La democratización de la comunicación en camino
- Opinión
En los tiempos que corren, los derechos de comunicación y ciudadanía se ven confrontados a serias amenazas y restricciones emanadas de instancias de poder, pero a la vez se afirman en cada vez más amplios movimientos sociales y de opinión. De hecho, esta situación no es más que un reflejo de la tensión que está sacudiendo a la democracia misma.
En América Latina y el Caribe, una serie de indicios apunta a señalar que se asiste a un momento de giros importantes que se dirimirán en el plano político, ante el generalizado malestar ciudadano por el déficit de la democratización y los impactos de las reformas neoliberales. En este marco está cobrando fuerza la demanda por la democratización de la comunicación.
El Gran Hermano
La primera víctima de la guerra es la verdad –y por ende el periodismo-, es una sentencia consagrada. La decisión del gobierno del presidente Bush de entablar una guerra indefinida contra el terrorismo, tras el atentado del 11 de septiembre de
La nueva Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense adoptada nueve días después del atentado, define la actual estrategia de ese país con la cual se atribuye el derecho de guerra preventiva en cualquier lugar del mundo. Este concepto marca un giro en la política internacional, pues establece que en adelante sólo prevalecerá una nación soberana y que las demás y el derecho internacional tendrán que subordinarse a tal designio. Esto implica que cualquier acción adversa a Estados Unidos es susceptible de ser considerada como terrorista.
El 26 de octubre 2001, Bush suscribe el Acta Patriótica que “otorgó a las agencias de inteligencia poderes ilimitados para la escucha de cualquier teléfono. A estas agencias también se les autorizó recopilar una amplia gama de información de varias instituciones públicas –escuelas, hospitales, instituciones financieras de crédito y otras, comunicaciones en Internet, establecimientos comerciales, entre otras- sin tener que revelar ante juzgado alguno ni una acusación criminal, ni el propósito y alcance de la investigación, con la sola condición que tenga que ver con una vaga sospecha de ‘terrorismo’”, escribe Ahmad Aijaz (2003).
Desde entonces, se han multiplicado los mecanismos para controlar la información: agencias de propaganda para inundar a los medios de comunicación a nivel planetario (como
Las consecuencias de estas políticas implementadas por la potencia mundial, por donde se lo quiera ver, no se han traducido en un mundo más seguro, pero sí en uno más atemorizado y disminuido en sus derechos.
La otra cara de la misma moneda, en cambio, muestra la imposición cada vez mayor de políticas de liberalización y desregulación, sobre todo en materia de telecomunicaciones, orientadas a eliminar cualquier regulación o espacio estatal que pudiera interponerse a la expansión transnacional, conjuntamente con normativas que buscan preservar sus intereses, como es el caso de la novedosa interpretación de los derechos de propiedad intelectual promovidas en
Asimismo, vemos que el proceso de concentración de la industria mediática y de la cultura sigue imperturbable, rigiéndose por criterios exclusivamente comerciales para los cuales lo que cuenta es el paradigma de consumidor/a por sobre el de ciudadano/a, por sobre el interés público. Y es así, por ejemplo, que la "diversidad cultural" ha pasado a reducirse en oferta de una gama de productos y servicios para satisfacer el "gusto" de los consumidores, quienes -por lo demás- son sistemáticamente monitoreados (incluso con recursos propios del espionaje) por especialistas para ubicar "nichos de mercado". Todo esto, cuando precisamente los media se afirman como un ámbito crucial en la configuración del espacio público y de la ciudadanía misma por el creciente peso que han venido adquiriendo en la definición de las agendas públicas y la legitimación de tal o cual debate.
Cuestiones de democracia
En este contexto global, otro factor que destaca, cuando se trata de hablar de derechos de comunicación y ciudadanía, es el malestar que se manifiesta respecto a la democracia “realmente existente” en prácticamente todas las sociedades bajo régimen democrático occidental, por supuesto con el tono y dimensión a las particulares dinámicas internas de ellas.
Haciéndose eco de esta realidad,
Estas preocupaciones, en esencia, son las que condensan el accionar público de una diversidad de movimientos y organizaciones ciudadanos que pugnan por una nueva democracia participativa, bajo la premisa que los males de la democracia tienen que curarse con más democracia. Pero el frente conservador ha sostenido y sostiene que tal planteamiento no es viable porque el exceso de demandas terminará provocando una sobrecarga del sistema y la consiguiente crisis de autoridad o de gobernabilidad –como suele decirse en el mundo institucional-, por tanto, que la solución es menos democracia, apelando a elites “lucidas” y mejores mecanismos procedimentales.
