Antes de avanzar en la discusión si lo que más conviene para Colombia es un sistema parlamentario o un Presidencialismo con más poderes, hay que resolver un interrogante: ¿la preocupación es reelegir a Álvaro Uribe o realmente se evidencia el agotamiento del sistema presidencial? En principio pareciera que la mayoría de los que están hoy promoviendo el cambio constitucional, lo que los mueve es el deseo de prolongarle el período al actual Presidente, con nombre propio y no porque haya un análisis acerca de las insuficiencias del régimen presidencial. Prima la creencia, seguramente equivocada, pero en fin la creencia en un liderazgo mesiánico como mecanismo para resolver los problemas nacionales. Probablemente se sentirían más cómodos con una presidencia fortalecida, una especie de ‘presidencia imperial’. Se trataría de ir dibujando los trazos de un nuevo régimen presidencial en el cual se diluye la clásica tridivisión de poderes tan cara al discurso democrático, se subordinan al ejecutivo con el argumento de que es la mejor fórmula para terminar la guerra interna y disciplinar la sociedad, pero realmente tratando de instaurar un tipo de régimen de democracia restringida que se prolongue en el tiempo. Situándose en la tendencia de quienes consideran que el orden y la autoridad son recursos escasos en las sociedades en desarrollo y que el mantenerlos debe primar sobre cualquier otro criterio. Si se trata de reformar el régimen político hacia uno de tipo parlamentario, hay que formularse interrogantes sobre el contenido y el procedimiento. Un régimen parlamentario clásico supone una diferenciación entre el Jefe de Estado y el de Gobierno. Para el Jefe de Estado existe en la tradición europea el modelo de las monarquías parlamentarias, que no es válido para nosotros que no tenemos casa real; o la elección de un Presidente, como en la tradición italiana o alemana, en que es una figura que representa la unidad nacional y que se elige por el Parlamento, esto significa un ejercicio de construir consensos, que no es propiamente la tradición colombiana, en la cual las mayorías atropellan a las minorías. En cuanto al Jefe de Gobierno, no hay dificultad: este cargo lo ejerce el líder de la mayoría parlamentaria; el único problema es que supone la existencia de fuerzas políticas organizadas, que le den estabilidad al gobierno y frente a la fragmentación política actual, sumado a la costumbre del transfuguismo político no es claro que esto garantice estabilidad; eventualmente puede ser un factor de mayor inestabilidad política. Lo que sí es evidente es que en un régimen parlamentario tanto el legislativo como el ejecutivo disponen de una única legitimidad, la que deriva de la elección del Parlamento y esto es un factor de estabilidad institucional. En relación con el procedimiento, la discusión toma unas características distintas. El debate se centra, como lo han planteado varios analistas, en precisar si pasar de un modelo constitucional sin reelección a otra que la incluya, o de un régimen presidencial a uno parlamentario, es una simple reforma constitucional o se trata de cambiar la Constitución y en esa caso el interrogante es si el Congreso como constituyente delegado está facultado para hacerlo, o si ese tipo de cambios debe hacerlo el constituyente primario a través de una Asamblea Constituyente, un Refrendo o un Plebiscito. Para otros el problema central es la gobernabilidad democrática, entendida por ellos como la existencia de mayorías parlamentarias estables y disciplinadas y probablemente ello se pueda conseguir mejor en un régimen parlamentario. Pero la gobernabilidad democrática no es solamente tener mayorías en el legislativo, sino sobretodo capacidad de negociación con las demás fuerzas políticas y sociales relevantes y esto lo que requiere es organizaciones políticas y sociales estables y no necesariamente modificar el régimen político. Alejo Vargas Velásquez es profesor de la Universidad Nacional