Los próximos meses serán determinantes para la vida de los caucanos. La manera como los diferentes sectores de la sociedad respondan a la aprobación de los “decretos autonómicos”, será fundamental. En especial para los sectores campesinos (mestizos, indígenas, afros y blancos), que luchan por defender su territorio, propiedad y producción frente a la ofensiva transnacional que viene con todo. No sólo están detrás de los recursos naturales sino del territorio mismo, la mano de obra y el mercado.

Se prevé – en un escenario de corto plazo – la polarización de la sociedad. Polarización que será el resultado de la atención que se le preste a las voces provenientes de quienes les interesa presentar el conflicto en términos de oposición entre indígenas y campesinos por la tierra. Incluso, podría uno sospechar que el espíritu del decreto aprobado no es otro que el de incentivar la confrontación inter-étnica, facilitar el enrarecimiento de la cordialidad histórica entre unos y otros, y darle la oportunidad a los sectores económicos oscurantistas ligados a la decadente clase terrateniente – políticamente derechista –, para avanzar con su proyecto político guerrerista y reaccionario. Así viene aconteciendo.

Entonces, si permitimos que se aliente el espíritu xenofóbico contra los pueblos indígenas y estimulamos una “guerra inter-étnica”, todos perderemos. Mientras tanto, el gran capital transnacional y los grandes terratenientes que se apropiaron de las mejores tierras del Norte del Cauca, habrán logrado desviar la atención de los problemas centrales. Debemos recordar que el control territorial a manos del gran capital arreció en el Cauca en los años 80s del siglo pasado con la construcción de la represa de La Salvajina, pero ya desde la década de los años 50s y 60s se había iniciado con el despojo de las comunidades negras del Norte del Cauca a manos de capitalistas vallecaucanos que se lanzaron tras la cuota azucarera de Cuba que los EE.UU. ofrecía como migaja, y la llegada a la región de la multinacional irlandesa Smurfit “Cartón de Colombia”. Pero hoy – como lo decía Francisco Mosquera – “vienen por todo”.[1]

Algunas precisiones sobre “Cauca: Autonomía y soberanía (I)”

- Es importante precisar que el análisis corresponde únicamente al departamento del Cauca. Aquí el 98% de las comunidades indígenas – a excepción de las que viven en la Costa Pacífica (eperara-shapidara-emberá-chamí) – son campesinos indígenas[2]. Viven de la agricultura, tienen mentalidad parcelaria individual, poseen una finca o parcela asignada por el Cabildo aunque la propiedad formal de las tierras del Resguardo sea colectiva. Este aspecto lo tenían claro los fundadores del CRIC quienes desde un principio lo plantearon con toda claridad y lo expresaron así: “Somos colombianos, somos campesinos y somos indios”[3].

- Los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía política, es indudable. Sin embargo, en la práctica con esta legislación “autonómica” el gobierno aprueba una política de encerramiento de los pueblos originarios en los llamados territorios “ancestrales”. Lo que se ha aprobado[4] – en lo fundamental – está dirigido a proteger las grandes extensiones de tierra monopolizadas por grandes terratenientes en el Norte del Cauca (parte plana del Valle geográfico del Río Cauca) y forzar a las comunidades indígenas a avanzar sobre territorios que están en manos de campesinos mestizos y afros o, migrar a otros departamentos.

- Es evidente que los pueblos indígenas del Cauca han recuperado buena parte de territorios reconocidos como resguardos en la época colonial y republicana. Era apenas lo justo. Pero una realidad que no se puede desconocer es que esas poblaciones indígenas están en permanente crecimiento y necesitan expandirse. Además, su territorio es extremadamente agreste y montañoso. Las tierras fértiles son escasas y la presión al interior de los resguardos es visible. La vocación de esas cordilleras es reforestadora y protectora de las valiosas fuentes de agua que allí existen. Por ello, los pueblos indígenas tienen derecho a buscar nuevas alternativas territoriales que paradójicamente los “decretos autonómicos” limitan en forma directa.

