A medida que el ciclo electoral presidencial del 2006 en América Latina se pone en marcha, el gobierno norteamericano ha intensificado su intervención política en la región bajo el argumento de "promover la democracia". Durante buena parte del siglo XX, como es bien conocido, Washington patrocinó y promovió a dictaduras militares y regímenes autoritarios a lo largo y ancho de América Latina y el Tercer Mundo, como su método preferido de mantener el control internacional, ante las luchas de masas contra las desigualdades sociales y económicas prevalecientes y los sistemas políticos altamente restringidos. Sin embargo, Washington cambió abruptamente de carril a mediados de los años '80 cuando empezó a "promover la democracia" en América Latina y alrededor del mundo. Este giro, de la promoción de las dictaduras a la promoción de la "democracia", coincide con el auge del proyecto económico neoliberal. No sólo ambos están vinculados, sino que lo que Washington denomina "democracia" se ha convertido en un imperativo funcional de la globalización capitalista. Una nueva élite transnacional construyó e impuso un paradigma de "mercados libres y democracia", que en los años ochenta y noventa se volvió hegemónico. La promoción de "mercados libres y democracia" estaría destinada a asegurar un mundo disponible y seguro para el capitalismo global, al crear las condiciones más propicias alrededor del mundo para el funcionamiento sin trabas del nuevo sistema global de producción y finanzas. Una parte de la reestructuración global era el llamado "consenso de Washington", o el neoliberalismo. Pero esta agenda transnacional tiene un componente explícitamente político. Si el componente económico es el de colocar el mundo a la disposición del capital, el componente político es hacerlo seguro para el capital, al cambiar el modo de dominación política de la dictadura a la poliarquía. Este empeño implica el desarrollo de nuevas instituciones políticas y formas de control social transnacional, destinadas a conseguir un ambiente mundial más estable y predecible para los inversionistas corporativos transnacionales. Cuando las élites transnacionales hablan de la "promoción de la democracia", lo que realmente quieren decir es la promoción de la poliarquía. Ello se refiere a un sistema en el cual un pequeño grupo está al mando, y la participación de las masas en la toma de decisiones se limita a escoger a los líderes en elecciones cuidadosamente manejadas por élites que compiten entre ellas. Éste, por supuesto, es el sistema vigente en los Estados Unidos. El concepto de poliarquía es una extensión de las teorías del elitismo, desarrolladas hacia inicios del siglo XX, para refutar la definición clásica de democracia como poder o dominio (cratos) por el pueblo (demos). Ampliando la teoría de elitismo anterior, que abogaba por una élite "ilustrada" que gobierne en nombre de las masas ignorantes e imprevisibles, una nueva redefinición de la democracia poliárquica se desarrolló entre los círculos académicos estadounidenses cercanos a la comunidad política. Los diseñadores de políticas de EE.UU. citan a menudo la redefinición de democracia propuesta por Joseph Schumpeter en su estudio clásico de 1942, "Capitalismo, Socialismo y Democracia." Schumpeter abogó por una "teoría distinta" de la democracia, como los "arreglos institucionales" para que las élites adquieran poder "por medio de una lucha competitiva por el voto" del pueblo. "La democracia sólo significa que las personas tengan la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que los gobernarán", explicó Schumpeter. Esta concepción es la que ha guiado la política exterior estadounidense. Este tipo de "democracia de baja intensidad" no involucra el poder (cratos) del pueblo (demos); mucho menos pone fin a la dominación de clase o a la desigualdad sustantiva, que está creciendo exponencialmente bajo la economía global. La poliarquía es promovida para cooptar, neutralizar y reorientar a los movimientos democráticos masivos y populares, a fin de aliviar la presión de las clases subordinadas a favor de un cambio político, social y económico más de fondo. La crisis de gobierno de las élites que atravesó el mundo subdesarrollado en los años setenta y ochenta se resolvió -momentáneamente- mediante las transiciones a poliarquías: la llamada "revolución democrática". Lo que estaba en juego era qué tipo de orden social emergería: si el capitalismo global naciente, o alguna alternativa popular. Mientras las masas pujaron por una democratización popular más profunda, fracciones emergentes de las élites locales transnacionalizadas, respaldadas por el poder político e ideológico de la economía global, a menudo contaban con la intervención política y militar directa de los Estados Unidos y otras fuerzas transnacionales. En América Latina durante los