Representantes de la Iniciativa Mesoamericana sobre Comercio, Integración y Desarrollo Sostenible (CID) exigieron este martes, 25 de junio, en conferencia de prensa, que en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos se incluyan cláusulas laborales, ambientales y migratorias, así como los planteamientos de la sociedad civil. La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Cnoc), la Coordinación de ONG¹s Cooperativas (Congcoop) y el Consejo de Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica (Cideca) son las organizaciones que integran esa agrupación mesoamericana. Los miembros de ese movimiento expresaron que las imposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM), el Banco Centroamericano Integración Económica (BCIE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) crearán un grado de dependencia mayor al actual. Jorge Salazar, representante de CIDECA calificó los tratados de libre comercio y el Plan Puebla Panamá (PPP) como políticas impuestas por Estados Unidos, en beneficio de ese país y no para el desarrollo de los pueblos de Centroamérica, como lo han planteado los impulsores. Según Salazar, esas medidas se reflejan en los intentos del presidente estadounidense, George Bush, para implementar el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y el TLC de su país y Centroamérica, así como en la iniciativa puesta al debate por el mismo mandatario en el Congreso estadounidense, para agilizar los mecanismos de suscripción. Byron Caroz integrante de la CONGCOOP, dijo que la práctica y experiencia de países como México ha demostrado que en la suscripción de dichos tratados no se incluyen cláusulas laborales, ambientales y migratorias, así como las diferencias económicas entre las naciones que los suscriben. A decir de Caroz, la CID se opone a las políticas que atentan contra del desarrollo de la región, tales como la creación de fuentes de trabajo con mano de obra barata y la implementación de proyectos sin previa consulta a la población. Marcos García, representante de la CNOC, destacó que uno de los graves riesgos de la implementación del PPP y el ALCA es la utilización irracional de los recursos naturales y el intento de patentar el patrimonio cultural y la biodiversidad para usos privados y no colectivos. García hizo un llamado a la población para que tome en cuenta los graves riesgos de esos proyectos, en especial cuando las sociedades no han sido tomadas en cuenta en los procesos de negociación. Las organizaciones demandaron a los presidentes de Centroamérica y México, que se reunirán el jueves y el viernes, 27 y 28 de junio, en Mérida, Yucatán, México, que contemplen en el PPP las diferencias de los países involucrados. (Centro de Estudios de Guatemala)