EL TLC asegurará todos los derechos para los inversionistas y ninguno para los ciudadanos. El caso de ECOPETROL muestra que la entrega del recursos petrolero es la cuota inicial del gobierno colombiano en las negociaciones.

Uno de los temas que tendrá gran importancia en el proyectado acuerdo bilateral de libre comercio entre países andinos y Estados Unidos es el de la inversión.

Estados Unidos quiere, como se formuló en el tratado de América del Norte, TLCAN, el de Chile y el de Centroamérica, garantías totales para la inversión extranjera, de tal forma que esta no deba sujetarse a los proyectos de desarrollo local y que pueda entrar y salir libremente sin comprometerse con metas de empleo, reinversión de utilidades o transferencia de tecnología.

En Colombia una de las áreas, sino la única en las que este tipo de inversión se concretaría es la de hidrocarburos, más con la difícil situación mundial de abastecimiento para Estados Unidos dados sus problemas en el Medio Oriente, Irak y Venezuela. Por esa razón el gobierno de Uribe, adelantándose a las peticiones que haría Estados Unidos y siguiendo las recomendaciones de R. Hommes que cuando era asesor presidencial, atribuyó el fracaso de la experiencia mexicana en materia de libre comercio, entre otras cosas a que no se liberalizó completamente el sector petrolero, DESDE EL AÑO PASADO DECIDIÓ PROFUNDIZAR EL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN EN COLOMBIA "para que no nos pasara lo de México".

Decisiones como eliminar la participación del Estado en la distribución de las ganancias en los contratos de asociación, la prorroga indefinida a la Occidental para que explote Caño Limón hasta su agotamiento, al igual que la hecha con la Chevron Texaco para explotar hasta el agotamiento los yacimientos de gas de la Guajira, avanzan en este sentido. Y sobre todo, la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, para entregar el recurso petrolero a las multinacionales, la cual forma parte de la misma política de dar toda clase de garantías a las multinacionales y al capital extranjero y limitar y marchitar la participación del Estado en la economía.

Estas medidas son una garantía que da el gobierno de Uribe a Estados Unidos de que sus intenciones al abordar las negociaciones para suscribir el TLC son firmes e inclusive está dispuesto a entregar el petróleo sin ninguna contraprestación. El tratamiento dado al tema laboral también es ilustrativo pues mientras que la OIT determinó que la explotación petrolera no es un servicio público esencial, el gobierno colombiano declaró ilegal la huelga petrolera. De tal forma que se prefigura la situación que en el marco de un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos será la norma: todos los derechos para los inversionistas, ninguno para los ciudadanos.

La resolución del problema de ECOPETROL tendrá un impacto definitivo en las negociaciones del tratado, por lo tanto exigimos que se respeten los derechos de los trabajadores y se preserve la propiedad estatal de los hidrocarburos y la capacidad del Estado para aprovechar esta importante fuente de riqueza. Mañana se perderá el agua, la biodiversidad, el patrimonio genético, los bosques entre otros y los derechos de los trabajadores serán eliminados.