Introducción

El estado de derecho y la institucionalidad democrática  se afirman  al garantizar al ciudadano sin excepción, el goce pleno de sus derechos, el acceso a satisfactores que le provean las condiciones necesarias para su desarrollo y el de sus familias. Estos derechos están expresados en la normativa jurídica guatemalteca, en los convenios en materia de Derechos Humanos firmados y ratificados por los estados, como en los  compromisos asumidos en la firma de los Acuerdos de Paz

Hace diez años se firmo el documento, producto las negociaciones y las resoluciones que permitieran al país el desarrollo y que garantizaran al ciudadano, el goce pleno de sus derechos.  Fue  la culminación de un proceso,  cuyos principales objetivos eran: poner fin a la confrontación ideológica y militar, buscar la vía electoral, y el compromiso de la sociedad,  de asumir e iniciar acciones para combatir las grandes desigualdades, la exclusión y garantizar la vigencia del estado de derecho.

Sin embargo vemos que nuestro país sigue el conflicto latente, se siguen violando las garantías más elementales y siguen intactas las estructuras que causaron  la confrontación.
 
Tanto los indicadores de desarrollo humano como la información disponible sobre analfabetismo, escolaridad, acceso a los servicios públicos, ponen en evidencia que se sigue negando a los guatemaltecos los derechos más elementales que ponen en peligro sus vidas y las de sus hijos.
 
El sistema económico tiende a debilitar al  Estado y le inhibe su naturaleza como un ente regulador de la actividad económica y administrador de los recursos públicos.

La lógica mercantilista, ha propiciado la corrupción en las instituciones del estado, en donde el funcionario público utiliza su gestión para “hacer negocios”, aceptar sobornos, vender votos, aceptar jugosas comisiones o para encubrir operaciones financieras  off shore, que han servido para garantizar la impunidad  en las estafas bancarias.1

A pesar las promesas del presidente Berger en su discurso ante las Naciones Unidas en donde  expreso: que los ejes para la formulación del presupuesto de inversiones durante su gobierno serían el sector educación, salud, infraestructura y seguridad, hemos visto  que el 80% de la obra pública se encuentra orientada a la realización de carreteras y edificación públicos y a engrosar las cuentas de los diputados que manejaron los fondos del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural  (PACUR)2 .

La capacidad del Estado de impulsar políticas de desarrollo y de inversión social se ha debilitado, se mantienen los índices de pobreza, el acceso a la tierra, la reforma fiscal y la inversión social, sigue ausente en la agenda del gobierno. La falta de educación, el desempleo, la inseguridad, la exclusión en que vive la población rural y urbana, pone en total vulnerabilidad la vida y el futuro de los guatemaltecos. El resultado en los últimos años apunta a una disminución de los ingresos tributarios. Situación que tiende a agravarse, en la medida que entre en funcionamiento el TLC.
 
En materia de Seguridad Ciudadana, se sigue evidenciando la falta de voluntad del gobierno en asumir los compromisos sobre desmilitarización y la depuración de las fuerzas de seguridad. Seguimos teniendo un Estado que propicia la impunidad, la falta de equidad en la administración de justicia y la corrupción de las instituciones del gobierno. Esta situación pone en grave riesgo el  funcionamiento del Estado de derecho y  la institucionalidad democrática. 

El presente informe es una contribución de nuestra institución al análisis de la situación en materia de derechos humanos en el año 2006.

Los datos los hemos obtenido, gracias a la información de los medios de comunicación, lo cual nos ha permitido la documentación y para el análisis.

 En la primera parte de nuestro informe analizamos los Derechos Civiles y Políticos, las violaciones al derecho a la vida, los sectores más vulnerables como la niñez, violencia en contra de las mujeres, abordamos la situación de los activistas de derechos humanos, la libre expresión del pensamiento, la violencia política y las violaciones contra la integridad.

En la segunda parte analizamos algunos aspectos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como: tierra y trabajo, salud, educación, y concluimos, con una evaluación de la situación de los derechos de los pueblos indígenas.

Derechos Civiles y Políticos

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Asamblea General de la ONU 1966)

Violaciones contra el derecho a la vida

La sociedad guatemalteca sigue considerando la inseguridad y la violencia como las principales materias pendientes en políticas de estado. Las zonas urbanas y rurales son copadas por bandas organizadas que someten a la población a un estado de psicosis y pánico. Las intimidaciones, las amenazas, y el asesinato de testigos, ponen en grave riesgo la institucionalidad del país.

