Se reorganiza la tensión entre la fuerza policíaca y la oposición al gobernador Ulises Ruiz. La última reprimenda fue iniciada por militares vestidos de civil y los detenidos salvajemente castigados.

Al sur de México, más precisamente en la ciudad de Oaxaca, el clima tenso sigue vigente luego de que medio centenar de personas resultaran lesionadas y seis vehículos incendiados. Las denuncias realizadas posteriormente confirmaron que fueron militares vestidos de civil los que iniciaron el enfrentamiento el lunes pasado.

El panorama se renueva en agresiones después de 7 meses en que la ciudad fuera escenario de una fuerte crisis social. El portavoz de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Florentido López, aseguró que en el enfrentamiento hubo cuarenta lesionados de su organización y explicó que las lesiones fueron consecuencia de los golpes con piedras y macanas o intoxicados por gases lacrimógenos.

Cuando se habla de que los ataques comenzaron con gases, piedras y balas arrojados hacia los manifestantes, se habla de militares vestidos con ropas negras como los que iniciaron este accionar, que se produjo cuando integrantes y simpatizantes intentaban llegar al Cerro el Fortín, donde se realiza la fiesta tradicional de la zona por el culto a la virgen del Carmen.

En este sentido, distintas organizaciones sociales e integrantes de la APPO testificaron que ese hecho fue el resultado de un acto planeado con anterioridad. Y en un comunicado que esta organización hizo público se cifra que hasta el momento existen 76 personas detenidas, más de 40 lesionadas y dos muertos, auque se deja en claro que los datos están en corroboración.

La APPO reúne a más de 300 organizaciones que el año pasado se agruparon para apoyar las demandas laborales de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, integrado por maestros y trabajadores del sistema educativo nacional mexicano.

La misma organización señala que la reprimenda obedece a un plan diseñado para detener la ofensiva del pueblo oaxaqueño organizado, al mismo tiempo que aseguró representar con su manifestación a la virgen, una versión alternativa y popular de ese festejo, frente a la comercial.

El lunes los manifestantes marcharon para llegar a la elevación que domina el centro de la ciudad, 466 kilómetros al sureste de la capital y cabecera del estado homónimo con el propósito de simbolizar la "Guelaguetza popular", anunciada desde semanas atrás. El Fortín es el cerro más emblemático de toda Oaxaca, allí se encuentra una figura monumental de Benito Juárez.

Fue allí cuando 500 policías y soldados bajo la consigna “no los vamos a dejar pasar”, cerraron el paso obligado, para el festejo e imprimieron sobre la manifestación la violencia con gases lacrimógenos. La represión fue justificada por la fuerza policial, a partir de asegurar que APPO fue la primera en manifestar agresión física, cuando luego las versiones aseguraron lo contrario.

Casi cuatro horas fueron el marco, de al menos 6 encontronazos a lo largo de poco más de un kilómetro de la avenida Héroes de Chapultepec, concluidos tras una copiosa lluvia que según aseveran calmó los ánimos.

Los policías arrasaron con todo, incluso con algunos periodistas de Canal 11, así como con Alondra Olivera, de Marca; Blanca Hernández, de La Jornada; Román Velasco, de Noticias; Luis Alberto Cruz, de Milenio; Carlos Leyva, de Radio Hit, y Jorge Carmona, del periódico Tiempo.

Luego de los enfrentamientos, la policía ministerial montó retenes en la Calzada Héroes de Chapultepec, donde revisó los camiones urbanos y los pasajeros se convirtieron en sospechosos que tenían que responder si eran “appos” o no. Una mano manchada de negro suponía la sospecha de haber tirado piedras y la justificación necesaria para la detención.

En referencia a la descomedida represión que las autoridades federales, ejercieron en la ciudad durante el año pasado en el estallido social, las organizaciones civiles demandan a las autoridades que eviten una segunda masacre.

Hace un mes, los maestros, que forman el grueso de la APPO, volvieron a ocupar como en 2006, la plaza central de la localidad para exigir mejoras laborales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respecto de los acontecimientos de 2006 consideró que fue excesivo y desproporcionado el uso de la fuerza pública para poner fin a la huelga magisterial que durante meses enfrentó en esa región a protestantes y autoridades estatales. Así mismo, señaló que la policía ministerial y preventiva del estado, así como la Federal Preventiva y el Ejército son responsables de la muerte de 12 personas, detenciones arbitrarias, entre otros abusos.

El Consejo Estatal de la APPO que instalado durante 2006, prioriza los temas de la reorganización de la Asamblea Popular y las movilizaciones pacíficas, se declaró en sesión permanente y demandó a la Secretaría de Gobernación por la reinstalación de una mesa de diálogo que detenga la renovada campaña represiva, con el objetivo primordial de solucionar el conflicto en todo el estado de Oaxaca.

El gobernador del distrito, Ulises Ruiz, declaró estar abierto a las pláticas, a fin de lograr acuerdos, pero la respuesta continuó con la afirmación de que su administración no va a dudar en aplicar todo el peso de la ley sobre los detenidos durante el enfrentamiento del pasado lunes, quienes fueron golpeados, rapados, vendados en los ojos e hincados, para luego ser trasladados a los cuarteles policíacos.

Fuente: http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=3410