La terca realidad, sin embargo, señala que la emergencia de nuevos actores y discursos políticos que desafían los causes institucionales y al sistema de partidos, se ha traducido en importantes redefiniciones de la agenda pública y, a la postre, de la política institucionalizada. Y, a la par, resulta sintomático que cada vez más la gente no se sienta representada por los partidos políticos, en la medida que son vistos más como integrantes del aparato del Estado que como canales de expresiones de la sociedad civil, por la prioridad que dan a sus funciones institucionales en desmedro de las que tienen que ver con la vinculación social.
Es así que los partidos han dejado de ser el agente único de mediación política, ante el surgimiento de otros actores –particularmente los movimientos sociales- que se presentan en sus antípodas: no jerarquizados, flexibles, descentralizados, con rotación en puestos de mando, propiciando la designación paritaria de género y representación de minorías, exigiendo transparencia, rendición de cuentas, participación amplia en la toma de decisiones, etc.
En América Latina, con el retorno constitucional tras la larga y obscura noche dictatorial, se establecieron “democracias de baja intensidad”, “democracias incompletas” y otras denominaciones afines. La expectativa inicialmente generada, pronto dio paso al desencanto, que ha ido en aumento, por cuanto en la región se adoptan las políticas de corte neoliberal diseñadas por el Consenso de Washigton que han conllevado a una creciente concentración del poder y las riquezas, al empobrecimiento generalizado de las mayorías y al deterioro de sus condiciones de vida. Esto es, las promesas de bienestar de las reformas económicas neoliberales no sólo que no llegaron, sino que, por el contrario, lo que se ha producido es una mayor desigualdad social, que ha colocado a los estratos medios en situaciones de exclusión. Bajo estas condiciones, esas grandes mayorías ciudadanas se han visto forzadas a ocuparse de la sobrevivencia cotidiana, alejándose de cualquier posibilidad de intervenir en los asuntos públicos y en la toma de decisiones sobre los destinos de la sociedad.
Como recientemente lo reconoció el ex secretario de
Daniel Campione (2006), analizando el proceso vivido en Argentina, pero que perfectamente calza para el resto de países latinoamericanos, señala: “La democracia argentina de los 80-90 puede ser entendida, y así lo hacen varios autores, como una democracia degradada, con las instituciones avasalladas por el ‘decisionismo’ desplegado desde la conducción estatal, que rebasa normas jurídicas y manifestaciones de voluntad social contrarias a las soluciones elegidas. Más allá de cambios de orientación en las políticas adoptadas, en más de un sentido esa caracterización puede ser mantenida hasta el presente.
“Sin embargo, nos inclinamos a pensar que operan fenómenos más complejos y profundos: Asistimos a la transformación del contenido de un régimen político sobre una armadura jurídico-constitucional que permanece intocada en lo sustancial. La representación política (aun con todas las limitaciones de la democracia parlamentaria) y el sentido amplio de ciudadanía, tienden a debilitarse seriamente, a favor del imperio indiscutido de una elite política sin otro compromiso firme que el de ‘procesar’ las orientaciones del gran capital. Se espera que la dirigencia ponga toda su dedicación y recursos para contribuir a optimizar las posibilidades de obtención de ganancias por la gran empresa en su ámbito territorial, y para el ‘posicionamiento’ del país en el mercado mundial, adecuando en lo posible el desenvolvimiento ideológico y cultural a esos requerimientos”. Y más adelante acota: “…la transición al régimen democrático y su estabilización no les trajo aparejada (a las clases subalternas) ninguna ventaja apreciable, sino al contrario la persistencia del deterioro social y la expansión de las carencias a sectores cada vez más amplios”.
Nuevos protagonismos
El descontento con el funcionamiento de la democracia y el incremento de la desconfianza frente a la institucionalidad y los partidos políticos llevaron a que se ponga sobre el tapete el tema de la “gobernabilidad”, vista como el gerenciamiento de mecanismos de control y compensación social para evitar las repercusiones perturbadoras de las inequidades y desigualdades sociales, dejando de lado una cuestión central: el bloqueo de los canales institucionales para procesar las demandas sociales. Y es, justamente, ese bloqueo el que ha dado pauta para que se proyecten movimientos sociales de los más diversos, y cada vez más politizados, que más allá de sus reivindicaciones específicas demandan reformas políticas profundas, con la mirada en la instalación de asambleas constituyentes que refunden la democracia.