En el tema de la Seguridad Ciudadana, podemos ver que, los aparatos de seguridad, siguen operando en contra de la población civil. En el tema del fortalecimiento del poder civil y la depuración de las fuerzas de seguridad no se ha avanzado, por el contrario, el año en 2006, se desplegó una fuerza de 3 mil efectivos para apoyar a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad ciudadana, lo que hace un total de  8 mil efectivos militares.3 En el mes de marzo el Ejercito gastó Q 36 millones sin licitar, en la compra de vehículos  y equipo para los ex militares que se unieron a las Policía Nacional Civil en el mes de abril. Adquirió 30 picops, cinco camiones de 12 toneladas, uniformes y equipo para cada uno de los tres mil elementos que fueron reconcentrados.4

A la luz de nuestras estadísticas podemos afirmar que las fuerzas combinadas para combatir la violencia, no han funcionado; se trata de fuerzas preventivas, pero los indicadores de violencia siguen siendo muy altos.

Según  la información que  proveen los medios de comunicación, podemos determinar que el 79% de las violaciones contra el derecho a la vida en el año 2006  se realizó con armas de fuego.

Cuadro 1   Violaciones ocurridas en 2006

Fuente: GAM con información recibida directamente y por monitoreo a los medios de comunicación

En lo indicadores mensuales que obtenemos, podemos apreciar que la curva de la violencia, tuvo sus indices mas altos en los meses de enero con 394 víctimas y el mes de septiembre con 362. El indice mas bajo se dio en el mes de abril, con 289 víctimas y en diciembre con 251. Es importante hacer notar la tendencia hacia arriba a partir de los meses en que se iniciaron los patrullajes conjuntos del ejército y la policía. Como lo podemos observar en la sigiuente gráfica.

Gráfica 1 Curva de la violencia en 2006
Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo realizado durante los meses

Tipos de violaciones

Nuestro informe se elabora a base de ciertos conceptos, para caracterizar las violaciones, por ejemplo: el móvil, el tipo de arma, si fueron disparos a quemarropa, cuantos disparos, que tipo de arma, cuantos hombres, si hubo secuestro si hubo torturas etc.
 
Las categorías en que dividimos las violaciones contra el derecho a la vida son: muertes violentas, ejecuciones extrajudiciales, limpieza social, muertes por linchamiento y masacres

               Cuadro 2 Tipos de violaciones

Fuente: GAM con información recibida directamente y por monitoreo a los medios de comunicación

Muertes Violentas

Como sabemos todas las muertes son violentas, sin embargo, hemos clasificado este tipo de muertes por ciertas características de extrema crueldad, tales como: secuestro, torturas, señales de estrangulamiento y tiro de gracia. El 70% de estas violaciones se realizó con arma de fuego. 

En el año 2006 se registraron 1593 violaciones con estas características, 1362 hombres, 204 mujeres 17 niños y 10 niñas menores de 15 años.

Muchas de estas violaciones no se investigan, la policía adjudica estos hechos a las maras y al crimen organizado. A continuación un caso ilustrativo de muerte violenta

Fuente: GAM con información recibida directamente y por monitoreo a los medios de comunicación


Ejecución extrajudicial

Este tipo de violaciones tiene las siguientes características: Utilización de tácticas de emboscada desde vehículos en marcha, disparos a quemarropa, disparos a corta distancia, tiro de gracia. En este tipo de hechos se descarta el robo. El 96% de estas violaciones se realizaron con arma de fuego. Este mes se reportaron un total de 1053 ejecuciones extrajudiciales, 879 hombres, 149 mujeres, 14 niños y 11 niñas menores de quince años.

A continuación un caso ilustrativo de una ejecución extrajudicial.

Fuente: GAM con información recibida directamente y por monitoreo a los medios de comunicación

Ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes (limpieza social)

Dentro de esta categoría incluimos, todos las personas que han sido eliminadas por presunción de delito, es decir; ladrones, asalta buses, extorsionistas, secuestradores, etc.
 
Consideramos también dentro de ésta categoría a todas las personas eliminadas de manera violenta que por tener tatuajes, antecedentes penales, portaba drogas, se presume, eran delincuentes. 

Esta forma violenta de eliminación, hace creer a la  ciudadanía que se está haciendo justicia, por eso la mayoría de estos hechos, no se investiga. El 80% de las víctimas, son personas entre las edades de 15 a 30 años, el 25% presentaba señales de tortura

Por los medios de comunicación, sabemos que existen testimonios que en algunos casos dejan evidencia de la participación de las fuerzas de seguridad.

Esta práctica como política de Estado fue evidente el 25 de septiembre cuando fue recuperada la cárcel de Pavón  -la cual se había convertido en un centro de operación del  crimen organizado-.  En el operativo,  a cargo de militares, participaron mil efectivos, entre militares y Policía Nacional Civil incluso utilizaron tanquetas.

En una investigación realizada por la Procuraduría de Derechos Humanos se tuvieron evidencias de que la muerte de los reos: José Abraham  Tiniguar Guevara, Mario Misael Castillo, Erick Estuardo Mayorga Guerra y Jorge Estuardo Batres Pinto, fueron ejecuciones extrajudiciales.7

En 2006 registramos 640 violaciones con estas características; 608 hombres, 28 mujeres y 4 niños. A continuación un caso en donde se presume la participación de las fuerzas de seguridad.

Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo realizado a los medios de comunicación

Muerte por linchamiento

El linchamiento es una de los hechos violentos de extrema crueldad en contra de un ser humano. Las comunidades practican los linchamientos como un castigo ejemplar y como un mensaje a los delincuentes

Los linchamientos, ocurren en su mayoría en las áreas en donde la campaña contrainsurgente emprendida por el ejército durante el conflicto armado llegó a su más alto grado de salvajismo, por lo tanto creemos que este tipo de manifestaciones violentas, es producto de una  cultura que nos heredaran las practicas terroristas del estado guatemalteco.

La inseguridad generalizada mantiene a la población en estado de pánico. Ante la alarma de  cualquier presunto delito, la población se organiza en desconocimiento total de las autoridades locales -que nada puede hacer para evitarlo, so pena de correr la misma suerte-,  y linchan a los acusados. Según la percepción generalizada, la población guatemalteca, tolera y avala este tipo de manifestaciones, las que considera “justicia por mano propia”

En el año 2006, se registraron 14 víctimas de linchamiento, 13 hombres y 1 mujer.

A continuación un caso ilustrativo de linchamiento.
Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo realizado a los medios de comunicación

Asesinatos

Dentro de esta categoría, registramos las violaciones contra el derecho a la vida por motivo de robo, asalto o riñas. Este tipo de hechos los denominados “delincuencia común”  En muchos de estos casos,  los ladrones eliminan a sus víctimas después de despojarlos de sus pertenencias. En 2006 reportamos 420 hechos tipificados como asesinatos, 383 hombre, 28 mujeres, 5 niños y 4 niñas menores de 15 años.

A continuación un caso paradigmático de asesinato.

Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo realizado a los medios de comunicación

Niñez

Según nuestras estadísticas, la violencia afecta en su mayoría a la población cada vez mas joven, la mayoría de las víctimas son personas, entre los quince y los treinta años de edad.

Frente a la violencia indiscriminada, la niñez, queda en total estado de vulnerabilidad, como víctimas colaterales y cada vez mas como víctimas directas. Esto se puede ver en el cuadro a continuación.

Según nuestros informes en el año 2006, hubo 82 violaciones contra el derecho a la vida, en contra de niños menores de 15 años, tipificados de la siguiente manera:

Cuadro 3  Violaciones contra niños y niñas

Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo realizado a los medios de comunicación

A continuación un caso de ejecución extrajudicial de niños.

Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo a medios de comunicación

Femicidio

La brutalidad de estos hechos y los signos de violencia sexual que presentan ahora los cuerpos mutilados de las víctimas, tienen muchas de las características de las terribles atrocidades cometidas durante el conflicto que quedaron impunes, y revelan que en la sociedad guatemalteca persisten formas extremas de discriminación y violencia sexual. A continuación la tipificación de las muertes de mujeres, que según nuestros informes fue de  437 violaciones.

Cuadro 4    violaciones contra mujeres

Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo realizado a los medios de comunicación

A continuación: un caso paradigmático de muerte violenta de mujeres.

Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo a medios de comunicación

Violaciones contra defensores de DD.HH

La intimidación, la amenaza y la muerte en algunos casos, no cesaron en el curso de este año; incluso, el número de ataques se incrementó en el 2006 con relación al año anterior.
Muchos ataques van dirigidos a aquellos que se oponen a la construcción de hidroeléctricas en las comunidades y sindicalistas que buscan un incremento de salario para los trabajadores, así como líderes comunitarios

Así lo denunció Ruth Del Valle, directora Ejecutiva del Movimiento Nacional de los Derechos Humanos.

La activista menciona que tiene documentados 226 casos de ataques en contra de ellos. La cifra la tienen contabilizada hasta el 31 de octubre.
Del Valle menciona que en el 2006 sobrepasó los casos de ataques en contra de los defensores de Derechos Humanos que se cometieron el año anterior.  A continuación: un caso paradigmático

Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo realizado a los medios de comunicación

Libertad de Expresión

Los periodistas y comunicadores sociales son un sector  vulnerable ante la escalada de violencia he inseguridad que azota nuestro país, tal es el caso del fotógrafo Carlos Daniel Cholotío14, quien murió acribillado a manos de un delincuente, y el asesinato del periodista Eduardo Heriberto Maas Bol, quien murió acribillado en la ciudad de Coban, Alta Verapaz. Posteriormente trascendió que Maas Bol, quien también era activista de derechos humanos,  había sido amenazado por los carteles del narcotráfico que opera en esa región15.

La búsqueda de abrir espacios de expresión hacia los sectores históricamente marginados ha provocado el cierre de la frecuencia de un medio de comunicación radiofónico. El director del medio Lic. Oscar Rodolfo Castañeda,16 fue amenazado de muerte en varias ocasiones he incluso, el periodista Vinicio Aguilar17 sufrió un atentado con un disparo de arma de fuego en el rostro.

En el año 2006 se registraron 15 hechos violentos en contra de trabajadores de medios, como se detalla a continuación:

Cuadro 5  Violaciones contra comunicadores sociales

Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo realizado a los medios de comunicación

Violencia Política

En la medida que se acerca el proceso electoral, hemos visto como se va incrementado los actos de violencia en contra de activistas de los partidos políticos que están participando en la contienda electoral. (Como el que sufriera el vocero de la Unión Nacional de la Esperanza UNE)18
En el año 2006 registramos 8 casos de muerte violentas de personas pertenecientes a partidos políticos, 1 desaparición forzada y 2 atentados.

Dentro de la información recabada tenemos los siguientes hechos violentos en contra miembros de partidos políticos.

Cuadro 6 Hechos de violencia política

Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo realizado a los medios de comunicación

Violaciones contra la integridad

La integridad de los guatemaltecos, esta constantemente amenazada por el estado de total violencia e impunidad, la cual tiene un daño,  no solo físico, sino también psicológico, y la mayoría de los ciudadanos de Guatemala se encuentran en extrema vulnerabilidad frente a quienes la provocan.

Dentro del contexto de violencia descontrolada, responsabilizamos directamente al Estado por ser el principal responsable por omisión y  comisión  de estos de hechos.
 
En los desalojos, por ejemplo, participan las fuerzas combinadas de seguridad, en donde hacen derroche de violencia en contra de campesinos indefensos y sus familias.

Estas medidas son una forma de criminalización de las justas demandas de los campesinos, por el legítimo derecho a la tierra, el cual es un derecho elemental de todo ser humano.

Cuadro 7 Violaciones contra la integridad

Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo realizado a los medios de comunicación




A continuación: un caso paradigmático de desalojo

Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo realizado a los medios de comunicación

Violaciones con la participación de turbas sociales

Este tipo de hechos es el catalizador de la percepción que tiene la ciudadanía en los sistemas de seguridad, estos actos son manifestaciones sociales que expresan la desconfianza de la población en sus instituciones, quienes agobiados por la criminalidad, y ante la inoperancia de las autoridades, pretenden hacer “justicia” por su propia mano. Las víctimas de estos actos son presuntos delincuentes.

En el año de 2006, se registraron 69 casos de personas vapuleadas, 48 hombres y 21 mujeres y 67 casos de intento de linchamiento, 60 hombres y 7 mujeres.

Cuadro 8  Violaciones con la participación de turbas sociales

Fuente: Elaboración propia del GAM basándose en el monitoreo realizado a los medios de comunicación

Derechos económicos sociales y culturales
La Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, coinciden en al principio de que todo ser humano tiene el derecho de a vivir en condiciones aptas para su desarrollo. Los estados deben garantizar el derecho a un nivel de vida digno, además de su alimentación, salud, educación, condiciones idóneas para el pleno ejercicio de su ciudadanía.

Entendemos estos derechos como el principio universalmente aceptado que todo ser humano tiene derecho a vivir en condiciones aptas para su desarrollo integral, que le permitan llevar una vida digna, los cuales tienen existencia y validez universal.

Tierra y trabajo

La situación del trabajador, se caracteriza por la falta de garantías laborales, sueldos bajos y el incumplimiento al salario mínimo, principalmente en las actividades agrícolas.

El modelo agro exportador, sigue limitando el acceso a la tierra y pretende criminalizar el reclamo de la misma.

La criminalización de la pobreza se manifiesta, cuando el gobierno utiliza a las fuerzas de seguridad en contra de indefensos campesinos y sus familias, tanto en los desalojos de fincas como en los operativos de Ixcan Chiquito y en el estado de excepción decretado en el departamento de San Marcos se han utilizado una maquinaria publicitaria y el despliegue de miles de efectivos. Creemos que este tipo de despliegues, es una farsa mediática que tiene como objetivo, distraer la atención de los verdaderos problemas de la población y hacer creer a la opinión pública que se está combatiendo el narcotráfico. Denunciamos que operativos como  actos intimidatorios que pretenden criminalizar las ingentes demandas de la población y el derecho de los pueblos mayas  a defender la tierra y sus recursos.

A falta de tierra y trabajo, hombres y mujeres, se ven obligados e emigrar en busca de mejores oportunidades hacía las áreas urbanas, habitan en los cinturones de miseria,  en donde no encuentran mas posibilidades que las que dejaron e irremediablemente pasan a engrosar las filas de desocupados; sobreviven en la economía informal o quedan expuestos al crimen y a todo tipo de explotación.

Según el artículo 169 de la OIT, ratificado por el Congreso de Guatemala en 1996, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utiliza de alguna otra manera, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación.

Creemos que el acceso a la tierra y al trabajo, permite la democratización de las sociedades. La construcción de la democracia pasa necesariamente por el acceso de los ciudadanos a  los beneficios obtenidos. El acceso a la  tierra, permite que la población rural salga de la pobreza y se reduzcan las desigualdades sociales.

Salud

La pobreza tiene un enorme impacto en la salud de los guatemaltecos. Los informes de especialistas y de  organismos internacionales, el 60% de los guatemaltecos, viven en estado de pobreza y de estos, un 20% en estado de extrema pobreza.

Guatemala es uno de los países más desiguales del planeta, en donde el 20% de la población más rica se queda con el 59.5% de los ingresos y el 20%, apenas recibe el 2.9% de la riqueza.20

La mala alimentación afecta las condiciones de salud. Según los indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE), los guatemaltecos consumen 2 mil 200 calorías al día, lo cual representa el límite mínimo. Al menos el 50 por ciento de los niños guatemaltecos de 0 a 5 años, muestran problemas de desnutrición.21

En el 2006, se puso sobre el tapete, el abandono en que se encuentra sumida la red hospitalaria. Las justas demandas de los médicos, (recursos, infraestructura, medicinas) fueron  sistemáticamente desoídas y lejos de atenderlas, el Gobierno a recurrió a amenazas de despidos masivos. Incluso se manipuló la huelga criminalizando las justas demandas de los médicos  y poniendo como salvador nuevamente al ejercito, que instaló carpas para atender a los pacientes.22

Esta crisis le costó el cargo al Ministro de Salud,  El presidente Berger verificó por si mismo el abandono y la encases, la falta de medicinas, falta de comida, falta de equipo, que padecen los hospitales.

