El actual Congreso está en la imperiosa necesidad de poner sobre el tapete el debate constitucional y definir y restablecer el imperio de la Constitución de 1979, poniéndole punto final a una década de arbitrariedad. Un asunto de tamaña trascendencia merece debatirse ya, cuanto antes. Insistir en la vigencia de un documento con el cual Fujimori pretendió lavarse la cara ante la comunidad internacional y a la vez asegurar enquistarse en el poder, es un despropósito. Pero no sólo por una cuestión de principio se impone el retorno a la Constitución de 1979 sino que es imprescindible dar este paso para reivindicar derechos fundamentales que los golpistas eliminaron de un plumazo. Los peruanos, luego de la patraña que significó un Congreso Constituyente Democrático en el interregno de un régimen de facto, debatiendo entre tanques y bayonetas, y un posterior referéndum sin garantías, sufrimos súbitamente una arbitraria supresión de derechos políticos, económicos y sociales adquiridos, los cuales por un principio jurídico elemental no podían ser eliminados. Los golpistas sustentaron que eran "letra muerta", que no se cumplían. Argumento superfluo y deleznable, ya que correspondía al Estado realizar denodados esfuerzos para que estos fuesen respetados y cobraran vigencia efectiva. El hecho de que en la práctica no se respetasen a cabalidad y para todos los ciudadanos, no justificaba su eliminación. El texto de 1993 La llamada Constitución de 1993, que en el papel promovía una economía social de mercado, en la práctica impuso el reino de los monopolios y oligopolios, la extranjerización de la economía nacional y la erradicación del concepto de solidaridad social. En la Carta Magna de 1979, el Estado tenía el deber de "garantizar a todos la seguridad social", hoy el texto de 1993 reconoce únicamente "el derecho progresivo de toda persona a la seguridad social". Como consecuencia de ello, el Estado evade hoy su responsabilidad de garantizar a todos la seguridad social, así en la década fujimorista un millón de trabajadores se ha desafiliado al IPSS (hoy EsSalud). En cuanto al régimen pensionario de miles de jubilados, este se ha visto meridianamente afectado al suprimirse el precepto que velaba por los reajustes periódicos, en aras de protegerlos de la inflación. También se ha desnaturalizado la razón de ser de los regímenes pensionarios al exigirse como edad mínima para la jubilación 65 años, cifra superior al promedio de vida de los peruanos. Así también, de un Estado preocupado por la "protección integral de la salud" se ha pasado a un Estado que únicamente "facilita el acceso a los servicios de salud". Ahora le han quitado recursos a Essalud para dárselos a las empresas privadas prestadoras de salud, las EPS, poniendo en riesgo la calidad de su servicio. Asimismo, se lesionó el derecho a la educación gratuita en todos los niveles, pues ahora sólo se reconoce el derecho a educarse gratuitamente en universidades públicas a los alumnos destacados que no tengan dinero, lo que implica una suerte de discriminación. En el ámbito laboral es donde más se han sentido las consecuencias del liberalismo impuesto por el texto de 1993. De una estabilidad plena, se pasó al ambiguo eufemismo de "adecuada protección contra el despido arbitrario", abriéndose con esto la puerta, a otorgarle a los empleadores la potestad para despedir con arbitrariedad. Se eliminó igualmente el precepto que garantizaba asignaciones a trabajadores con familia numerosa y los mecanismos de protección a la madre trabajadora. Nuestro folclore e identidad cultural también sufrieron menoscabo a consecuencia del írrito texto de 1993. El Estado ya no asume el compromiso de estimular el folclore, el arte popular y la artesanía, ni garantiza el derecho de las comunidades nativas a recibir educación primaria en su propio idioma, lo que implica de una parte, una inadmisible desidia estatal en difundir lo nuestro, tanto al interior del país como en el extranjero, y de la otra, un deseo subrepticio de homogenizarlo todo, de diluir nuestras raíces y convertir al Perú en una masa humana sin historia ni arraigo Muchos otros derechos fundamentales fueron suprimidos o menoscabados por la llamada Constitución de 1993 y deben ser reivindicados. Retornar a la Constitución de 1979 Los actuales congresistas y el propio gobierno se encuentran obligados a restablecer el imperio de la Constitución de 1979. Seguir rigiéndonos por la Constitución de los golpistas implica no sólo avalar un quiebre constitucional sino también negarle a millones de peruanos el acceso a la justicia social. Durante la dictadura era imposible hacerlo, igualmente durante el Gobierno Transitorio por la brevedad del mismo y atendiendo a que su principal objetivo era realizar un proceso electoral sin irregularidades. Ahora, con un Congreso surgido de comicios diáfanos, cabal reflejo de la voluntad popular, sería escandaloso no bregar por restablecer su vigencia. Además, el restablecer el imperio de la Constitución de 1979 nos permitirá resarcir al erario público lo saqueado a través de la incautación de los bienes a todos los que se enriquecieron tras usurpar el poder, por medio de un juicio político a cargo del Congreso. La Constitución de 1979 no ha fenecido, sigue latente, está siendo suplantada por un texto nulo de origen. En alguna gaveta del Congreso se encuentra el proyecto de ley que tiene por finalidad restablecer su imperio y merece, dada su trascendencia, prioridad en la agenda.