años ochenta y noventa, las alianzas de élites locales y globales pudieron incautar y reorientar los movimientos masivos a favor de la democratización y, de esta manera, socavar las demandas populares por un cambio más profundo en el orden social. De esta manera, el resultado de movimientos de masa contra los regímenes brutales que gobernaron el continente involucró un cambio en el sistema político, mientras dejaba intactas las estructuras socio-económicas profundamente injustas. Las nuevas élites civiles poliárquicas que surgieron de las transiciones controladas se dedicaron a integrar (o reintegrar) sus países en el nuevo capitalismo global, a través de una masiva reestructuración neoliberal. Las élites transnacionales y sus contrapartes locales tienen la esperanza de que la poliarquía proporcionará una forma más eficaz, viable y duradera para la gestión política de la dictadura socioeconómica en la era del capitalismo global. No obstante, los Estados neoliberales han sido atormentados por conflictos internos provocados por las contradicciones del sistema global. Modus Operandi de la nueva intervención política A lo largo de los años 1980 y 1990, Washington desarrolló primero novedosos mecanismos de intervención política, mientras lanzaba programas de "promoción de la democracia" alrededor del mundo. Los programas de intervención política han reunido un grupo creciente de organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, think tanks, instituciones financieras, agencias multilaterales y corporaciones privadas de los Estados Unidos, Europa y otros lugares. En 1980, los Estados Unidos y la Unión Europea gastaron US$ 20 millones cada uno en la ayuda exterior relacionada con "democracia". Para el 2001, lo aumentaron a US$ 571 millones y US$ 392 millones, respectivamente. En 2003, la UE gastó US$ 3,5 mil millones, y se estima que los Estados Unidos gastarán un total de US$ 2 mil millones durante el año fiscal 2006 para la promoción de la poliarquía. Los programas de intervención política organizados por EE.UU., desarrollados bajo la rúbrica de "promoción de la democracia", involucran varios niveles de diseño de políticas, financiamiento, actividades operacionales e influencia. El primero involucra a los niveles más altos del aparato estatal norteamericano: la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono, la CIA y otras instancias del Estado. Es en este nivel que la necesidad de emprender una intervención política a través de la "promoción de la democracia" en países y regiones particulares es identificada como un componente de la política global hacia el país o región en cuestión, a ser sincronizado con las dimensiones militares, económicas, diplomáticas y otras. En el segundo nivel, se otorga a la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. (la AID) y a varias otras dependencias del Departamento de Estado, centenares de millones de dólares que ellas distribuyen, sea directamente o a través de la National Endowment for Democracy (NED) y otras agencias como el US Institute for Peace (USIP), a una serie de instituciones estadounidenses aparentemente "privadas" que, en realidad, están estrechamente ligadas al establecimiento político y alineadas con la política exterior de EE.UU. El NED se creó en 1983 como un órgano central para las nuevas modalidades de intervención política "democrática" en el exterior. Anteriormente a la creación del NED, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había distribuido regularmente fondos y orientación a partidos políticos, gremios patronales, sindicatos y a grupos estudiantiles y cívicos, en los países en los que EE.UU. intervenía. En los años ochenta, una porción significativa de estos programas se trasladó de la CIA a la AID y al NED y se volvieron muchísimo más sofisticados que las operaciones, a menudo burdas, de la CIA. Las organizaciones que reciben fondos de la AID y NED incluyen, entre otros (la lista es extensa): el National Republican Institute for International Affairs (NRI, también conocido como el International Republican Institute, o IRI) y el National Democractic Institute for International Affairs (NDI), que son oficialmente los "brazos de política exterior" de los partidos Republicano y Demócrata, respectivamente; la International Foundation for Electoral Systems (IFES); el Center for Democracy (CFD), el Center for International Private Enterprise (CIPE); y el Free Trade Union Institute (FTUI), y la International Labor Solidarity. Las juntas directivas de estas organizaciones incluyen a representantes de los niveles más altos del establecimiento político (interior y exterior) estadounidense y del mundo corporativo transnacional. También se acude a universidades norteamericanas, contratistas privados, intelectuales orgánicos y otros expertos en "democracia". Todas estas