El requerimiento de ampliación, por un monto de 1 mil 45 millones de quetzales a la asignación del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), planteado en conjunto por la USAC, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Colegio de Médicos y Cirujanos y el movimiento médico interinstitucional, no alcanzó su objetivo, al no aprobarse el presupuesto 2007.
La violación al derecho a la salud, pone en peligro la vida y la integridad de las grandes capas de la población. Situación que se tiende a agravar si no se fortalece la institucionalidad del país, con  políticas de beneficio social, como quedó establecido en los compromisos acordados en el marco de los Acuerdos de Paz.
Educación
El discurso oficial plantea que hay una cobertura del 80 por ciento de la primaria y que hay más escuelas, pero la realidad es otra. La cobertura del sistema de educación sigue teniendo grandes deficiencias, no digamos la calidad de la misma.
Guatemala solo invirtió en educación, el 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2006 y propone asignar un 2.5 por ciento para 2007, contrario a la meta de los Acuerdos de Paz que es invertir el 6 por ciento.23
Este año, las clases comenzaron con falta de cupo. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), envió una circular a las direcciones departamentales para que las inscripciones se ampliaran hasta marzo y fueran gratuitas para niños de escasos recursos, aún así, tres mil niños quedaron fuera  y los que lograron entrar, no tuvieron libros.
Muchos niños tuvieron que recibir sus clases en condiciones infrahumanas, sentados en bloques de cemento y en aulas de lámina.
El cierre del Fondo de Inversión Social (FIS), por el Congreso dejó en suspenso la construcción y reconstrucción de obras dañadas por la tormenta Stan.24
En su informe sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, el relator de Naciones Unidas expone la insuficiencia de recursos financieros para llevar adelante la reforma educativa y para mejorar el acceso a la educación por parte de los indígenas. Existe la falta de un número suficiente de maestros bilingües debidamente capacitados. Otros informes del sistema de Naciones Unidas -citados por el relator- dan cuentan que no existe todavía un sistema global de educación intercultural y bilingüe que se exprese en planes de estudios que se adapten a la lengua y a las necesidades, valores y sistemas propios de los pueblos indígenas y que llegue efectivamente a las escuelas en las pequeñas localidades.25
Pueblos Indígenas
El informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas señala claramente que la discriminación contra los pueblos indígenas permea a la sociedad guatemalteca y caracteriza al régimen político y económico. Entre los tipos de discriminación racial y étnica, señaladas por el Relator están: la legal, la interpersonal, la institucional y la estructural. 

La discriminación interpersonal, se manifiesta en actitudes de rechazo y exclusión hacia los indígenas por parte de la población ladina y blanca. La discriminación institucional, se manifiesta a través del sesgo desfavorable hacia a los pueblos indígenas en la distribución del gasto público y de los bienes colectivos. Son expresiones de este tipo de discriminación, los bajos índices socioeconómicos asociados a la condición indígena, la poca participación indígena en la administración pública y en las instancias políticas gubernamentales. Las instituciones educativas y de salud, la administración de justicia, las inversiones públicas y privadas, la infraestructura básica y otros servicios llegan a los pueblos y comunidades indígenas en proporción muy inferior a su peso demográfico. En la base de esta situación se encuentra la discriminación estructural contra los pueblos indígenas que descansa en los mecanismos históricos ya señalados, mediante los cuales los pueblos indígenas fueron excluidos de los recursos económicos, políticos e institucionales necesarios para convivir en condiciones de equidad con el resto de población guatemalteca26
Según el informe Diversidad Étnico Cultural Ciudadanía en un Estado Plural elaborado por el PNUD y el cual fue  presentado en el mes de marzo de 2006; el poder político, el económico y el acceso a las oportunidades, está relegado a la población indígena del país.
Por ejemplo en el tema de la salud, en los índices de desnutrición crónica, el 69.5% corresponde a población indígena, mientras que el 35.7% corresponde a población, no indígena.
En el tema de la educación, los índices son los siguientes: el 38.3%, de la población indígena  no tiene ninguna educación, frente al 16.3% de la población no indígena. La tasa de alfabetismo en mayores de 15 años es la siguiente:  ladino 79.3%, garífuna 84.7% y maya entre 41% y 53%.
En el tema de la participación política, el mencionado estudio nos arroja los siguientes índices: el 78% de los alcaldes de municipios con mayoría indígena son mayas, el 8% de los diputados electos en 2003 son indígenas, mientras que el 10% de los integrantes de comités ejecutivos nacionales de partidos políticos, son indígenas.
El actual gobierno a colocado a funcionarios indígenas en puestos directivos de la administración pública. El estudio en cuestión adversa el hecho de que, estas acciones no revelan una política participativa y plural del actual gobierno, ya que son puestos sin ninguna incidencia en la resolución de los conflictos sociales. “La sola presencia de funcionarios indígenas, no asegura un cambio cualitativo en la forma de ser y hacer del Estado, se discute por parte de algunos antropólogos que la participación de algunos indígenas en la administración pública, corresponde a una estrategia neoliberal de asimilación cultural y cooptación política”.27
Entre los retos que señala el informe, están los siguientes: cambiar la mentalidad de la población, de forma que cada ciudadano se considere igual a otro, lo que significa; superar los modelos mentales que vienen de la colonia, los patrones y normas culturales en que se fundamentan los hábitos de exclusión y asimilación, ya que las bases del racismo  y la discriminación subyacen en la estructura misma del Estado.

Guatemala Enero 200