Con profundo estupor el Grupo de Apoyo Mutuo, observó como la Corte de Constitucionalidad, resolvió no suspender, provisionalmente, dos artículos de la Ley de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), que faculta para ejecutar el Programa de Apoyo Comunitario y Urbano y Rural de (PACUR), a pesar de las múltiples denuncias presentadas respecto a la corrupción existente respecto a la aprobación y ejecución de las obras incluidas en este programa.

Para el Grupo de Apoyo Mutuo, el PACUR una de las principales fuentes de corrupción, impulsadas por el gobierno de Oscar Berger, con el claro propósito de congraciarse con los diputados de la actual gestión legislativa, especialmente los miembros del partido de gobierno. Baste recordar que este nefasto programa fue creado por el diputado de la GANA Víctor Ramírez.

Los medios de comunicación denunciaron, como una gran cantidad de diputados desde el año 2005, cobraron jugosas sumas de dinero, por el simple hecho de aprobar determinadas obras. Sin embargo, el negocio era redondo, ya que los propios diputados, a través de su familia o de intermediarios crearon empresas que realizaban la ejecución de las mencionadas obras. El caso más sonado fue el del actual presidente del Organismo Legislativo, Rubén Darío Morales Veliz fue denunciado públicamente por el cobro de más de tres millones de quetzales. Cabe destacar que a pesar de las denuncias realizadas, ninguno de estos “dignatarios de la nación”, fue enjuiciado.

Un elemento relevante es que la ejecución de este programa estuvo a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) un organismo internacional de muy dudosa actuación, que sólo ha permitido generar un manto de impunidad para la corrupción fomentada desde el propio Congreso de la República. Es necesario destacar que este no es el único ente internacional que ejecuta fondos públicos, ya que una práctica de este gobierno para evitar la fiscalización y la auditoria social, ha sido la creación de una gran cantidad de fideicomisos que son ejecutados por diversos organismos internacionales, conociéndose sólo el monto de los mismos, sin saber cual fue el destino de los mismos.

En ese contexto el Grupo de Apoyo Mutuo, exhorta a la opinión pública nacional e internacional para estar vigilante respecto a la decisión final de la Corte de Constitucionalidad, debido a que la continuidad de este tipo de programas, contradice el desgasto discurso de transparencia que impulsa con serios cuestionamientos la actual administración pública.

Fuente: Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)
Ciudad de Guatemala