El gobierno de Uribe accedió en el TLC a todas las exigencias de Estados Unidos. Después de cerrada la negociación, aceptó exigencias adicionales en temas como carne y pollo. Ahora nuevamente ha cedido ante las exigencias de hacer modificaciones a los textos y su debilidad ha llegado al extremo de tener que aceptar las exigencias adicionales al texto del TLC en materia de parapolítica y derechos sindicales.

Todo el proceso del TLC ha sido un fracaso para el gobierno y los recientes episodios lo corroboran. El gobierno quería que el trámite se hiciera conjuntamente con Panamá, Perú y Sur Corea y el Congreso de EEUU lo separó y consideró a Colombia un caso especial. El gobierno colombiano quería que las modificaciones se hicieran por medio de cartas adjuntas y ahora tiene que modificar los textos, el gobierno quería una aprobación rápida y el proceso se enreda e incluso puede fracasar.

El gobierno de Bush tuvo que ceder a las exigencias de los demócratas y Uribe Vélez vio nuevamente frustradas sus esperanzas de que el TLC se tramitara rápidamente Esto constituye en un nuevo obstáculo para la concreción del TLC y revela que la agenda del libre comercio no tiene el caminos pavimentado.

Después de varios meses de negociaciones la administración Bush selló un acuerdo con la principal vocera del partido demócrata Nancy Pellosi y con Charles Rangel presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios.

El acuerdo establece los lineamientos a tener en cuenta en los tratados los cuales se definieron unas semanas después y ahora hacen tránsito en el Congreso colombiano, para cuya aprobación el gobierno hizo un llamado de urgencia.

El acuerdo entre demócratas y republicanos permite concluir que sobre los puntos más lesivos e inequitativos para Colombia y que conforman el cuerpo principal del TLC, existe un acuerdo básico. También que existe una voluntad unificada de promover nuevas exportaciones de esa potencia y tomarse nuevos mercados con reglas que sobrepasan las establecidas por la OMC. Por eso el acuerdo y el protocolo adicional no modifican la esencia del texto.

La administración Bush tuvo que ceder ya que había ofrecido solamente aclaraciones por medio de cartas adjuntas y, pese a su voluntad, acordó incluir en el texto, algunas de las exigencias de los demócratas.

Estas modifican el preámbulo en el cual por si había alguna duda se refuerzan los derechos de los inversionistas pues estaba lleno de afirmaciones sobre el bien público, la amistad, las oportunidades de empleo, derechos fundamentales etc.

En las modificaciones al capítulo de propiedad intelectual se incorporan al texto del acuerdo las referencias a la declaración de Doha que antes estaban en una carta adjunta, vuelve opcional la compensación por demoras irrazonables en la expedición de una patente, cambia la referencia que había a “nuevos productos farmacéuticos” por una a nuevas entidades químicas, en relación a que datos de prueba se deben proteger, establece que el Estado debe determinar que clase de información se debe presentarse para el registro sanitario, y limita la exclusividad a esta información, aunque puede ser información divulgada y explica que se protegerá la información que este basada en un “esfuerzo considerable” que ya estaba en el decreto 2085 pero no en el TLC y establece que se debe proteger por un periodo razonable que “normalmente” significa 5 años y establece que la aprobación por referencia esto es de un producto aprobado en EEUU, la protección de 5 años se contará a partir de la aprobación en EEUU y no de la solicitud en Colombia y permite iniciar los tramites de aprobación sanitaria antes de que venza el periodo de exclusividad cosa que ya estaba en el 2085 y que fue bloqueda por el gobierno colombiano y vuelve opcional el vinculo entre la patente y el registro sanitario. En resumen la modificación retoma algunas definiciones del 2085 y otras disposiciones que antes eran obligatorias, las vuelve discrecionales del gobierno. Dada la trayectoria de este en la materia es previsible que el gobierne legisle en el sentido que le exijan las multinacionales con lo cual cosas que eran obligatorias el gobierno las adoptará “voluntariamente”

