A propósito de la carta enviada en días pasados por los jefes de las autodefensas detenidos en la cárcel de Itagüi, solicitando, como lo informaron los medios de comunicación, autorización para hacer política sin armas en sus regiones, sin duda volvió al imaginario colectivo un tema recurrente en la historia política colombiana: la llamada combinación de formas de lucha. Si bien en el caso de la carta en mención se aclaró, tanto por el Gobierno como por los propios voceros de los detenidos que se trataba era de una ‘vocería política’ para hacer interlocución con sectores de la sociedad, o de los partidos políticos, lo cual es entendible en la medida en que el tratamiento penal que se les dio a estos grupos fue el de ‘sedición’ –uno de los delitos políticos clásicos- y si bien la Corte Constitucional lo declaro inexequible lo hizo, si no entendemos mal, por razones de procedimiento en su trámite en el Congreso, pero no se pronunció sobre el fondo del asunto.

La historia política colombiana ha estado marcada por una persistente relación y uso intermitente de la violencia y la política. Primero fueron los partidos tradicionales, liberal y conservador, que en la segunda mitad del siglo XIX, durante las guerras civiles, de manera reiterada apostaron sus proyectos políticos a las armas y buena parte de la evolución constitucional del período está asociada a esa secuencia de enfrentamientos, victorias, constituciones. Esto creó, a juicio de muchos analistas, en el imaginario político colombiano, una distorsión: pensar la política asociada a las armas y a la violencia. Luego esos mismos partidos, en ese largo período de tragedia nacional conocido como la violencia, que comienza con las hegemonías políticas, la república liberal primero y la conservadora después, volvieron al uso reiterado de la violencia, tanto para destruir las mayorías electorales de su adversario, como para construir las propias.

La naciente izquierda política, en los años 20s del siglo pasado, igualmente incursiona tempranamente en esta mismo lógica de usar la violencia para obtener objetivos políticos, cuando el Partido Socialista Revolucionario –antecesor del Partido Comunista- estimula las denominadas ‘insurrecciones bolcheviques’ en municipios como el Líbano, Tolima o San Vicente de Chucuri y La Gómez en Santander.

Posteriormente las llamadas guerrillas revolucionarias que surgen en los años 60s del siglo anterior, -de las cuales la primera generación persiste en la violencia, FARC, ELN y sectores del EPL-, van a proclamar abiertamente que el uso de la violencia en Colombia es necesario para no importa qué objetivo político y van a existir sectores políticos que durante un tiempo le hacen eco a estos discursos. Los grupos de autodefensa o paramilitares posteriormente, en sus pretensiones de controlar la sociedad y los Estados regionales van a caer en la misma lógica de combinar acción política legal e ilegal; similar mensaje va a ser recogido por el narcotráfico cuando quiere incursionar en la vida política nacional.

Afortunadamente el Polo Democrático Alternativo, desde las formaciones políticas de izquierda, de forma clara ha rechazado el uso de la violencia para la acción política y en esta medida ha creado ya una barrera frente a los sectores que todavía quisieran persistir en lo anterior. Esto no debería excluir el que se apoyen los esfuerzos de paz desarrollados por cualquier gobierno para lograr la desmovilización de los diversos actores del conflicto. Igualmente los partidos políticos tradicionales y los demás existentes hoy, reiteran el rechazo al uso de la violencia y de prácticas ilegales.

Realmente el gran drama colombiano, el que debemos resolver, no es sólo superar el conflicto interno armado y las demás formas de violencia, sino eliminar para siempre del imaginario político nacional la idea de que el uso de la violencia para pretender objetivos políticos tiene alguna legitimidad.

- Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional