El pasado 21 de mayo la Corte Suprema de Canadá emitió la sentencia final del caso Monsanto contra los agricultores canadienses Percy y Louise Schmeiser, culminando así una lucha legal que duró ocho años, a partir de la acusación de la trasnacional de que estaban "violando" su patente de canola transgénica (resistente al herbicida RoundUp). Los Schmeiser -agricultores familiares por más de tres generaciones- nunca quisieron la canola transgénica: sus campos se contaminaron por viento e insectos y no lo supieron hasta que Monsanto envió sus detectives secretos a sacar muestras y una carta amenazándolos con llevarlos a juicio si no pagaban los miles de dólares que estimaba le debían por regalías. En lugar de amedrentarse por las amenazas del gigante trasnacional, Percy salió al mundo a contar su caso, entendiendo que esto era un precedente grave para todos los agricultores a los que se les contaminara su campo. En estos años, otras cortes menores sentenciaron dos veces contra los Schmeiser, alegando que, aunque no se podía demostrar su culpabilidad, debían haber advertido a esa empresa que podría haber plantas contaminadas accidentalmente y pedirle que las retirara, o de lo contrario se estaban "aprovechando" de los genes patentados. Por esta razón, los condenaron a pagar casi 20 mil dólares de multas y regalías y más de 150 mil dólares por los gastos de juicio, además de que Monsanto los amenazó con nuevos juicios por salir a contar el caso al público. La reciente sentencia de la Corte Suprema, por cinco votos contra cuatro, afirma que la patente sobre genes de canola transgénica es válida también en las plantas contaminadas, y por tanto los Schmeiser estaban ?"privando a Monsanto del pleno gozo de su monopolio"! al "usar" plantas que contenían genes con su patente. Sin embargo, consideraron que los Schmeiser no tienen que pagar nada a Monsanto, porque no sacaron ningún provecho de la canola transgénica, ya que nunca usaron el herbicida RoundUp. Pero los Schmeiser, ambos de más de 70 años, no sólo resultaron inocentes de los cargos, sino que ?sufrieron el daño de la contaminación, muchísimos gastos en el proceso, y el acoso legal y propagandístico por más de ocho años! Según Pat Mooney, director del Grupo ETC, con sede en Canadá, "Monsanto se consiguió una patente inflable. Ahora puede decir que sus derechos se extienden hasta cualquier cosa en la que se introduzcan sus genes, ya sean plantas, animales o humanos". La Corte de Canadá fue incluso más allá de la ley de patentes de Estados Unidos -notoriamente pro monopólica-, porque sentenció que la patente sobre un gen se extiende a cualquier organismo superior que contenga al gen patentado. "Bajo este veredicto, la expansión de la contaminación se convierte en una estrategia renditiva de las corporaciones para extender sus monopolios", dijo Mooney. La sentencia implica que si un agricultor tiene semillas o plantas que contienen genes patentados corresponde al agricultor probar que no está infringiendo la patente monopólica de la compañía. En el mundo de Monsanto, todos somos criminales hasta que una Corte diga lo contrario. Monsanto, que controla actualmente 90 por ciento de los transgénicos plantados comercialmente en el mundo, es seguramente uno de los responsables de la contaminación del maíz campesino en México. A la luz de este hecho es aún más ignominiosa la propaganda que está publicando en periódicos de Chiapas: en un aviso pagado que comienza diciendo "Amigo agricultor:", advierte a los campesinos que si usan "ilegalmente" sus genes patentados (en este caso de soya transgénica) en "importación, siembra, guarda, comercialización o exportación" podrán sufrir cárcel y multas mayores. Además instigan a que si tiene dudas, "o conoce alguna situación irregular", se contacte con Monsanto, para evitar ser "cómplice". (En Canadá ofrecían una chamarra de cuero por delatar a los vecinos, pero la trasnacional cuenta con que para los campesinos chiapanecos bastan las amenazas). En México no están permitidas las patentes sobre plantas, e incluso las plantaciones de soya transgénica de Monsanto en Chiapas se han hecho como "experiencias de campo" o bajo un eufemismo dudosamente legal llamado "programa piloto" que aunque son miles de hectáreas, por irresponsabilidad de las autoridades de agricultura y "bioseguridad", no son plantaciones para "comercialización". Por tanto, si hay alguien cuya legalidad debiera ser analizada es la de la propia Monsanto. Y yo aquí mismo lo denuncio, para no ser acusada de complicidad. Todas las patentes de Monsanto son biopiratería porque se basan en los miles de años de trabajo colectivo y público de campesinos e indígenas en el mundo, que crearon y desarrollaron las variedades que luego las empresas usan en sus laboratorios. La amenazas de esa empresa en Chiapas y la sentencia de la Corte Suprema de Canadá muestran una vez más que la (i)lógica de las empresas trasnacionales parecen tener a su servicio los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Pero lo que no ha logrado es convencernos de que tienen razón. Por el contrario, los ataques cada vez más virulentos de Monsanto sólo exponen sus injusticias y alimentan la resistencia que existe en las poblaciones del mundo entero a los transgénicos. * Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC