El Estado colombiano y la ciudadanía en general pagan cuantiosos recursos por las conocidas leguleyadas en materia electoral. Los atentados al sistema electoral son con las armas y/o con argucias de diversa índole. El Procurador General, Edgardo Maya Villazón pone el grito en el cielo por las inhabilidades en las que se encuentran incursos cerca del treinta por ciento (30%) de candidatas y candidatos a elecciones de autoridades locales en todo el país, próximas a realizarse el 28 de octubre del año calendario. Las autoridades del ramo manifiestan que “la situación está arreglada”, es más, de manera rayana en lo cínico han dicho que nada se puede hacer a estas alturas, por cuanto que las leyes en materia electoral nada han preceptuado al respecto.

Como amantes del Estado Social de Derecho, la tesis esgrimida tendría asidero legal, moral y ético siempre y cuando las inscripciones de candidatos y candidatas con investigaciones a bordo en nada perjudican las finanzas públicas, o en casos tanto o más graves que los anteriores por las argucias jurídicas impetradas por apoderados de determinados personajes inescrupulosos, apadrinados de otros mucho más curtidos en los vericuetos y las artimañas del Código, los Tribunales y el Consejo Nacional Electoral. Más acontece todo lo contrario, el erario público resulta altamente gravado con demandas millonarias impetradas por quienes insisten temerariamente en su participación en la vida pública del país, región o localidad, y en algunos casos por quienes sí tienen o han tenido el derecho genuino de inscribirse legal, moral y éticamente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cualesquiera de sus seccionales, quedando por fuera de la actividad electoral debido a las mañas de sus contrincantes.

Ejemplos cunden por doquier. En el departamento del Atlántico, recientemente las autoridades de lo contencioso-administrativo fallaron a favor de un candidato a la Asamblea, Hermes Lara Villamil, quien vio truncado su legal anhelo de ocupar curul como Diputado por una demanda de otro aspirante, Alfonso Eckardt Martínez Aparicio; el desenlace final ha sido el consabido, al finalizar el período de cuatro largos años, solo restan los meses subsiguientes (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), debe asumir como miembro de la Duma Departamental el primero mencionado, Hermes Lara, y por consiguiente, con la prontitud debida, le deben pagar los cuarenta y cuatro (44) meses que estuvo fuera de la administración pública, por fuerza mayor ya conocida. La pregunta del millón: ¿Quién responde ante la ciudadanía y el Estado? Si se aceptara la acción de repetición, en primera instancia le correspondería al Diputado declarado vencido en juicio como primer responsable, más por parte de las autoridades electorales alguien debe asumir su cuota de responsabilidad por lo que les compete en la respectiva actuación, que atenta contra el orden jurídico y democrático de Colombia.

De otra parte, más que consideraciones jurídicas debemos acudir a consideraciones éticas y morales, tanto de quienes deseen inscribirse a pesar de encontrarse en condiciones subjudice, como de las y los que les conceden los avales, y en su momento, por parte de quienes formalizan las respectivas inscripciones. El adagio popular: “La voz del pueblo es la voz de Dios” queda absolutamente relegado al cuarto de Don Alejo. Lo que todo mundo dice y sabe, los representantes de los partidos y movimientos políticos desconocen y las autoridades electorales también, ó ¿Será que se hacen los “orejas sordas”?

Lamentable, por decir lo menos, el caso específico del Alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg Bornacelly, quien estando múltiplemente procesado por contrataciones indebidas (compra del viejo edificio del Banco de la República y su posterior remodelación, entre otras) se inscribió olímpicamente, sin ruborizarse ante las cámaras de televisión y prensa, y sin que le temblara la voz ante las grabadoras y micrófonos. Igualmente verificamos el nefasto resultado: Resultando electo, en la Alcaldía Distrital observamos ingobernabilidad total, cada “jefe político” pretende su cuota de poder; su “padrino político”, el ex sacerdote Bernardo Hoyos Montoya, como bien lo dicen en las calles polvorientas de Barranquilla, con la “piedra afuera” por tenerlo alejado de las cómodas poltronas del piso noveno de la Alcaldía, tanto a él como a sus fieles seguidores, entre ellos: Antonio Bohórquez, quien aspiraba a que el Polo Democrático Alternativo lo hubiera tenido en cuenta como candidato al primer cargo administrativo de la ciudad, sueño que le quedó postergado para una nueva oportunidad, pues le correspondió a quien fungía como Concejal del extinto Movimiento Ciudadano, ahora vertiente del PDA, Máximo Noriega, otro Bernardista empedernido. Veremos si el “Cura Hoyos”, tal cual le conocen los barranquilleros, retoma las riendas de la Alcaldía Distrital por interpuesta persona, lo que ocurriría en caso milagroso si Alejandro (Alex) Char quedara fuera de la contienda, es lo que se comenta en las calurosas esquinas de la “Puerta de Oro de Colombia”.

Democracia manejada al dedillo es lo que se observa a diestra y siniestra en la costa Caribe colombiana. Sin ciudadanía activa que se haga sentir de verdad ante las autoridades electorales seguiremos presenciando espectáculos propios de circos, más que de escenarios serios de la democracia.

Aún nos encontramos a la expectativa de los resultados de las “investigaciones exhaustivas” (quizás por exhaustivas nunca llegan a final alguno) sobre casos tan sonados y bochornosos como los de las cuatro mil doscientas cincuenta (4.250) cédulas encontradas a una “Capitana política” al parecer de las huestes Gerleinistas; por otra parte, otras miles más por cuenta del Honorable Concejal Eduardo Pulgar, por cierto, yerno de la ex diputada y actual candidata a la Gobernación del Atlántico, Marieta Morad, y esposo de la Honorable Representante a la Cámara, Karime Motta.

De otro lado, las famosas entregas de bolsas de cemento y tejas de eternit en un “comando político” de seguidores de los Gerlein Echeverría (Honorables Senador-Roberto, y Representante a la Cámara-Jorge), el día de las elecciones al Congreso de la República el año anterior, es otro de los tantos cuestionados sistemas de compra-venta del voto que avergüenzan nuestra democracia criolla.

Los casos mencionados quizás en nada influyan en la posible elección de los candidatos a la Gobernación, Marieta Morad o José Name Terán, éste último apoyado por los Gerlein, más surgen inquietudes difíciles de despejar. La última palabra la tienen la Registraduría y demás autoridades electorales con tal de satisfacer los cuestionamientos generalizados.

Con la participación constante de la ciudadanía es mucho lo que podemos y debemos avanzar hacia la verdadera democracia autónoma y libre de manipulaciones en todos los rincones de nuestra amada patria.

- Fabio Miguel Monroy Martínez es Abogado-Periodista

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Viva la Ciudadanía Nº 77

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