instituciones y actores se articulan en una compleja red de intervención política estadounidense, con múltiples niveles. En el tercer nivel, estas instituciones estadounidenses proporcionan "subvenciones" a una multitud de organizaciones en el propio país intervenido. Estas subvenciones incluyen financiación, orientación, "consejos" y patrocinio político. A veces se trata de organizaciones existentes, que son incorporadas de nuevas maneras, a través de los programas de "promoción de la democracia", a los designios de la política exterior de EE.UU. O a veces son organizaciones creadas para estos fines. Tales organizaciones incluyen a los partidos y coaliciones políticas locales, sindicatos, gremios empresariales, medios de comunicación, asociaciones profesionales y civiles, grupos estudiantiles y de mujeres, ligas campesinas, grupos de derechos humanos, y así sucesivamente. Los grupos locales incorporados en los programas de "promoción de la democracia" estadounidenses aparecen como "independientes" y "no-partidarios", pero en realidad ellos se convierten en agentes internos de la agenda transnacional. La red intervencionista busca penetrar en y captar a la sociedad civil en el país intervenido, a través de los grupos locales que han sido llevados al redil. Un auténtico ejército de ONGs estadounidenses e internacionales, "consejeros técnicos", "consultores" y "expertos" desarrollan los programas para "fortalecimiento de los partidos políticos y la sociedad civil", "educación civil" y talleres de "desarrollo de liderazgo" y "capacitación mediática", y similares. Estas actividades de "promoción de la democracia" buscan cultivar a líderes políticos y civiles locales, con una capacidad de acción política y cívica. Bajo el patrocinio estadounidense, usualmente estos grupos convergen en un "frente cívico", con juntas directivas intervinculadas. Ellos se apoyan mutuamente y sincronizan sus actividades y discursos políticos. En la estrategia global, Washington espera generar, a través de sus programas de "promoción de la democracia", a "agentes de influencia": líderes políticos y cívicos locales, formados para generar conformidad ideológica con el orden social elitista en construcción, para promover la perspectiva neoliberal, y para defender políticas que integren al país intervenido al capitalismo global. Se cuenta, además, que estos agentes compiten con, y eclipsen, a los grupos e individuos de orientación más popular, independientes, progresistas o radicales, que pudieran tener una agenda distinta para su país. Promoviendo la poliarquía en América Latina América Latina ha sido un laboratorio para la promoción de la poliarquía. Hacia fines de los años 1970, sus regímenes autoritarios enfrentaban una crisis insoluble. Los movimientos populares de masa a favor de la democracia y los derechos humanos amenazaron con derrumbar todo el orden social basado en las élites, junto con las dictaduras, como ocurrió en Nicaragua en 1979, y parecía probable que suceda en Haití, El Salvador, Guatemala y otros países. Esta amenaza desde abajo, combinada con la incapacidad de los regímenes autoritarios para manejar las dislocaciones y ajustes de la globalización, generó conflictos entre élites que descompusieron los bloques de poder gobernantes. Estados Unidos lanzó la "promoción de la democracia", junto con otras intervenciones, durante las luchas de masa contra los regímenes autoritarios y por la democratización popular. El reto de esta "reforma preventiva" era desplazar a las dictaduras para prevenir un cambio más profundo. La intervención estadounidense sincronizó los programas de ayuda política con operaciones militares encubiertas y directas, ayuda o sanciones económicas, la diplomacia formal, los programas de gobierno-a-gobierno, entre otros. Tales programas ayudaron a llevar al poder a las secciones locales de la élite transnacional, que barrieron en un país después de otro, y que han integrado a sus respectivos estados-nación al nuevo orden global. Los mismos grupos de élite que también se benefician de la globalización capitalista pudieron de esta manera controlar las principales instituciones políticas. En los años noventa y el siglo XXI, la política de EE.UU. ha apuntado a "consolidar la democracia" mediante amplios programas de "ayuda democrática" y otros programas de gobierno-a-gobierno y multilaterales. Los casos de Chile, Nicaragua, Panamá, Haití, Venezuela y Bolivia, entre otros, demuestran este patrón. En Chile, luego de orquestar, en 1973, el derrocamiento del gobierno de Allende, EE.UU. respaldó la dictadura de Pinochet hasta 1985, cuando, en respuesta a un movimiento de protesta creciente, Washington cambió su apoyo repentinamente a la oposición de élite y empezó a promover una transición. Presionó al régimen para que se abra y transfiera el poder a las élites civiles