De hecho, estos movimientos se han constituido como espacios que se sustentan en la construcción de ciudadanía, reivindicando derechos en contraposición al clientelismo y las dádivas o caridad de los poderes establecidos. Pero además, un buen contingente le ha dado cara a la globalización, estableciendo articulaciones internacionales cuya expresión más significativa es el Foro Social Mundial en donde se promueve la construcción de una agenda social global, que por supuesto incluye una agenda social en comunicación. La globalización mirada desde este lado lo sintetiza el eslogan de
La irrupción de estos movimientos en la escena política latinoamericana parece estar llevando a que incluso dentro de los organismos multilaterales se trate de afinar los enfoques, como lo insinúa la revista IDEA del Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2006), cuando señala: “Los movimientos sociales han sido considerados tradicionalmente desviaciones de la norma; producto, básicamente, de la atomización, alienación y frustración social. Pero un vistazo desde una nueva perspectiva permite captar individuos que son racionales, socialmente activos y bien integrados a la comunidad, pero ansiosos de hacer valer sus intereses a través de canales distintos a los que ofrecen las instituciones establecidas. Dada la naturaleza en general pacífica y contenida de estos movimientos y el apoyo de los medios de comunicación, que contribuyen a darlos a conocer, legitimarlos y amplificarlos, los movimientos sociales se han convertido en un actor político complejo e influyente”. La nota tiene como destaque: “Las protestas sociales se han convertido en un instrumento político poderoso, capaz de derrocar presidentes”.
En efecto, por acción de estos movimientos un buen número de mandatarios de varios países de la región han sido derrocados, en la mayoría de casos vinculados a escándalos de corrupción (un componente muy presente en los procesos de privatización), pero a ellos se debe también que en los últimos años el mapa político haya cambiado de color, ante la presencia de gobernantes que apuntan a cambios o cuando menos correctivos a las políticas dictadas por el Consenso de Washington. En el año en curso, esta tendencia pudo ampliarse mucho más, pero más pudieron procedimientos con fuerte olor a fraude (Costa Rica, Perú, México, Ecuador), dizque para “salvar la democracia”. Como sea, en Latinoamérica y Caribe se perfila una creciente, e inédita, reivindicación de autonomía de los gobiernos respecto a Estados Unidos, que abre la perspectiva de avanzar en la integración regional.
Tan solo para dimensionar este giro socialmente hablando, hoy tenemos a un mulato gobernando en Venezuela; un obrero, en Brasil; y un indígena, en Bolivia. Y eso hace que más allá de sus comportamientos políticos, las elites los rechacen. De los tres, Lula es sin duda quien más concesiones ha hecho, pero como anota Boff: “Es notorio que nuestras elites políticas y económicas se sienten incómodas con un obrero en la presidencia. Ellas llevaron a cabo
¿Dictadura mediática?
Este contexto, de obvia polarización social, ha repercutido sobre el sistema mediático, dando lugar a que se considere que los grandes medios prácticamente han pasado a ocupar el vacío que se ha creado por el descalabro de los partidos del establecimiento, como articuladores de este sector, lo cual ha redundado en su creciente pérdida de credibilidad. De modo que el virtual “consenso mediático” (a imagen y semejanza del Consenso de Washington) establecido en la región entre esos grandes medios, también se ha visto afectado.
En este sentido la situación más relevante es la de Venezuela, donde el 11 de abril 2002 fue escenario de un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, quien, en un hecho inusual, fue restituido al poder por la reacción popular. Como han coincidido en señalar un sinnúmero de analistas, se trató básicamente de un “golpe mediático”, por el rol que jugaron en estos acontecimientos los grandes medios, particularmente
Una situación parecida, con las particularidades del caso, se había registrado el 19 y 20 diciembre 2001 en Argentina, cuando las movilizaciones populares con sus “cacerolazos” forzaron la salida del presidente Fernando de
En tal sentido, lo acontecido en los diversos procesos electorales registrados en Latinoamérica en el curso de este año, resulta muy ilustrativo. Para referirme tan solo a la última contienda, que fue la realizada en Brasil, en el acto de celebración por la reelección del presidente Lula, apareció un tela que decía: “el pueblo venció a los media”, como denuncia al rol jugado por éstos en la campaña. En efecto, diversos analistas coinciden en señalar que los medios forzaron la realización del segundo turno, entre ellos el dueño de la empresa de encuestas Vox Populi, Marcos Coimbra, particularmente por la cobertura parcial que realizaron en las vísperas del primer turno.