- No sólo los pueblos indígenas necesitan nuevos (¿“propios”?) sistemas de salud y de educación. Todo el pueblo colombiano requiere de una educación y salud pública, gratuita, de excelente calidad y adecuada a las necesidades culturales, sociales, productivas y económicas de la gran diversidad de poblaciones que habitan el territorio. Para lograrlo tenemos que derrotar la política neoliberal que convirtió los servicios de salud y educación en una mercancía y en un privilegio para unos pocos, que son aquellos que pueden pagar servicios pre-pagos y privados que son los únicos con “algo” de calidad. ¿Será que los “decretos autonómicos” le permitirán a los pueblos indios romper con ese modelo estructural mercantil e inhumano?

- Es claro que existen en Colombia varios pueblos que han conservado – en buena medida – usos y costumbres propios de los pueblos originarios existentes antes de la llegada de los españoles. Son una excepción. Entre ellos podrían estar algunas comunidades de la Sierra Nevada (muy pocos), de territorios amazónicos y del Chocó Bio-geográfico. No es el caso de las comunidades indígenas del Cauca en donde sólo algunos pueblos nasas resistieron el coloniaje español y criollo hasta principios del siglo XX en regiones apartadas de Tierradentro. Algunos lograron defender su lengua y algunas tradiciones pero fueron fuertemente permeados por valores y costumbres impuestas por la cultura colonial occidental. La “reconstitución” de esos pueblos es una meta propuesta por algunos teóricos y activistas indígenas, que deberá ser discutida y resuelta por las mismas comunidades en un ambiente de democracia y participación.

- La táctica indigenista (“todo para ellos”), desarrollada principalmente por el CRIC, le ha permitido a la oligarquía aislar al movimiento indígena y desarrollar una campaña xenofóbica en su contra. Así sucedió – por ejemplo – con la lucha por recuperar la hacienda “La Emperatriz” en 2008, que fue una aventura aislada protagonizada por sectores indígenas radicalizados que le facilitaron a la burguesía vallecaucana y a Uribe impulsar entre las comunidades negras del Norte del Cauca un sentimiento anti-indígena y de solidaridad con los grandes terratenientes y empresarios cañeros. Así mismo, al interior del mismo movimiento indígena existe un comportamiento anti-democrático y sectario que es la principal razón del surgimiento de agrupaciones como “Los Nietos de Quintín Lame” por un lado, y la OPIC por otra, y la presencia de toda clase de sectas religiosas que se han ido convirtiendo en un poder paralelo dentro de las comunidades indias del Cauca.

El “nuevo campesinado agrario” del Cauca

En los últimos 30 años ha surgido un “nuevo campesinado” en el departamento del Cauca. Son campesinos que viven principalmente de la producción agropecuaria pero que combinan toda clase de actividades como el trabajo asalariado (jornaleo), artesanía, comercio, pequeña minería, moto-taxismo, ventas ambulantes, construcción y otras. Tienen un pie en el mundo rural y otro en el urbano. Muchos de ellos han aprendido a canalizar recursos de la economía del narcotráfico y de alguna manera han subsidiado con esos ingresos, el avance y sostenimiento de su producción agropecuaria. La diferencia con el campesinado de tres décadas atrás, es que toda su producción está ligada al mercado y su economía de subsistencia es mínima.

Son cerca de 90.000 familias caficultoras, que van desde medianos productores hasta pequeños y “micros”. Con ocasión del Paro Cafetero de febrero de 2013, la Federación de Cafeteros descubrió la existencia de miles de caficultores que tienen menos de una hectárea sembrada de cafetales, que no tienen cédula cafetera y que venden su café en un mercado informal y paralelo. Así mismo, hay 14.000 familias productoras de caña panelera. Entre ellos existen miles de pequeños ganaderos (leche y carne), fiqueros, paperos, fruticultores, horticultores, yuqueros (almidón), cacaoteros, plataneros, piscicultores, y otros.

Estos micro, pequeños y medianos productores agropecuarios están ubicados principalmente en municipios que están en la franja aledaña a la carretera panamericana en un rango aproximado de 40 Km., de lado y lado (oriente-occidente, derecha-izquierda). La gran mayoría son campesinos mestizos y afros, pero también hay indígenas y “blancos” (los más típicos blancos están en Arbela-La Vega, pero también están en municipios como Balboa, Mercaderes, Florencia, Bolívar y otros, y tienen mucha conexión con el norte de Nariño). También existen campesinos vinculados al mercado en municipios como Inzá y Belalcázar, y en el norte del Cauca en Caloto, Corinto y Miranda (muchos de origen paisa, con espíritu de “colono”).

Esta clase de labriegos se diferencian de otros campesinos que existen en las zonas de colonización, principalmente en la vertiente occidental de la cordillera occidental en municipios como El Tambo, Argelia, López de Micay, y en la Bota Caucana, que son fruto de la acumulación de capital surgido de la economía del narcotráfico. Este capital de origen “ilícito” es invertido en fincas ganaderas relativamente grandes y en minería ilegal medianamente tecnificada. Es parte de la aparición de una Burguesía Agraria emergente que existe con mayor fuerza en departamentos como Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta, y que está en camino de integrarse al mercado y a la economía nacional.

Ese campesinado agrario del “centro” del Cauca se encuentra hoy organizado en forma compleja, dispersa, multi-direccional, principalmente en pequeñas asociaciones y cooperativas de producción y comercialización, aunque ya existen asociaciones y corporaciones regionales como COSURCA, SEMBRAGUA, CORPOAFRO, ASOBESURCA, CISPALA, ASOFIQUE, Federación Campesina, Asociación de Productores Agropecuarios Nuevo Futuro, e infinidad de pequeñas organizaciones que en cada municipio administran proyectos productivos, acueductos rurales, centros de acopio y grupos cooperativos. La ANUC también se ha venido fortaleciendo en los últimos años en torno al acceso a la tierra y como respuesta a la presión por territorio que ejercen las comunidades indígenas, especialmente en municipios del centro del departamento.

Algunas de estas organizaciones tienen una importante experiencia en el cultivo y en la exportación de café orgánico en el marco de lo que se denomina “mercado justo” y “mercado limpio”. Sin embargo, todavía son esfuerzos que dependen de la cooperación internacional y les falta agruparse y consolidarse para disputar la ganancia del café en el mercado internacional, allí en donde se realiza el principal plus-valor, que es en la venta de la taza de café directamente al consumidor. En esa perspectiva avanzan.

Los problemas por territorio y tierras – Conflictos inter-étnicos y culturales

En el departamento del Cauca se vienen acumulando una serie de conflictos territoriales, por el control de los recursos de transferencia y por la administración de los servicios de salud, educación y justicia. Algunos analistas le denominan “desencuentros territoriales y culturales”[5] pero es indudable que el grado de conflictividad va en aumento. Los casos más sobresalientes se han presentado en Cajibío (predio de los Naranjos), Suárez (predio de San Rafael), Inzá (centro educativo de San Andrés de Pisimbalá), Piendamó (finca La Alsacia), pero según cifras del Incoder, en los últimos 10 años se reportan confrontaciones en 67 lugares del Cauca.

Entre los factores que alimentan esta situación está en primer lugar el crecimiento de la población indígena y campesina y el mantenimiento del monopolio de la propiedad de las tierras fértiles en manos de grandes terratenientes, sobre todo en el Norte del Cauca. “De acuerdo con el IGAC, en el Cauca las unidades menores a 5 hectáreas poseen solamente el 10.6% del total de hectáreas departamentales. De igual manera el mercado de tierras ha producido, que la propiedad con mejores condiciones para las actividades agropecuarias se dedique al monocultivo o actividades propias del latifundio, mientras que el minifundio compartido por campesinos, indígenas y afrodescendientes se encuentra ubicado en territorios con bajos niveles de productividad.”[6]

Pero también existen otros factores. El reconocimiento de derechos territoriales a las comunidades indígenas a partir de 1991, muchas veces mal manejado por la dirigencia indígena, ha llevado a fuertes conflictos por el control de las administraciones municipales y por las mismas ETIs. Un ejemplo paradigmático es lo que ocurre en el corregimiento de Usenda en el municipio de Silvia, en donde se viene promoviendo la separación del municipio y su anexión a Piendamó, por cuanto la población campesina de dicha región se siente excluida del manejo de lo público dado que el control de la alcaldía lo ha tenido la población indígena que es mayoritaria. Esa situación se repite en diversos municipios en donde se presentan similares situaciones.

Por otro lado, otro factor de confrontación es el proceso de reconocimiento político y cultural que las diversas poblaciones están viviendo como fruto de la construcción de identidades propias. Hasta los años 90s no se reconocía al indígena, después se lo registró en forma general, ahora los propios indígenas se diferencian entre nasas, misak, totoróes, paniquiteños, polindaras, kokonucos, yanaconas, etc. Las comunidades afros y mestizas han reaccionado y construyen consejos comunitarios y nuevas formas de organización para defender sus territorios y consolidar procesos productivos. La legislación se ha quedado corta. Los “decretos autonómicos” pretenden regular esa situación pero lo que se percibe entre la población mestiza y afro es que se “legisla para los indios” y que no hay un enfoque verdaderamente trans, multi y pluricultural.

Además, es el gran capital transnacional quien verdaderamente está ordenando el territorio. La presencia de Smurfit Kappa en los últimos 50 años ha sido impactante en municipios como Sotará, Popayán, Cajibío y El Tambo. El avance de los cultivos de caña de azúcar en el norte del Cauca es impresionante. La concesión de licencias mineras en amplias regiones del departamento es el anuncio de nuevos y graves conflictos por el territorio y el control de las fuentes hídricas. Los proyectos energéticos – hidroeléctrica del Patía y de Julumito – aparecen como otro factor de ordenamiento territorial y confrontación social. Y el avance de la minería ilegal y el mantenimiento de cultivos de uso ilícito (coca y marihuana) en el marco del conflicto armado, completan el panorama de tensión social en el Cauca.

Igualmente, las erradas actuaciones gubernamentales se convierten en otro factor de conflicto. Por un lado, no se ha dado cumplimiento a los acuerdos con comunidades movilizadas desde 1986 (movilización de La Salvajina), paro de Rosas en 1991, paro del suroccidente colombiano en 1999, y las innumerables movilizaciones indígenas que tomaron la dinámica de bloqueo de vías a partir de octubre de 1992. Pero también, cuando el gobierno cumple, lo hace en forma errática aprobando adquisiciones de tierra para comunidades indígenas en territorios donde la población es afrodescendiente o mestiza. “Esta situación tiende a ser cada vez más problemática en la medida que el Estado no dispone de un proceso sistemático de organización y de priorización para cumplir con todas las obligaciones que la jurisprudencia multicultural produce. Por lo general toda esta jurisprudencia se fragmenta en múltiples estamentos con poca coordinación entre sí (Ministerio del Interior, agricultura, salud, educación, justicia, bienestar familiar, Incoder entre muchos otros).”[7]

Otro factor a tener en cuenta es la debilidad organizativa del movimiento campesino mestizo y afro. Mientras que el movimiento indígena – apoyándose en el manejo de los derechos territoriales – ha avanzado en organización y capacidad de movilización, a pesar de los conflictos internos que se han identificado en la primera parte de este artículo (http://bit.ly/1pT9sih), las comunidades campesinas y afrodescendientes no han logrado construir organizaciones representativas fuertes, la politiquería y el clientelismo se mantienen incólumes entre esta población, la dispersión es infinita, y además, algunas organizaciones existentes tienden a darle un manejo de ONG a sus reivindicaciones, renunciando a una visión integral y política de los problemas que sufren, reduciendo su dinámica a la llamada “gestión de proyectos” puntuales, de escaso impacto y manejo conflictivo e irregular con sus bases sociales.

