En pleno enero, cuando buena parte de los habitantes del país están de vacaciones y las oficinas públicas y los tribunales permanecen cerrados, el gobierno de Carlos Menem lanzó un proyecto de ley inmigratoria que no ha hecho más que exacerbar la discriminación en la Argentina. Este proyecto deberá ser discutido por el Congreso Nacional en sus sesiones extraordinarias del mes de febrero, pero se duda que en tan corto término la ley pueda quedar sancionada. Si bien el proyecto de ley apunta a sancionar a aquellos que trafican con inmigrantes ilegales y a los que les dan empleo y alojamiento, el tema no ha hecho más que aumentar la inseguridad de miles de inmigrantes de países limítrofes, especialmente peruanos, bolivianos y paraguayos, ya que pareciera que las restricciones estuvieran dirigidas específicamente a ellos. Con el anuncio hecho por el gobierno, el tema ganó la calle y faltaron pocas horas para que la discriminación se pusiera en marcha. En Córdoba, una mujer peruana no pudo anotar en el Registro Civil a su hija recién nacida. Los empleados la acusaron de querer tener una hija argentina para luego traer a todos los parientes al país. Esta medida es absolutamente ilegal. No hay ninguna regulación del Registro Civil que se refiera a este tipo de restricciones, fue simplemente una reacción xenofóbica de los empleados. En la ciudad de Buenos Aires, decenas de inmigrantes fueron parados en las calles por la policía. Debían mostrar sus documentos de radicación y la policía, en el momento, decidía si estos eran verdaderos o falsos. Si los agentes preferían lo último, el inmigrante no tenía más remedio que "arreglar" la situación con algo de dinero. No conviene discutir. Cuando se le preguntó al jefe de la Policía Federal cómo hacían para detectar a los inmigrantes ilegales, el periodismo llegó a la conclusión de que el método era por "portación de rasgos y color de piel". Pareciera ser que sólo los "blanquitos" pueden ser argentinos. Al menos, esa fue la impresión de un joven empleado en la zona bancaria de la ciudad de Buenos Aires, nacido en Jujuy, cerca del límite con Bolivia, que por poco va preso por no tener sus documentos consigo cuando salió a comprar un sandwich para almorzar. Como la mayor parte de la población de esa provincia, sus rasgos son aindiados, y varios compañeros de trabajo debieron defenderlo para arrancarlo de la avidez policial. El negocio de la ilegalidad Es cierto que el tráfico de inmigrantes ilegales en Argentina se ha convertido en un suculento negocio tanto para traficantes como para empleadores. En algunos casos se trata de empresas fantasmas que traen a los inmigrantes bolivianos, paraguayos o peruanos en camiones, atravesando zonas no vigiladas de la frontera norte del país. Estos inmigrantes pasan a trabajar en las cosechas, en la construcción, con empresas contratistas de las grandes obras viales o edilicias o bien en el cordón de producción frutihortícola que rodea a la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y que abastece con alimentos básicos a este centro urbano de casi 12 millones de habitantes. En otros casos, se trata de empresas constituidas en el país de origen que organizan viajes a la Argentina, con la promesa de empleo inmediato. Esto es particularmente característico del Perú. Todos los días salen varios ómnibus de larga distancia y vuelos a muy bajo precio desde ese país, que traen inmigrantes esperanzados en cambiar su suerte. Estas empresas, las fantasmas y las legales, cobran una suma de dinero a los inmigrantes para asegurarles trabajo. Las ganancias parecen ser millonarias. También hacen su negocio pequeñas empresas de gestores de documentación. La radicación legal en Argentina, realizada ante la Secretaría de Migraciones, cuesta unos 200 dólares. Pero para lograrla se deben presentar partidas de nacimiento legalizadas, certificados de buena conducta de la policía del país de origen y de la policía local y documentación de entrada legal al país. El trámite puede tardar unos meses, de modo que se han montado empresas gestoras que cobran casi el doble por la documentación, pero la entregan en pocas horas. Se sabe que representantes de estas empresas se ubican cerca de las largas colas de postulantes que esperan su turno para iniciar el trámite en la Secretaría de Migraciones y atraen a los inmigrantes con la rapidez del trámite. A esta altura ya no se sabe cuantos documentos ilegales han sido entregados de esta manera. También se han descubierto oficinas similares en puestos fronterizos, como la que existe en Yacuíba, Bolivia, donde se puede tramitar indistintamente un documento boliviano o uno argentino a cambio de unos 250 dólares. Los inmigrantes, tanto hombres como mujeres, se ven atraídos por los salarios que se pagan en Argentina, que resultan bajos ante los costos locales, pero que parecen altos comparados con lo que se paga en los países limítrofes. Una empleada doméstica en Buenos