Aunque condicionada y con una advertencia, es de saludarse la decisión del Gobierno federal de dialogar, por conducto del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, con el Ejército Popular Revolucionario, EPR, en el entendido de asegurar la seguridad pública y el bienestar de todos los mexicanos.

Estamos de acuerdo que nunca se ha dado, en propuestas de diálogo y negociación, que una de las partes imponga de antemano condiciones y haga advertencias severas, como las acordadas por el Gabinete de Seguridad del presidente Felipe Calderón Hinojosa, dadas a conocer por el responsable de la política interna; sin embargo, sin dejar de mencionar que son primeros pasos muy importantes la oferta de diálogo por parte del EPR y la aceptación del mismo del gobierno federal, sería recomendable la revisión de la postura oficial.

Las condiciones se resumen en cuatro puntos: encuentro directo sin intermediarios, por lo que los personajes propuestos para tal fin por el grupo armado sólo funjan como “testigos sociales”; el EPR deberá comprometerse públicamente a suspender de forma definitiva “acciones radicales” de sabotaje y de violencia; el diálogo no debe limitarse por lo que no debe ser exclusivamente acerca de la desaparición de “dos de sus militantes”, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sino sobre la forma de abandonar la lucha armada y “abordar la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional”.

La advertencia está implícita en lo dicho por el mismo Gobierno, también mencionada en el documento leído por el secretario Mouriño Terrazo, en el sentido de que aun con la aceptación del diálogo directo, no se suspenderán las investigaciones por las explosiones en “instalaciones estratégicas” de Petróleos Mexicanos, PEMEX, ocurridas el año pasado, cuya autoría se adjudica al EPR, y tampoco cancelará las indagatorias de “otros actos delictivos que han sido denunciados”.

Por lo pronto, ya hubo reacciones en la Cámara de Diputados. Los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional, Emilio Gamboa Patrón, y de la Revolución Democrática, Javier González Garza, recibieron con agrado la noticia de la aceptación del dialogo entre el Gobierno federal y el EPR.

Por su parte de algunos de los personajes propuestos por el EPR como intermediarios dieron a conocer su preocupación por los condicionamientos oficiales y por reducirlos a esa nueva figura de “testigos sociales”

En entrevista en Radio Fórmula, el maestro y escritor Carlos Montemayor fue determinante al explicar que cuando se acepta un diálogo no se pueden poner condiciones, por que si no, a qué se va a negociar: “Cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación, no está proponiendo capitulación”, enfatizó.

Por su parte, en diálogo con el diario La Jornada, el antropólogo Gilberto López y Rivas coincidió con Montemayor y, optimista, comento: “Entonces veremos cuál puede ser el segundo paso”. Completan el grupo de mediadores propuesto por el EPR el obispo emérito Samuel Ruiz, la senadora Rosario Ibarra, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el Frente Nacional contra la Represión, FNCR.

La aceptación del diálogo por parte del gobierno federal es un gran paso. Esperemos, como dice el maestro López y Rivas, cuál va a ser el segundo. Los condicionamientos y las advertencias pueden ser revisadas en aras de la paz de la nación, máxime cuando el Presidente ha declarado que su compromiso es con el diálogo.

- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano.
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