y simultáneamente llevó a cabo programas de intervención política, a través de la AID y el NED, para organizar y orientar la coalición que se postuló contra Pinochet en el plebiscito de 1988 y en las elecciones generales de 1990. La intervención política estadounidense jugó un rol clave para lograr la unidad entre una oposición fraccionada de la élite, eclipsando la oposición popular, y para asegurar la hegemonía de la élite sobre el movimiento antidictatorial entre 1985 y 1987, cuando esta hegemonía estaba en disputa. De 1987 a 1990, la intervención de EE.UU. fue también importante para consolidar a una élite reconstituida y afianzar el compromiso de buena parte de esa élite al proceso -iniciado bajo Pinochet- de una reestructuración neoliberal de amplio alcance e integración en la economía global. En Nicaragua, Estados Unidos apoyó la dictadura de la familia Somoza durante casi cinco décadas. El gobierno sandinista, que llegó al poder en la revolución de 1979, fue convertido en blanco de una masiva campaña estadounidense de desestabilización. Luego, en 1987, el objetivo de esta campaña hizo un brusco viraje, del derrocamiento militar de los sandinistas por un movimiento contrarrevolucionario basado en el exterior, a nuevas formas de promoción de la poliarquía, en apoyo a una oposición moderada interna. Esta oposición, organizada y capacitada por medio de programas de intervención política norteamericana de gran alcance, operó por medios pacíficos y no-coercitivos en el seno de la sociedad civil, para minar la hegemonía sandinista. Este giro, de la línea dura de desestabilización a la promoción de la poliarquía, culminó en la derrota electoral de los sandinistas en 1990, una restauración conservadora y la instalación de un sistema político poliárquico, con la reinserción de Nicaragua en la economía global y una amplia reestructuración neoliberal. En Panamá, como en Nicaragua, la agresión militar se combinó con la intervención política en búsqueda de un resultado poliárquico. La llegada al poder de Manuel Noriega -un impopular colaborador de la CIA y cercano aliado de EE.UU.,- luego de la muerte de Torrijos en 1981, abrió un período de crisis e inestabilidad. Washington continuó su apoyo al régimen de Noriega, a pesar de su práctica de fraude electoral y represión masiva, hasta que una combinación de preocupaciones geopolíticas coyunturales y el viraje mayor hacia su nueva estrategia mundial, conllevaron a la decisión de derrocarlo. La campaña de desestabilización incluyó sanciones económicas, diplomacia coercitiva, operaciones psicológicas y finalmente, una invasión militar directa en 1989. La campaña involucró también un programa multimillonario de intervención política, para crear una "oposición democrática" al juntar grupos "modernizantes" de la oligarquía vinculados a la banca y el comercio internacionales. A través de la invasión, este sector "modernizado" fue colocado -literalmente- en el poder. A pesar del conflicto social prevaleciente y una élite dividida internamente, la reforma neoliberal procedió rápidamente en los años noventa. En Haití, EE.UU. sostuvo la dictadura de Duvalier al mismo tiempo que promovió un modelo de desarrollo, en los años sesenta y setenta, que insertó al país en la economía global emergente como una plataforma de maquila para la exportación. Pero, Haití se sumergió en un vacío de poder nacional y una caldera de disturbios entre 1986 y 1990, cuando la mayoría pobre se movilizaba contra la dictadura y contra la diminuta élite que forcejeó por mantenerse en el poder, después de la salida de Baby Doc. Durante este período, EE.UU. introdujo un programa masivo de "promoción de la democracia" para cultivar una élite poliárquica y colocarla en el poder a través de elecciones organizadas por EE.UU. El teólogo de liberación, Jean-Bertrand Aristide, ganó las elecciones de 1990, pero Aristide fue derrocado en un golpe militar en 1991, que tenía el apoyo tácito de Washington. Aristide regresó al mando como un presidente maniatado, mediante una invasión norteamericana en septiembre de 1994, luego de acceder a la condición de llevar a cabo un programa neoliberal y dejar el espacio abierto para la élite. De 1994 a 2004, el NED y la AID brindaron apoyo a un sinnúmero de organizaciones civiles y políticas de la élite, que montaron una oposición al partido Lavalas de Aristide. Aristide fue expulsado de nuevo en febrero de 2004, esta vez directamente por los marines estadounidenses, luego de un levantamiento llevado a cabo por antiguos paramilitares duvalieristas y grupos políticos conservadores. Lo remplazó el mismo conjunto de élites que habían sido cultivados por los programas de intervención política estadounidense desde los años ochenta. Venezuela tenía vigente un sistema político poliárquico desde el pacto de Punto Fijo de 1958. Pero