La realidad de las multinacionales españolas

Erika González, Pedro Ramiro

02/10/2007

Opinión

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En este año, la actualidad de este país ha estado marcada por los últimos movimientos de las multinacionales españolas, que han sobrepasado, con bastante ruido, su dominio natural en las páginas de economía de los periódicos. En el centro de las noticias, como principales actores, se encontraban las compañías de la energía y de la construcción. Con el objetivo de llevar a cabo una concentración empresarial en un sector estratégico como el energético, se ha producido una disputa por el control de la empresa que lidera la gestión de la electricidad en España y América Latina (Endesa), en la que han participado las multinacionales españolas Gas Natural y Acciona, así como la alemana E.On y la italiana Enel. Además, se han avivado los rumores de otras posibles operaciones en las que estuvieran involucradas Iberdrola y Unión Fenosa, ya que la mayor constructora del país (ACS) posee un importante paquete accionarial en ambas compañías.

En los medios de comunicación, se ha recurrido a palabras como batalla, encrucijada o reordenamiento para definir la situación, con lo que la mayoría de la ciudadanía ha podido adquirir un control del lenguaje económico gracias a la sucesión de OPA y ofertas de compra y al gasto publicitario de todas estas compañías en su afán por fortalecer su imagen corporativa como estrategia de defensa. De hecho, la propia Endesa ha sido la que más dinero ha gastado para incrementar su visibilidad, ya que, entre 2005 y 2006, ha multiplicado por nueve su inversión publicitaria [1]. Pero, desde el punto de vista empresarial, todo este despliegue se puede justificar si se examinan las cifras que están en juego: el 2006, Endesa ha sido la quinta multinacional española que más ha facturado por ingresos y también ha sido la quinta en beneficios, es la empresa líder del sector eléctrico en América Latina y se está consolidando en el mercado europeo.

Sin embargo, estos espectaculares datos no son exclusivos de Endesa, sino que representan un ejemplo más del volumen de negocio que manejan las principales multinacionales de nuestro país. Así, el banco Santander obtuvo en 2006 un beneficio jamás obtenido antes por empresa española alguna (7.596 millones de euros), Telefónica se convirtió en la primera compañía mundial del sector de las telecomunicaciones por beneficios (6.232 millones de euros, un 40% más que en 2005) y Repsol YPF repitió las grandes cifras del año anterior totalizando 3.124 millones de euros de beneficio [2]. Y es que, por el volumen de ingresos, nueve compañías españolas se sitúan entre las 500 primeras empresas transnacionales del planeta [3] y ocupan la primera posición en el mercado latinoamericano en los sectores de los hidrocarburos, la banca y las telecomunicaciones, además del citado mercado de la electricidad.

América Latina, la región que las hizo multinacionales...

Lo más sorprendente es el reducido tiempo que ha necesitado la economía española para proyectarse internacionalmente: apenas una década. Porque España, que en los años 1999 y 2000 se convirtió en el país que más invirtió en América Latina, hasta los años ochenta fue básicamente un receptor de inversiones extranjeras. Esta transformación de la economía española y latinoamericana, que hizo posible la internacionalización de las empresas españolas en un tiempo récord, se puso en marcha durante la década de los noventa a través de un conjunto de medidas auspiciadas por el paradigma neoliberal.

En este sentido, se iniciaron dos procesos complementarios: en el caso de América Latina, el modelo a seguir fue el denominado Consenso de Washington, que contenía medidas como la privatización de las grandes compañías estatales y la apertura de los mercados internos a la inversión extranjera para facilitar la entrada de las multinacionales, además de una reducción drástica de la inversión pública; en Europa, el llamado proyecto europeo tuvo su origen en el Tratado de Maastricht y estableció la línea a seguir en la Estrategia de Lisboa, impulsando políticas entre las que están la apertura de los mercados a las inversiones y multinacionales de otros países europeos y las privatizaciones de la mayoría de las empresas públicas.

Así, la consecuencia fue que se produjo un conjunto de reestructuraciones y fusiones que, en el caso de las empresas españolas, posibilitó que se acumularan la estructura y el capital adecuados para expandir su negocio a otras latitudes. En concreto, este salto al exterior se centró en la región donde se estaban poniendo a la venta las grandes empresas estatales y donde los gobiernos facilitaban, mediante la adopción de medidas económicas, la entrada de capital extranjero, es decir, América Latina.

