En el contrato suscrito por el Presidente Miguel Ángel Rodríguez se consigna como APROBADO por la Setena el "Estudio de Impacto Ambiental" presentado por la Harken (entonces MKJ Xploration) para así "Realizar la Exploración y, en su caso, la Explotación de Hidrocarburos en el área del Contrato", o sea, en más de 5 mil km2 de territorio costarricense en el Caribe.

Sin embargo, NO se aclara que ese particular "Estudio de Impacto Ambiental", se limita a una "prospección" que no conlleva "técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos…". Se trata, pues, de algo MUY ALEJADO de lo estipulado entonces en el Artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos en cuanto a que el gobierno "otorgará toda adjudicación CONDICIONADA a que se apruebe un estudio de impacto ambiental de sus actividades", y que "la adjudicación se tendrá por definitiva y se procederá a firmar el contrato" si tal estudio es aprobado.

Así, el contrato fue formalizado, pese a que el supuesto requisito ambiental se basó en una "reflexión sísmica marina", casi neutra desde el punto de vista ambiental.

Y si parece contradictorio que se hubiere SUSCRITO el contrato sin haberse hecho un Estudio de Impacto Ambiental que valorara los riesgos propios de la explotación petrolera, y que después se rechazara un Estudio de Impacto Ambiental que eventualmente diera al traste con la explotación, ¡prestemos atención a lo sucedido!

Resulta que en marzo de 1998 (cuando se estaba en los trámites de adjudicación) el presidente José María Figueres y su ministro René Castro decretaron, de un plumazo, la DEROGATORIA de los 20 artículos del reglamento a la Ley de Hidrocarburos que conformaban el título "De la Protección Ambiental -Del Estudio de Impacto Ambiental-", que señalaban ampliamente las directrices para los estudios ambientales, obligatorios para las empresas petroleras.

En ese mismo acto (decreto N° 26750-Minae) hecho, según los dos personajes para "fomentar la creación de normas que procuren la adecuada transferencia tecnológica y desarrollo científico nacional, sin menoscabo del ambiente" se decretó una norma dividiendo la evaluación ambiental en dos fases, la Fase I "prospección" (libre de impactos) y la Fase II "exploración intensiva", de gran impacto.

Para efectos del contrato, la norma Figueres-Castro permite su firma con solo cumplir con la fase de "prospección". ¡Y así se hizo! pues, al derogar los importantes artículos dirigidos hacia la protección del ambiente, además estipularon que la aprobación de la Fase I "será el requisito indispensable y SUFICIENTE para que el acto adjudicatario de una concesión petrolera sea declarado en firme, según lo requiere el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos".

Así, con un muy poco divulgado decreto ejecutivo, publicado en un Alcance a La Gaceta, incumplieron la Ley de Hidrocarburos, derogaron parte fundamental del Reglamento y establecieron normas infundadas, con lo cual el Estado adquirió un COMPROMISO contractual de exploración y explotación petrolera, sin haberse presentado siquiera el Estudio de Impacto Ambiental previo que estipulaba la Ley y su Reglamento.

En el texto del contrato, se ocultó que el Estudio de Impacto Ambiental que se cita, solo se refiere a un proyecto geofísico preliminar, al omitir que la resolución R-140-99-Setena no tenía nada que ver ("naada que veeerrr") con lo que estipulaba la Ley. Una lectura ligera del documento da la impresión de que se trata del Estudio de Impacto Ambiental integral, como el que fuere años después rechazado gracias a la resistencia civil.

Aunque el Presidente Pacheco encargó a su ministro Carlos Manuel Rodríguez la tarea de corregir esa barbaridad que atenta contra los más caros intereses nacionales, el cumplimiento de la tarea no pasó de una reunión que tuviéramos en su despacho con su asesora jurídica. Sigue pues vigente el Decreto Ejecutivo Figueres-Castro por lo que cualquier petrolera –incluyendo la misma Harken- podría repetir el fácil procedimiento conducente a firmar un contrato como el suscrito por el tío del señor ministro Rodríguez. ¿Estaría el gobierno de "Paz con la Naturaleza" dispuesto a derogarlo?

Ahora bien, en vista de que ante la eventualidad remota de que el TLC fuere aprobado, dicho Decreto adquiriría carácter pétreo y NO PODRÍA ser modificado o mucho menos derogado, merecemos los costarricenses una explicación de René Castro. Solo el entonces Ministro del Ambiente conoce por qué hizo algo semejante y por ello le molestamos nuevamente, pues aunque es un asunto poco conocido, sí es de mucha trascendencia para Costa Rica, pues el cobro de los $57 mil millones con que la petrolera Harken amenaza al Gobierno de la República, podría multiplicarse con una demanda ante un órgano arbitral regido por las normas que nos quieren encajar con el TLC. Dicha amenaza jamás hubiere sido realidad de no haberse emitido el Decreto Figueres-Castro.

Por ello, en vista de que René Castro ha roto el silencio y nos ha invitado a que le hiciéramos el presente comentario, ahora esperamos su explicación.

- Freddy Pacheco es catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica.