El año 2005 en Puerto Rico estuvo marcado por un aumento en el costo de la mayoría de los servicios públicos por parte del gobierno, y por la respuesta débil de los sindicatos y los movimientos sociales ante este escenario. Las alzas se dieron en los servicios del agua, de la transportación pública, los peajes, la leche, el café y la matrícula de la Universidad de Puerto Rico (UPR), entre otras. A esto se le añade la propuesta del gobierno, que tuvo corta vida, de reducir la jornada laboral de los funcionarios públicos a cuatro días, reduciéndoles en 20% el salario. Además, se ha vivido un recrudecimiento de la represión por parte de las agencias federales de Estados Unidos en Puerto Rico. Aumentos al costo de los servicios públicos El primer aumento anunciado fue el de la matrícula a la UPR. La Junta de Síndicos de la UPR decidió a finales de marzo de 2005, de forma unilateral y no consultativa, aumentar la matrícula y todos los servicios burocráticos en un 33%, alegando un déficit presupuestario. Este anuncio se da cerca de la fecha final del semestre para tratar de evitar una huelga estudiantil de gran alcance. El tema de los aumentos en la matrícula ha sido, históricamente, el que más ha causado conflicto entre el estudiantado y la administración universitaria. La reacción estudiantil fue inmediata, decretándose una huelga indefinida en contra del alza a la matrícula. De los once recintos universitarios, cinco decretaron huelgas indefinidas mientras que todos los demás tuvieron paros limitados. La huelga del Recinto de Río Piedras, que fue el primero en decretarla, duró 26 días y ha sido la más larga desde el 1982. Esta huelga estudiantil no logró detener el alza ni obtener un apoyo de la población en general. El estudiantado universitario se quedó prácticamente aislado de todo apoyo, excepto el de algunas uniones. Algunos análisis indican que este aumento y la reacción del pueblo se utilizó como barómetro para imponer el resto de los aumentos a los servicios públicos. La rectoría de la UPR en Río Piedras, luego de finalizada la huelga, decretó, mediante la Certificación #90 de la Junta de Síndicos, una prohibición total al cierre de los portones durante conflictos universitarios. También se creó una agencia de seguridad encubierta con el propósito de "velar por el bienestar del estudiantado" según la Rectora Gladys Escalona de Motta. Muchos estudiantes coinciden en que esto es una forma más de represión y un retorno a la política de intimidación vivida en los años 60 y 70. La respuesta a las alzas en el resto de los servicios públicos fue mucho más débil y desarticulada. Hubo llamamientos a una huelga general por algunos líderes pero las uniones y los activistas no encontraban terreno fértil para esta propuesta. Los choferes y dueños de camiones fueron el único grupo que pudo articular una protesta ofensiva contra el gobierno de Puerto Rico, exigiendo la disminución de las tarifas arancelarias ante el aumento alarmante en el costo del petróleo. Estos decretaron una asamblea permanente en julio de 2005 y paralizaron la salida de los productos y bienes desde el puerto de San Juan. Esto ocasionó el racionamiento de la gasolina y el casi colapso de la economía, pero lograron obtener una moratoria del gobierno en su decisión de aumentar las tarifas. El gobierno de Puerto Rico, en este año 2006, está analizando una Reforma Fiscal la cual impondría un impuesto a la venta de un 7%, mucho mayor que la mayoría de los estados de EEUU. Esto se ve ligado a los demás aumentos que ya se han impuesto al pueblo puertorriqueño y que afectan en creces a la clase trabajadora. La propuesta de reducir una día laboral a los funcionarios públicos o al 20% del salario, la cual iba a ser implementada de forma obligatoria en enero de 2006, fracasó debido a la fuerte oposición de la opinión pública. La guerra en Irak Desde el comienzo de la guerra en Irak, han muerto 49 soldados puertorriqueños y puertorriqueñas en el campo de batalla. Históricamente, la