el agotamiento del modelo político y económico que surgió de ese pacto conllevó a una crisis de este sistema durante los años ochenta y noventa. No se podía contener esta crisis del poder oligárquico, a medida que las clases populares empezaron a hacer sentir su propio protagonismo político, desde el Caracazo de 1989. Este protagonismo político eventualmente se articuló en torno al auge de Hugo Chávez y el gobierno bolivariano. El objetivo del proyecto estadounidense-transnacional en Venezuela era salvar al poder oligárquico, modernizarlo, e intentar identificar y formar a los nuevos grupos entre la élite capaces de reincorporar a las clases populares bajo una hegemonía de la élite, e implementar el neoliberalismo. Pero este proyecto no podía llevarse a cabo. Lo que sucedió en su lugar fue el auge de un proyecto popular contrario a los intereses de la élite transnacional y sus contrapartes locales. El proyecto bolivariano había roto con la hegemonía elitista en Venezuela y desde entonces el objetivo primordial de EE.UU. fue restaurarla. Éste es el contexto en el que los estrategas norteamericanos acudieron a la "promoción de la democracia" en Venezuela. Como es bien conocido, el NED extendió sus programas espectacularmente en Venezuela desde que Hugo Chávez fue elegido al poder en 1998. Los programas de NED, y otros relacionados de la AID, para las fuerzas antichavistas se han documentado ampliamente, e incluyen, entre otros: la ayuda para que estas fuerzas desarrollen estrategias mediáticas; viajes regulares a Washington para políticos de oposición, empresarios y sindicalistas; nuevos desembolsos para la CTV; una serie de talleres para los grupos de oposición; y financiamiento para los numerosos grupos antichavistas. El NED distribuyó casi un millón de dólares en el período previo al abortado golpe de Estado de 2002, a los grupos involucrados en él, mientras que la administración Bush dio un apoyo tácito al golpe. Con el fiasco del golpe y el fracaso subsiguiente de las fuerzas antichavistas en el referéndum de agosto 2005, Washington ha recurrido a una estrategia de desgaste continuo, lo cual implicó un cambio estratégico, de una "guerra de maniobra" que buscó el rápido derrumbe del gobierno de Chávez (mediante golpe de Estado, huelgas empresariales, referéndum) a una extendida "guerra de posiciones". El esfuerzo ahora es para reagrupar a las fuerzas de oposición y desarrollar planes para las elecciones de noviembre 2006 y más allá, sin pasar por alto cualquier oportunidad que se presente para debilitar y desestabilizar al gobierno en forma continua. Para estos propósitos, los programas de "promoción de la democracia" se han extendido enormemente y ahora movilizan decenas de millones de dólares. En Bolivia, los programas de promoción de la poliarquía eran de relativamente pequeña escala, hasta al levantamiento indígena que desplazó al Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada del poder en octubre del 2003. Desde ese momento, millones de dólares fueron vertidos para financiar y organizar a los partidos políticos tradicionales desacreditados, apoyar a líderes indígenas dóciles ("moderados") capaces de contrarrestar a los más radicales, y desarrollar las organizaciones civiles bajo control de las élites para competir con los movimientos sociales militantes. Un objetivo de estos programas era despolitizar el problema del gas natural y desactivar las demandas populares para la nacionalización de recursos naturales. La Oficina para Iniciativas de Transición (OTI) de la AID gastó no menos de US$11.8 millones para estos propósitos durante 2004 y 2005. Un cable de la Embajada norteamericana en La Paz explicó que uno de los objetivos era "ayudar a construir partidos políticos moderados y pro-democráticos que puedan servir como un contrapeso al radical MAS o sus sucesores". Ahora que el MAS y Evo Morales han llegado al poder, no obstante la intervención política estadounidense, es de prever que Washington desarrollará un programa de desestabilización, justificado como "promoción de la democracia". Recientemente, el Departamento de Estado declaró que las cuatro prioridades para la "promoción de la democracia" en América Latina en 2006 son Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Los regímenes poliárquicos de América Latina enfrentan crisis crecientes de legitimidad y gobernabilidad. Mientras los vientos del cambio impulsan a América Latina hacia la izquierda, podemos vaticinar que estas nuevas modalidades de intervención estadounidense cumplirán un rol cada vez más prominente en su estrategia para la región. - William I. Robinson es profesor de sociología, estudios globales y estudios latinoamericanos en la Universidad de California-Santa Bárbara. Anteriormente fue periodista investigador en América Latina y consultor del gobierno nicaragüense.