Bush II se quitó la hoja de parra con que pretendía cubrir sus partes pudendas. En un acto que encuera del todo su obstinada protección al terrorismo made in USA, su más connotado exponente del hemisferio occidental, Luis Posada Carriles, fue puesto en libertad por un tribunal federal que lo juzgaba por una falta migratoria menor.

El fallo de la jueza Cardone desestimando los ridículos cargos del gobierno era de esperar. Los departamentos de Justicia y Seguridad Interior llevan dos años haciendo inéditas piruetas jurídicas con tal de no cumplir con su deber ante la ley: certificar a Posada como terrorista y acceder a la solicitud de extradición del gobierno de Venezuela para juzgar al venezolano naturalizado por la destrucción de la nave de Cubana en 1976 y la muerte de todos sus ocupantes. Además de ilegal es risible el argumento del gobierno que ha institucionalizado la tortura, al afirmar que el sujeto no debe ser enviado al país suramericano porque sería torturado.

En su dictamen la jueza asienta la conducta plagada de burdos trucos de la FBI y la rama migratoria de la Seguridad Interior, agencias que a todas luces han actuado con el propósito de que el multiasesino no sea juzgado como terrorista ni salga a relucir en una sala de justicia su veterana y comprometedora hoja de servicios a la CIA. Así lo confirma la moción de la fiscalía pidiendo a la magistrada que en el proceso que se le seguía por mentir y posesión de documentos falsos se omitiera toda mención a la colaboración del acusado con la central de inteligencia y no se le permitiera siquiera aludirla ni a él ni a sus abogados. Estos han amenazado con entrar en detalles sobre la larga trayectoria de “patrióticos” servicios de su cliente a las acciones de Washington para derrocar a los gobiernos de Fidel Castro, Salvador Allende y el sandinismo, así como la represión contra los movimientos revolucionarios de América Latina. Posada destacó como torturador de opositores venezolanos, cómplice de la dictadura de Pinochet y planificador del asesinato del ex canciller Orlando Letelier, operador del Irán-contras, autor de innumerables atentados con explosivos dentro y fuera de Cuba y de planes de asesinato a Fidel Castro. Todo esto y mucho más está documentado profusamente en los papeles ya desclasificados por la CIA.

Y es que el mecenazgo de los Bush a Posada y a sus congéneres, premiados con absoluta impunidad y apapachos en Washington y Miami, amenaza con convertirse en uno de los más sonados escándalos de una administración donde estos estallan sin pausa. El diputado William Delahunt le ha enviado una contundente carta al Procurador General Alberto Gonzales exigiéndole que explique por qué si Posada reúne todos los requisitos establecidos en la Ley Patriota para ser certificado como terrorista no ha procedido a hacerlo y a ordenar su detención, según está obligado. El legislador expresa que existe creciente consenso en el Congreso de oponerse a que “un individuo con probado historial terrorista…pueda estar en libertad en Estados Unidos”. Y añade: “La liberación de Posada Carriles cuestiona nuestro compromiso de combatir al terrorismo”. Delahunt, vicepresidente del subcomité de terrorismo de la cámara baja, ha anunciado que prepara la convocatoria de una audiencia congresional donde a Gonzales se le pedirán explicaciones sobre su inacción frente a la presencia del terrorista en Estados Unidos. Si prospera esta iniciativa, es de suponer que será el fin de la carrera política del íntimo amigo del emperador, si todavía continuara en el cargo, acosado como está por la mayoría demócrata y abandonado por muchos legisladores republicanos después de la impresentable remoción de ocho fiscales que no convenían a ese partido, de haber negado su obvia intervención en el asunto y de su bochornosa comparecencia ante legisladores, donde dijo “no recuerdo” más de cuarenta veces. Pero sea Gonzales o su sustituto quien concurra a la audiencia, la atención mediática se concentrará en el estímulo al terrorismo contra Cuba de la tambaleante presidencia bushista.

En pocas palabras, Bush está en un callejón sin salida. Si Posada es jugado por terrorista en Estados Unidos o Venezuela, los verdaderos acusados serán el gobierno estadunidense y la primera familia, de añeja vínculación con el criminal, y si es dejado en libertad o continúa la farsa jurídica para protegerlo, Washington se verá apabullado por el rechazo nacional e internacional.