En el terreno laboral que es uno de los cuales ha recibido más publicidad, cabe recordar que la preocupación del TLC es que la inaplicación de la legislación laboral de cada país, tenga efectos en el comercio internacional o en la inversión. El texto es supremamente claro “Ninguna de las partes dejará de aplicar o de otra forma dejar sin efecto, ni ofrecerá dejar de aplicar o de otra forma dejar sin efecto, sus leyes y reglamento que implementen el párrafo 1 (derechos fundamentales) de manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes” TLC, 17.2 (subrayado y paréntesis nuestro). Por ello la preocupación de los demócratas es que lleguen a su país mercancías producidas en deficientes condiciones laborales con lo cual los trabajadores y empresarios de EEUU estarían en desventaja. Lo mismo sucede si Colombia ofrece a los inversionistas la posibilidad de contar con condiciones laborales peores para atraer la inversión. En realidad el gobierno colombiano y los republicanos no querían capitulo laboral y lo aceptaron por que los demócratas en EEUU exigieron que este tema se incluyera y así quedó en la TPA. En las modificaciones se reafirma que “Las partes reafirman sus obligaciones como miembros de la OIT”. Bajo esta redacción se oculta el hecho de que Colombia y EEUU tienen diferentes obligaciones con esta organización, pues Colombia ha ratificado todos los convenios de ella, mientras que EEUU solo ha ratificado dos: la “Prohibición del Uso de Cualquier Forma de Trabajo Forzoso u Obligatorio” y la “Prohibición y Eliminación de las Peores Formas del Trabajo Infantil”.

Colombia ha ratificado 29 convenciones. La nueva mayoría demócrata en el Congreso de EEUU al parecer no tiene la fuerza o la voluntad para obligar a la administración a ratificarlas. Otra modificación fue la inclusión de la exigencia de que cada parte mantendrá en sus leyes y en su práctica los derechos fundamentales de establecidos en la Declaración de 1998 de la Organización Internacionales Del Trabajo (La libertad de asociación; el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzado; la abolición efectiva del trabajo de menores, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación con relación al empleo y la ocupación). También se incluye como derecho internacionalmente reconocido Otorgar “condiciones aceptables de trabajo respecto a salario mínimo, horario de trabajo y salud y seguridad ocupacionales” La referencia a la declaración de la OIT de 1998 ya estaba en la versión anterior del TLC, con lo cual el cambio no es sustancial pues estos derechos fundamentales están establecidos en la misma, pero no se había explicitado en el texto antiguo el punto referido a la no discriminación. Para abundar sobre lo mismo, el nuevo texto del TLC establece que estas obligaciones se refieren solamente a esa declaración de la OIT y no a cualquier otra disposición o declaración de esa entidad, con lo cual los compromisos son más limitados.

Por otra parte la historia del libre comercio permite establecer con claridad que este se basa fundamentalmente en el trabajo barato y en la degradación de las condiciones laborales. Los empresarios y el gobierno norteamericano se preocupan por la situación laboral en aquellas empresas que exportan a EEUU, para no sufrir una competencia basada en salarios bajos, pero no les interesa la situación general de los trabajadores. El gobierno colombiano puede seguir flexibilizando la legislación laboral y empeorando las condiciones laborales y nada en el TLC se lo impide.

Puede entenderse entonces que las modificaciones de este capítulo tienen un sentido proteccionista por parte de EEUU y defiende sus propios intereses y no los de los trabajadores colombianos. Este proteccionismo, que caracteriza las exigencias de los demócratas, constituye un empeoramiento del texto del tratado por cuento establece mecanismos para birlarle a los empresarios colombianos más de las pocas migajas que consideran les fueron otorgadas. El mismo sentido tiene la reforma del texto de Contratación Pública al establecer que las empresas contratantes podrán exigir a quienes contratan que cumplan derechos fundamentales del trabajo o condiciones de trabajo aceptables, con lo cual la ilusión de exportar con mano de obra barata se podrá realizar siempre y cuando los empresarios estadounidenses no sientan esto como una competencia para sus empresarios o la posibilidad de pérdidas de trabajo en su país.

Estas definiciones no son más que una coartada para que los demócratas puedan apoyar el resto de las estipulaciones de los TLC sin enemistarse con sus sindicatos.

En materia ambiental se acordó que los firmantes se acogerán e implementan en sus leyes y prácticas siete acuerdos ambientales multilaterales comunes: La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, 1973; que establece la garantía de que el comercio no amenace la existencia de estas especies y que ha sido suscrito por 171 países. El Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, 1987; El Protocolo de 1978 Relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973; La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas, 1971; la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, 1980; La Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena, 1946; La Convención para el Establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT, 1949. Parece risible que después de tantas vueltas los nuevos compromisos ambientales se refieran en su mayoría al cumplimiento de normas de tratados a los cuales pertenecen ambos países hace años y que no tienen mayor alcance real pues Colombia no caza ballenas, no explora el Antártico y el cumplimiento de los demás tratados tiene sus propios mecanismos en los mismos. Lo que no puede Colombia es violar estos tratados para exportar a EEUU, eventualidad casi imposible, con excepción de lo relativo a especies en peligro.