La propuesta de constituir reservas campesinas es otro factor de conflicto ya que – por ejemplo – en la parte alta de municipios como Caloto, Corinto y Miranda, quedarían superpuestas con territorio indígena. Esa figura se justifica en zonas de colonización en donde los predios campesinos son sujetos de presión violenta o económica, pero no tienen mucha aceptación entre los campesinos mestizos que observan con recelo esta propuesta principalmente por las negativas experiencias que han tenido con la insurgencia, que de alguna manera abandera esa reivindicación. La lucha por la autonomía de las organizaciones sociales frente al Estado, a los partidos políticos y a los actores armados, surge como respuesta desde las bases sociales.

Lo crítico de las luchas por acceso a tierras en el Cauca se refleja en la existencia de diferentes “mesas de tierras”. Una mesa indígena, una de la Cumbre Agraria, otra afro y una más de la ANUC. Allí el gobierno promueve la división y usa el chantaje. A cada una, de acuerdo a los compromisos y a la disposición presupuestal, le asigna cuotas que son insuficientes para resolver los problemas. Es una forma velada de bajar la presión y desvirtuar la lucha por una verdadera reforma agraria democrática. Las “organizaciones sociales” lo permiten y juegan a eso. Incluso se hacen zancadillas y cada quien va por lo suyo. En algunos casos se promueve un nuevo tipo de clientelismo, no se realizan serios esfuerzos para el fortalecimiento de la organización comunitaria sino que se limita a ubicar a los “usuarios” en la cola de los cupos asignados.

¿Qué hacer?

Frente a una realidad compleja y conflictiva como la que se describe, lo lógico es identificar el problema principal. La población crece, el territorio es limitado. Si cada sector actúa por su cuenta, la conflictividad crecerá. Con “decretos autonómicos” o sin ellos, la presión por la propiedad y posesión de la tierra y por el control de las transferencias (servicios de salud y educación) va a seguir en aumento. Y por ello, se necesita conversar y llegar a acuerdos.

Se requiere en primer lugar, el fortalecimiento de la organización campesina, su agrupamiento y coordinación, para ser un factor social y político que pese en el departamento del Cauca y en Colombia. Mientras se mantenga la enorme dispersión campesina y afro, los recursos que se anuncian para el “post-conflicto” serán destinados para los pueblos indígenas y para las zonas de colonización, que tienen cómo presionar al gobierno con organización y movilización social, por un lado, y los contenidos de los acuerdos que se firman en La Habana, por el otro.

Por otro lado, es fundamental entender que frente a las amenazas ciertas (ofensiva territorial del gran capital) y a las realidades existentes (monopolio de las tierras fértiles del Norte del Cauca), el movimiento popular caucano debe unificarse y diseñar un plan estratégico colectivo y conjunto, que enfrente los problemas con una visión política, con mirada de largo plazo y con proyección regional y nacional. Sus propuestas deben ganar opinión entre la población de las ciudades y por ello, deben estar enmarcadas en concepciones integrales y no sectoriales.

Hay que decir que el territorio no sólo se defiende con normas y organización social. Si no se construye una economía fuerte y moderna (competitiva), que responda a los retos de la globalización neoliberal, si seguimos dependiendo de la exportación de nuestras materias primas (petróleo, oro, café, etc.), si la lucha la seguimos enfocando con una mirada asistencialista y dependiente del Estado, el gran capital seguirá reordenando nuestro territorio a sus anchas, la conflictividad se acrecentará y serán las comunidades pobres, las más afectadas. Así, el plan de despoblar el campo que se ha cumplido a la perfección en amplias regiones del país (Urabá, Costa Caribe, Magdalena Medio, Valle del Cauca, etc.), tendrá su concreción en el Cauca. La política de formalización de la propiedad, piedra angular de los acuerdos de La Habana, cumplirá su función de crear las condiciones para tal fin. “Cuando a un pobre le legalizan sus títulos de propiedad es porque se la van a comprar, por las buenas o las malas”, decía un viejo campesino de Guachené que sufrió ese proceso en los años 70s.