proporción de soldados puertorriqueños muertos en batalla es mucho mayor que la de cualquier otro estado. Por la situación colonial de la Isla, los puertorriqueños sirven como soldados en las filas del ejército de los EEUU. La Legislatura de Puerto Rico debatió una resolución que pedía por el regreso de los soldados puertorriqueños que combaten en suelo iraquí. Aunque la resolución no fue aprobada, esto se ha visto como un avance por los miembros de organizaciones pacifistas opuestos a la guerra. Durante la guerra de Vietnam, la Legislatura de Puerto Rico fue la única dentro de las jurisdicciones de los EEUU en pasar una resolución apoyando la guerra y los soldados. Las protestas contra la guerra se han mantenido constantes gracias a grupos como Madres Contra la Guerra, que hace piquetes mensuales contra las oficinas de reclutamiento del ejército, y la Coalición Ciudadana Contra el Militarismo, que tiene una campaña de acceso igual en las escuelas públicas. Además, se acaba de conformar el grupo amplio Pueblo Contra la Guerra, que organiza una manifestación para marcar el tercer aniversario de la guerra y también tiene el objetivo de continuar incidiendo en los medios y pedir el regreso de los soldados y el fin de la guerra contra Irak y Afganistán. El asesinato de Filiberto Ojeda Ríos El 23 de septiembre de 2005 se conmemoró el aniversario del Grito de Lares de 1868, revolución puertorriqueña contra el Imperio Español, con un independentismo divido y fraccionado por peleas internas. Este mismo día, el Negociado Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations, FBI) rodeó la casa del líder del Ejército Popular Boricua-Los Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos. Las comunicaciones de la prensa durante este día, especialmente de la radio, fueron muy confusas ya que el FBI no quería dar comunicación alguna en cuanto al operativo y porque no permitían el acceso de la prensa dentro del perímetro delineado por el FBI y la Policía de Puerto Rico. Hubo múltiples llamados para que no se asesinara a Ojeda Ríos, incluyendo de los mismos periodistas. Los informes de prensa comenzaron a alrededor del mediodía del día 23 de septiembre y desde ese entonces se hablaba de que el dirigente clandestino había sido asesinado. No fue hasta unos días después del operativo que se supo que el FBI había impactado de bala a Ojeda Ríos, pero que fue dejado desangrar por horas antes de que éste muriera. El Gobierno de Puerto Rico no estuvo enterado del operativo hasta que la prensa comenzó a reportarlo. Hubo un silencio absoluto por parte del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá, y el Superintendente de la Policía Pedro Toledo se limitó a informar que el FBI lo había contactado para proteger el perímetro del operativo sin ofrecerle más razones. El Secretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos indicó que se iba a comenzar una investigación de los sucesos, la cual todavía sigue en curso y no se conoce el estatus de la misma. La reacción del pueblo fue inmediata: un grupo de jóvenes tomó la Avenida Roosevelt la noche del 23, una de las calles principales del área metropolitana, en repudio al operativo federal. Miles de personas se congregaron frente a la Corte Federal de los EEUU en Puerto Rico en protesta al asesinato de Ojeda Ríos. En el área oeste de la Isla, donde se llevó a cabo el operativo, también hubo protestas espontáneas. El día 25, la UPR decretó un receso administrativo, luego de una marcha de miles de estudiantes en repudio al asesinato, para todo aquel o aquella que quisiera asistir al funeral del líder guerrillero. Filiberto Ojeda Ríos fue expuesto en el Ateneo Puertorriqueño el 25 de septiembre donde miles de personas fueron a verlo. El 26 de septiembre fue trasladado al Colegio de Abogados de Puerto Rico y de ahí partió el 27 de septiembre hacia Naguabo, pueblo donde nació y creció, para ser enterrado. Miles de personas, incluyendo estudiantes de escuelas públicas, lo despidieron