Seis campesinos y tres policías muertos, decenas de heridos, vapuleados, periodistas agredidos por las fuerzas de seguridad, violencia y militarización del área ubicada en los alrededores de la finca "Nueva Linda" ha sido el saldo de la jornada de sangre y violencia que el día de ayer 31 de agosto se registró en el intento de desalojar a los campesinos que desde el 5 de septiembre (de 2003) mantenían ocupada pacíficamente esa propiedad. A continuación damos a conocer el orden en que se fueron dando los hechos en la región: 1.. En demanda de tierras; durante dos años un grupo de campesinos ocupó la carretera a Champerico, con el apoyo de diversas organizaciones sociales lograron que el fondo de tierras les adjudicara la finca "Monte Cristo". 2.. Uno de los beneficiados de la adjudicación de la finca era Héctor René Reyes, quien a pesar de ser el administrador de la finca "Nueva Linda" se fue convirtiendo en dirigente de los campesinos. El propietario de esta finca se opuso a que el administrador se fuera a vivir a la finca "Monte Cristo". 3.. Unos días después de la adjudicación Héctor René Reyes recibió una visita del guarda espaldas del propietario de la finca, con el propósito de recoger las escopetas y otras armas que habían en la finca. 4.. El guardaespaldas le pidió al administrador que lo acompañara a visitar la finca y otras propiedades del finquero, horas más tarde el Guardaespaldas regresó solo, diciendo que había dejado al Héctor René Reyes en Retalhuleu. Desde ese momento se desconoce su paradero. 5.. El grupo de campesinos de la finca "Monte Cristo" ocupó la finca "Nueva Linda" el 5 de septiembre, inmediatamente tuvieron el apoyo de otras asociaciones campesinas de la región. 6.. Por testimonios se tiene información de que el narcotráfico vinculado con propietarios de fincas, mantienen presencia en la región, sin que las autoridades hayan investigado a los mismos. Se cree que para protegerse de los narcos, los campesinos se vieron en la necesidad de armarse. La ocupación de la finca se originó a causa de la desaparición de Héctor René Reyes quien además de ser el administrador de la finca, era el dirigente de los campesinos de la región. Este crimen no fue investigado, por lo que para presionar a las autoridades de la PNC, Ministerio Público, se produjo esa acción de hecho. Nunca se buscó negociar o hacer cumplir la ley en el sentido de que el crimen fuera esclarecido y los responsables de la desaparición fueran procesados. Al contrario el propietario de la finca y las autoridades buscaron orden de juez competente para el desalojo violento de los campesinos. Estos a su vez preparados para repeler el desalojo estaban fuertemente armados, sin que se pueda explicar el origen de las armas, algunas de grueso calibre. Es lamentable que en aras de proteger la propiedad privada y la impunidad, se haya recurrido a la fuerza y a la violencia, en lugar de promover el diálogo y la negociación con los campesinos en aras de cumplir con sus justas demandas. Según testigos al menos uno de los campesinos fue ejecutado extrajudicialmente, además varios periodistas fueron agredidos por parte de las fuerzas de seguridad. Estos son crímenes que no pueden quedar en la impunidad. Por lo mismo el GAM propone públicamente la conformación de una comisión multisectorial, integrada por funcionarios del organismo ejecutivo, Congreso de la República, Procuraduría de los derechos humanos, Ministerio Público y organizaciones de derechos humanos, para investigar y esclarecer lo ocurrido el día 31 de agosto. No se puede poner en peligro el Estado de derecho y la construcción de la democracia, permitiendo que grupos ilegales funcionen en el país, pero tampoco se puede permitir que las autoridades golpeen, torturen y agredan campesinos, previamente a ejecutarlos extrajudicialmente. El GAM exige a las autoridades que los hechos del 31 de agosto sean esclarecidos, que los responsables sean capturados y se les castigue con todo el rigor de la ley. Guatemala 1 de Septiembre de 2004.