Reuniones secretas desarrolladas el miércoles 11 de octubre -entre el gobierno, la oposición parlamentaria y el propio Sr. La Torre, comisionado de la OEA- salieron a luz este fin de semana. Quedaron fuera los representantes de la sociedad civil, es decir, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Central General de Trabajadores (CGTP), el Consejo por la Paz, la Confiep, la Iglesia Católica y hasta el Defensor del Pueblo. Y claro, la prensa no supo nada de su realización y el país, menos aún. Así, casi de refilón y, probablemente, gracias al malestar provocado en el congresista Fernando Olivera por el sonoro fracaso de la ilusa "censura" a la mesa directiva del Congreso tránsfuga, los peruanos conocimos que ya comenzaron a aparecer las "condiciones" del militarismo y del fuji-monte- cinismo para darle paso a la transición política bajo su tutela y manipulación. Los actores de la reunión de marras no han informado todo lo que se trató bajo el manto de la secrecidad. Olivera ha señalado 2 temas claves, pero el congresista Solari, que también estuvo en el cónclave a nombre de Perú Posible, ha advertido que hay otros planteamientos adicionales y más graves aún, aunque no los ha revelado. Según la versión conocida, el Ministro Bustamante, que fue el vocero de Fujimori, planteó la exigencia de producir modificaciones constitucionales para que la transición política tenga curso, cuando menos en 2 asuntos: - Legalizar en el ámbito constitucional, todas las medidas adoptadas luego del golpe del 5 de Abril de 1992 hasta la instalación del Congreso Constitucional Democrático (CCD); y, - Establecer -con rango constitucional también- una amnistía para los militares, policías y funcionarios públicos que cometieron violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad en las acciones contrasubversivas y de represión al narcotráfico y la delincuencia común, es decir, el establecimiento de un régimen de impunidad constitucional para los responsables de delitos contra los derechos humanos. Los demandas del fuji-monte-cinismo, que no conocemos en su integridad, son pues la razón del sorpresivo caballazo del oficialismo y su Congreso tránsfuga, el pasado viernes 13, al prorrogar -inconsulta y unilateralmente- los plazos para terminar la actual legislatura hasta fin de mes. Esta debió terminar el pasado 15 según los acuerdos de la mesa de negociación de la OEA, ratificados por el mismo Congreso semanas atrás. En síntesis, le han puesto plazo a la adopción de una serie de cambios constitucionales que se impondrían como condición para las elecciones y la transición política, y que se sintetizan en impunidad total. Quieren legalizar todas sus trapacerías, hacerlas irrevisables, y establecer un régimen de amnistía -en el ámbito constitucional- para delitos contra los derechos humanos y delitos comunes. Pero, ojo, no son estas las únicas exigencias, según señaló Solari. Días decisivos Estamos advertidos y debemos ser conscientes de las tensiones que han de rodear estas 2 semanas, pues la introducción de los cambios constitucionales tienen plazo fijo y requieren que una parte, por lo menos, de la oposición parlamentaria asuma estas demandas, se suba al carro, y le de al fuji-monte- cinismo los 80 votos necesarios en el Congreso tránsfuga para imponer un cambio constitucional. Son pues días decisivos, que exigirán de la mayor movilización popular y democrática para impedir la consagración de la impunidad y frenar los arrestos autoritarios del militarismo y el oficialismo. Los Frentes Regionales, la CGTP, la CCP (Confederación Campesina) y las organizaciones laborales, los colegios profesionales, los organismos de derechos humanos, las organizaciones juveniles, las Iglesias y confesiones religiosas, las fuerzas y partidos políticos democráticos, en síntesis, todo el país, deben pronunciarse y movilizarse enérgica y decididamente. Es momento de acelerar la preparación de Paro Cívico Nacional contra el Chantaje y la Impunidad, por el apartamiento de Fujimori y sus vicepresidentes, del gabinete Salas-Boloña y de los mandos militares montesinistas para permitir que un gobierno provisional organice y garantice elecciones democráticas y transparentes, sin tutela del militarismo y el fuji-monte-cinismo. Es momento de que la comunidad internacional advierta con claridad y firmeza a quienes están tentados de una aventura golpista. El increíble "argumento" de los ministros Trazegnies y Bustamante, asi como del congresista Delgado Aparicio se sintetiza en impedir una "caza de brujas" en las FF.AA. y PNP. ¿De cuándo acá la aplicación de justicia independiente se califica como "cacería de brujas"? ¿Cómo aceptar que no se conozca la verdad ni se administre justicia en casos de violación de derechos humanos y de corrupción evidente? ¿Qué significa aceptar estas demandas y actuar siguiendo las órdenes de quien tiene la espada desenvainada? ¿Es posible transitar así a