desde el expreso con flores y pancartas. El trayecto de San Juan a Naguabo, que usualmente toma una hora, le tomó cuatro horas y media, y algunos catalogan su entierro como el más concurrido en la historia del País. Luego del asesinato, se conformó la Coordinadora Nacional Rompiendo el Perímetro, la cual ha organizado jornadas de lucha en repudio al asesinato y a las intervenciones federales en Puerto Rico. Esta Coordinadora realiza actividades todos los 23 de mes para no dejar olvidar los sucesos del 23 de septiembre. Las comunidades puertorriqueñas en EEUU también han hecho protestas y actividades en diferentes ciudades. La comunidad internacional también envió mensajes de apoyo de los que se destaca el mensaje de la Asamblea Nacional de Venezuela, la cual le hizo llegar una resolución a Elma Beatriz Rosado, viuda de Filiberto Ojeda Ríos, exaltando la figura del líder machetero. La represión del FBI El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), el 24 de septiembre de 2005, anunció que había obtenido información de que el FBI tenía sobre 125 órdenes de arresto contra otros líderes independentistas, como parte de la desarticulación del independentismo tras la muerte de Filiberto Ojeda Ríos. El 10 de febrero de 2006, el FBI incursionó en cinco casas de independentistas y un centro comunitario alegando la "prevención a un posible ataque terrorista en la Isla contra intereses privados y el público en general" por parte del Ejército Popular Boricua. Estos allanamientos se producen dentro del marco del Acta Patriota de los EEUU que le da vía libre a agencias como el FBI para que realicen operativos como estos sin necesidad de consultar al gobierno local. Al igual que en el operativo del 23 de septiembre, el Gobierno de Puerto Rico no estaba enterado de que esto iba a suceder, y la Policía recibió una "llamada de cortesía" por parte del FBI, según el Superintendente, luego de comenzados los allanamientos. En estas incursiones el FBI tomó posesión de documentos y computadoras, aunque no hubo arrestos de los activistas mencionados en las órdenes de allanamientos. Este mega operativo cubrió las ciudades de Mayaguez, San Germán, Río Piedras y Trujillo Alto. En la ciudad de Río Piedras, la prensa sufrió una violenta represión por parte del FBI, siendo impactados por gas pimienta mientras cubrían el allanamiento de la residencia de Liliana Laboy, líder independentista. Dos asociaciones que agrupan a periodistas repudiaron la represión a la que fue sometida la prensa en la realización de sus deberes. El Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) hizo un llamado relámpago para una manifestación frente a la Corte Federal de los EEUU para la noche del 10 de febrero, a la cual asistieron cientos de personas. En los años 60 y 70, como parte del programa COINTELPRO del Gobierno de los EEUU, la Policía de Puerto Rico y el FBI persiguieron a más de 100.000 puertorriqueños y puertorriqueñas que simpatizaban con la causa independentista para la Isla. Los movimientos sociales ante el escenario actual Se está gestando una convocatoria amplia para manifestarse en contra de las guerras en Irak y Afganistán. El grupo Madres Contra la Guerra tiene una convocatoria para una protesta el 18 de marzo y Pueblo Contra la Guerra tiene la propia el 19 de marzo. Estos llamados se hacen como parte de la jornada mundial contra la guerra, ratificada por los movimientos sociales en el VI Foro Social Mundial en Caracas, Venezuela. Además, se celebrará el I Foro Social de Puerto Rico (FSPR) del 26 al 28 de mayo de 2006 en la ciudad de Río Piedras para facilitar un espacio a los movimientos y organizaciones sociales para que se conozcan y debatan sobre los acontecimientos actuales. Parte del propósito del FSPR es que los movimientos sociales puedan crear alianzas y redes dentro de las luchas de cada grupo, y se descubran convergencias que pueden pasar desapercibidas en el día a día. Iván J. Broida Fontánez del Proyecto Caribeño de Justicia y Paz