Aires cobra 5 dólares por hora de labor, si trabaja a destajo, y unos 400 dls si trabaja todo el día y vive en la casa de sus patrones. Un albañil cobra entre 30 y 50 dólares por día, según su especialidad, si trabaja en obras particulares. Los peones no especializados que cavan zanjas para que las empresas de servicios públicos hagan el tendido de sus redes pueden llegar a cobrar unos 300 dls mensuales. Si se compara con los salarios mínimos en Bolivia o en Paraguay, que no llegan a los 80 dls por mes, las cifras resultan atractivas, aunque vivir en Argentina sea más oneroso. Además, en Argentina el acceso a la educación pública es gratuita y universal, como también el acceso a los hospitales públicos, que si bien han visto deteriorados sus servicios debido a las políticas de ajuste estructural, continúan prestando atención médica básica de manera gratuita a la población, sin discriminaciones. Por lo que a los mejores salarios, se le debe agregar la posibilidad que tienen los inmigrantes de acceder a la educación de los hijos y a un servicio de salud medianamente bueno casi sin costos. Las razones del gobierno de Menem En Argentina ya existe una ley de inmigración y hay convenios migratorios con los países limítrofes que son renegociados cada tanto. ¿Por qué, entonces, esta necesidad del gobierno de Menem de volver sobre el tema? Por un lado, el tema se usó políticamente para culpabilizar a los inmigrantes ilegales por el aumento de la delincuencia menor en las grandes ciudades. Hugo Francos, titular de Migraciones, llegó a decir que el 60% de los delitos menores que se cometen en Buenos Aires son perpetrados por inmigrantes ilegales. Estas cifras nunca las pudo probar, pero el periodismo se encargó de hacer públicas estadísticas de la propia Policía Federal que señalan la incidencia apenas llega al 7% en los delitos menores y que los índices de criminalidad de los extranjeros alcanza al 18% de todos los delitos cometidos, incluyendo homicidios y tráfico de drogas. En este último rubro, es común la existencia de bandas mixtas, formadas por extranjeros y argentinos. Pero también se quiso culpar a los extranjeros ilegales por el aumento del desempleo. Quizá esto suene extraño, ya que por lo general, estas personas acceden a los trabajos más rudos, menos calificados y peor pagos, que los propios argentinos no quieren realizar. Pero ocurre que el sector de la economía informal ha crecido mucho en el país en los últimos años. Se calcula que prácticamente el 40% de la población trabaja en el sector informal, y es justamente este sector el que emplea a los inmigrantes ilegales, que aceptan menores pagas por igual tarea. Según un análisis realizado por el sociólogo Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para una Nueva Mayoría, si la economía informal representara sólo un 10 o un 15%, la inmigración de los países limítrofes sería sensiblemente menor y no competiría con la mano de obra argentina. Pero como en la informalidad encuentra empleo el 40% de la población económicamente activa, la competencia de los inmigrantes se hace sentir. Esta competencia afecta principalmente a los sectores de clase media baja y clase obrera, que son los primeros en reclamar por el control de la inmigración de los países limítrofes y también los primeros en discriminar. Las clases media en general y las clases altas, que en su mayoría tienen sus empleos en la economía formal, no parecen sentirse afectadas, y, por el contrario, defienden a sus empleadas domésticas peruanas o paraguayas o a sus obreros bolivianos porque los encuentran más cumplidores, más serviciales y con mejores modales que los argentinos. Los principales discursos antidiscriminatorios que se escuchan en estos días en Argentina, provienen principalmente de los sectores medios y altos y de las iglesias. Pero no hay que olvidar que la mayoría de los votantes del Partido Justicialista, de Carlos Menem, pertenecen a los estratos más bajos de la sociedad. Por eso, el ex-presidente Raúl Alfonsín no estuvo errado cuando al responder sobre los posibles motivos de este embate contra los inmigrantes ilegales señaló que Memen se deja guiar por las encuestas y si ve que una mayoría de su electorado lo respalda, no ve problemas en lanzar las medidas. "Diría que hay un pensamiento xenófobo de una parte del pueblo argentino que está contento con el discurso del gobierno. Son todos discursos de derecha", agregó. La inseguridad laboral, creada por las políticas de ajuste estructural aplicadas por el propio gobierno de Menem, que hace unos años atrajo el ingreso de inmigrantes para bajar los costos laborales en Argentina, alimenta en gran medida la incipiente xenofobia que ya se deja ver en Argentina. No hay duda de que el Partido Justicialista sabe sacar provecho hasta de sus medidas más extremas, atrapando a los más afectados por ellas en una suerte de círculo perverso, en el que la lucha es contra sus iguales en desgracia.