Siempre hemos denunciado que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es una ley mordaza, hoy se comprueba el aserto con la decisión que ha tomado el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI de reservar por 10 años el informe de combate al narcotráfico.

Es el caso, que un particular solicitó a la Procuraduría General de la República, PGR un informe sobre la situación que guarda el mencionado flagelo en el país, negada la información por la dependencia del Ejecutivo federal, recurrió al mencionado IFAI, el cual basado en al ley de marras, avaló la negativa de la información

El argumento es muy trillado por conocido, la PGR reserva durante 10 años el Informe sobre la situación del narcotráfico en México en 2007, por cuestiones de seguridad nacional.

Agrega que "el documento solicitado contiene un análisis e interpretación de los datos estadísticos para aportar elementos que permitan a las dependencias tomar decisiones e instrumentar políticas públicas contra el consumo, tráfico y producción de drogas".

En nuestra oposición a las leyes de trasparencia y acceso a la información pública gubernamental, precisamente el periodismo organizado del país ha insistido en la revisión de los artículos 13 y 14 de la federal y los correspondientes en las clonadas en las diferentes entidades, ya que exactamente en ellos se encuentra la trampa para negar las informaciones.

A todo se puede tener acceso menos a lo verdaderamente importante. La reserva puede ser hasta de 12 años, y de ello presumía Vicente Fox Quesada en el momento de promulgarla cuando ocupaba el cargo de Presidente de la República.

Decía o argumentaba "orgulloso" que otras leyes similares en otros países consideran la reserva hasta por 25 años y México solamente por 12; lo que nunca dijo es que el propio articulado prevé que cuando después del periodo si los miembros del IFAI consideran que la información debe quedar nuevamente reservada pueden duplicar el periodo y así hasta el infinito.

En su decisión, el IFAI no se mide al manifestar que el estudio requerido efectivamente contiene "cierta información cuya difusión podría poner en riesgo la persecución y prevención de delitos contra la salud", o lo que es lo mismo, no toda la información, sino cierta información. Son las "delicadezas" del lenguaje oficial para mantener negado al pueblo la información importante.

Fox Quesada dejó mas de 2500 expedientes en reserva y se sabe que el actual gobierno ya mando a la congeladora 450 más. La información pública gubernamental es un patrimonio de los pueblos y por tanto tienen derecho a conocerla, de otra manera sobreviene la sospecha: ¿qué se quiere ocultar? Sin discusión estamos a expensas de una verdadera ley mordaza. Opera la ley mordaza.

- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano.