Desde el pasado lunes 6 se está realizando en Quito la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con la participación de 37 delegaciones oficiales y la presencia de diversas organizaciones y redes de mujeres del continente.

La Conferencia tiene como temas centrales la "Participación política y paridad de género en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles" y el "Análisis de la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado".

En los debates, se ha subrayado la importancia de ampliar el concepto del trabajo, para que incluya las actividades no remuneradas que, como ratifican las estadísticas presentadas por la CEPAL, son realizadas en mayor número por las mujeres, considerándose este trabajo como obligatorio e implícito en la condición de ser mujer. De ahí, se plantea que el tema de responsabilidades compartidas entre mujeres y hombres pase a ser uno de los asuntos que los gobiernos incluyan en su agenda pública.

En tal sentido, se identificó que el trabajo de las mujeres, sea remunerado o no, es un aporte clave que contribuye a mitigar la pobreza, por ejemplo a través del cuidado de las personas, y que por lo tanto merece tener reconocimiento por parte del Estado. Como lo planteó la Vicepresidenta del Gobierno Español, María Teresa Fernández de la Vega, en el acto inaugural, el cuidado de quienes no tienen autonomía ya no debe ser visto como un asunto privado, sino que es responsabilidad de la sociedad entera y factor de cohesión social.

En el plano de la participación política, el planteamiento central en discusión es cómo lograr la paridad entre mujeres y hombres en la institucionalidad estatal. Para el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-Instraw por sus siglas en inglés), a pesar del aumento de la participación política de las mujeres, aún no se logra una real equidad de género. Los datos obtenidos por el Instituto, muestran que se ha logrado un aumento de la presencia femenina en el poder público en la región, durante los últimos 10 años; así en el Poder Ejecutivo fue de 9% a 14%, en el Senado de 5% a 13%, y en la cámara baja de 8% a 15%.

Según el documento El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe, presentado por la CEPAL, el aumento de la participación de las mujeres en las estancias políticas públicas es mayor en los países que han adoptado leyes de “cuotas de género electorales”. Las estadísticas en tales países demuestran que la representación femenina ha aumentado, sobre todo en la cámara baja y en la cámara única, por ejemplo, en Argentina (35% de diputadas) y Costa Rica (38,6%). Cuba ha logrado 36%, a pesar de no tener una ley de cuotas. Estos países figuran entre los 10 con mayor representación parlamentaria femenina en el mundo.

Con respecto al trabajo remunerado, presenta cifras que demuestran que las mujeres están ocupadas principalmente en actividades relacionadas con el cuidado, “cuyo promedio regional llega al 13,5% en el sector urbano y al 10,7% en el sector rural alrededor del año 2005 […], y luego a los servicios de salud, educación y, en menor medida, a las actividades productivas”.

“Las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder y permanecer en el trabajo remunerado están vinculadas a los trabajos domésticos y de cuidado”, por esta razón muchas mujeres que no pueden delegar el trabajo doméstico o no tienen necesidad de un trabajo remunerado, se dedican a los quehaceres del hogar. Así, el promedio de la tasa de actividad doméstica de las mujeres de América Latina es mayor “entre las cónyuges (52,2%) y entre las mujeres del área rural (42,1%), donde la delegación del trabajo reproductivo es más difícil y los sistemas de apoyo mucho más escasos”, constata el documento de la CEPAL.

Estos datos corroboran el hecho que en América Latina existe un mayor número de mujeres que se encuentran dentro de rangos de pobreza, lo cual no contribuye a alcanzar la equidad de género, que es uno de los objetivos fundamentales de las luchas de las mujeres.

Acuerdos en debate

Al final de la Conferencia, los gobiernos deben aprobar el Consenso de Quito -actualmente en negociación tras puertas cerradas-, que plantea adoptar metas referidas a los dos temas centrales, a cumplirse para el año 2015.

En la versión preliminar, se mencionan entre otras metas, la adopción de políticas y programas de seguridad social e incentivos económicos, dirigidos a reducir el porcentaje de mujeres sin ingresos económicos; igualar los derechos laborales del servicio doméstico al del resto de trabajos remunerados; medición e inclusión del trabajo no remunerado en las cuentas nacionales; garantías del acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, entre otros. Se propone, además, la creación de un observatorio regional de género para monitorear el cumplimiento de las metas.

Diversas organizaciones y redes de mujeres han sometido propuestas que incluyen políticas para la redistribución de recursos, prestaciones sociales de maternidad y paternidad, sin perjuicio laboral. También se plantea la firma por los gobiernos, en un plazo no mayor a un año, del Convenio 183 de la OIT, que protege la maternidad libre y voluntaria, sin importar que el trabajo sea informal o no remunerado.

De cara a la participación política, además de las medidas de acción positiva, las organizaciones piden sanciones efectivas para los casos de incumplimiento de las cuotas de participación. También se ha propuesto medidas para que las mujeres puedan intervenir en igualdad de condiciones en el espacio público (a través de los medios de comunicación, nuevas tecnologías), requisito indispensable para su participación igualitaria en la política.

Por primera vez en este tipo de conferencias, se programó una mesa con mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes han elaborado sus propias plataformas de demandas. Estas incluyen, entre otras, la atención prioritaria a estos pueblos y cuestiones de interculturalidad. Además, proponen que la próxima Conferencia de Mujeres de la CEPAL se centre específicamente en los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes y la reducción de las brechas de equidad.

La Declaración de las Mujeres Indígenas hace un llamado para la adopción inmediata de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la ONU; y reclama que los gobiernos den pasos concretos para garantizar la seguridad jurídica de los territorios colectivos de los pueblos. Además, plantea políticas y programas con recursos destinados a eliminar las barreras para la participación en igualdad de condiciones de las mujeres indígenas y para reducir las brechas en la educación.