Por tal razón, diversos intelectuales (más de 4.500) suscribieron el “Manifesto por uma Mídia Democrática e Independente”, en el cual, apoyándose en cifras del Observatorio Brasileño de los Media, señalan que la semana que antecedió al primer turno se registró “una brutal escalada de parcialidad e improbidad por parte de los grandes medios brasileños”. Según esas cifras, las notas negativas sobre los dos candidatos más opcionados que difundieron los cinco grandes periódicos se reparten así: 226 para Lula y tan sólo 17 para Geraldo Alckim. Y más adelante acotan: “Exigimos respeto al principio de la igualdad de condiciones –en este caso: de equilibrio informativo en las referencias positivas y negativas para los dos candidatos-, sin el cual no se puede hablar de elecciones libres. Exigimos que cese inmediatamente el desequilibrio criminal en el reparto de notas negativas y positivas entre los dos candidatos”.
En sus primeras declaraciones, el presidente brasileño anticipó que en su segundo mandato impulsará la reforma política y la democratización de la comunicación, acogiendo el pedido que en tal sentido vienen formulando movimientos sociales y ciudadanos, entre los que destaca el Foro Nacional de Democratización de
Un movimiento que avanza
Como un signo de los nuevos tiempos, en la región se puede apreciar que está ganando presencia pública el debate sobre los medios y la comunicación en general. La demanda de un amplio debate sobre el tema ha sido una de los principales planteamientos del movimiento por la democratización de la comunicación, que se viene construyendo a partir del que se formó para impulsar el Nuevo Orden Mundial de
Como se recordará, este informe fue aceptado por consenso en
No obstante los avatares en el plano oficial, y el sesgo voluntarista e incluso elitista -al no apelar a la participación ciudadana- que prevaleció, es justo reconocer que las ideas fuerza del NOMIC calaron en espacios sociales por lo que, empatando con las aperturas democráticas, por ejemplo, fue acogida la proclama: “sin democratización de la comunicación, no hay democracia”, promovida por diversos actores sociales vinculados a este sector, entre ellos el mundo de lo que se ha dado en llamar “comunicación alternativa”.
Es generalizada la duda sobre la utilidad y, por tanto, sentido de las cumbres mundiales promovidas por Naciones Unidas. Pero lo que no se puede desconocer es que éstas han permitido catalizar procesos de convergencia de la sociedad civil. Es así que, la confluencia de entidades comprometidas en promover el derecho a la comunicación logra cuajar, por primera vez, de cara a
Esta vez, la demanda por el Derecho a
En este marco, y en conexión con el evento en Ottawa, también se realizó, en San Salvador, El Salvador (9-11 septiembre 1998), el Foro Internacional: Comunicación y Ciudadanía, que tuvo la particularidad de propiciar una confluencia entre el mundo de la comunicación y los movimientos sociales, asumiendo que la lucha por la democratización de la comunicación precisa ir más allá de los sectores involucrados directamente en este campo, para que se convierta en bandera de todos los movimientos sociales y ciudadanos. Esto es, ahí se tendieron puentes para una interacción que ha prosperado significativamente con el devenir del tiempo.
El pedido de
Hablando de derechos
Con
Si bien muchos de los actores de CRIS siguen defendiendo el concepto del “derecho a la comunicación”, el término “derechos de la comunicación” (communication rights) fue preferido en el contexto de
Cabe recordar que el concepto del derecho a la comunicación fue acuñado en el marco del NOMIC, en los años 70 y 80, y estuvo al centro de la disputa en
En ciertos sectores del entorno de Naciones Unidas, el término “derecho a la comunicación” sigue siendo asociado a una lectura sesgada del NOMIC, promovida por sus detractores. Ello contribuyó a agudizar el debate sobre el tema en el marco de la propia CMSI. Finalmente se evitó la referencia directa, reteniendo la definición: “La comunicación es un proceso social fundamental, una necesidad humana básica y el fundamento de toda organización social.”, como reza en el párrafo 4 de
El término “derechos de la comunicación", en cambio, al utilizar el plural, apunta implícitamente hacia los derechos existentes que se relacionan con la comunicación. Si bien el énfasis se desplaza hacia la plena realización de los derechos de la comunicación ya reconocidos en instrumentos internacionales y nacionales, -y ya no en establecer un nuevo marco global de derechos- sin embargo, deja entreabierta la puerta a la eventualidad de plantear, a futuro, nuevos derechos, correspondientes a las nuevas realidades comunicacionales.
En tal sentido, como escribe Seán O'Siochrú (2005), de
Así, la libertad de expresión, tal como está reconocida en instrumentos internacionales como
Para O'Siochrú: "Una aproximación inicial a la meta de los derechos de la comunicación podría expresarse así: éstos buscan asegurar la generación de un ciclo ponderado, creativo y respetuoso de interacción entre las personas y los grupos en la sociedad, que ratifique en la práctica el derecho de todos y todas, en igualdad de condiciones, para que sus ideas sean expresadas, oídas, escuchadas, consideradas y respondidas".
