Dafne Sabanes Plou

Muchos argentinos vivieron un momento de alegría cuando se anunció el
procesamiento de Domingo Cavallo por el caso del contrabando de armas
a Croacia y a Ecuador, que tuvo lugar cuando era ministro de
Relaciones Exteriores y más tarde superministro de Economía. El mismo
juez lo había citado a declarar en septiembre del año pasado, cuando
todavía era ministro del gobierno de De la Rúa, y nada había ocurrido.
Ya sin fueros, fue sencillo para el juez detener al ex ministro y
procesarlo por considerarlo partícipe necesario en el contrabando de
las armas.

Grupos de manifestantes llegaron a celebrar la prisión de Cavallo
frente mismo al cuartel de la Gendarmería Nacional donde estaba
detenido. Mientras tanto, la consultora Ibope OPSM hacía una rápida
encuesta telefónica sólo para descubrir con sorpresa que, si bien el
45,5% de los encuestados opinaba que el juez que ordenó el arresto de
Cavallo no estaba actuando de acuerdo a derecho, sino por presiones
del poder político, el 78,5% consideraba que el ex ministro merecía
ser acusado o detenido por algún otro hecho, hasta por su gestión como
ministro, independientemente del tráfico de armas.

Para la mayoría de los argentinos, Cavallo es el responsable principal
del desastre económico y social por el que atraviesa el país en la
actualidad, y de alguna manera, su detención significa para la gente
común que está pagando por haber aplicado políticas neoliberales y
monetaristas a ultranza que sólo favorecieron a las corporaciones
transnacionales y al capital financiero, empobreciendo a la población
y destruyendo la industrialización del país.

Los partidarios de Cavallo, la mayoría miembros de su partido político
Acción por la República, sostienen que la detención tiene tintes
políticos. Una denuncia periodística firmada por el prestigioso
Horacio Verbitsky en el matutino Página 12, señala que el jefe de los
servicios de inteligencia, Carlos Soria, se reunió en enero pasado con
un grupo de jueces a los que les pidió informalmente la detención de
Cavallo y de los banqueros Rohm, del Banco General de Negocios, y
Escassany, del Banco de Galicia. Según versiones, estas detenciones
descomprimirían las exigencias de la sociedad sobre el gobierno. Si
bien nadie desmintió la reunión ni esta situación de grave ingerencia
del gobierno en el ámbito de la justicia, los jueces consultados
señalan que de haberse realizado tal pedido, cayó en saco roto, ya que
los jueces que detuvieron a Cavallo y a Rohm, no estaban en esa
reunión. No obstante, esta maniobra deja al descubierto que no se han
dejado de lado las viejas prácticas del gobierno justicialista
liderado por Carlos Menem en la década del 90, cuando llovían las
denuncias de que el Poder Ejecutivo recurría a los jueces "amigos?
para lograr fallos que lo favorecieran.


Sin soluciones ni alternativas

Pero ni la prisión de Cavallo ni el enojo de la población han cambiado
el rumbo de las medidas del gobierno que continúan favoreciendo a la
banca y a las grandes corporaciones. Siempre se conoció al presidente
Eduardo Duhalde como un político atento al resultado de las encuestas
de opinión, para encaminar sus acciones de gobierno de acuerdo al
humor general de la población. Las encuestas continúan hablando, pero
el gobierno justicialista prefiere acatar las presiones externas y
continuar negociando con el FMI en una situación humillante, cuando de
acuerdo a la consultora de Graciela Rommer, el 77% de la ciudadanía
considera que habría que cortar estas negociaciones y buscar otras
alternativas para solucionar la grave crisis que afecta al país.

El enviado del FMI, el indio Anoop Singh, utilizó las dependencias del
Ministerio de Economía y del Banco Central como si fueran su propia
casa durante los quince días que duró su visita de inspección. Hizo
declaraciones a la prensa exigiendo el ajuste en las provincias,
señalando que seguramente eso aumentaría el desempleo y expresando que
sólo con disciplina y acatamiento podría comenzar a negociarse un
desembolso de fondos para aliviar la situación argentina. Durante
esos 15 días, la vida política argentina pareció girar alrededor de lo
que dijera o dejara de decir el funcionario del FMI.

Si se llevara a cabo el ajuste que pretende el FMI en las provincias,
las consecuencias serían un aumento importante del desempleo y una
caída aún más abrupta de las economías regionales. Buena parte de las
provincias argentinas sobreviven gracias a que han emitido bonos
propios que circulan como moneda y es aceptada por los negocios y para
el pago de servicios públicos. Con estos bonos pagan los salarios de
sus funcionarios, docentes, médicos, policía y otros servicios. La
mayoría de estas provincias no está en condiciones de dejar de pagar
en bonos sus obligaciones en los plazos que exige el FMI. Se calcula
que hacerlo significaría dejar a unas 35.000 personas desempleadas,
que se sumarían a las 270 mil que perdieron su trabajo desde el
comienzo de la crisis en diciembre pasado.

Estas personas, seguramente, engrosarían las manifestaciones que a
diario recorren las calles y rutas de todo el país. En el mes de
marzo hubo 320 cortes de rutas a lo largo y a lo ancho de Argentina,
con marchas de protesta pacíficas, pero exigentes. En lo que va del
año cerraron ya 90 mil comercios minoristas y en algunas provincias el
desempleo ronda el 25% de la población. En la zona más densamente
poblada del país, que rodea a la ciudad de Buenos Aires, el 48% de la
población vive en la pobreza y el número de indigentes ha aumentado
considerablemente.

Pero el gobierno de Duhalde sigue sin marcar políticas claras, ni en
el campo económico, ni en el social. En este momento lo salva un
acuerdo momentáneo con la Unión Cívica Radical en el parlamento, que
le permite avanzar con algunas leyes, que lamentablemente sólo
responden a las exigencias del FMI. Al justicialismo y al radicalismo
los une la necesidad de defender los intereses de sus partidos
políticos ante el temor de desaparecer como tales. En una encuesta
reciente, el radicalismo apenas alcanzaba el 2% de intención de voto.

Las exigencias externas no ceden y los altos funcionarios del gobierno
parecen dispuestos a cumplir con medidas que sólo aumentarán la
crisis. Ya se ha escuchado decir a más de un funcionario de EEUU y de
los organismos financieros internacionales que Argentina deberá "tomar
una amarga medicina" para curarse de sus males económicos. No habrá
consideración para este alumno díscolo, que pasó de ser modelo a
ocupar el rincón de los aplazados.