Las inversiones realizadas por las compañías españolas en América Latina han sido caracterizadas como un “desembarco”, “reconquista” o una “nueva colonización”. Esto no es de extrañar si, por ejemplo, analizamos el caso de los dos grandes bancos españoles: el Santander, actualmente la primera corporación financiera de la región, compró 27 entidades bancarias entre 1997 y 2002; por su parte, el BBVA adquirió 34 bancos en el mismo periodo y, en 2004, se adjudicó el 100% del mexicano Bancomer, estableciéndose como el principal banco de ese país e incrementando enormemente sus beneficios, hasta el punto de que el 70% de su aumento de ganancia en el año 2005 procedió de México. En cuanto a las empresas no financieras, la situación es análoga: Telefónica es la segunda corporación transnacional de América Latina, de donde obtiene el 41,5% de sus beneficios totales; Repsol YPF es la compañía líder del sector de los hidrocarburos de la región, ya que el 88% de su resultado operativo de 2004, así como la mayor parte de sus reservas de petróleo y gas, provino de América Latina; mientras que Endesa, como ya se ha dicho, es la primera empresa eléctrica del continente.

Gracias a las relucientes cifras que difunden en sus juntas de accionistas y a sus costosas campañas publicitarias, estas corporaciones quieren proyectar una imagen de liderazgo internacional, solvencia, profesionalidad e incluso respeto ambiental y social. Las multinacionales son expertas en esa cuestión, en mostrar la cara más adecuada según el público al que se dirijan: hacia los accionistas muestran su rostro competitivo y sus extraordinarios beneficios, y hacia sus clientes, su imagen de responsabilidad. La construcción de esta imagen se encuentra sólidamente sostenida por lo que se ha dado en llamar Responsabilidad Social Corporativa, que no es sino una forma de incorporar al valor de marca algunos de los valores políticamente correctos. Así, por ejemplo, podemos comprobar que en el Foro de Reputación Corporativa, cuya presidencia recae este año en Repsol YPF, participan el BBVA, Telefónica, Iberdrola y Aguas de Barcelona, entre otras empresas.

... y donde han generado los mayores impactos sociales y ambientales

En cambio, en América Latina las multinacionales españolas tienen una imagen muy diferente. Y es que, a la vez que se han dedicado a incrementar año tras año los beneficios, sus actividades han estado asociadas a un enorme rastro de graves impactos ambientales, sociales y culturales [4]. Aquí sólo dejaremos constancia de algunos ejemplos, pero la lista es muy amplia: desde las consecuencias que tiene para la población más empobrecida de la costa caribeña colombiana el hecho de que Unión Fenosa sea la compañía que preste el servicio eléctrico [5], hasta los efectos que tuvo sobre las poblaciones y el entorno del alto Bio-Bio (Chile) la puesta en marcha de la central hidroeléctrica de Ralco [6] -propiedad de Endesa-, pasando por los impactos negativos de otras compañías como Repsol YPF en Bolivia, Argentina, Ecuador y Perú [7]; Sol Meliá y Barceló en Centroamérica y el Caribe [8]; y ENCE en Uruguay [9], entre otros casos.

En esta breve recopilación de los impactos de las multinacionales españolas, debemos empezar por la segunda mayor compañía no financiera de América Latina: Telefónica. Y es que es difícil casar el respeto social y la transparencia de la que hace gala esta empresa con las denuncias por sus políticas laborales en varios países de la región. Entre otros, está el caso de Perú, donde su filial Telefónica Servicios Técnicos ha mantenido en unas condiciones sumamente precarias a sus trabajadores más jóvenes [10]. Así, cerca del 80% de los jóvenes fueron contratados mediante cooperativas de trabajo durante ocho, nueve y diez años, para luego ser trasladados a otras filiales de la compañía desde las que posteriormente fueron despedidos. Por ello, el sindicato que agrupa a estos trabajadores ha abierto un proceso judicial en contra de Telefónica, pidiendo que se defina quién es el empleador real y que se les abonen los beneficios sociales que dejaron de percibir, ya que la multinacional española nunca asumió su responsabilidad sino que, muy al contrario, siempre buscó la forma de evitar las leyes del país.

