La lucha contra la proliferación y el uso indebido de las armas continuó siendo un elemento fundamental de las iniciativas de Amnistía Internacional para combatir las violaciones de derechos humanos, con independencia de que se perpetraran en el curso de conflictos, durante la comisión de delitos o en operaciones de seguridad. La campaña Armas bajo Control –que Amnistía Internacional, Oxfam Internacional y la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA) habían lanzado en octubre de 2003– consiguió algunos éxitos señalados en 2005. Al finalizar el año, alrededor de 50 gobiernos habían declarado su apoyo a la creación de un instrumento de obligado cumplimiento, el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, que era una petición clave de la campaña. Un tratado para el control de las armas basado en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos salvaría vidas, evitaría sufrimiento y protegería los medios de vida. Costa Rica, Finlandia, Kenia, Noruega y el Reino Unido, entre otros, prometieron apoyarlo. En octubre, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea pidió el apoyo internacional a este tratado. La propuesta del Reino Unido de que a finales de 2006 se iniciasen negociaciones independientes en la ONU sobre un tratado que abarcase todas las armas convencionales recibió un considerable respaldo por parte de los gobiernos. En octubre de 2005, los gobiernos acordaron en la ONU una norma internacional para el marcado y rastreo de armas pequeñas. Esto supuso un paso adelante en la aplicación de la propuesta presentada por la campaña Armas bajo Control, que planteaba la creación de un sistema internacional para el rastreo de las armas pequeñas y la rendición de cuentas por parte de los responsables del comercio de armas. Sin embargo, el acuerdo no incluía la munición ni era vinculante desde el punto de vista legal. El comercio internacional de armas continuó siendo en gran medida una actividad en la que no se rendían cuentas, por lo que la mayor parte de las transferencias se mantuvieron en secreto. Por lo tanto, resultó difícil obtener estadísticas precisas y actualizadas. Sin embargo, la información disponible indicaba algunas tendencias sorprendentes. El número de países que comerciaba con la mayor parte del material y los servicios militares era relativamente pequeño. Según un informe autorizado del Congreso de Estados Unidos, 35 países exportaron en torno al 90 por ciento de las armas en todo el mundo en términos de valor. En 2005, más del 68 por ciento de las exportaciones de armas se dirigían a países del hemisferio Sur. Seis de los ocho países que integran el Grupo de los Ocho (G-8) se encuentran entre los 10 mayores exportadores de armas del mundo, y los ocho exportan grandes cantidades de las principales armas convencionales o armas pequeñas a países en vías de desarrollo. Una serie de lagunas y puntos débiles en las medidas de control de las exportaciones de armas, comunes en la mayor parte de los países del G-8, se tradujeron en el debilitamiento del compromiso de éstos con la estabilidad, los derechos humanos y la reducción de la pobreza. Las exportaciones de armas desde países del G-8 llegaron a algunos de los países más pobres y atormentados por los conflictos del mundo, como Colombia, Filipinas, la República Democrática del Congo (RDC) y Sudán. En 2005, grandes cantidades de armas y municiones procedentes de los Balcanes y Europa del Este continuaron llegando a la región de los Grandes Lagos, zona de África castigada por los conflictos. Continuaron los envíos a la RDC, a pesar del proceso de paz iniciado en 2002 y del embargo de armas impuesto por la ONU. Las armas y municiones suministradas a los gobiernos de la RDC, Ruanda y Uganda fueron posteriormente distribuidas a milicias y grupos armados del este de la RDC responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Además de cometer otros delitos, estos grupos armados violaron y sometieron a abusos sexuales, de forma sistemática y brutal, a decenas de miles de mujeres. Agentes, intermediarios y transportistas de transferencias de armas de numerosos países, como Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, la República Checa, Rusia, Serbia y Sudáfrica, participaron en estos envíos de armas, poniendo de relieve, una vez más, la importancia fundamental de regular las operaciones de los agentes e intermediarios. Al finalizar 2005, sólo unos 30 Estados contaban con leyes que regularan la actuación de los intermediarios. Cientos de miles de personas murieron en 2005 a consecuencia del uso de armas pe¬queñas. En Haití, por ejemplo, grupos armados y ex soldados utilizaron ar¬mas pequeñas para cometer secuestros, abusos sexuales y homicidios con impunidad. Sin un proceso de desarme y justicia efectiva para las víctimas, Haití corría el peligro de hundirse aún más en la crisis que la asolaba. Las mujeres pagaron un precio muy alto por la ausencia de regulación del comercio de armas pequeñas, tanto en el hogar como en la comunidad. Se ha demostrado que la presencia de un arma en una casa aumenta enormemente el riesgo de que la violencia en el hogar tenga consecuencias funestas. En 2005, la campaña Armas bajo Control pidió a los gobiernos que abordasen la regulación inadecuada de las armas de fuego, la deficiente aplicación de la ley y la discriminación generalizada, que ponían a las mujeres en un mayor peligro de ser víctimas de la violencia.