México

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó hoy los actos violentos acontecidos hace unos días en algunos municipios del estado de Oaxaca, en los que más de 20 personas resultaron heridas y al menos tres personas murieron.

"La violencia no está justificada por ningún motivo", recalcó la dependencia de la ONU en un comunicado.

La directora adjunta de la Oficina, Nancy Robinson, hizo un llamado al gobierno de Oaxaca y a las autoridades municipales para que tomen todas las medidas necesarias para distender la situación que se vive en el estado, así como para procesar a los impulsores de la violencia.

"Se necesita que las autoridades competentes realicen una investigación independiente, pronta y eficaz de los hechos con el fin de detener y procesar a responsables, tanto materiales como intelectuales, de los delitos cometidos en el estado de Oaxaca para evitar la impunidad", dijo Robinson.

Del mismo modo, la Oficina en México pidió a los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que cooperen con acciones de distensión y no cierren las posibles salidas negociadas al conflicto.

Por otro lado, el relator especial para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, expresó su preocupación por "las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron el día 27 de octubre en la ciudad de Oaxaca y algunos municipios aledaños, a consecuencia de actos violentos que dejaron a varias personas muertas y numerosos heridos".

Agregó que en estos hechos participaron, según informaciones recibidas, grupos de individuos para policiales que asesinaron a varias personas indefensas.

El relator aclaró que "no desconoce que estos hechos ocurren en el marco de un largo conflicto social y político que ha enfrentado a diversos sectores de la sociedad oaxaqueña con las autoridades estatales".

Añadió que ha recibido información reportando que en el transcurso de este conflicto las violaciones a los derechos humanos incluyen tiroteos con armas de fuego que han producido muertos y heridos, detenciones arbitrarias, allanamientos de hogares, desapariciones forzadas y la negación del debido proceso.

En el informe sobre su misión en México en 2003, Stavenhagen recomendó al gobierno de México, entre otras cosas, que proceda con urgencia a desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares o civiles armados que operan en regiones indígenas.

Asimismo, expresó gran preocupación por el uso de la fuerza pública "para la supuesta solución a problemas sociales de larga duración", y sugirió a las autoridades federales y estatales que se atengan en todo momento a los compromisos adquiridos por México en el ámbito internacional de respetar sin limitaciones los derechos humanos de las personas y los grupos, incluyendo el derecho a la libre expresión, a la manifestación, a la disidencia y a la protesta social.

Fuente: CIMAC diario