El gobierno de Estados Unidos debe aclarar la suerte y el paradero de todas las personas a las que se ha detenido en secreto y garantizar que todas las que se encuentran bajo su custodia son sometidas a un juicio justo, ha manifestado Amnistía Internacional. La secretaria general de la organización, Irene Khan, ha señalado: “El presidente Bush ha admitido por fin algo que llevaba mucho tiempo denunciándose: en la ‘guerra contra el terror’, Estados Unidos ha estado recurriendo a la detención secreta y la desaparición forzada, lo cual constituye un delito según el derecho internacional”. Amnistía Internacional ha hecho estas declaraciones en respuesta al anuncio de ayer del presidente Bush, quien dijo que se ha trasladado a Guantánamo a 14 hombres que se encontraban en secreto bajo custodia de la CIA. Al dar la noticia, el presidente señaló que los 14 iban a ser juzgados. El presidente Bush está presionando al Congreso estadounidense para que apruebe una legislación que autorice el uso de comisiones militares para juzgar a presuntos terroristas, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó en junio que las comisiones que el presidente había establecido con tal fin eran ilegales. "El Congreso no debe autorizar nada que sea contrario al derecho o las normas internacionales: ni procedimientos judiciales sin las debidas garantías, ni detenciones indefinidas por orden del ejecutivo ni impunidad para los autores de violaciones de derechos humanos –ha manifestado Irene Khan–. Debe garantizar la rendición completa de cuentas de lo que se ha hecho en el pasado y la legalidad completa de lo que se haga en el futuro." Estados Unidos tiene el derecho y el deber de juzgar a los responsables de delitos, incluido el crimen de lesa humanidad cometido el 11 de septiembre de 2001. Pero debe hacerlo respetando los derechos humanos y el Estado de derecho. La detención secreta, la desaparición forzada, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la detención indefinida sin cargos y los juicios injustos están prohibidos por el derecho internacional. "Amnistía Internacional ha pedido que se lleve a cabo una investigación completa e independiente, con aportaciones de expertos internacionales, sobre todas las prácticas de detención e interrogatorio seguidas por Estados Unidos en el contexto de la ‘guerra contra el terror’. El reconocimiento por parte del presidente Bush de que el gobierno estadounidense ha recurrido a la detención secreta pone de manifiesto la necesidad urgente de realizar esa investigación, en vez de aprobar nuevas leyes para ‘legalizar’ tal acción”, ha señalado Irene Khan. Asimismo, debe nombrarse un fiscal especial para realizar una investigación criminal sobre la conducta de todo funcionario estadounidense, incluidas las autoridades del gobierno, contra el que existan pruebas de implicación en delitos cometidos en el contexto de la “guerra contra el terror”. No basta con que el presidente diga que Estados Unidos no tortura. Información complementaria Amnistía Internacional pide al gobierno estadounidense que garantice un juicio justo a todas las personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror”, en particular su derecho a: º ser consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad; º ser defendidas por un abogado de su elección; º estar presentes en su juicio y poder rebatir las pruebas presentadas contra ellas; º ser juzgadas sin que se admitan pruebas obtenidas con tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, excepto si se presentan contra los responsables de la tortura o los malos tratos, y º apelar ante una instancia judicial superior. Amnistía Internacional reitera su oposición al uso de la pena de muerte en todas las circunstancias. El anuncio del presidente Bush ha tenido lugar tras el fallo pronunciado el 29 de junio por la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa “Hamdan contra Rumsfeld”, en el que bloqueó los juicios ante comisiones militares propuestos por el gobierno por considerar que tales comisiones no se habían establecido de acuerdo con la legislación estadounidense y que sus procedimientos violaban tanto el derecho interno de Estados Unidos como el derecho internacional. Asimismo, la Corte Suprema determinó que el artículo común 3 de los Convenios de Ginebra, que garantiza un juicio justo y un trato humano en las situaciones de conflicto armado, era aplicable en la causa vista. La Ley de Crímenes de Guerra de Estados Unidos permite actualmente perseguir judicialmente en Estados Unidos las violaciones del artículo común 3. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que, entre las propuestas del presidente Bush al Congreso, figuren disposiciones con las que se pretende proteger al personal estadounidense de su procesamiento por violaciones del artículo común 3. El presidente anunció también que se había enviado al Congreso una propuesta para autorizar una nueva versión de los juicios ante comisiones militares. Aunque el presidente Bush no reveló las técnicas de interrogatorio “alternativas” aplicadas por la CIA a personas detenidas en secreto, reiterados informes indican que entre ellas figuran el water-boarding (hacer sentir a la víctima que se está ahogando) y la “celda fría” (dejar a la víctima desnuda en una fría celda y ducharla reiteradamente con agua fría). El momento en que el presidente Bush ha hecho estas declaraciones sitúa claramente la cuestión de las detenciones, interrogatorios y juicios llevados a cabo a causa de la “guerra contra el terror” en el contexto de las elecciones al Congreso del 7 de noviembre. Amnistía Internacional insta a las autoridades estadounidenses a que transciendan la política de partidos y garanticen que todas las medidas adoptadas para proteger a la ciudadanía del terrorismo respetan los derechos humanos y el Estado de derecho. Fuente: Equipo de Comunicaciones Amnistía Internacional - Chile www.amnistia.cl