Los asambleístas decidieron llevarla a cabo el 1 de diciembre en el cambio de mando presidencial en México. Piden la destitución del gobernador del estado. El conflicto preocupa al oficialismo, que apela al desgaste del movimiento oaxaqueño.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) va por más. Ayer sus miembros aprobaron la ampliaron sus demandas políticas y convocó a una insurrección pacífica popular el 1 de diciembre, día en que asumirá el ilegítimo presidente electo, el conservador Felipe Calderón, con la consigna “si Ulises no se va, Calderón no pasará”.
Desde la organización ratificaron también el emplazamiento de 72 horas plazo que vence mañana, para que el gobernador Ulises Ruiz deje su cargo, fecha en la que también está previsto un paro estatal y un bloqueo de carreteras. Ruiz pertenece al partido Revolucionario Institucional (PRI) y mantiene un conflicto con los maestros desde el 14 de junio pasado, cuando reprimió a los asambleístas en la plaza de la ciudad. Desde entonces, en más de una oportunidad las fuerzas armadas han sobrevolado la ciudad y la tensión es constante.
Según informó sus dirigentes, el movimiento social continuará en protestas aún cuando lo maestros regresen a las aulas, y el plantón y las barricadas permanecerán con el personal no docente, que representa entre diez mil y quince mil empleados.
A partir de ahora la modalidad de la protesta se trasladará a otros ámbitos. Entre las acciones aprobadas por la Asamblea están el boicot a empresas trasnacionales, con un llamado a no consumir sus productos; el reinicio de las brigadas móviles para obligar a la suspensión de obras públicas del gobierno estatal; el paro cívico nacional este viernes, cuando se bloquearán carreteras y se levantarán barricadas por 24 horas en la ciudad, informó el diario La Jornada.
Está previsto que ese mismo día se tomaran más instalaciones de radio, y el próximo lunes se realizará una manifestación "en repudio al segundo informe de gobierno de Ulises Ruiz".
El llamado a la insurrección popular para el 1 de diciembre puede obstaculizar la asunción de Felipe Calderón a la presidencia de México. El panista derrotó en julio en sospechosas elecciones derrotó al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a una resistencia civil que ha aun perdura.
José Espina, secretario general del oficialista Partido Acción Nacional (PAN) consideró que pese a ello se debe agotar hasta la última oportunidad del entendimiento y la negociación política por la vía del diálogo con las partes en conflicto.
“Me parece que ciertamente se está llegando, pareciera al límite, pero hay que llegar hasta el límite, agotando una salida negociadora ante el conflicto”, subrayó.
Sin embargo, APPO se anunció que no se permitirá abrir una escuela más, aunque se respetará la decisión del gremio sea cual sea y se buscará una salida conjunta con un plan único de acción.
Entre los acuerdos de la APPO también está la interposición de una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del gobernador Ruiz, por asesinatos y crímenes cometidos en contra del movimiento social.
La bancada del PRI, a través del diputado Gerardo Sosa Castelán comentó que el tema Oaxaca se analizará en asuntos generales y que hasta el momento Ulises Ruiz no ha pedido ningún apoyo, pero aclaró que “si lo hace, se lo daremos”.
Por su parte dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideran que la determinación del Senado para sostener al gobernador local y no declarar la desaparición de poderes puede generar un levantamiento social en la región sur-sureste del país.
Con esa premisa, aseguraron, Oaxaca debe ser una alerta para el gobierno federal porque la inconformidad de los oaxaqueños se extiende a los Chiapas y Guerrero en el sur y el centro oeste del país respectivamente, además de otros estados.
Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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