una auténtica democracia o vamos un sistema político basado en el chantaje permanente? Total Impunidad El CCD ya dio, por iniciativa de Siura, Martha Chavez, Rafael Rey, Alejandro Tudela y demás congéneres, una Ley de Amnistía a favor de los responsables de delitos contra los derechos humanos en las acciones antisubversivas, desde 1980 hasta Julio de 1995. Con esta ley liberaron a los asesinos del Grupo Colina (Santiago Martín Rivas, Pichilingue y compañía), responsables de la matanza de La Cantuta y de la de Barrios Altos. Los devolvieron a la calle y a las andanzas, al igual que al responsable de la matanza de Acomarca y Llocllapampa, el entonces Subteniente de 1985, Telmo Hurtado Hurtado, que hoy es Mayor en actividad del Ejército Peruano. Esta ley, además "prohibe" investigar toda denuncia referida a cualquiera de estos gravísimos hechos de violación de los derechos humanos que sufrieron miles de peruanos, deja a los afectados y los deudos sin indemnización alguna, y hunde esta terrible historia en la sombra espesa de olvido legal. La ley de amnistía del 95 constituye una violación de tratados internacionales que prohiben amnistiar delitos de lesa humanidad, razón por la cual se ha exigido al Perú declarar la nulidad de esta ley de marras. Lo sorprendente es que ahora demandan darle rango constitucional y - seguramente- ampliarla a Julio del 2001. Pero además, quieren abarcar delitos comunes y evidentes hechos de corrupción. Quieren cuidarse las espaldas de la investigación judicial y parlamentaria independiente de los vínculos entre Montesinos y el narcotráfico, entre traficantes de droga y otros funcionarios del Estado y las FF.AA., así como impedir que se escruten los negociados en las privatizaciones irregulares de empresas del Estado, las irregularidades de la compra de papeles de la deuda externa, las coimas en compras de armas y licitaciones de obras públicas, los problemas en Foncodes y muchos otros asuntos. Por ello, quieren cubrirse también del período del régimen de facto, luego del golpe del 92, aunque ya el CCD les legalizó toda su actuación. Quieren ratificar el compromiso de que gozaran de total impunidad. Ya Monseñor Bambaren y el Defensor del Pueblo lo rechazaron, luego de saber lo que trató la reunión secreta. Ciertamente, se han ido agregando otros asuntos en el mismo sentido o para pretender diluir las peligrosas exigencias hechas. Se ha planteado darle a Fujimori el rango de Congresista Vitalicio (como Pinochet en Chile) para protegerlo con inmunidad parlamentaria permanente. Así mismo, a modo de distracción, se ha solicitado revisar lo del distrito electoral único en el ámbito constitucional, cuando es un problema referido a la Ley Electoral y no requiere de ninguna modificación de la Constitución. Entre tanto, el gobierno sigue avanzando con su plan de impunidad y defensa de Montesinos. Salas, el tránsfuga mayor y cómplice de Montesinos, ha iniciado la farsa de la "desactivación" del SIN, sin la presencia del delegado de la sociedad civil en la comisión encargada de esta tarea. Para ello, han vetado u objetado todas las propuestas hechas por los partidos de oposición parlamentaria y por los delegados de la sociedad civil en la Mesa de Diálogo de la OEA. Luego han argumentado que no pueden ser esperando, para cumplir con los 15 días que establece la ley respectiva. Con ello, teatralizan la "desactivación" con total libertad, pasando personal, unidades operativas e infraestructura al SIE y otros servicios de inteligencia militar. La oposición parlamentaria está ahora en un dilema, particularmente quienes -como Olivera- predican la desmovilización popular y la "serena expectativa", buscando desactivar la única vía que tenemos los peruanos a la mano: la resistencia civil, la desobediencia ciudadana y la insurgencia democrática que importantes contingentes del pueblo han emprendido desde la Marcha de los 4 Suyos. Pueden ponerse firmes, informar abiertamente al país de las absurdas demandas del régimen, y cerrar el paso a estas maniobras en el Congreso. Pueden retoman la relación con la movilización política de masas que el pueblo mantiene, como el mitin del 17, y comprometerse con el Paro Cívico Nacional que se está preparando por los Frentes Regionales y el Frente Amplio. Pueden dejar la frágil coordinación y articular un Frente Nacional por la Democracia, consistente y orgánico, para apartar a Fujimori y los mandos militares del poder, y conquistar un Gobierno de Emergencia nacional que convoque elecciones limpias. O pueden, en su defecto, jugar a un supuesto "realismo" desmovilizador, aceptar el chantaje del "borrón y cuenta nueva", someterse a la tutela y aceptar la manipulación del régimen sobre la transición política. Es hora de decisiones trascendentes. El cauce de la resistencia civil y la insurgencia democrática está abierto y su camino a la victoria no se detendrá hasta conquistar la democracia y la justicia.