Por su parte, Cees Hamelink (2003) establece los vínculos entre la libertad de expresión y aspectos de otros derechos "conexos" o "habilitadores", igualmente contenidos en instrumentos internacionales de derechos. Estos incluirían:
- El derecho a participar en su propia cultura, de utilizar su lengua materna, incluyendo las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas;
- El derecho a la información con respecto a asuntos de gobierno y de interés público (libertad de información);
-El derecho a la protección de los intereses morales y materiales de los autores;
- El derecho al honor y a la reputación propia, y a la protección contra ataques personales;
- El derecho a la privacidad;
- El derecho a las reuniones y a la asociación pacíficas;
- El derecho a la educación primaria gratuita y a la introducción progresiva de la educación secundaria gratuita.
Plataforma común
Si los derechos de la comunicación adquieren especial relevancia hoy en día, es sobre todo por la importancia inédita que ha ido adquiriendo la comunicación en la sociedad actual. Factores como la creciente influencia de los media en casi todas las esferas de la vida -a lo cual se añade la tendencia a la concentración de su propiedad-; o el fenómeno de las telecomunicaciones, las tecnologías digitales e Internet, con su potencial democratizador de la comunicación, a la vez que sus peligros, como la facilidad de vigilancia electrónica, hacen que los derechos reconocidos hasta ahora en este plano, a lo mejor ya no sean suficientes, o que surja la necesidad de nuevas garantías y protecciones de derechos que hace poco se daban por adquiridos. Si desde hace más de dos siglos, la definición de derechos ha sido un proceso en evolución, no hay por qué suponer que este proceso haya terminado.
Pero más allá de las definiciones y marcos legales, el concepto de derechos de la comunicación nos ayuda a reivindicar su función social y a defender que no pueda ser tratado simplemente como un sector más de la economía, un servicio comercial, un negocio privado.
Si la defensa de la libertad de expresión fue articulada sobre todo frente a la amenaza de Estados totalitarios -y su marco legal sigue respondiendo principalmente a ésta-, hoy conviene preguntarnos si la mayor amenaza no proviene más bien de la concentración en grandes conglomerados mediáticos, cuyo poder está prácticamente por encima del Estado. Los marcos actuales de derechos prácticamente no ofrecen ninguna protección a la ciudadanía frente a ello.
Como señala O'Siochrú, "El peligro inminente es que cada momento del ciclo se está atando a las necesidades del capital y del mercado. El peligro en última instancia es que el ciclo del proceso de la comunicación en la sociedad sea interrumpido, que el proceso de aprendizaje social se haga cada vez más débil, y que al final el proceso de la creatividad sea transformado y reducido a la generación de ganancia a corto plazo, en forma insostenible, para una pequeña minoría (…) Los 'derechos de la comunicación', como concepto y como práctica, potencialmente tienen la profundidad y la amplitud para poder evaluar críticamente y entender estos peligros, pero también para ayudarnos a organizar soluciones integrales para abordarlas".
Con miras a buscar respuestas a estos retos en América Latina y el Caribe, diversas redes regionales de comunicación que venían participando en
Es
Más allá de la dimensión mediática, se ha identificado también a otros ámbitos convergentes, como las luchas culturales, el movimiento del software libre, la defensa del acceso universal y apropiación efectiva de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la lucha frente a los derechos de propiedad intelectual por recuperar el equilibrio entre intereses de autores, ciudadanía y empresas, para nombrar algunos.
Asimismo, ante la importancia de contar con actividades de investigación que contribuyan a enfocar nuevos terrenos y formas de acción, se apunta a estrechar los vínculos con los investigadores e investigadoras en la materia, como también a la elaboración de documentos de vulgarización de investigaciones y actividades de intercambio entre teoría y práctica.
Además, en el mismo sentido se inscribe el involucramiento cada vez mayor de movimientos y organizaciones sociales cuya agenda de luchas incorpora la democratización de la comunicación, reconociendo su creciente importancia estratégica, como condición fundamental que permita "equilibrar las reglas de juego" en este ámbito, a fin de poder disputar sentidos y proyectos de sociedad.
- Osvaldo León, ecuatoriano, estudió Ciencias de
Ponencia presentada en el FORO IBEROAMERICANO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, Sesión plenaria: Derechos de comunicación y ciudadanía, Cádiz, 18 noviembre 2006, que se realizó en el marco del IX Congreso Iberoamericano de Comunicación.
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