Aunque el acuerdo fue presentado en materia ambiental como un reforzamiento de la protección del ambiente, en realidad hace todo lo contrario pues reemplaza la disposición de que cada parte “se asegurará” de que sus políticas… estimulen altos niveles de protección ambiental por la palabra procurará…. Echa por la borda cualquier defensa de este capitulo con el argumento de que el Estado colombiano o de Estados Unidos tendrán en cuenta en su legislación ambiental, altos estándares internacionales.

Como Estados Unidos se caracteriza por no haber suscrito casi tratados en materia de medio Ambiente, los negociadores duraron semanas tratando de establecer cuales acuerdos han sido suscritos por ambos gobiernos implicados con lo cual se da la apariencia de una intensa preocupación por este tema. De hecho la mayor parte de las modificaciones se refieren a la incorporación de lo que llama los “acuerdos cubiertos” Nuevamente las modificaciones introducidas más que para preservar el Medio Ambiente serán una herramienta de protección para Estados Unidos, pues todas las estipulaciones al igual que en el capítulo laboral se refieren al cumplimiento de la legislación nacional ambiental en la medida en que ella afecte el comercio o la inversión.

El acuerdo entre demócratas y republicanos y que lógicamente no se refleja en el nuevo texto del TLC, incluye unos fondos para un programa de capacitación en Estados Unidos de la mano de obra desplazada por los tratados lo cual constituye el “plato de lentejas” obtenido por los demócratas. Con jugosos fondos para “compensar” las perdidas en el terreno laboral y que es el equivalente estadounidense al plan “Agro Ingreso Seguro” de Colombia.

El acuerdo ratifica la voluntad bipartidista de asegurar nuevos mercados y de procurar lo que denominan estabilidad geopolítica de la región. La voz de los demócratas de izquierda en Estados Unidos, apenas se escuchó débilmente. Bush logró su propósito de dividir a los demócratas, haciendo algunas concesiones menores.

Rangel y Levin anunciaron que este acuerdo no era suficiente para el caso de Colombia la cual debería asumir los cambios establecidos y obligaciones adicionales más allá de lo estipulado en el mismo. Estas obligaciones, anunciaron, serían negociadas entre la administración el Congreso de Estados Unidos y el gobierno de Colombia y especificaron que el acuerdo había sido establecido para Perú y Panamá. Especificaron que existían serios problemas como la “sistemática y persistente violencia contra los sindicalistas y otros defensores de derechos humanos y problemas de impunidad y sobre el rol de los paramilitares en la perpetuación de esos crímenes. Estas provisiones, dijeron, pueden incluir un fuerte fortalecimiento de fiscalía y anunciaron una visita, permanentemente postergada, a Colombia para tener informaciones de primera mano. Pellosi en días anteriores había pedido que el gobierno colombiano investigue y juzgue oficiales que están vinculados a las fuerzas paramilitares. La dirección demócrata aceptó comprometerse en los TLC y aunque exceptuó a Colombia y le puso reparos, lo cual saca al país del cronograma de aprobación inmediata, asegura la aprobación a mediano plazo cuando el gobierno se comprometa, si puede, a adoptar las medidas adicionales las cuales no forman parte del texto del TLC sino que serían compromisos extratratado. Con esto el gobierno de Uribe tuvo una victoria y una derrota. La victoria es saber que la mayoría demócrata. finalmente acepta el cuerpo del TLC, la derrota es que le toca aceptar las nuevas exigencias y que se posterga indefinidamente el trámite.

En resumen las disposiciones del Protocolo Modificatorio del TLC aumentan el proteccionismo de EEUU, dejan en manos del gobierno colombiano con su reconocida docilidad la reglamentación de algunos temas de propiedad intelectual e introduce algunos cambios cosméticos que empeoran el texto, misión que parecía imposible.

No se altera nada fundamental en el texto y sus asimetrías, inequidades e injusticias se mantienen intactas. El Congreso Colombiano aprobará a pupitrazo tales modificaciones y al pueblo sólo le resta seguir la denuncia y la movilización.

- Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca

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Bogotá, agosto 22 de 2007