En Quito, Ecuador, se desarrolló del 20 al 22 de agosto de 2007, el “Encuentro Latinoamericano y Caribeño de la Alianza de Pueblos Acreedores de Deudas Históricas, Sociales – Ecológicas”, organizado por diversas instituciones como Jubileo Sur, Acción Ecológica, Grupo Nacional de Deuda, entre otras.

Como parte de este encuentro se presentó la ponencia, ¿Se debe cuantificar la deuda histórica, social y ecológica?, a cargo de Joan Martínez Alier, presidente de la Asociación Internacional de Economía Ecológica.

Uno de los temas que abordó Martínez fue la deuda ecológica por emisión de gases con efecto invernadero, mencionando que en el Protocolo de Kyoto se acordó otorgar a los países ricos derechos de emisión de dióxido de carbono, “iguales a sus emisiones de 1990 menos una pequeña reducción de 5%”, lo cual, según Martínez, constituye una política de “derechos adquiridos”.

Esta política debe ser refutada por los países del Sur, pidiendo una “distribución internacional equitativa per cápita del acceso a los sumideros y depósitos temporales de gases con efecto invernadero”, pues los mayores depósitos temporales de carbono son globales (los océanos y la atmósfera).

Sin embargo, los países ricos se rehúsan a disminuir sus emisiones en los próximos años, y Estados Unidos, el responsable del 25% de las emisiones de dióxido de carbono, ni siquiera ha firmado el Protocolo de Kyoto.

Una política para contrarrestar el cambio climático tendría como base la “contracción de emisiones de aquellos países que, per cápita, están por encima del promedio, yendo hacia una convergencia de emisiones per cápita hasta el nivel en que puedan ser absorbidas por los océanos, la nueva vegetación y los suelos, impidiendo el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera”.

Se calcula que pronto llegará a los 4.000 millones de toneladas de carbono, la cantidad que los países ricos deben reducir anualmente. En caso de que no tomen estas medidas, se estima que dichos países estarían ahorrando 120,000 millones de USD al año, monto que debería entregarse a los países pobres como indemnización por los daños globales causados al ecosistema. O en su defecto, pagar un impuesto o una multa ecológica por un excesivo uso del espacio ambiental ajeno, lo que puede incentivar a que se disminuyan las emisiones.

Para Martínez, esta compensación debe destinarse a proyectos sociales y ambientales que “promuevan energías solares, eólicas, geotérmicas”, ayudando así a la reducción del avance del efecto invernadero en el planeta.

En este sentido uno de los ejemplos que se menciona, es el caso de la moratoria del Yasuní, por la cual el gobierno ecuatoriano propone dejar en tierra cerca de 1.000 millones de barriles de petróleo pesado del bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní, evitando así los daños a la población indígena local, la deforestación y la emisión de dióxido de carbono por la quema de petróleo.

Otro de los temas abordados, fue el de los “pasivos ambientales de las empresas: la deuda ecológica privada”, en el cual se recalca cómo los balances de resultados de las compañías que explotan recursos naturales no incluyen los pasivos ambientales que son la “deuda ecológica no pagada por la empresa durante todo el tiempo de operación (...), sumada al gasto necesario para impedir daños, una vez cerrada la operación”.

Un acápite mencionado, es el referente al comercio ecológicamente desigual, por el cual los países pobres venden materia prima (petróleo, madera, minerales) barata a los países ricos, mientras que de ellos compran a precios altos los productos terminados.

Esta lógica comercial injusta se mantiene porque las sociedades ricas exigen los pagos de la deuda externa, lo cual obliga a los países del Sur a la explotación y exportación de sus recursos naturales a bajos precios. Martínez propone que, para conseguir un comercio internacional más equitativo y menos perjudicial ecológicamente hablando, se debería “establecer eco-impuestos sobre externalidades locales y globales, e impuestos sobre el agotamiento de ese capital natural”.

También se habló del tema de la biopiratería, en donde las grandes empresas farmacéuticas o agronómicas internacionales han sacado beneficios comerciales de diversas variedades de plantas agrícolas y medicinales, sin pagar ninguna regalía por el conocimiento indígena sobre ellas, causando una Deuda Ecológica por el robo de estos conocimientos ancestrales.

Como conclusión de esta participación tenemos que la “Deuda Ecológica acumulada del Norte hacia el Sur, es mayor que la Deuda Externa que dicen que el Sur debe al Norte”.