabro trajín. Pasan camionetas apestosas muchas noches, pero de veras apestosas”. (La Jornada, 5-X-14).

En aquel clima de desinformación y “descubrimientos” la crispación gana amplio terreno y mientras Aguirre Rivero llama “a mantener la concordia”, a “evitar por todos los cauces la violencia en todas sus expresiones”, critica sin rodeos a las organizaciones que quieran “sacar raja política”.

Comprensible el discurso pero inviable en tanto las investigaciones ministeriales no brinden resultados claros y convincentes. También pareciera normal que la iniciativa para que renuncie Ángel Heladio Aguirre provenga de los aliados del Partido de la Revolución Democrática. Y que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intente, por los menos verbalmente, “potenciar al máximo la movilización nacional prevista para el próximo 8 de octubre, con acciones contundentes como la toma de carreteras, aeropuertos e instalaciones estratégicas”, pasando por “el juicio político” a Peña y Aguirre hasta llegar, dicen, “a parar la economía del país”.

Pero tampoco pueden ignorarse las preguntas del sonorense que dejó de presidir el PRD: “¿Le pedimos a Enrique Peña Nieto que pida licencia de su cargo por la crisis de seguridad que padece el Estado mexicano en su conjunto? ¿Le pedimos que se retire del cargo?”

Utopía 1452

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