Pero, además, de por tener negativos efectos sobre los derechos laborales, las empresas españolas se han caracterizado por especializarse en las privatizaciones de los servicios públicos. En este asunto se hicieron fuertes las compañías eléctricas (Unión Fenosa, Endesa e Iberdrola), que han sido objeto de fuertes movilizaciones en su contra en países como Nicaragua, Colombia y República Dominicana por anteponer el beneficio empresarial a la prestación de un servicio básico para la población, así como las del sector del agua. Dentro de éstas, destaca el caso de Aguas de Barcelona (Abgar), compañía que, a pesar de no ser de las más grandes en América Latina, ha sido internacionalmente conocida por las denuncias que han acumulado sus actividades en países como Argentina. Porque esta empresa ha seguido el modelo de gestión privada ejercida por las multinacionales del agua en los países del Sur: concesión a la multinacional en condiciones corruptas, monopolio de la gestión durante décadas, incremento de las tarifas del agua de boca hasta precios inasequibles para grandes segmentos de la población e incumplimiento de los contratos en cuanto a la inversión en mantenimiento y extensión del servicio [11]. En Colombia, por ejemplo, Agbar participa en la empresa mixta público-privada Aguas de Cartagena. Tras cuatro años de gestión, un informe del Banco Mundial afirmaba que “casi un tercio de la población, la mayor parte en los vecindarios pobres, carece de agua corriente y de servicios básicos de saneamiento” [12]. Es decir, que la compañía no extendió el servicio a aquellas zonas que sabía que no le eran rentables. Y esta población no sólo sufría el incumplimiento del contrato de la multinacional por la falta de agua potable en sus barrios, sino que además debía convivir con el vertido de aguas residuales en las lagunas y ciénagas próximas, favoreciendo la proliferación de enfermedades.

Las compañías eléctricas son las que hacen suyas con más fervor los valores de respeto ambiental y de lucha contra el cambio climático, valores socialmente muy respetados. Iberdrola, que en sus anuncios afirma que ofrece “una energía más humana, innovadora y limpia. Muy limpia. Que cuenta siempre contigo y que avanza respetando el medio ambiente”, ha tenido otra política bien distinta sobre el terreno, al menos en el caso de México: ha hecho contratos abusivos, ha despojado a los pobladores de las tierras comunales y ha presionado a quienes se han negado a ceder sus propiedades en el Istmo de Tehuantepec, donde posee la concesión de la central eólica La Venta II [13].

Pero quizás la situación que llega al extremo del maquillaje corporativo sea la planta hidroeléctrica La Joya (Costa Rica), perteneciente a Unión Fenosa. Esta central ha sido registrada por las Naciones Unidas como uno de los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio para frenar el cambio climático [14]. Mientras las características del proyecto describían una central de pequeñas dimensiones que reutilizaba agua de otra presa hidroeléctrica -en lo que sería una forma de generar electricidad muy respetuosa ambientalmente-, en la práctica, el traslado del agua de la presa Cachí a la de La Joya se realizó mediante un conducto que atravesaba el área donde se localizaba los manantiales que abastecían de agua a las seis comunidades que allí vivían. La consecuencia inmediata de todo ello fue la desecación de los manantiales y la pérdida de las fuentes de agua para las comunidades cercanas, que procedieron a denunciar la obra y consiguieron paralizar el proyecto en repetidas ocasiones entre 2004 y 2005 [15]. A pesar de ello, y gracias al apoyo del gobierno del país, la presa finalmente inició su actividad en junio del año pasado, y ahora se presenta a los medios de comunicación como una forma limpia de producir energía.

En definitiva, este recorrido por la cara menos amable de las empresas multinacionales sirve para constatar que el hecho de pretender regular la actividad de las compañías transnacionales con códigos de conducta voluntarios, como parte de las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa, no deja de ser, en el mejor de los casos, una ingenuidad [16]. Y es que las promesas que precedían a la entrada de estas compañías en los países del Sur -que hablaban de desarrollo, reducción de la pobreza y mejora de la calidad de vida de la ciudadanía- no se han cumplido. Más bien ha ocurrido lo contrario, es decir, las grandes multinacionales se han aprovechado de las desigualdades económicas, de sus relaciones privilegiadas con los gobiernos y de la debilidad o ambigüedad del marco jurídico para hacer crecer sus beneficios a costa de una mayoría de la población, que es la que, como siempre, ha resultado la gran perjudicada.

- Este artículo ha sido publicado en el nº 34 de la revista INETemas.

Fuente: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
http://www.omal.info

https://www.alainet.org/en/node/123549