Por la muerte de 41 guerrilleros presos deberá levantar un monumento con los nombres de los caídos y pagar indemnizaciones a familiares. El ex presidente Toledo, quedó comprometido por allanarse a la sentencia.

El gobierno de Alan García, conminado a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una matanza de presos registrada en 1992 en un penal de Lima, quedó sin reacción y pidió más tiempo para decidir qué hacer con el fallo del tribunal.

Según el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, el Ejecutivo realiza una "reflexión profunda" que, indicó, debe derivar en una solicitud de aclaración sobre el referido dictamen informó la agencia Prensa Latina.

Antes de "acatar ciegamente" el fallo, se puede pedir a la Corte una interpretación, aseveró.

De acuerdo con analistas en esta capital, la sentencia que recae sobre el Estado peruano a partir de la matanza de 41 internos del penal de alta seguridad Castro Castro, "se ha empezado a analizar con menos apasionamiento".

El gobierno de García considera que salió perjudicado a pagar indemnizaciones a los familiares de los presos, que eran considerados “terroristas” por el gobierno del ex presidente Fujimori. Pero la actual gestión no parece haber cambiado ese status a los guerrilleros de Sendero Luminoso apresados en la cárcel limeña.

En febrero del 2006, el gobierno del ex presidente Toledo se había allanado a la Corte al reconocer que se cometieron abusos a los derechos humanos en esos hechos. Entre otras cosas, la Corte ordenó también que en un acto público el estado reconozca su responsabilidad, además de que erija un monumento que lleve inscritos los nombres de los fallecidos.

Por ello el actual gobierno dijo que Toledo y su ministro de Justicia, Alejandro Tudela, serían denunciados constitucionalmente de encontrarse responsabilidad en el allanamiento a la Corte de San José por el caso del penal Castro Castro.

El último fin de semana, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, admitió que a Perú no le quedaba otra salida que cumplir con la sentencia, destaca este lunes la prensa local.

Por su parte, el principal líder de la oposición, Ollanta Humala, atribuyó la resistencia gubernamental al interés del presidente Alan García de descalificar un inminente veredicto del mismo tribunal contra otra masacre, ocurrida durante su primer gobierno (1985-90).

La sentencia de la CIDH obliga al Estado peruano a sancionar a los culpables, indemnizar a las familias de las víctimas y realizar un acto público de reconocimiento del crimen de Estado cometido por el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

En tanto citado por la agencia de noticias Andina, el congresista del oficialismo Mauricio Mulder indicó que esta decisión provocó que el Perú fuera sentenciado a indemnizar y reconocer a los subversivos muertos en la incursión de las fuerzas del orden en dicho penal, en 1992.

Sobre el caso de la matanza en la isla penal de El Frontón, en junio de 1986 denunciado por Humala, aclaró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no halló culpabilidad en el presidente Alan García durante su gobierno.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina

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