El presidente de la República ha ofrecido compensar a las Patrullas de Autodefensa Civil por todo el daño, que estas le causaron a la población civil indefensa a lo largo de mas de una década, en el periodo comprendido de 1982 a 1995. La oferta de tipo económica, permitió que se reorganizaran los ex integrantes de las bandas paramilitares, llegando en estos momentos a un total de 612,000, situación que pone en peligro la frágil democracia que se ha venido construyendo a lo largo de los últimos años, porque es viable y seguramente así ocurrirá, que el terror volverá a las áreas rurales del país. Estos 612 ex paramilitares, están organizados por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala -AVEMILGUA- y otros conocidos militares, que en el pasado reciente dirigieron el terror en Guatemala. Entre 3,200 y 3,700 millones de quetzales le costará al pueblo de Guatemala financiar a quienes violaron los derechos humanos, siendo responsables de por lo menos 230 masacres, por el solo hecho de conseguir votos en las próximas elecciones a celebrarse en noviembre de 2003. El pago a los ex patrulleros, constituye compra de votos, que a su vez se traduce en fraude electoral, como no se había visto por lo menos durante las dos últimas décadas. El daño que se le causará al país, al haber reorganizado a mas de medio millón de violadores de los derechos humanos es sumamente grave, no será posible desarticular esa organización durante muchos años. A la par del pago a los ex patrulleros, decenas de miles de maestros y de víctimas de violaciones a los derechos humanos claman por que se les incremente el salario o se les otorgue resarcimiento por el daño que se les causó. Sin embargo estos sectores no son escuchados por el gobierno, porque no constituyen votos en las siguientes elecciones. El FRG podría ganar las siguientes elecciones de manera fraudulenta, pero la justicia social los señalará como los responsables de haber puesto en peligro la democracia en Guatemala. Guatemala 4 de marzo de 2003