Medidas preventivas como el nombramiento de fiscales especiales y el incremento en las condenas para quienes atenten contra periodistas fueron sugeridas ante el incesante asesinato de informadores que hasta mayo contabiliza para 2007 siete víctimas en cuatro países latinoamericanos: Brasil, Guatemala, Haití y México.(*)

La moción fue planteada, una vez más, por nosotros en nombre de CIAP-FELAP (**) en una reciente conferencia regional realizada en Montevideo convocada por UNESCO y MERCOSUR para analizar el tema Libertad de Prensa, Seguridad de los Periodistas e Impunidad y con ocasión del Tres de Mayo instituido por Naciones Unidas como el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”. Günter Cyranek, Consejero de Comunicación e Información de UNESCO para el MERCOSUR y Chile prometió trasladar esas y otras sugerencias a las altas instancias.

A finales de diciembre pasado cuando se había registrado en 2006 la muerte por violencia de 105 periodistas, 30 de ellos en América Latina, el propio Consejo de Seguridad de la ONU exhortó a los gobiernos del mundo a tomar medidas dirigidas a la seguridad del trabajo profesional periodístico. La declaración de buenas intenciones del Consejo no ha producido hasta ahora nada que pueda calificarse como una materialización del contenido.

La temática de la seguridad o protección de los periodistas en misiones peligrosas se viene tratando desde medio siglo atrás cuando surgió en un congreso de la Federación Internacional de Redactores en Jefe (FIREC, por su sigla en francés) efectuado en Lisboa en 1957. Entonces se pensaba sólo en los conflictos bélicos internacionales y no en las dictaduras americanas ni en las mafias que las reemplazaron como homicidas de los informadores.

Como sea, el problema fue abordado luego por Naciones Unidas. En 1971, el Consejo Económico y Social (ECOSOCONU) estudió un proyecto de Convención Internacional sobre la materia y luego la Asamblea General, acordó: “Se estima necesaria una convención de protección para los periodistas en misión peligrosa en zonas de conflictos armados”.Esa “necesidad” jamás se ha convertido en hechos.

La cuestión mencionada, se incluyó asimismo en el Informe Final de la Comisión Internacional sobre Problemas de la Comunicación que creó UNESCO en 1977 y terminó sus tareas en 1980. En ese documento se expresa que una eventual protección del periodista contribuiría a respaldar el derecho a la información o libertad de expresión formulados en el Artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos (1948). Agrega que dicha protección es un asunto que atañe no sólo a los periodistas sino a la sociedad en conjunto.

Empero, en contradicción con esas premisas correctas, el Informe no aceptó medidas proteccionistas so pretexto de que se trataría de privilegios… Sean MacBride, presidente de dicha comisión, jurista de fama, periodista, y Premio Nobel de la Paz, discrepó y escribió su opinión: “No comparto las reservas e insisto en que todos los factores ponen de manifiesto la función esencial que incumbe a los periodistas y la necesidad de concederles, asó como a los demás agentes de la información, unos estatutos y una protección específicos”.

En los años ochenta, UNESCO encargó al profesor Pierre Gaborit (Universidad de Paris) un proyecto para establecer una Comisión Internacional de Protección a los Periodistas con los siguientes objetivos:

- Contribuir a reducir los riesgos en misiones peligrosas al reconocerles a los periodistas el carácter profesional con que participan en conflictos armados;

- Extender, para esos efectos, una carta de identificación bajo la responsabilidad de la Comisión Internacional;

-Vigilar las condiciones en las cuales los periodistas desempeñan su misión en zonas de conflictos armados.

Integrarían el organismo las organizaciones internacionales y regionales de periodistas, la Comisión Internacional de Juristas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En una reunión especial para examinar el proyecto, éste fue respaldado por todas las entidades de los periodistas, pero no se aprobó por la decidida oposición del empresariado de las noticias. Alegaron que constituía una “intervención del Estado”…

En la década del ochenta y a raíz de la masacre de ocho periodistas peruanos, la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) propuso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a UNESCO que, con el apoyo de las organizaciones periodísticas, convocaran a una conferencia mundial sobre las condiciones de trabajo y la seguridad de los periodistas. El país anfitrión sería México, cuyo gobierno respaldó la idea, pero de nuevo la iniciativa fracaso ante la postura negativa del empresariado. Desde tan lejana fecha, no ha habido ni siquiera nuevas propuestas.

¿Y cual es la situación del periodista en áreas riesgosas? Como corresponsal de guerra, puede inscribirse con alguna de las partes involucradas en calidad de personas no involucradas que acompañan a las fuerzas armadas. Si es apresado, será considerado prisionero de guerra. Asimismo, al tenor de los Convenios de Ginebra cualquier reportero aunque no fuera corresponsal de guerra será considerado como “civil”.

En síntesis, no hay la menor protección real y como se ha comprobado hasta el hartazgo en Irak, los asesinos no preguntan ni comprueban la calidad de los periodistas y quienes más bien son blancos preferidos de los asesinos con o sin uniforme.

(*) Los periodistas caídos : Jean-Remy Badio, tiroteado el 19-1-07 en Puerto Príncipe, Haití; Miguel Pérez de Julia, asesinado en Jaén, provincia de Catamarca, Perú el 17-3-07; Rodolfo Rincón Taracena, desaparecido el 20-1-07 en Tabasco, México; Amado Ramírez, muerto a balazos el 6-4-07 en Guerrero, México; Saúl Martínez Ortega, su cadáver se encontró el 23-4-07 en Agua Prieta, Sonora, México; Mario Rolando López, tiroteado el 3-5-07 en Ciudad de Guatemala, Guatemala; Luis Carlos Borbon Filho, el 5-5-07 en Porto Ferreiro )Sao Paula), Brasil.

(**) Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas, adscrita a la Federación Latinoamericana de Periodistas.

- Hernán Uribe es periodista y escritor chileno.