Un gran acuerdo entre las comunidades rurales del Cauca que tenga connotaciones e impacto en el desarrollo económico y social de todo el departamento, es posible. Sobre esa base, los problemas territoriales, culturales, jurídicos y políticos tendrán soluciones viables y justas para los diferentes sectores. El Estado no tiene las posibilidades de ser un árbitro neutral y justo. Los intereses de la burguesía transnacionalizada y de los grandes terratenientes están detrás de los gobiernos y funcionarios estatales. No es posible que se siga hablando de “autonomía” y de “poder popular”, mientras se permite que actores interesados en una “guerra inter-étnica” continúen interviniendo en el seno de las comunidades agrarias.

Ni las comunidades indígenas ni las mestizas y afros deben dejarse cercar y encerrar en supuestos territorios ancestrales o étnicos. Es hora de pensar con cabeza propia nuestro desarrollo. El “nuevo campesinado” del Cauca puede hacer propuestas unificadoras, que no sólo permitan unir a las masas agrarias y rurales sino que les den perspectiva de desarrollo a profesionales y técnicos que hoy se enfrentan al desempleo o al trabajo “tercerizado” en las ciudades. La industrialización de nuestras materias primas, la organización de grandes cooperativas para apropiarnos de la comercialización internacional de nuestros productos procesados, el desarrollo de tecnologías apropiadas y agro-ecológicas, la recuperación para la producción de alimentos de las grandes extensiones de tierra del Norte del Cauca, todo ello es posible si nos unificamos y pensamos en grande.

Es evidente que hay un sesgo “indigenista” en el decreto “autonómico” aprobado. Pero la sola “corrección jurídica y normativa” no resuelve el problema. La tarea del momento va más allá. La convivencia no es un problema de buena voluntad. La unidad entre indígenas, mestizos y afros del campo debe ser el primer paso para unificar a la mayoría de los caucanos en torno a la defensa del territorio y al diseño y concreción de un modelo de desarrollo que privilegie los intereses de los pequeños y medianos productores.

¡No a la economía de enclave de agrocombustibles (caña de azúcar o palma africana)! ¡No a la minería a cielo abierto en el departamento del Cauca! ¡No a los mega-proyectos energéticos que no consultan con los intereses comunitarios! ¡No al conflicto inter-étnico y cultural promovido desde el mismo Estado! ¡Sí al diálogo entre las comunidades organizadas! ¡Si a un modelo de desarrollo que proteja el medio ambiente y garantice progreso para los pequeños y medianos productores y los trabajadores, que somos las mayorías!

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[1] Ya se han apropiado de La Salvajina, la prestación del servicio de energía eléctrica, el aseo de Popayán, la exploración de petróleo en el Patía es un hecho, realizan sísmica en las vecindades de Popayán en búsqueda de gas de esquisto o lulita, las áreas de concesión minera superan el 50% del territorio del Cauca, las inversiones en centros comerciales está en pleno apogeo y la adecuación de carreteras troncales muestran la intencionalidad del gran capital.

[2] La categoría “campesino” es de clase, identifica su relación con los medios de producción (propietarios o no, formal, legal o real), su lugar en el proceso productivo y su acceso a la riqueza social. La categoría “indígena” es de carácter étnico, ubica origen, cultura, lengua, mitos fundacionales, etc.

[3] Segunda Cartilla del CRIC, 1970. Mimeógrafo. Cartillas que han sido desaparecidas por la actual dirigencia burocrática del CRIC.

[4] Decreto 1953 de 7 de octubre de 2014: http://bit.ly/1s2VtdP

[5] Jorge Duarte. “Desencuentros territoriales: la emergencia de conflictos interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca”: http://bit.ly/1o2VDDD

[6] Ídem, Óp. cit., Jorge Duarte.

[7] Ídem. Óp. cit. Jorge Duarte.